iPhone 5 lock screenLa batalla entre el FBI y Apple para obtener el control de las herramientas de cifrado está dejando un poso muy claro y evidente: la tecnología ha dado lugar a un escenario en el que, entre el supuesto papel del Estado como regulador y el poder del mercado, este último tiene siempre todas las de ganar.

Imaginemos que la batalla legal llegase al extremo de proponer medidas como el boicot a los productos de Apple (no la ridícula propuesta del pavoroso candidato presidencial Donal Trump, sino otras más directas) o el encarcelamiento de directivos de la compañía como recientemente ha ocurrido con Facebook en Brasil, y que finalmente, decidiese cumplir con el requerimiento de la agencia gubernamental y crear una herramienta que permitiese acceder al contenido de sus smartphones. Harto improbable, lo sé, pero admitámoslo como ejercicio intelectual.

¿Qué ocurriría a partir de ese momento? Inmediatamente, el resto de compañías tecnológicas y la propia Apple se pondrían a trabajar en el desarrollo de la nueva tecnología capaz de garantizar la seguridad de los datos de sus usuarios, al tiempo que otras compañías, vista la oportunidad de salir al mercado con herramientas realmente seguras y “a prueba de FBI”, se lanzarían a ofrecer productos similares. De hecho, la idea de que los delincuentes, narcotraficantes y terroristas utilizan hoy preferentemente productos Apple es bastante ridícula como tal: existe una amplia gama de productos capaces de ofrecer una seguridad comparable, muchos de los cuales pertenecen, además, a compañías situadas fuera de los Estados Unidos y, por tanto, no sujetas a las leyes con las que el gobierno norteamericano quiera intentar obligarlas.

Telegram, por ejemplo, acaba de dar un impulso a sus supergrupos, lo que la posiciona como una excelente herramienta para el ciberactivismo, mientras mantiene estándares de cifrado considerados como más que razonablemente seguros. Otras muchas herramientas ofrecen también esquemas de cifrado robustos que las convierten en posibles candidatas para quienes quieren comunicarse de manera segura, y su popularidad está simplemente esperando a que algún evento, escándalo, evidencia o revelación ponga de manifiesto la necesidad de su uso. Si el Reino Unido adopta finalmente el llamado snooper’s charter, un proyecto de ley pensado para poder obligar legalmente a Apple y a otras compañías a cumplir con requisitos que incluirían, entre otras cosas, agujeros de seguridad habilitados específicamente para el uso gubernamental en determinadas investigaciones, este tipo de herramientas, sin duda, avanzarían en su nivel de difusión.

En el mundo actual, en cuanto un gobierno, por la razón que sea, pretende escalar su nivel de control, eso da lugar a la aparición de una oportunidad en el mercado. Las viejas amenazas empiezan a no funcionar: únicamente los usuarios más profanos e inexpertos creen hoy que utilizar una herramienta de comunicaciones cifrada sea de alguna manera un gesto “antipatriótico” o que pueda poner en peligro iniciativas antiterroristas, anti-pederastas, contra el tráfico de drogas o de algún otro tipo.  Una cantidad cada vez mayor de usuarios empieza, simplemente, a entender el valor de la privacidad, el derecho que todos tenemos a disponer de comunicaciones cifradas, y a adoptar una herramienta que nos lo garantice.

En estas condiciones de mercado, las pretensiones de control de los estados empiezan a resultar cada vez más inútiles y más patéticas. Resulta completamente imposible evitar que los ciudadanos de un país determinado utilicen una herramienta, y los mecanismos que antes solían utilizarse para crear conciencia sobre este tipo de cuestiones empiezan a considerarse cada vez más trasnochados y obsoletos. En política, las demandas de puertas traseras, de control absoluto de los canales de comunicación o de poder omnímodo por encima de los derechos de los ciudadanos empiezan a parecer cada día más una cuestión de cultura general… o directamente generacional.

Tal vez el FBI gane la batalla. No parece probable, pero en caso de amenazar, como han hecho otros países, con llevar a directivos a la cárcel, podría ser que Apple, por una elemental cuestión de responsabilidad hacia sus trabajadores, terminase por decir que sí. Podría ser que el iPhone de Syed Rizwan Farook terminase siendo abierto, e incluso que el gobierno obtuviese una llave maestra que le permitiese abrir todo cuanto iPhone cayese en sus manos. Pero lo que sí parece cada vez más claro es que la discusión organizada en torno al tema llevaría a que Apple, lo antes posible, actualizase su seguridad para convertir esa herramienta en obsoleta (el siguiente iPhone no solo cuenta con bloqueo mediante huella digital, sino que además ofrece PIN de seis números en lugar de cuatro), a que se incrementase la oferta de productos seguros en manos de los usuarios, y a que la opinión pública, cada vez más, estuviese del lado de quienes consideran que el cifrado es una garantía necesaria en una sociedad democrática. 

Cuando el FBI comenzó el litigio con Apple, seguramente no era este el resultado que esperaba. Simplemente, pensó que un evento luctuoso como un atentado llevaría a una decisión en caliente que no conllevase excesiva resistencia. Que no haya sido así, que Apple se haya resistido – y, por el momento, continúe resistiéndose – y que haya sido capaz de organizar a su alrededor a toda una industria y a un creciente segmento de usuarios bien informados demuestra la importancia de tener los principios claros en este tema. Mientras siga habiendo una demanda razonable de comunicaciones seguras a prueba de espionaje de cualquier tipo, y una industria tecnológica activa en el contexto internacional… el mercado seguirá ganando.

 

IMAGE: Dmitry Azarov - 123RFPor decisión unánime, el Public School Board of Education del distrito de Chicago, el tercero más grande de los Estados Unidos, convierte las ciencias de la computación en una asignatura obligatoria y necesaria para obtener el título de bachillerato, comenzando con la promoción que comienza el año que viene y se gradúa en el año 2020. En este momento, una cuarta parte de las instituciones educativas del país entre colegios e institutos ofrecen ya asignaturas relacionadas con las ciencias de la computación como una parte integral de su curriculum: la iniciativa de Chicago, que el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, inició a finales de 2013, supondrá un importante incremento de las mismas y un ejemplo a seguir para otros distritos.

¿Imaginamos un graduado de bachillerato que no hubiese tenido exposición alguna a las matemáticas, a la física, a la química o a la biología? Todos entendemos que se trata de ciencias indispensables, que es necesario tener un nivel de familiaridad y de conocimientos adecuado de cualquiera de ellas para entender muchas de las cosas que pasa a nuestro alrededor, para aprender a desarrollar nuestro pensamiento en torno a esa base conceptual. No, no se trata de convertirse en un experto, para eso ya están otros niveles de la educación, pero sí de adquirir una base suficiente como para desenvolvernos de manera adecuada en el mundo que nos rodea. Las matemáticas, la física, la química o la biología son necesarias, y todos pasamos por asignaturas que nos exponen a una parte de sus conocimientos, que nos posibilitan un cierto nivel mínimo para ser capaces de desenvolvernos con la solvencia adecuada en un mundo en el que los elementos de esas ciencias siempre están presentes de una u otra manera. Y cuando hablamos de desenvolvernos en el mundo, hablamos de la realidad de un entorno que, a lo largo de las últimas décadas, nos ha rodeado de objetos programables y ha convertido la computación en algo ubicuo. Hoy, manejamos dispositivos programables para todo tipo de tareas, y resulta difícil concebir una vida civilizada sin tener acceso a ellos. Por eso, ante un entorno que cambia, los requerimientos de la educación deben cambiar: hoy, andar por el mundo haciendo gala de una total ignorancia en un aspecto tan inseparable de nuestra realidad cotidiana como las ciencias de la computación supone una carencia, una limitación.

Pensar, como algunos pretenden, que las ciencias de la computación no es necesario enseñarlas porque “ya están presentes y se aprenden solas”, o porque “los jóvenes ya están preparados para ellas porque las toman del entorno” es profundamente limitante. Una persona que se gradúa hoy tiene que entender lo que supone un proyecto tecnológico, tiene que tener una base adecuada de hardware, de software y de diseño, tiene que adquirir algunas bases de programación – al menos lo que es un algoritmo, una variables, un condicional y un bucle – y ser capaz de manejar estos elementos de una manera mínimamente coherente. Del mismo modo en que no pretendemos que un niño pueda desenvolverse como físico o como matemático con el nivel de física o matemáticas que adquiere en el bachillerato, no pretendemos que una persona se dedique a la tecnología o a las ciencias de la computación por haberla visto como parte del mismo… pero sí que se encuentre preparado para desenvolverse en un mundo en el que está constantemente rodeado de objetos programables. 

En España, algunas iniciativas interesantes han incluido desde este año la incorporación de una asignatura de programación y robótica educativa en niveles infantiles. Tan solo en algunas comunidades autónomas, y como una iniciativa no incluida en la evaluación, sin peso curricular. En el sistema educativo español, dar un paso como el norteamericano – o previamente, el del Reino Unido, que lo instituyó en enero de 2013 – es un reto que muy pocos se atreven a plantear. En los Estados Unidos o en el Reino Unido, este tipo de cuestiones vienen como fruto de importantes iniciativas colectivas, con asociaciones, fundaciones, alianzas público-privadas y dotaciones de fondos destinadas a convertirlas en realidad. En el Reino Unido fue la iniciativa de una fundación, la Raspberry Pi Foundation, la que consiguió dar el último impulso a algo que se consideraba interesante, pero que se veía con unas barreras de entrada importantes en términos de coste. En los Estados Unidos, la iniciativa viene respaldada, además de por el convencimiento personal de un presidente Obama que ha destinado cuatro mil millones de dólares a extender la educación en ciencias de la computación a nivel de los colegios, por alianzas como Code.org, destinadas a concienciar acerca de la necesidad de esa educación y a generar recursos de todo tipo para que sea posible.

En España, aunque existen, he visto muy pocas iniciativas como esas, y las empresas que de verdad destinan recursos a iniciativas relacionadas con la educación son excepciones – algunas muy inspiradoras, visionarias, y que han logrado ya algunos éxitos importantes, pero excepciones. ¿Para cuándo una iniciativa amplia, completa y decidida para adaptar nuestra educación, una de las herramientas de futuro más importantes con las que contamos, a los tiempos que vivimos? Hablamos de desarrollar las competencias para la sociedad que viene, para los puestos de trabajo que ya están surgiendo y que sin duda continuarán convirtiéndose en significativos, de equipar a los jóvenes con las competencias necesarias para desenvolverse en prácticamente cualquier industria. La revolución está pasando, la estamos viendo… pero en España, estamos a otra cosa. ¿Qué tipo de país queremos ser en el futuro?

 

IMAGE: Dmitry Azarov - 123RFPor decisión unánime, el Public School Board of Education del distrito de Chicago, el tercero más grande de los Estados Unidos, convierte las ciencias de la computación en una asignatura obligatoria y necesaria para obtener el título de bachillerato, comenzando con la promoción que comienza el año que viene y se gradúa en el año 2020. En este momento, una cuarta parte de las instituciones educativas del país entre colegios e institutos ofrecen ya asignaturas relacionadas con las ciencias de la computación como una parte integral de su curriculum: la iniciativa de Chicago, que el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, inició a finales de 2013, supondrá un importante incremento de las mismas y un ejemplo a seguir para otros distritos.

¿Imaginamos un graduado de bachillerato que no hubiese tenido exposición alguna a las matemáticas, a la física, a la química o a la biología? Todos entendemos que se trata de ciencias indispensables, que es necesario tener un nivel de familiaridad y de conocimientos adecuado de cualquiera de ellas para entender muchas de las cosas que pasa a nuestro alrededor, para aprender a desarrollar nuestro pensamiento en torno a esa base conceptual. No, no se trata de convertirse en un experto, para eso ya están otros niveles de la educación, pero sí de adquirir una base suficiente como para desenvolvernos de manera adecuada en el mundo que nos rodea. Las matemáticas, la física, la química o la biología son necesarias, y todos pasamos por asignaturas que nos exponen a una parte de sus conocimientos, que nos posibilitan un cierto nivel mínimo para ser capaces de desenvolvernos con la solvencia adecuada en un mundo en el que los elementos de esas ciencias siempre están presentes de una u otra manera. Y cuando hablamos de desenvolvernos en el mundo, hablamos de la realidad de un entorno que, a lo largo de las últimas décadas, nos ha rodeado de objetos programables y ha convertido la computación en algo ubicuo. Hoy, manejamos dispositivos programables para todo tipo de tareas, y resulta difícil concebir una vida civilizada sin tener acceso a ellos. Por eso, ante un entorno que cambia, los requerimientos de la educación deben cambiar: hoy, andar por el mundo haciendo gala de una total ignorancia en un aspecto tan inseparable de nuestra realidad cotidiana como las ciencias de la computación supone una carencia, una limitación.

Pensar, como algunos pretenden, que las ciencias de la computación no es necesario enseñarlas porque “ya están presentes y se aprenden solas”, o porque “los jóvenes ya están preparados para ellas porque las toman del entorno” es profundamente limitante. Una persona que se gradúa hoy tiene que entender lo que supone un proyecto tecnológico, tiene que tener una base adecuada de hardware, de software y de diseño, tiene que adquirir algunas bases de programación – al menos lo que es un algoritmo, una variables, un condicional y un bucle – y ser capaz de manejar estos elementos de una manera mínimamente coherente. Del mismo modo en que no pretendemos que un niño pueda desenvolverse como físico o como matemático con el nivel de física o matemáticas que adquiere en el bachillerato, no pretendemos que una persona se dedique a la tecnología o a las ciencias de la computación por haberla visto como parte del mismo… pero sí que se encuentre preparado para desenvolverse en un mundo en el que está constantemente rodeado de objetos programables. 

En España, algunas iniciativas interesantes han incluido desde este año la incorporación de una asignatura de programación y robótica educativa en niveles infantiles. Tan solo en algunas comunidades autónomas, y como una iniciativa no incluida en la evaluación, sin peso curricular. En el sistema educativo español, dar un paso como el norteamericano – o previamente, el del Reino Unido, que lo instituyó en enero de 2013 – es un reto que muy pocos se atreven a plantear. En los Estados Unidos o en el Reino Unido, este tipo de cuestiones vienen como fruto de importantes iniciativas colectivas, con asociaciones, fundaciones, alianzas público-privadas y dotaciones de fondos destinadas a convertirlas en realidad. En el Reino Unido fue la iniciativa de una fundación, la Raspberry Pi Foundation, la que consiguió dar el último impulso a algo que se consideraba interesante, pero que se veía con unas barreras de entrada importantes en términos de coste. En los Estados Unidos, la iniciativa viene respaldada, además de por el convencimiento personal de un presidente Obama que ha destinado cuatro mil millones de dólares a extender la educación en ciencias de la computación a nivel de los colegios, por alianzas como Code.org, destinadas a concienciar acerca de la necesidad de esa educación y a generar recursos de todo tipo para que sea posible.

En España, aunque existen, he visto muy pocas iniciativas como esas, y las empresas que de verdad destinan recursos a iniciativas relacionadas con la educación son excepciones – algunas muy inspiradoras, visionarias, y que han logrado ya algunos éxitos importantes, pero excepciones. ¿Para cuándo una iniciativa amplia, completa y decidida para adaptar nuestra educación, una de las herramientas de futuro más importantes con las que contamos, a los tiempos que vivimos? Hablamos de desarrollar las competencias para la sociedad que viene, para los puestos de trabajo que ya están surgiendo y que sin duda continuarán convirtiéndose en significativos, de equipar a los jóvenes con las competencias necesarias para desenvolverse en prácticamente cualquier industria. La revolución está pasando, la estamos viendo… pero en España, estamos a otra cosa. ¿Qué tipo de país queremos ser en el futuro?

 

This article is also available in English in my Medium page, “Why is it taking so long for some governments to understand the importance of teaching computer sciences and programming at school?

 

Google KoalaEsto no es una noticia, sino una auténtica clase de filosofía: en una decisión interesantísima, la National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA) ha comunicado en una cartaChris Urmson, Director del proyecto de vehículo autónomo de Google, que el conductor de un vehículo autónomo es el ordenador y el software diseñados para ello. Por tanto, las provisiones que supuestamente obligaban a los vehículos autónomos a circular siempre con un conductor humano en su interior o a poseer controles accionables por una persona tales como pedales o volante son consideradas innecesarias. A todos los efectos, el ordenador y su software satisface todos los requerimientos para ser considerado “un conductor humano”, una decisión sin duda importante incluso desde un punto de vista filosófico.

La decisión marca un momento fundamental en la evolución de la máquina frente al hombre, y en los planes de Google para poner en el mercado la tecnología capaz de sustituir al hombre a los mandos de un vehículo. Las cuestiones que subyacen tras la decisión son todavía más interesantes: las razones que Google esgrime para eliminar la necesidad de pedales o volante en un vehículo autónomo son que su existencia podría resultar peligrosa para la conducción, por la posibilidad de que el pasajero pudiese tratar de accionar esos controles. Es decir, que Google puede garantizar la seguridad del vehículo mientras es el ordenador el que lo opera, pero que si los torpes humanos que van en su interior deciden accionar los pedales, el volante o el freno de mano, ya no se puede garantizar nada. Si queremos que el vehículo autónomo sea realmente seguro, debemos eliminar toda posibilidad de que el ser humano pueda molestar a la máquina en la tarea de conducirlo.

La evolución de este tema sigue lo que en muchas ocasiones he comentado en discusiones en este sentido: durante varias décadas, las personas rechazaban subirse a un ascensor si en su interior no había un ascensorista, una persona que llevaba a cabo la absurda tarea de darle a los botones. No servía absolutamente para nada, su presencia era completamente absurda, no podía hacer nada en caso de accidente, y su existencia estaba simplemente justificada para tratar de mitigar la ansiedad que los usuarios sentían si la máquina funcionaba “sin intervención humana”. Tardamos muchos años en entender que el ascensorista no jugaba en realidad más papel que el servir de placebo mental, y eliminarlo. ¿Cuánto tiempo tardaremos en subirnos con tranquilidad en un vehículo autónomo en el que simplemente vamos como pasajeros y carecemos de cualquier capacidad de interferir con la conducción?

La decisión nos pone cada vez más en la situación de aquel chiste que contaba que para dirigir una nave espacial eran necesarios un hombre y un perro: un hombre para alimentar al perro, y un perro adiestrado para evitar que el hombre tocase ningún control en la nave. La agencia norteamericana decide que el ordenador y su software son legalmente el conductor del vehículo, y Google afirma que para garantizar la seguridad, mejor que el hombre se limite a su papel de pasajero pasivo. Impresionante. Citando a la agencia gubernamental norteamericana,

“If no human occupant of the vehicle can actually drive the vehicle, it is more reasonable to identify the ‘driver’ as whatever (as opposed to whoever) is doing the driving.”

Estamos ante un momento importante en la definición de las relaciones entre hombres y máquinas. El gobierno norteamericano se alinea con las empresas tecnológicas con el fin de reducir el número de víctimas en las carreteras, y decide que es mejor que la tarea de conducir sea desarrollada por ordenadores y programas, de manera autónoma, sin participación de los usuarios, que quedan limitados al papel pasivo de ser transportados. Durante muchos años, muchos aún creerán que están más seguros si pueden, en un momento de emergencia, tomar los controles de un vehículo, pero la realidad y las decisiones tanto de quien lo fabrica como de quien dicta las normas y el marco legal para su operación afirman que ya no es así. Que cuando subamos a un vehículo autónomo, estaremos completamente en manos de una máquina que ve mejor que nosotros, tiene más reflejos, no bebe, no se distrae, no se cansa y no se pica con el conductor de al lado… y que nuestra ausencia total de control es ni más ni menos que por nuestro bien, porque como humanos, tenemos cierta tendencia a equivocarnos o a ser impredecibles. Que nos estemos quietecitos, que es mucho mejor que no tratemos de conducir, porque somos mucho peores llevando a cabo esa tarea que la máquina que hemos diseñado para ello.

Esto se pone cada vez más interesante.

 

Solo smart drone - 3DRoboticsLa Federal Aviation Administration (FAA) norteamericana lo había advertido, aterrorizada: preveían que los drones se convirtiesen en uno de los regalos estrella de estas navidades, con más de un millón de estos artefactos puestos de un día para otro en manos de usuarios mayoritariamente inexpertos y ávidos por empezar a volarlos, y eso configuraba una situación sumamente compleja, abierta a problemas de seguridad de todo tipo.

En efecto, a los ya clásicos Phantom de DJI o Solo de 3DRobotics se han unido muchos otros fabricantes: ahora podemos volar incluso el Millennium Falcon, o cientos de modelos de todo tipo creados por empresas con más o menos credenciales. Los drones tienen infinidad de aplicaciones potenciales, pero vistos como juguete, no dejan de ser, en muchos casos, un artefacto de entre uno y dos kilos (1’2 kg en el caso del modelo más popular de DJI, 1’8 kg en el caso del Solo con su montura estabilizadora y una GoPro) que vuela a una velocidad de hasta 89 km/h, con hélices de nylon y fibra de vidrio propulsadas por motores de 880 kV, y con una autonomía de unos 800 m. Un artefacto, por otro lado, de cuyas posibilidades de causar problemas tenemos ya abundantes pruebas, unas más serias que otras: puesto en manos de una persona no especialmente hábil, carente de la experiencia o preparación necesaria para darse cuenta del peligro inherente a determinadas situaciones, o directamente estúpida, un aparato de este tipo puede dar lugar a no pocas situaciones de riesgo. Y sobre todo, situaciones en las que la posible reclamación de responsabilidad podía verse dificultada, en el caso de que la persona, al ver el posible daño ocasionado, simplemente tratase de escabullirse.

Ante una coyuntura de mercado como esta, las posibilidades de reacción de la FAA para tratar de preservar la seguridad y evitar problemas tienen que ser razonablemente mesuradas. De la noche a la mañana, más de un millón de aparatos manejados por inexpertos en los cielos de los Estados Unidos son un potencial problema de primera magnitud. Pero imponer medidas drásticas que obligasen a los propietarios de drones a no volarlos más que tomando unas precauciones extremas, o pasando por una excesiva complicación legislativa era una cuestión impopular y escasamente deseable: toda legislación debía considerar las circunstancias de fabricantes, distribuidores y usuarios, y equilibrarlas con las de pilotos de aviones y helicópteros, responsables de aeropuertos, bomberos, policía y demás posibles afectados, para llegar a una conclusión rápida y razonable. Así, la decisión de la FAA consistió, como primer paso, en la convocatoria de una reunión de urgencia con esos posibles actores afectados: la asociación de pilotos de líneas aéreas, la de pilotos de helicópteros, la asociación internacional de jefes de policía, fabricantes como DJI, 3DRobotics o GoPro, distribuidores como BestBuy, y muchos otros.

Tras tres días de reuniones, el compromiso resultante se plasmó en la creación de una página de registro obligatorio para todos los drones de entre 0’5 y 25 kg (por encima de eso se consideran ya aparatos profesionales y precisan de un registro es manual y más complicado), en la que los propietarios de drones tienen que identificarse con nombre, dirección y correo electrónico, y pueden registrar los aparatos que deseen. El proceso de registro cuesta $5, aunque durante los primeros treinta días es gratuita. Opcionalmente, se pueden registrar esos aparatos con su número de serie, pero si no se desea hacerlo, basta con apuntar el número de registro facilitado por la página en algún sitio del aparato al que se pueda acceder sin herramientas (en una pegatina, incluso dentro del compartimento de las baterías). Además, la FAA ha publicado una app en iOS y Android para ser utilizada antes de volar un aparato, llamada B4UFly (Before you fly), que utiliza la geolocalización para determinar si hay algún tipo de restricción para el uso de drones en el área. Si un aparato no es registrado o vuela sin su número de registro, se arriesga a una multa de hasta $27.500. Desde el pasado día 21, ya se han registrado más de 180.000 propietarios de drones.

La legislación no evita, lógicamente, los accidentes, pero al menos dota de un marco legal y de responsabilidad a quienes los puedan originar, junto con medidas que permiten su eventual identificación. Entre la prohibición radical y el no legislar nada, una solución que parece lógica y razonable. El caso de los Estados Unidos, lógicamente, vamos a verlo replicado en todos los países desarrollados en los que los drones han sido igualmente populares como regalo de navidad. En estos casos, con precedentes y comparables muy escasos, dar lugar a una legislación equilibrada que combine los intereses de propietarios, fabricantes y distribuidores con un adecuado nivel de seguridad supone todo un reto.

Aplicar la legislación preexistente para cuestiones aparentemente relacionadas como, por ejemplo, el aeromodelismo, no habría tenido mucho sentido: hablamos de circunstancias mucho más restringidas, escasamente comparables con la facilidad de uso y la popularidad de los drones de última generación. En este sentido, la iniciativa norteamericana destaca por haber sido capaz de reunir a los actores implicados, escucharlos, y crear herramientas sencillas que permiten que cualquier registre sus drones de manera rápida, sencilla y sin excesiva burocracia, al tiempo que se facilita una herramienta igualmente fácil para determinar si un vuelo atenta contra la seguridad o no. Pluralidad de enfoques – asegurarse de hablar no solo con quienes fabrican drones, los venden y los usan para jugar, sino también con quienes, por ejemplo, plantean utilizarlos en distribución o para otros usos – unidos a una notable practicidad y sensibilidad. Ante un fenómeno como este, que se populariza a la velocidad de los productos de consumo masivo y se convierte en un problema antes de que la justicia tenga tiempo a reaccionar, me parece un caso de legislación, como mínimo, interesante. Me encantaría ver a otros que legislan cuestiones igualmente novedosas relacionadas con la tecnología asesorarse y hacer las cosas de maneras mínimamente parecidas.