US midterm elections 2018El próximo día 6 de noviembre de 2018 tendrán lugar la mayoría de las elecciones al Parlamento de los Estados Unidos 2018, de cuyo resultado dependerán los 435 escaños de la Cámara de Representantes o Congreso, 35 de los 100 escaños del Senado, 39 gobiernos estatales y territoriales y numerosas elecciones estatales y locales más. Generalmente, la trascendencia de las elecciones parlamentarias norteamericanas es bastante relativa a nivel internacional, contrariamente a lo que ocurre con sus presidenciales. Sin embargo, en esta ocasión confluyen una serie de circunstancias que las convierten en enormemente importantes a todos los niveles, en un evento muy digno de ser seguido con gran interés.

Resulta evidente que el título de esta entrada es una obviedad: prácticamente cualquier proceso electoral en los Estados Unidos tiene un nivel de influencia que es susceptible de afectar a todo el mundo, pero en este caso, la cuestión va bastante más allá. El refuerzo del sistema de contrapoderes es necesario más que nunca para poder frenar las iniciativas del presidente más peligroso, más dañino y más mentiroso de la historia, del que hasta el momento representa seguramente el ejemplo más elevado de manipulación colectiva de un resultado electoral. Decisiones como la política medioambiental o la guerra comercial, que afectan a todo el mundo, podrían tener que replantearse o ver disminuida su virulencia si Donald Trump pasase, como resultado de estas elecciones, a estar en una situación de minoría parlamentaria.

El proceso por el cual aquellas mismas redes sociales que posibilitaron revoluciones como la primavera árabe se convirtieron en algo capaz de hacer posible el triunfo de Donald Trump en 2016 está cada vez más siendo objeto de un estudio pormenorizado y exhaustivo, al tiempo que esas mismas redes sociales que fueron tan fuertemente instrumentalizadas tratan de evitar que procesos de ese tipo puedan llegar a repetirse. La interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 llegó hasta el punto de analizar quiénes podían ser los cinco tipos de votantes de Trump, y a diseñar cuidadosamente estrategias para llegar a ellos con la colaboración de un equipo de la propia Facebook que, en estas próximas elecciones pretende ofrecer un nivel de soporte directo muy inferior.

La campaña electoral y la llegada de Donald Trump a la presidencia ha tenido un efecto en cómo los jóvenes ven las noticias, y ha dado lugar a una crisis de confianza que, sin duda, afectará a una generación que parece rechazar cada vez más las redes sociales y los efectos derivados de haber aprendido a utilizarlas sin ningún tipo de educación al respecto. Es muy posible que muchos votantes de Trump hayan, en un clima de crítica constante a su presidente, radicalizado más aún si cabe sus posiciones, pero también lo es que muchos se hayan dado cuenta, a pesar de la bonanza económica por la que pasa actualmente el país, de los posibles efectos de tener a un sujeto así en la Casa Blanca.

Unas elecciones que pueden marcar un hito en lo político – ver a Donald Trump tratar de gobernar con un Parlamento mayoritariamente en contra puede ser digno de una serie de televisión – pero, sin duda, lo van a marcar de de cara a la ciencia del marketing electoral. Los resultados de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, la profusión de análisis periodísticos al respecto, la detención de cada vez más colaboradores cercanos del presidente y de todo tipo de implicados en el asunto y la divulgación pública de muchos de los anuncios que la inteligencia rusa utilizó para influenciar a los votantes norteamericanos han dado lugar a un clima electoral enrarecido, en el que muchos votantes empiezan a plantearse cada cosa que leen, cada mensaje que reciben, en busca de posibles estrategias de segmentación. Lo que antes eran anuncios simplemente incómodos o machacones en período electoral, ahora son vistos por muchos como parte de posibles conspiraciones destinadas a radicalizar sus ideas o influenciar sus votos.

El análisis del resultado de estas elecciones, que se juegan con campañas a nivel estatal o local, puede llegar a dejar muchas claves de cómo va a evolucionar la comunicación política en el futuro, no ya en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Habrá que estar atentos.

 

Alex Jones on TwitterEl pasado día 15, las cuentas de Alex Jones e InfoWars en Twitter fueron condenadas al “solo lectura” durante una semana, la pena que Twitter impone por una primera violación de sus reglas. Aunque el CEO de la compañía, Jack Dorsey, defendió inicialmente la decisión de mantener abiertas las cuentas porque supuestamente no había contravenido ninguna de sus normas, un artículo de CNN estudiando en profundidad los contenidos publicados por las cuentas y señalando específicamente las veces que habían violado esas reglas, y una serie de medidas de presión anunciadas por varios colectivos terminaron por torcer el brazo de la red social, que ahora estudia qué medidas tomar y que cambios introducir en el servicio cuando ese plazo probatorio de una semana expire.

Sin embargo, lo verdaderamente interesante de todo este asunto no es tanto el destino del conspiranoico y sensacionalista Alex Jones, sino las diversas reacciones que ha generado. En el caso de Twitter, la compañía que más ha tardado en reaccionar a sus contenidos, la compañía ha visto surgir dos campañas formuladas como medidas de presión: una de ellas, difundida bajo el hashtag #DeactiDay, invitaba a los usuarios a desactivar sus cuentas de Twitter el día 17 de agosto, y a posponer la decisión de reactivarlas treinta días después, tras comprobar las acciones que la compañía había tomado con respecto a las cuentas de Alex Jones e InfoWars. 
#DeactiDay

Otra campaña, con un recorrido más largo y que lleva tiempo funcionando, es la protagonizada por Sleeping Giants, un grupo dedicado a advertir a las compañías que se anuncian en sitios como InfoWars, Breitbart News y, en general, en cualquier página que promueva la intolerancia, el sexismo y el racismo, a informarles del tipo de contenido que estaban promoviendo con sus presupuestos publicitarios, y a promover que retirasen su publicidad de esas páginas por incompatibilidad de sus contenidos con la imagen corporativa de la compañía. Mientras los promotores del sitio lo ven como un “servicio a los anunciantes” que tiene su razón de ser en el hecho de que muchas grandes compañías no llegan, en realidad, a saber dónde están saliendo sus anuncios, las páginas objeto de sus acciones lo califican como “el grupo anónimo izquierdista que organiza a multitudes en las redes sociales en un intento de silenciar las voces conservadoras”.

Una tercera campaña con una metodología similar es #BlockParty500: Shannon Coulter, una activista que ya había creado una campaña anterior, GrabYourWallet, en la que intentaba presionar a compañías para que no vendiesen productos relacionados con Donald Trump, propone a los usuarios de Twitter que bloqueen las cuentas corporativas de las compañías del Fortune 500, en una medida de presión que, supuestamente, debería hacer que Twitter cerrase definitivamente las cuentas de Alex Jones e InfoWars. Para lograrlo, Coulter ha creado una herramienta que permite llevar a cabo estos bloqueos de manera automática sin tener que buscar cada cuenta y bloquearla manualmente, e incluso, por si alguien tenía problemas con el hecho de dar acceso a esa aplicación a su cuenta de Twitter, un manual de herramientas sobre cómo subir a Twitter una lista de cuentas a bloquear.

La idea del boicot, aunque los que proponen estas campañas prefieren no utilizar este término, adaptada a los tiempos de las redes sociales y de la publicidad como medio principal de financiación de las redes sociales. Indudablemente, campañas de este tipo son lícitas  – cada persona es libre de decidir qué hacer con su cuenta y qué medidas de presión apoyar – y pueden funcionar si logran el apoyo de un número de personas suficientemente elevado, pero plantean un problema fundamental derivado de la posibilidad de que terminen por contribuir a la polarización del debate: qué hacer si los usuarios del otro lado proponen medidas similares. No resulta en absoluto difícil imaginar un movimiento contrario iniciado en plataformas conservadoras, que trate de generar medidas de bloqueo similares y presionar a las redes sociales de la misma manera, y que amenace a las compañías con perder el acceso a un segmento muy importante de los ciudadanos de los Estados Unidos. La escalada de una situación semejante sería compleja, y de consecuencias difíciles de prever.

La alternativa de marcar unas normas y actuar únicamente cuando son incumplidas es igualmente compleja: hablamos de comunicación humana, en muchos casos de matices e interpretaciones, y de situaciones en las que siempre existirán argumentos a favor y en contra de cada medida. Para las redes sociales, tener el gatillo fácil y bloquear todas aquellas cuentas que infrinjan una norma o que sean denunciadas por un número suficientemente elevado de usuarios es una posibilidad que, aunque pueda sonar razonable en un primer momento, puede terminar en una escalada sumamente compleja. No hacer nada, como el caso de Twitter demuestra, es también peligroso, y convierte a la compañía en diana de todos aquellos que reclaman acción contra lo que consideran una ofensa. En una sociedad como la norteamericana, en la que los dos bandos parecen tener, como evidenciaron las últimas elecciones presidenciales, un apoyo relativamente similar en términos cuantitativos, la gestión de una situación así puede llegar a plantearse como imposible. De una u otra manera, Alex Jones ha conseguido convertirse. con sus acciones y con las reacciones que ha generado, en la espoleta de un conflicto que nos va a obligar a replantearnos muchas cosas.

 

IMAGE: Stuart Hampton - Pixabay (CC0)Según una reciente encuesta de Gallup y la Knight Foundation, el 85% de los norteamericanos piensan que las plataformas sociales no hacen suficiente para combatir la difusión de las noticias falsas, y la mayoría adscriben a estas plataformas la responsabilidad sobre la veracidad del contenido.

Como ya he comentado en numerosas ocasiones, el problema de las noticias falsas no está en las plataformas sociales, sino en los usuarios, y concretamente, en su ausencia de pensamiento crítico. La falta de pensamiento crítico es lo que lleva a una persona a creerse una noticia simplemente “porque la ha visto en Facebook”, porque “le ha llegado por WhatsApp” o porque “es el primer resultado en Google”, del mismo modo que el deseo de obtener notoriedad o apreciación social es lo que le lleva no solo a creérsela, sino además, a compartirla con sus amigos. En la práctica, lo que un porcentaje elevadísimo de norteamericanos están diciendo con esta encuesta no es ni más ni menos que “somos demasiado estúpidos para usar internet, y demandamos a las plataformas sociales que nos protejan”.

No, el problema no son las noticias falsas, y las plataformas sociales no pueden proteger a los usuarios de sí mismos. Proteger a alguien que es demasiado estúpido para protegerse a sí mismo es un problema, porque impide que Darwin actúe como debería. Durante toda la historia de la humanidad, hemos tenido herramientas que permitían que una persona accediese a información: hace años que disponemos de bibliotecas, pero como requerían de un cierto esfuerzo para informarse en ellas, mantenían suficientemente alejados de manera natural a los que eran demasiado estúpidos como para utilizarlas. Internet, sin embargo, pone toda la información a un clic de distancia de cualquier persona, y con ello, permite que cualquiera, incluso aquel que es demasiado estúpido como para racionalizar mínimamente lo que está leyendo, acceda a ella. En ese sentido, las redes sociales deberían evitar ser utilizadas como herramientas de manipulación masiva, deberían intentar identificar estrategias destinadas a promover la viralización de determinados mensajes y deberían, como ya están intentando hacer, tratar de eliminar mensajes que inciten a la violencia o al odio, pero no pueden – ni deben – convertirse en jueces de lo que circula por ellas. Son, simplemente, un canal, con algunas reglas que deberían ser lo más transparentes que sea posible. En gran medida, el papel de protegerse contra la desinformación, las noticias falsas o las estafas tiene que recaer, nos pongamos como nos pongamos, en los usuarios.

Una estafa es una estafa, y quien la lleva a cabo es un estafador. Y la ley cuenta con mecanismos para proteger a las personas de los estafadores, aunque pueda ser que la universalidad de internet convierta esa posible persecución en ocasiones en un verdadero reto. Pero ¿qué debemos hacer con el enésimo estúpido que responde a un correo electrónico de un supuesto dictador nigeriano que le pide sus datos bancarios porque le asegura que le va a transferir muchos miles de millones de dólares? ¿De verdad puede alguien pensar que la responsabilidad sobre eso corresponde a una herramienta de correo electrónico, a la compañía que la gestiona, o a la red social a través de la cual le llega ese mensaje? ¿No sería más correcto y factual asumir que esa persona era, sencillamente, demasiado estúpida como para utilizar internet? Lo que deberíamos hacer no es bramar contra internet y sus actores, sino, sin renunciar a perseguir, lógicamente, a quien lo haya estafado, intentar que ese usuario adquiera educación para que no vuelva a cometer errores de ese tipo, y entienda de una vez por todas que las cosas que son demasiado bonitas para ser verdad es, sencillamente… porque no son verdad.

La solución, lógicamente, no es intentar construir “una internet a prueba de estúpidos”, sino educar a los usuarios para que aprendan que no todo lo que leen en Facebook, lo que aparece como resultado en una búsqueda de Google o lo que les llega por WhatsApp es necesariamente cierto. El problema, por supuesto, es que para muchos, las mentiras más falaces y evidentes son ni más ni menos que lo que quieren creer, aquello de lo que han decidido convencerse a sí mismos o incluso, en muchos casos, de lo que aspiran a convencer a los demás: lo hemos visto en numerosas ocasiones, cuando una red social etiqueta una noticia como falsa, y miles de estúpidos corren a difundirla más aún, retroalimentada con eso de “lo que Facebook no quiere que leas”. Y las noticias falsas ni siquiera son patrimonio de internet o de las redes sociales: muchos medios tradicionales, como periódicos o televisiones, participan también en su difusión, en busca de la noticia fácil, de la generación de atención a toda costa, o, por qué no, intentando crear estados de opinión en el público que consideren coherentes con su línea editorial. Lo único que internet y las redes sociales han hecho es disminuir las barreras de entrada a la publicación: ahora, cualquiera puede convertirse en un medio de comunicación, del mismo modo que cualquiera con suficientes medios puede simular una audiencia de cierto tamaño que se escandaliza con un tema determinado o que aparenta un fuerte apoyo a unas ciertas tesis.

Pedir a las redes sociales que sean transparentes con respecto a sus procedimientos, que intenten impedir procesos de manipulación o que intenten limitar la difusión de mensajes que inciten al odio puede ser adecuado. Pero centrar el problema de las noticias falsas en el canal es un grave error, porque la gran verdad es que la verdadera responsabilidad está en los usuarios. Podremos, a lo largo de una generación y si nos ponemos seriamente a ello, construir sistemas educativos que se centren en reforzar el pensamiento crítico, que no tomen como verdad nada por el simple hecho de que esté escrito en un libro, en una pantalla o que lo hayamos visto en un vídeo. Pero negar la responsabilidad del usuario es como obligarnos a etiquetar un microondas con una pegatina de “no lo utilice para secar a su mascota” por si a algún imbécil se le ocurre meter a su gato dentro y después, además, va y nos denuncia: un recordatorio permanente de que algunas personas son demasiado estúpidas ya no para usar un microondas, sino para vivir en sociedad. Y por supuesto, para usar internet.

 

IMAGE: Milky – Digital Innovation (CC BY)El episodio del progresivo destierro de Alex Jones y su InfoWars de la mayoría de las plataformas sociales – hasta el momento, YouTube, Facebook, iTunes, Spotify, MailChimp y las recomendaciones de producto de Amazon – y la insistencia de Twitter, en el seno de un fuerte debate interno, en mantener sus cuentas abiertas está generando una interesantísima discusión sobre lo que debe o no debe estar permitido en social media, con argumentos que tratan de convencer a Jack Dorsey de que no hablamos de una cuestión de reglas o de hechos, sino de valores.

Mientras, Alex Jones y su InfoWars han alcanzado su pico máximo de popularidad, y han visto las descargas de su app, no retirada de las tiendas, alcanzar el cuarto lugar en los rankings. Es posible que a medio plazo, eliminar o restringir las cuentas de este tipo de las redes sociales termine por limitar su alcance e influencia, pero a corto plazo, no cabe duda que lo que ha hecho es convertir a su creador en una especie de víctima de una supuesta conspiración global, darle mucha más importancia de la que realmente tenía, y radicalizar aún más a sus ya radicales seguidores.

El debate en torno al tema, en cualquier caso, es positivo: como bien comenta en su artículo Li Yuan, corresponsal de The New York Times en Asia, esas discusiones son simplemente imposibles de plantear en países como China. Seguramente el mejor análisis que he leído en ese sentido es el de Jeff Jarvis, que afirma que las plataformas de social media no son medios como tales, sino que representan algo nuevo que aún no somos capaces de entender y que, seguramente, tendría un mejor paralelismo con el del ágora, la plaza pública, el lugar en el que tiene lugar la discusión.

En la plaza pública, la presencia y la discusión está sometida, sin duda, a una serie de reglas. Esas reglas no solamente aluden a cuestiones como la educación o el decoro, sino que, muy posiblemente, deban tener en cuenta otros factores, que incluyen desde cuestiones básicas culturales o de tradición, hasta otras que pueden ser entendidas como provocación intencionada. Además, esas reglas evolucionan con el tiempo: las discusiones sobre la trata de esclavos o sobre el derecho de voto de la mujer, por ejemplo, eran perfectamente habituales hace algunas décadas, pero desde hace ya mucho tiempo, lógicamente, se consideran erradicadas como tales, y proponerlas no solo no tiene sentido, sino que muy posiblemente se consideraría fuera de las reglas, como lógicamente está comenzando a ocurrir, tras muchos años de esfuerzos, con discusiones más recientes como el matrimonio gay – y no en todos los países. Esa evolución de las reglas forma parte de un contrato social en permanente evolución adaptativa con respecto a un entorno que a la vez lo modifica y lo posibilita, un entorno definido, en muchos casos, por la disponibilidad de herramientas tecnológicas.

Toda plataforma o herramienta con un cierto nivel de adopción sufre, de manera natural, intentos de explotación maliciosa, sean de delincuentes que tratan de sacar provecho del desconocimiento o la ingenuidad de sus usuarios, o de otro tipo de actores perversos. Las redes sociales han visto como. tras una primera fase de adopción explosiva, comenzaban a aparecen actores maliciosos que las explotaban para, por ejemplo, simular una popularidad muy superior a la que realmente tenían, manipulando estados de opinión y aprovechándose de los muchos que eran incapaces de entender que, por ejemplo, detrás de un aparente movimiento político o una corriente de opinión determinada, podían estar factorías de bots y oleadas de cuentas falsas que simulaban ser usuarios, pero que en realidad, solo formaban parte de una estrategia preconcebida. Limpiar las plataformas de social media de este tipo de actores es, lógica e indudablemente, responsabilidad de sus propios gestores, e incluso algo tan fácil de entender es, en realidad, complejo cuando tenemos en cuenta que los mercados financieros, la semana pasada, castigaron a una red como Twitter por presentar unas cifras supuestamente inferiores en número de usuarios cuando, en realidad, no habían hecho más que eliminar cuentas falsas. Si esa tarea de limpieza por parte de las redes sociales, para la que comenzamos a tener herramientas cada vez más eficientes, choca con la estupidez y la incomprensión de unos analistas que no ven más allá de una cifra como si fuera algún tipo de indicador o multiplicador mágico, las cosas ya comienzan a ponerse complicadas, porque se genera un incentivo para esas plataformas por presentar unas cuentas no reales, fruto de procesos de manipulación llevados a cabo por todo tipo de actores perversos.

Pero más allá de la limpieza de la plataforma y de la eliminación de los malos actores que intentan aprovecharse de ellas, está la discusión sobre las normas de comportamiento en las redes sociales. Por muchas normas que pongamos aludiendo, por ejemplo, al respeto, al uso de insultos o a las amenazas, a estas alturas parece ya perfectamente claro que comportamientos como el acoso o el bullying son enormemente difíciles y complejos de tipificar, que pueden llevarse a cabo sin necesidad de insultos o amenazas directas, y que además, existe un constante intento de empujar las reglas más allá para convertir en normales comportamientos que, seguramente, no deberían serlo. Esa discusión existe no solo en las redes sociales: está presente incluso en la calle, cuando se definen los comportamientos con respecto a, por ejemplo, un famoso o una figura polémica.

¿Debemos permitir discusiones que cuestionan elementos que la sociedad en su conjunto ha considerado adecuado asociar al pasado, o considerar fuera de la discusión? Cuando una persona utiliza las redes sociales para intentar negar el holocausto, para defender el racismo, para impulsar la discriminación o para cuestionar derechos fundamentales, por ejemplo… ¿está realmente intentando que esa causa sea revisada o vuelta a discutir, o simplemente pretende provocar, generar una atención y tratar de aprovecharse de ella para otros fines, que en muchos casos tienen incluso trascendencia económica? ¿Debemos realmente permitir que cada poco tiempo aparezca otro imbécil más a decir que el hombre no llegó a la luna, que las vacunas son malas y deben evitarse, o que en realidad Hitler no era tan malo, o deberíamos contar con mecanismos que permitiesen aislar y eliminar ese tipo de comportamientos? ¿Es realmente menos libre una sociedad que impide o aísla determinadas discusiones o argumentos que, de hecho, ya no se pueden tener fuera de las redes sociales sin ser sometido a un aislamiento o considerado como un imbécil? ¿O es más pobre, en realidad, una sociedad como China, Rusia, Irán o Turquía, por citar algunas, en las que estas discusiones no tienen sentido porque todo, lo que se puede hablar y lo que no, está ya previamente decidido por un poder político o religioso superior?

No, la discusión, decididamente, vale la pena, como vale la pena congratularnos por la posibilidad de tenerla. Que la democracia tengo numerosos problemas implica que debemos plantearnos trabajar en mejorarla, no que debamos tener envidia de los regímenes que no la tienen, y con la discusión sobre la libertad de expresión ocurre lo mismo, porque de hecho, forma parte de las reglas del juego democrático. Pocas cosas en esta discusión pueden interpretarse de manera maximalista o unívoca: ni la libertad de expresión implica poder gritar “¡fuego!” en un teatro lleno de gente, ni implica que el que abuse de ella esté libre de efectos perniciosos por parte de los que opinan que no debería poderse decir lo que se dice. Madurar esta discusión y no menospreciar su importancia es tarea de todos.

 

IMAGE: CC BY-SA 3.0 Nick Youngson - Alpha Stock ImagesFacebook anuncia que ha descubierto y presuntamente desmantelado un intento de manipulación dirigido a las próximas elecciones norteamericanas a Congreso y Senado, un total de 32 páginas que, en lo que la compañía denomina un “comportamiento no auténtico coordinado”, habían publicado un total de 9,500 entradas de manera coordinada con 150 campañas publicitarias, con un gasto total de 11,000 dólares, y generando unos 30 eventos desde mayo de 2017. En total, unas 290,000 cuentas seguían al menos una de las páginas, orientadas fundamentalmente a fomentar el enfrentamiento en torno a temas raciales.

Sinceramente, creo que la denominación “coordinated unauthentic behavior” que Facebook otorga a este tipo de campañas de manipulación merece una cierta reflexión. Tengo pocas dudas de que el hecho de que un actor determinado se dedique a crear todo tipo de herramientas, páginas de diversos tipos, cuentas falsas para hacerlas crecer y parecer más importantes de lo que realmente son, campañas publicitarias extremadamente segmentadas para inflamar los ánimos de determinados colectivos, o eventos para crear conciencia de grupo en torno a ciertos temas supone, como tal, una amenaza a la democracia. Estoy seguro de que el hecho de que ese tipo de procesos de manipulación colectiva sean detenidos empleando para ello todos los medios posibles es algo positivo, un esfuerzo que vale la pena hacer, y un claro ejemplo de explotación maliciosa de una herramienta social. Permitir que ese tipo de actores siguiesen utilizando este tipo de metodologías para manipular el voto de los ciudadanos me parecería un desastre para la democracia, por mucho que algunos afirmen que la manipulación, en realidad, no es nada nuevo, que antes se llevaba a cabo mediante los medios de comunicación tradicionales o que cada uno es libre de dejarse influenciar por lo que buenamente quiera a la hora de decidir su voto.

Sin embargo, y a pesar del evidente interés de proteger la democracia frente a procesos de manipulación fraudulentos… ¿estamos seguros de que ese esfuerzo debe corresponder a compañías como Facebook, Twitter u otras que han sido precisamente protagonistas de esos primeros ejemplos claros de manipulación? ¿Realmente estamos en buenas manos si encargamos la protección de la democracia y su funcionamiento razonablemente genuino a este tipo de compañías? No me refiero a que no puedan hacerlo: sin duda, son las mejor situadas para detectar este tipo de fraudes o plantearse neutralizarlos, pero… ¿debe ser ese realmente el papel de las empresas privadas? Hablamos de compañías cada vez más poderosas, cuyo dominio no se ha visto prácticamente ni alterado por la reciente oleada regulatoria o intentos de control por parte de los gobiernos de distintos lugares del mundo, y cuyos objetivos corporativos se establecen en torno a magnitudes como el crecimiento, la facturación o los beneficios, no de elementos como la protección de la democracia o la preservación del equilibrio social. Ese tipo de objetivos corresponden, de manera natural, a las instituciones que la sociedad construye para supervisar su funcionamiento, a eso que denominamos administración y que se construye a distintos niveles, con unas ciertas reglas y sometida a un cierto equilibrio entre poderes y contrapoderes. Subcontratar esa vigilancia y supervisión a compañías privadas, y precisamente a las compañías que, con su previo historial de ingenuidad y falta de vigilancia, lo hicieron posible ya en una triste serie de ejemplos supone, a mi entender, un problema.

De nuevo: estas compañías, como creadoras y gestoras precisamente del sistema que los manipuladores utilizan para llevar a cabo sus campañas, están en la mejor situación para ser quienes patrullen y pongan bajo control esas iniciativas. Pero una buena parte de la coordinación de ese esfuerzo, seguramente, debería estar no tan solo a cargo de personas adscritas a esas compañías, sino de oficiales públicos dedicados a ejercer ese papel de refuerzo o garante de los procesos democráticos. Fundamentalmente, porque las compañías, y consecuentemente, las personas contratadas y pagadas por ellas, tienen otros objetivos prioritarios, y podrían hipotéticamente sostener múltiples tipos de conflictos de interés relacionados con esa función.

Por otro lado, diseñar una estructura que permitiese a oficiales públicos trabajar con las redes sociales para proteger la democracia podría suponer un nivel de supervisión y control que esas compañías no estuviesen dispuestas a aceptar, o ser visto como una posible injerencia del estamento político sobre la actividad de las empresas privadas. De hecho, en algunos países con democracias menos consolidadas, podría incluso terminar actuando al revés de lo esperado, como un organismo que se dedicase a impedir la expresión de movimientos políticos genuinos en las redes calificándolos como “comportamientos no auténticos coordinados”, al tiempo que se intentan proteger, por contra, los de las campañas organizadas por el gobierno de turno.

Sin duda, un problema multifactorial complejo, y una pregunta que queda en el aire: ¿a quién corresponde o debe corresponder, en plena era de la comunicación electrónica, las redes sociales y la ultrasegmentación, la protección de los procesos democráticos y la prevención de la manipulación masiva?