IMAGE: Milky – Digital Innovation (CC BY)El episodio del progresivo destierro de Alex Jones y su InfoWars de la mayoría de las plataformas sociales – hasta el momento, YouTube, Facebook, iTunes, Spotify, MailChimp y las recomendaciones de producto de Amazon – y la insistencia de Twitter, en el seno de un fuerte debate interno, en mantener sus cuentas abiertas está generando una interesantísima discusión sobre lo que debe o no debe estar permitido en social media, con argumentos que tratan de convencer a Jack Dorsey de que no hablamos de una cuestión de reglas o de hechos, sino de valores.

Mientras, Alex Jones y su InfoWars han alcanzado su pico máximo de popularidad, y han visto las descargas de su app, no retirada de las tiendas, alcanzar el cuarto lugar en los rankings. Es posible que a medio plazo, eliminar o restringir las cuentas de este tipo de las redes sociales termine por limitar su alcance e influencia, pero a corto plazo, no cabe duda que lo que ha hecho es convertir a su creador en una especie de víctima de una supuesta conspiración global, darle mucha más importancia de la que realmente tenía, y radicalizar aún más a sus ya radicales seguidores.

El debate en torno al tema, en cualquier caso, es positivo: como bien comenta en su artículo Li Yuan, corresponsal de The New York Times en Asia, esas discusiones son simplemente imposibles de plantear en países como China. Seguramente el mejor análisis que he leído en ese sentido es el de Jeff Jarvis, que afirma que las plataformas de social media no son medios como tales, sino que representan algo nuevo que aún no somos capaces de entender y que, seguramente, tendría un mejor paralelismo con el del ágora, la plaza pública, el lugar en el que tiene lugar la discusión.

En la plaza pública, la presencia y la discusión está sometida, sin duda, a una serie de reglas. Esas reglas no solamente aluden a cuestiones como la educación o el decoro, sino que, muy posiblemente, deban tener en cuenta otros factores, que incluyen desde cuestiones básicas culturales o de tradición, hasta otras que pueden ser entendidas como provocación intencionada. Además, esas reglas evolucionan con el tiempo: las discusiones sobre la trata de esclavos o sobre el derecho de voto de la mujer, por ejemplo, eran perfectamente habituales hace algunas décadas, pero desde hace ya mucho tiempo, lógicamente, se consideran erradicadas como tales, y proponerlas no solo no tiene sentido, sino que muy posiblemente se consideraría fuera de las reglas, como lógicamente está comenzando a ocurrir, tras muchos años de esfuerzos, con discusiones más recientes como el matrimonio gay – y no en todos los países. Esa evolución de las reglas forma parte de un contrato social en permanente evolución adaptativa con respecto a un entorno que a la vez lo modifica y lo posibilita, un entorno definido, en muchos casos, por la disponibilidad de herramientas tecnológicas.

Toda plataforma o herramienta con un cierto nivel de adopción sufre, de manera natural, intentos de explotación maliciosa, sean de delincuentes que tratan de sacar provecho del desconocimiento o la ingenuidad de sus usuarios, o de otro tipo de actores perversos. Las redes sociales han visto como. tras una primera fase de adopción explosiva, comenzaban a aparecen actores maliciosos que las explotaban para, por ejemplo, simular una popularidad muy superior a la que realmente tenían, manipulando estados de opinión y aprovechándose de los muchos que eran incapaces de entender que, por ejemplo, detrás de un aparente movimiento político o una corriente de opinión determinada, podían estar factorías de bots y oleadas de cuentas falsas que simulaban ser usuarios, pero que en realidad, solo formaban parte de una estrategia preconcebida. Limpiar las plataformas de social media de este tipo de actores es, lógica e indudablemente, responsabilidad de sus propios gestores, e incluso algo tan fácil de entender es, en realidad, complejo cuando tenemos en cuenta que los mercados financieros, la semana pasada, castigaron a una red como Twitter por presentar unas cifras supuestamente inferiores en número de usuarios cuando, en realidad, no habían hecho más que eliminar cuentas falsas. Si esa tarea de limpieza por parte de las redes sociales, para la que comenzamos a tener herramientas cada vez más eficientes, choca con la estupidez y la incomprensión de unos analistas que no ven más allá de una cifra como si fuera algún tipo de indicador o multiplicador mágico, las cosas ya comienzan a ponerse complicadas, porque se genera un incentivo para esas plataformas por presentar unas cuentas no reales, fruto de procesos de manipulación llevados a cabo por todo tipo de actores perversos.

Pero más allá de la limpieza de la plataforma y de la eliminación de los malos actores que intentan aprovecharse de ellas, está la discusión sobre las normas de comportamiento en las redes sociales. Por muchas normas que pongamos aludiendo, por ejemplo, al respeto, al uso de insultos o a las amenazas, a estas alturas parece ya perfectamente claro que comportamientos como el acoso o el bullying son enormemente difíciles y complejos de tipificar, que pueden llevarse a cabo sin necesidad de insultos o amenazas directas, y que además, existe un constante intento de empujar las reglas más allá para convertir en normales comportamientos que, seguramente, no deberían serlo. Esa discusión existe no solo en las redes sociales: está presente incluso en la calle, cuando se definen los comportamientos con respecto a, por ejemplo, un famoso o una figura polémica.

¿Debemos permitir discusiones que cuestionan elementos que la sociedad en su conjunto ha considerado adecuado asociar al pasado, o considerar fuera de la discusión? Cuando una persona utiliza las redes sociales para intentar negar el holocausto, para defender el racismo, para impulsar la discriminación o para cuestionar derechos fundamentales, por ejemplo… ¿está realmente intentando que esa causa sea revisada o vuelta a discutir, o simplemente pretende provocar, generar una atención y tratar de aprovecharse de ella para otros fines, que en muchos casos tienen incluso trascendencia económica? ¿Debemos realmente permitir que cada poco tiempo aparezca otro imbécil más a decir que el hombre no llegó a la luna, que las vacunas son malas y deben evitarse, o que en realidad Hitler no era tan malo, o deberíamos contar con mecanismos que permitiesen aislar y eliminar ese tipo de comportamientos? ¿Es realmente menos libre una sociedad que impide o aísla determinadas discusiones o argumentos que, de hecho, ya no se pueden tener fuera de las redes sociales sin ser sometido a un aislamiento o considerado como un imbécil? ¿O es más pobre, en realidad, una sociedad como China, Rusia, Irán o Turquía, por citar algunas, en las que estas discusiones no tienen sentido porque todo, lo que se puede hablar y lo que no, está ya previamente decidido por un poder político o religioso superior?

No, la discusión, decididamente, vale la pena, como vale la pena congratularnos por la posibilidad de tenerla. Que la democracia tengo numerosos problemas implica que debemos plantearnos trabajar en mejorarla, no que debamos tener envidia de los regímenes que no la tienen, y con la discusión sobre la libertad de expresión ocurre lo mismo, porque de hecho, forma parte de las reglas del juego democrático. Pocas cosas en esta discusión pueden interpretarse de manera maximalista o unívoca: ni la libertad de expresión implica poder gritar “¡fuego!” en un teatro lleno de gente, ni implica que el que abuse de ella esté libre de efectos perniciosos por parte de los que opinan que no debería poderse decir lo que se dice. Madurar esta discusión y no menospreciar su importancia es tarea de todos.

 

IMAGE: Alex Jones, by Sean P. Anderson - CC BYAlex Jones es, sin duda, la definición enciclopédica de una persona perversa, que causa daño intencionadamente, o que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas para su propio beneficio. Una de esas personas a las que seguramente te pensarías mucho invitar a su casa, aunque afuera estuviese cayendo el diluvio universal, simplemente para evitar que alguien te viese con él.

Sus ideas ultraconservadoras y su capacidad para la invención constante de noticias falsas y absurdas teorías de la conspiración le han llevado en numerosas ocasiones a lo que cualquier persona mínimamente normal consideraría esperpento: si piensas en cualquier teoría suficientemente estúpida, como las que soportan el movimiento antivacunas, la falsedad de la llegada a la luna, las armas climatológicas, el genocidio blanco o la participación gubernamental en todo tipo de atentados o tiroteos, este tipo las tiene todas, como si las coleccionase, y las utiliza sin ningún tipo de problema para decir barbaridades como que los padres de los pobres niños muertos en la masacre de Sandy Hook son en realidad actores pagados por el gobierno en un suceso que, según él, fue totalmente inventado y nunca existió. A pesar de todo ello, o posiblemente gracias a ello, su página, InfoWars, tiene más de diez millones de visitas mensuales, lo que la convierte en uno de los bastiones de este tipo de absurdas corrientes de pensamiento.

Desde el pasado 24 de julio, las acciones contra Alex Jones e Infowars en las distintas redes sociales se han sucedido de manera constante: ese día, YouTube eliminó cuatro vídeos publicados por InfoWars, suspendió su capacidad para la emisión en vivo, y dio su primera advertencia al canal. El 27 de julio, Facebook suspendió el perfil de Alex Jones durante 30 días, y eliminó los mismos videos que YouTube, citando violaciones de las normas de Facebook contra el discurso de odio y la intimidación. El pasado 5 de agosto, Apple también eliminó cinco podcasts de Infowars de su aplicación. Un día después, el 6 de agosto, Facebook eliminó cuatro páginas relacionadas con Alex Jones por violaciones de su política de apología de la violencia y el discurso del odio. Ese mismo día, YouTube eliminó completamente el canal de InfoWars. Una sucesión de acciones que han servido para que el propio Jones denuncie una persecución a través de la que es prácticamente la única plataforma social que le queda en este momento, Twitter.

La progresiva exclusión de Alex Jones e Infowars de las plataformas sociales recuerdan a acciones anteriores contra el supremacismo blanco y las páginas neonazis en agosto del pasado 2017, y sigue mereciendo una reflexión. En una web cuya actividad se concentra cada vez más en unas pocas plataformas, la posibilidad de excluir de la conversación determinadas ideas o a determinados grupos se presenta como una posibilidad tentadora e indudablemente real, con todo lo que ello conlleva. En la práctica, las exclusiones a las que compañías como YouTube, Facebook o Apple someten a ese tipo de páginas no son fruto de ningún tipo de resolución judicial, sino en función de las propias reglas de la plataforma: no los ponen fuera de la ley porque obviamente carecen de esa potestad, pero los expulsan porque incumplen sus normas. Por mucho que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos afirme que no se te puede arrestar por lo que digas o pienses, nada puede obligar a una plataforma a hospedar esas ideas o a proteger a quien las dice. En realidad, si YouTube, Facebook o Apple te cancelan un canal o te cierran una página, no están vulnerando tus derechos constitucionales, sino afirmando que no están cómodos con esas ideas siendo expresadas desde su plataforma y echándote fuera de ella. No es lo mismo prohibir unas ideas que rescindir el permiso para vocearlas desde un sitio determinado, sea una universidad, un recinto determinado o una red social.

En el fondo, hablamos de la  paradoja de la tolerancia enunciada por el filósofo austríaco Karl Popper, que afirma que si una sociedad es tolerante sin límites, su habilidad para ser tolerante será finalmente confiscada o destruida por los intolerantes, lo que implica que defender la tolerancia exija no tolerar lo intolerante: 

La tolerancia ilimitada conduce a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada incluso a aquellos que son intolerantes, si no estamos preparados para defender a una sociedad tolerante de la embestida de los intolerantes, entonces los tolerantes serán destruidos, y con ellos, la tolerancia. En esta formulación no insinúo, por ejemplo, que siempre debamos reprimir el enunciado de filosofías intolerantes: siempre será preferente contrarrestarlos con argumentos racionales y mantenerlos bajo control por parte de la opinión pública, porque la supresión sería sin duda muy imprudente. Pero deberíamos reclamar el derecho de suprimirlos si es necesario incluso por la fuerza, porque puede ocurrir fácilmente que no estén preparados para discutir en el nivel del argumento racional, sino que comiencen denunciando todos los argumentos: pueden prohibir a sus seguidores escuchar argumentos racionales por considerarlos engañosos, o enseñarles a responder argumentos utilizando sus puños o sus pistolas. Por tanto, deberíamos reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. Deberíamos pedir que cualquier movimiento que predique la intolerancia sea situado fuera de la ley, y deberíamos considerar la incitación a la intolerancia y la persecución como criminales, de la misma manera que deberíamos considerar la incitación al asesinato, al secuestro o al resurgimiento de la trata de esclavos como un comportamiento criminal.

Sin duda, llegar al punto de limitar el uso de determinadas plataformas de uso mayoritario en la red para la difusión de unas ideas determinadas es algo peligroso, y más aún cuando esas plataformas se concentran y pasan a estar en manos de unos pocos. Que esas exclusiones se dicten además de manera aparentemente arbitraria, o en base a normas y políticas poco claras e interpretables aporta un problema adicional, y ponen a esas plataformas en la situación de convertirse en jueces, en censores, en dictadores que hacen y deshacen a su antojo, con todas las posibilidades de convertirse en herramientas a favor de determinados intereses. La Electronic Frontier Foundation (EFF), que cuenta con un importante bagaje en términos de reflexión sobre estos temas, cita los Principios de Manila sobre la Responsabilidad de los Intermediarios como una forma de evitar errores y de garantizar la transparencia de estas decisiones.

Sinceramente, tiendo a pensar que los Alex Jones y gente de ese perfil y con esas actitudes están mejor fuera que dentro de internet. Pero también veo que en determinados países no precisamente conocidos por su respeto a las libertades, las ideas que son expulsadas de los foros de discusión son otras, que en algunos casos pueden ser afines a las mías, lo que me hace situarme en la posición de intentar evitar de todas las maneras posibles que esas situaciones puedan parecer similares. A otro nivel obviamente no comparable, en mi página elimino rutinariamente no tanto las ideas que contravienen a las mías, porque valoro la discusión y la capacidad de hacerme cambiar de opinión, sino a aquellos que las expresan de una manera desagradable o a los que deciden situarse en una posición absurda de cruzada contra todas mis ideas, algo que únicamente ha ocurrido tres veces a lo largo de la última década: personas que hacían que no me encontrase cómodo escribiendo en mi propia página. Entiendo perfectamente que una red social, un repositorio de vídeo o una plataforma de podcasts no se encuentre cómoda sirviendo de vehículo para determinadas ideas e incluso que tome la decisión de excluirlas, y en ese caso, creo que lo ideal sería pedirle que expresase de manera muy clara lo que está permitido y lo que no, y que aplique esos principios de manera transparente.

La libertad de expresión es un asunto delicado, y mucho más complejo de lo que parece. A todos nos gustaría excluir a los imbéciles, pero también nos gustaría, en ese caso, llevarnos bien con el que decide quién es un imbécil y quién no lo es. Cuando cerrar la puerta de un puñado de sitios como YouTube, Facebook, iTunes y Twitter supone prácticamente la expulsión de internet, nos arriesgamos a situarnos en la posición de un país como China, en el que el gobierno decide lo que puede estar en la red y lo que no, sin consultar a nadie, sin preguntar a los usuarios y sin preocuparse por posibles errores o excesos de celo, o como otros países en los que la ausencia de una separación de poderes real conlleva que los jueces siempre digan lo que conviene al poder establecido. Francamente, Alex Jones y la decisión de excluirlo no me parece un problema, pero sí me parece una interesante oportunidad para la reflexión.

 

IMAGE: Clker - CC0 Creative CommonsFinalmente, todo indica que Twitter se ha decidido a actuar con decisión con respecto al que era su gran problema, del que habíamos hablado en numerosas ocasiones: la escasa calidad de una red infestada de cuentas falsas, bots, trolls y otras especies desagradables: durante los meses de mayo y junio, la compañía ha suspendido unos setenta millones de cuentas, más de un millón al día, en un intento por reducir los usos perniciosos de su red, y todo indica que la tendencia continúa en lo que llevamos del mes de julio.

La compañía está llevando a cabo esta limpieza en un momento en el que podía presumir de tener las mejores cifras de crecimiento de los últimos tiempos, pero lógicamente, una operación de limpieza semejante va a afectar esa evolución, y posiblemente conlleve que la compañía muestre crecimiento negativo en su número de usuarios durante algún tiempo. Tras la adquisición de Smyte, todo indica que, finalmente, la compañía ha terminado de clarificar su posición sobre la toxicidad y la supuesta protección de la libertad de expresión a toda costa: los que se definían a sí mismos como “the free speech wing of the free speech party”, se han dado cuenta de que, en la dura realidad, las posiciones idealistas tienen un límite, y que es imprescindible balancear la libertad de expresión con el potencial que tiene esa libertad para evitar que otros la tengan. En palabras de Del Harvey, VP de Seguridad y Confianza de la compañía desde hace ya más de ocho años, “la libertad de expresión no significa mucho si las personas no se sienten seguras”. 

La compañía parece finalmente caer en la cuenta de que mostrar un gran crecimiento de usuarios, aunque resulte vistoso de cara al accionista, es un indicador que, en realidad, no sirve para nada en una estrategia sostenible de largo plazo si ese crecimiento se debe fundamentalmente a granjas de seguidores falsos, a cuentas falsas y bots creados por actores que intentan simular seguimientos multitudinarios que no existen, o trolls que pretenden silenciar a otros mediante la agresión.  Como comentábamos el otro día, el gran problema de muchas compañías, la santificación del indicador equivocado hasta el punto de llegar a pensar que una base de datos de usuarios es siempre mejor cuanto más grande, aunque en realidad termine siendo un enorme montón de basura inútil o potencialmente perjudicial, una fuente de sanciones o de problemas.

En el caso de Twitter, el momento de verse prestando testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos para intentar explicar el uso por parte de Rusia de cuentas falsas para influenciar las elecciones presidenciales puede haber actuado como una llamada de alerta: el número de usuarios no necesariamente es un indicador adecuado de crecimiento, y podría ser el momento de sacar la basura. Mejor tener una red más pequeña de usuarios genuinos, con cara y ojos – o de bots que supongan servicios útiles y con sentido – que crecer mucho gracias a fenómenos artificiales que, además, terminan generando problemas evidentes. La cada vez más patente necesidad de diferenciar estrategias de crecimiento a toda costa, frente a otras más orientadas al crecimiento sostenible. Perder número de usuarios, para intentar mantener una red en la que sea posible un uso razonable, un sitio donde puedas compartir cosas sin que un clima de profunda negatividad y ataques constantes te lleve a arrepentirte de haberlo hecho y a pensar que estás mejor abandonando esa red o limitándote a utilizarla de modo pasivo, como simple lurker.

Si Twitter finalmente ve la luz y mantiene esta actitud, bienvenida sea. ¿Puede llegar a ser capaz de eliminar todos los trolls y las cuentas falsas? Posiblemente no. La lucha entre quienes crean grandes cantidades de cuentas para simular un apoyo amplio y los sistemas de detección es similar a la de la película Blade Runner: robots intentando parecer humanos simulando acciones habituales en el comportamiento humano, hasta el punto de que es preciso que la compañía se arme con  algoritmos y pruebas diagnósticas que los descubran, una auténtica carrera de armamentos entre la inteligencia artificial necesaria para que una cuenta parezca genuina frente a la inteligencia artificial necesaria para descubrir a las que no lo son. Pero todo esfuerzo en ese sentido puede terminar siendo una buena inversión, una que realmente permita que un usuario pueda utilizar Twitter con normalidad, sin sentirse en medio de un montón de basura, rodeado de trolls que le insultan y amenazan por cualquier motivo, un sitio en el que arriesgarte a compartir una opinión conlleva casi tener que hacerse un seguro de vida. Esa progresión del nivel de toxicidad, decididamente, no era sostenible. Una triste metáfora que dice mucho de las sociedades humanas, pero que toda compañía, sobre todo en el ámbito de lo social, va a tener que considerar en el futuro.

 

Twitter toxicFinalmente, tras muchos años de abusos que llegaron incluso a amenazar la supervivencia de la compañía, Twitter parece que se plantea hacer algo con respecto a la toxicidad que impera en su plataforma, y adquiere Smyte, uno de los servicios que muchos utilizaban para combatirla. Una compañía formada por unas veinte personas, que había recibido hasta el momento unos $6.3 millones de financiación,

Las soluciones de la compañía, fundada en la incubadora Y Combinator en 2015 por tres ingenieros especializados en seguridad y lucha contra el fraude o el spam, permiten poner coto mediante reglas de machine learning derivadas de los datos o de las propia compañía a todo tipo de comportamientos indeseables en la red, desde estafas o phishing, hasta cuestiones como spam, cuentas falsas, bullying, hate speech, insultos o trolling. Inmediatamente tras el anuncio de la adquisición, Twitter cerró la API de Smyte, dejando a los clientes actuales de la compañía sin servicio y provocando airadas quejas.

La interpretación de Twitter de la libertad de expresión siempre me ha llamado la atención por su extremada ingenuidad. La libertad de expresión es, por supuesto, una causa por la que luchar y algo que siempre es necesario defender, pero que al mismo tiempo, precisa de reglas que permitan evitar un abuso que forma parte de la condición humana. Al proteger una supuesta libertad de expresión por encima de todo y sin reglas, se atenta claramente contra la liberta de expresión de quienes son atacados, generándose un entorno que termina convirtiéndose en una espiral de toxicidad, insultos y comportamientos organizados para silenciar o promover un pensamiento único, una plataforma que termina dando más voz a los que acosan, insultan y exhiben un comportamiento más proactivamente agresivo. El balance entre libertad de expresión y una plataforma saludable es algo que Twitter, claramente, nunca ha sabido gestionar bien, y que ha llevado a muchos usuarios a dejar de utilizarla o a adoptar una actitud de simple escucha, sin participación activa.

¿Puede Twitter, embarcada tras varios años discretos en una vuelta al crecimiento en un período de fuerte actividad, ser capaz de introducir reglas que controlen la agresividad, excluyan a los trolls, a los que insultan o a los que organizan estrategias para difundir interesadamente ideologías basadas en el odio? El servicio de Smyte tiene una reputación buena entre sus usuarios y parece que no es un mal primer paso, pero completarlo exigiría el desarrollo de reglas que permitan una exclusión efectiva de quienes violan las reglas. De poco sirve cerrar una cuenta si la persona u organización que se encuentra tras ella puede volver a abrirla con otro nombre de manera prácticamente inmediata y darle visibilidad simplemente siguiéndola desde otras cuentas o comprando seguidores. Es necesario poner en marcha servicios que permitan una exclusión efectiva basados en digital fingerprinting, que al menos dificulten de manera real el mantenimiento de comportamientos o estrategias basadas en el uso de la agresividad.

En ese sentido, existen cada vez más iniciativas para gestionar este tipo de comportamientos. La compañía española eGarante, por ejemplo, ofrece desde hace poco un servicio para prevenir y combatir el acoso en redes sociales como Twitter, basada en la disuasión: permite una recogida de pruebas de esos comportamiento con total validez jurídica certificando las interacciones aunque estas sean posteriormente eliminadas, lo que hace posible una eventual actuación judicial. Una herramienta que conlleva una cierta actitud de “judicialización de la conversación” que posiblemente solo se justifique en casos muy determinados, pero que enmarca al menos una manera de disuadir determinados comportamientos, como las amenazas o la difamación, para los que solo puede entenderse el recurso a la ley como respuesta válida.

Por supuesto, no es sencillo. Diferenciar la agresividad sistemática de la mera sátira o de la crítica razonable no es sencillo, un ese proceso en el que puede haber numerosos falsos positivos, cada uno con una historia detrás. Hay personas que promueven el odio sin necesidad de utilizar términos malsonantes o insultos, simplemente utilizando la ironía o la sátira, que lo hacen únicamente de manera ocasional, o que pretenden pasar por rebeldes, por inconformistas o por iconoclastas mediante ese tipo de estrategias. Algunos muy visibles o con mucho seguimiento, capaces de organizar auténticas revueltas de usuarios o amenazas de boicot si son silenciados. Sin embargo, es algo necesario, como lo es el desarrollo de reglas de convivencia social, si se pretende mantener una estrategia sostenible. La adquisición de Smyte puede marcar un momento interesante en la historia de Twitter: ¿abandona finalmente la compañía su ingenuidad casi infantil en la defensa de una libertad de expresión sin reglas que ha llegado a perjudicar fuertemente su propuesta de valor, o seguirá diciendo que si te insultan, lo mejor es que adoptes la estrategia del avestruz y cierres los ojos para no verlo?

 

DisruptJ20El pasado 15 de agosto, saltó una noticia preocupante: el Departamento de Justicia estadounidense había enviado una orden de registro a una compañía de alojamiento web, DreamHost, demandando todos los datos disponibles, incluidas direcciones IP, de los 1.3 millones de visitantes a la página DisruptJ20, que funcionó como aglutinadora de las marchas de protesta el día de la toma de posesión del presidente Donald Trump en Washington.

Las alertas se encendieron inmediatamente, al tiempo que DreamHost anunciaba que apelaría la orden: ¿tiene algún sentido que el gobierno de un país democrático con libertad de expresión pretenda solicitar datos sobre los visitantes a una página de protesta contra su presidente?

Tras la respuesta de los tribunales, el Departamento de Justicia ha decidido retirar su petición, y explicar que no tenía ningún interés en los visitantes de la página, sino únicamente en los que la hubiesen podido utilizar para coordinar protestas y acciones violentas. La retirada de la petición supone un triunfo para DreamHost, que podría haber simplemente tratado el asunto de manera discreta y haber suministrado los datos solicitados al Departamento de Justicia, pero decidió resistirse y apelar la orden de registro por respeto a la privacidad de sus usuarios.

Que un presidente como Donald Trump intentase crear un registro de disidentes o de personas críticas con su gobierno entraría dentro de lo imaginable, y más aún después del fiasco que supuso la ceremonia de su toma de posesión, con cuya audiencia y asistencia parecía completamente obsesionado. Sin embargo, las actividades de protesta o de contestación al gobierno son, como no podría ser de otra manera, completamente legales en los Estados Unidos, y la idea de solicitar los datos de los visitantes a una página de protesta resulta directamente demencial. Durante la toma de posesión, que concentraron a varios miles de personas en unas veinte acciones de protesta que habían solicitado los debidos permisos y que tuvieron lugar mayoritariamente de forma pacífica, aunque se produjeron algunas acciones aisladas de violencia que dejaron como resultado el arresto de unas doscientas personas. Muy poco saldo para justificar una acción como la solicitada en la orden de registro, en la que se solicitaba los datos de todos los visitantes a la página, y que independientemente de las pretensiones de la administración, y se se convertía así en un claro exceso de celo en la investigación y en un evidente abuso de la autoridad gubernamental que evocaba las listas negras, las persecuciones políticas y las cazas de brujas habituales en regímenes no democráticos.

Según el escrito del gobierno, la página web no era sólo un medio para difundir públicamente la información de las protestas, sino también un medio para coordinar y comunicar en privado a un grupo de personas entre cuyas intenciones se incluía la planificación de acciones violentas. Tras las protestas de DreamHost, el Departamento de Justicia afirmó no haberse dado cuenta de la magnitud de su petición y de que abarcase a más de 1.3 millones de usuarios, y aseguró estar interesado únicamente en un pequeño y selecto grupo de personas, una afirmación cuya veracidad ha sido lógicamente puesta en duda por los abogados de la contraparte.

En la web, todo lo que hacemos queda recogido en algún fichero log. Solicitar datos de esos ficheros para identificar a los participantes en una acción determinada es algo que tiene que justificarse muy bien en virtud de la importancia del delito presuntamente cometido. En política, al menos en países con tradición democrática y separación de poderes, solicitar los datos de los visitantes a una página de protesta contra el gobierno, independientemente de que algunas de esas protestas terminasen en algunas acciones de violencia, es algo que tiene un aspecto directamente siniestro. Una vez más, uno de esos “pequeños detalles sin importancia” del alucinante – y esperemos que fugaz – paso por la Casa Blanca de un impresentable llamado Donald Trump…