IMAGE: Jon Phillips - CC BYLa secuencia de acontecimientos que ha terminado prácticamente con el exilio de Alex Jones y su página, InfoWars, de la práctica totalidad de los canales de difusión en la web es, a falta de culminarse con la más que probable expulsión de su app de la Play Store de Android, un momento interesante para plantear algunas reflexiones sobre la estructura de la red en la que, desde hace ya tiempo, basamos una parte creciente de nuestra actividad.

El pasado 24 de julio, YouTube eliminó cuatro vídeos publicados por InfoWars por considerar que infringían sus políticas de uso, suspendió su capacidad para emitir contenido en vivo, y dio su primera advertencia o strike al canal. Tras esa primera acción, el número de plataformas que tomaron acción contra Alex Jones y sus contenidos no ha dejado de crecer, al tiempo que lo ha hecho también la severidad de las medidas al pasar de advertencias y bloqueos temporales, a cierres definitivos. El 27 de julio, Facebook suspendió el perfil de Alex Jones durante 30 días, y eliminó los mismos videos que YouTube. El 5 de agosto, Apple eliminó cinco podcasts de Infowars, y también lo hizo Spotify. Un día después, el 6 de agosto, las medidas de Facebook se hicieron definitivas al eliminar cuatro páginas relacionadas con Alex Jones por apología de la violencia y del discurso del odio. Ese mismo día, YouTube eliminó completamente el canal de InfoWars. Además, Mailchimp expulsó también a Alex Jones por hateful conduct, lo que le obligo a buscar otro servicio para enviar sus newslettersAmazon eliminó las recomendaciones a su línea de supuestos “productos de supervivencia” que le proporcionaban una fuente de ingresos. Twitter, que inicialmente había rechazado tomar acción alguna, suspendió sus cuentas durante dos semanas tras una intensa presión mediática destinada a probar violaciones del código de conducta de la compañía y, finalmente, eliminó las cuentas de Alex Jones e InfoWars tras la retransmisión vía Periscope de un encuentro con un periodista y anunció que trataría de cerrar todas las cuentas nuevas que pudiese intentar abrir. Para rematar, el pasado día 8, Apple excluyó a la app de InfoWars de su App Store, que había crecido rápidamente en seguimiento y se había convertido en uno de los pocos canales que le quedaban para comunicarse con sus seguidores. 

Contrariamente a lo que el propio Jones y muchos aparentemente pensaban, toda esta oleada de medidas no han servido para hacerle más popular, sino todo lo contrario: su alcance se ha visto seriamente disminuido, y su potencial para esparcir conspiranoias y odio se ha reducido. En este momento, Jones puede recurrir al alcance orgánico de su página web y a su app para Android, que también podría pronto unirse a las medidas tomadas por otros canales y dejar a los seguidores de Jones ante la tesitura de instalarse la app sin pasar por el Play Market. La situación recuerda mucho lo sucedido con el panfleto neonazi The Daily Stormer en agosto de 2017, cuando fue primero expulsado de su dominio por GoDaddy, posteriormente, por Google y, tras tratar de refugiarse en un dominio ruso que fue ha igualmente cancelado pocos días después, vio cómo Cloudflare, el proveedor de servicios de DNS, de protección y de distribución de contenidos más importante de la red, le retiraba asimismo sus servicios.

Sin ánimo de plantear aquí una discusión sobre el tipo de contenidos que deben ser excluidos de la web o sobre la conveniencia de respetar la libertad de expresión de tipos tan intolerantes y tan poco recomendables como Alex Jones o publicaciones como The Daily Stormer, la pregunta es clara: ¿cuántas personas u organizaciones tienen que ponerse de acuerdo para lograr prácticamente excluir a una persona de un ámbito como la web? Realmente, si Larry Page, Mark Zuckerberg, Tim Cook y unos pocos más se ponen de acuerdo, la condena al ostracismo puede convertirse en verdaderamente eficiente. La situación recuerda a lo que ocurre en países como China, en los que una sola decisión basta para convertir un sitio en inaccesible, y se aleja de las concepciones originales de descentralización y ausencia de censura que tenía internet en sus orígenes.

En este sentido, me han parecido muy interesantes las reflexiones del Decentralized Web Summit celebrado en San Francisco entre el 31 de julio y el 2 de agosto con la asistencia, entre otros, de Tim Berners-Lee. Los defensores de la llamada web descentralizada o DWeb proponen construir una web mejor basada en la descentralización, en la que los usuarios puedan comunicarse sin tener que depender de grandes empresas que acumulen sus datos con ánimo de lucro y faciliten, además, las acciones de vigilancia y censura de los gobiernos o de otros agentes. La diferencia estaría en el desarrollo de un protocolo diferente basado en la conectividad punto a punto, en donde cada ordenador no solo solicita servicios, sino que también los proporciona, protocolos que identificarían los contenidos no en función de dónde están, sino de lo que son. Esa orientación al contenido sería similar a los esquemas P2P, y haría posible que los sitios web y los archivos se almacenasen y pasasen de muchas formas de ordenador en ordenador, en lugar de confiar siempre en un solo servidor como el conducto para el intercambio de información.

Una alternativa de este tipo nos volvería a acercar a la idea de una web imposible o mucho más difícil de censurar, gracias a la idea de un control completamente distribuido. El problema, claro está, es que esa misma cualidad tiene aspectos buenos, pero también potencialmente malos, derivados de la dificultad de generar sistemas de gobernanza. Sabiendo como sabemos que la web puede ser explotada y sometida a abuso para fines que van desde la subversión de la democracia hasta la exaltación del odio o de la intolerancia, ¿es conveniente descentralizar para acabar teniendo una estructura que impide prácticamente todo control? El idealismo de los primeros años de la web ha dado paso a un escepticismo que plantea hasta qué punto es conveniente crear estructuras que, en principio, renuncien a todo control, y permitan la expresión sin límites del ser humano, con lo mejor, pero también indudablemente con lo peor que puede llegar a crear.

Técnicamente, es muy posible que una web completamente descentralizada y distribuida pueda llegar a convertirse en realidad, y de hecho, ya hay bastantes aplicaciones y desarrolladores trabajando en ello. Es muy posible que, como ocurre habitualmente con la tecnología, la discusión sobre su idoneidad sea estéril, porque dados los condicionantes adecuados, no sea posible impedir que sea creada. Pero desde un punto de vista filosófico, conociendo las consecuencias de lo que hemos visto surgir en varias décadas de uso de la web… ¿es recomendable? ¿Cómo están evolucionando las ideas libertarias que surgieron tras el inicio de la popularización de la web, ante la aparición de malos actores dispuestos a explotar precisamente su ausencia de control?

 

IMAGE: Alexlmx - 123RF

China continúa avanzando, sin el más mínimo complejo, en el desarrollo de la mayor herramienta tecnológica de control social jamás desarrollada por el hombre. Desde la llegada al poder de Xi Jinping en marzo de 2013, el gobernante ha mostrado una fortísima obsesión por el control: ha reforzado los conceptos de unidad interna y disciplina en todo el partido, ha puesto en marcha una enorme campaña contra la corrupción, y sobre todo, ha reforzado la vigilancia de la sociedad civil y el discurso ideológico hasta el límite, lo que incluye la censura en internet como herramienta fundamental.

Bajo Xi Jinping, la censura en China no es ya una cuestión coyuntural o un elemento para controlar la velocidad del cambio: se ha convertido en un rasgo fundamental que caracteriza al país, en un elemento de identidad, en un derecho supuestamente inalienable de mantener su soberanía nacional sobre la red. Xi Jinping afirma el derecho de China a ser diferente, a escoger independientemente su propio camino hacia el desarrollo, su modelo de regulación y su participación en la gobernanza del ciberespacio internacional en igualdad de condiciones. La democracia y la libertad de información no son, para China, una obligación o un objetivo hacia el que hay que evolucionar necesariamente: la libre circulación de los contenidos en la red supone una amenaza a su forma de vida, al régimen que gobierna el país, y a la estabilidad en general. 

Tras el XIX Congreso del Partido Comunista chino, la voluntad de reforzar el control social en el país utilizando todos los medios, más allá de internet, ha quedado claramente reafirmada y sancionada como elemento fundamental en su estrategia y planes de futuro. La inversión en tecnología ha llevado a la construcción de la mayor base de datos biométricos del mundo, que ahora, además de desplegarse en las más de 176 millones de cámaras que controlan el territorio – que pretenden llegar hasta los 626 millones en los próximos tres años y que cubren ya, por ejemplo, el 100% del área urbana de Beijing – se extiende incluso a las gafas que llevan sus policías, capaces de simplemente enfocar a una persona y obtener sus datos. La vigilancia se extiende también a la red telefónica, con la mayor base de datos de huellas de voz para identificar a sus ciudadanos en una simple conversación, y a cualquier otro ámbito mediante otra base de datos de registros de ADN.

A esas iniciativas gubernamentales se unen, además, otras iniciativas privadas que colaboran con el estado: todos los ciudadanos reciben una puntuación en función de factores que van desde su consideración crediticia hasta sus actitudes con respecto al gobierno, puntuación que, además, es objeto de esquemas de gamificación: la puntuación de una persona puede verse afectada no solo por sus acciones, sino también por las de aquellos que le rodean, familiares o amigos, lo que de hecho convierte cualquier actitud crítica o disidente en un problema no solo para la persona sino también para su círculo de influencia, llevando rápidamente al aislamiento social de quienes la manifiesten. Además, el uso de herramientas tecnológicas para desplazarse, pagar, relacionarse o llevar a cabo todo tipo de acciones se ha convertido en tan ubicuo, que nadie puede plantearse no utilizarlos, por una cuestión de conveniencia y comodidad, de no convertirse en “un raro” o, directamente, en un sospechoso.

La privacidad, en China, no es un derecho, sino una amenaza. Los ciudadanos viven bajo una vigilancia permanente destinada a mantener la estabilidad. Por mucho que algunas de esas iniciativas privadas generen tímidas reacciones en contra  (las gubernamentales ni se plantean), el país tiene claro que su sistema no es un error o un problema, sino una característica que está dispuesto a defender como parte de su idiosincrasia, como un elemento fundamental en su estrategia. Las generaciones más jóvenes, a la vista del éxito económico que el país está obteniendo y tras haber nacido y crecido en un entorno de rígido control de la información crítica, ya no dudan, y se han convertido en entusiastas defensores de su gobierno, que patrullan las redes e intentan aislar y convencer a los que manifiestan actitudes mínimamente críticas.

Es, sencillamente, un planteamiento diferente de sociedad, en el que cuestiones que en Occidente consideramos derechos fundamentales desaparecen en aras de un beneficio supuestamente mayor, en donde el control social se convierte en la auténtica herramienta política. Pero un planteamiento, además, enormemente exitoso y eficiente, que el país pretende además extender en el futuro al resto del mundo. Durante mucho tiempo, la mayor parte de los países del mundo han evolucionado para considerar la democracia como un valor fundamental en sus sociedades y en su forma de gobierno, como un requisito indispensable: el éxito y la ambición de China y su defensa de estrategias de control social como una vía alternativa suponen, ahora, el replanteamiento más importante de esa idea de cara al futuro.

 

IMAGE: Tatiana Kalashnikova - 123RFLos recientes disturbios en Teherán, donde una creciente ola de insurgencia ha congregado a decenas de miles de manifestantes durante ya varios días demandando un cambio en la política del país y un abandono del régimen teocrático, están poniendo de manifiesto la importancia de las herramientas tecnológicas como forma de coordinación de movimientos políticos, como ya ocurrió durante la llamada Primavera Árabe entre 2010 y 2012.

Ante la evidencia de que la coordinación de las protestas se estaba llevando a cabo mayoritariamente en Telegram, que cuenta con más de cuarenta millones de usuarios en un país con ochenta millones de habitantes, el gobierno del país solicitó a Pavel Durov, fundador de la compañía, a través de Twitter, que cerrase un grupo en el que presuntamente se estaban llevando a cabo llamamientos a la violencia y al uso de artefactos incendiarios contra la policía, petición que la compañía atendió tras comprobar tal circunstancia citando su política de no permitir usos destinados a promover la violencia. Sin embargo, cuando los seguidores del canal se han coordinado para reunirse en otros grupos, el gobierno ha amenazado con el cierre de la aplicación, cierre que parece ser – la información es confusa en este punto – que se ha llevado a cabo, junto con cierres de otras redes sociales como Instagram y, posiblemente, cierres puntuales de toda la conectividad a la red.

La interfaz entre la política y las herramientas de comunicación en la red se está volviendo cada vez más sofisticada. Los cierres totales de conectividad como el reciente en Congo, en un mundo cada vez más conectado y donde internet juega cada vez un papel más importante en la vida de las personas, se convierten en impopulares y difíciles de mantener en el tiempo, mientras que las aplicaciones van siendo cada vez más conscientes de su posible papel y atendiendo determinadas peticiones, incluso en el caso de herramientas como Telegram con sistemas de cifrado fuertes que no permiten una posible monitorización gubernamental.

En el escenario político, las herramientas de comunicación y coordinación tienen ya un papel tan importante que sus decisiones pueden resultar enormemente complejas. Del mismo modo que Telegram decide, tras una inspección y una comprobación, cerrar un grupo en el que presuntamente había llamamientos a la violencia, nos encontramos con que Facebook decide cerrar la página del líder pro-ruso de ChecheniaRamzan Kadyrov, con cuatro millones de seguidores, debido supuestamente a requisitos legales tras su inclusión en la lista de sanciones de la Oficina del Tesoro norteamericano de control de activos en el extranjero. Independientemente de las simpatías o antipatías que el líder de Chechenia pueda generar, la decisión resulta llamativa por su incoherencia, dado que otros líderes, como el venezolano Nicolás Maduro y varios miembros de su gobierno se encuentran en la misma lista, pero mantienen su actividad dentro de Facebook con total normalidad.

La interfaz entre la red y la política se está volviendo más y más compleja, y dependiente de factores de control sensiblemente más complejo. En 2009, tras los disturbios de lo que se dio en llamar “la revolución verde“, el gobierno norteamericano pidió a Twitter, que entonces estaba siendo utilizado como herramienta de coordinación por los manifestantes, que pospusiese un cierre temporal por mantenimiento para no interferir en el uso por parte de los insurgentes. Desde esos tiempos a los actuales, las herramientas han cambiado, pero su control también, y la nueva interfaz entre gobiernos y compañías parece estar volviéndose sensiblemente más compleja. Por un lado, ninguna herramienta quiere ser vista como una forma de coordinar o promover usos abiertamente violentos o ilegales. Pero por otro, estamos dando forma a un cóctel en el que se entremezclan intereses económicos, políticos y de política internacional sumamente complejos, cada vez más difíciles de controlar. A medida que esas herramientas prueban una influencia cada vez mayor, las compañías que las mantienen se convierten en actores más importantes y con más potencial en el terreno político, con capacidad para jugar o dejar de jugar un papel potencialmente decisivo.

Creo que va a ser uno de los temas más discutidos en 2018: la toma de conciencia por parte de las empresas de la red de la verdadera influencia que pueden llegar a tener fuera de ella. Cuando una protesta política toma una dimensión determinada, es bastante posible que su entidad se vuelva independiente del tipo de herramienta utilizada, como posiblemente esté ocurriendo en Irán. Pero más allá de las simpatías o antipatías que nos genere un gobierno o régimen determinado, pensar que sus destinos pueden estar sujetos a las decisiones de determinadas herramientas tecnológicas y sus intereses o los de los gobiernos de sus países… tampoco resulta especialmente tranquilizador.

 

IMAGE: Jrg Schiemann - 123RFLa regulación es, sin duda, uno de los aspectos más interesantes y complejos cuando consideramos los procesos de innovación. El conjunto de leyes, normas, prácticas, directrices, restricciones y conductas que definen el marco en el que se desarrolla una actividad determinada se convierte, en muchas ocasiones, en oportunidades que el innovador explota por considerar que, en el nuevo entorno definido por una tecnología determinada, pierde todo o parte de su sentido. Pretender mantener la regulación a toda costa, incluso cuando las evidencias demuestran que ha perdido su sentido, suele identificarse con intentos de proteger al incumbente o al competidor tradicional frente a los nuevos entrantes, y con la generación de ecosistemas que coartan la innovación.

Los ejemplos son multitud: la regulación del transporte urbano en automóvil mediante un sistema de licencias tuvo sentido en su momento para evitar la llamada “tragedia de los comunes” (ciudades en las que cualquiera, sin normas ni control alguno, podía dedicarse a transportar pasajeros, con lo que ello conllevó de descontrol en cuanto a tarifas, negociaciones individuales o presencia de malos actores que se aprovechaban para su propio beneficio), pero pierde completamente su sentido cuando las normas de actuación son dictadas por plataformas en las que los conductores son evaluados de manera continua y las condiciones son fijadas de manera centralizada. Del mismo modo, parece evidente, por ejemplo, que si bien es necesario exigir a los establecimientos turísticos una normativa en cuanto a extintores, salidas de emergencia y procedimientos de evacuación, hacer lo mismo con apartamentos individuales que se alquilan a corto plazo no tiene ningún sentido, y tratar de convertir el requisito en exigible generaría una situación absurda y de imposible cumplimiento. Así, compañías como Cabify, Uber o Airbnb, tras poner en evidencia el escaso sentido que tenía mantener algunas de las regulaciones existentes en sus respectivas actividades, se convierten en compañías millonarias que aprovechan esa nueva situación y llegan, incluso, a generar procesos de adaptación de la regulación al nuevo panorama.

Sin embargo, la regulación no es, por principio, absurda o innecesaria. La regulación es el proceso por el que las sociedades humanas se otorgan reglas que facilitan el desarrollo de actividades en las condiciones en las que esas sociedades estiman oportunas. Y si bien están, como todo, sujetas a los cambios del entorno, pensar que son completamente innecesarias implica ser tan ingenuo como para pretender que los aspectos de la naturaleza humana que había que prevenir y que les dieron origen han desaparecido, algo que no suele ocurrir.

Así, los ejemplos que demuestran que la regulación era en efecto necesaria también comienzan a ser multitud: en YouTube, el ecosistema que en muchos sentidos ha sustituido a la televisión tradicional y ha generado una caída de las barreras de entrada que permite que prácticamente cualquiera pueda crear y difundir contenidos audiovisuales, nos encontramos ahora con un problema que resultaba perfectamente esperable: al retirar de facto las protecciones sobre la producción de contenidos que implican la participación de niños, surgen padres dispuestos a cometer auténticas barbaridades con sus hijos con el fin de obtener el éxito y la viralidad en YouTube, y que, como consecuencia, someten a los niños a auténticas torturas, a sesiones maratonianas delante de la cámara o a auténtico acoso en busca del plano, el tono y el gesto adecuado a cada situación. En este caso, la regulación tal y como estaba planteada se convierte en imposible a nivel de control, y requiere la aparición de procesos regulatorios nuevos, como podría ser el excluir todos los vídeos que contengan niños del sistema de publicidad del canal, algo a lo que YouTube, de momento, ha mostrado escasa sensibilidad.

Del mismo modo, hoy tenemos un reportaje en profundidad de The Outline titulado Bribes for blogs: how bands secretly buy their way into Forbes, Fast Company and HuffPost stories, un auténtico secreto a voces que todos los que participamos en medios conocemos desde hace muchísimo tiempo, y que parece intensificarse con el paso del tiempo. En este caso, no hablamos tanto de una regulación como tal, sino de un conjunto de normas y buenas prácticas: se supone que todo artículo esponsorizado o producto de un pago debe ir identificado como tal, y aunque las infracciones a ese principio han sido habituales a lo largo de los tiempos y muy anteriores a la llegada del canal digital, lo que tendía a ocurrir en muchos casos era, simplemente, que incumplir ese principio tendía a llevar aparejada una pérdida de prestigio y de valor referencial de la publicación. Ahora, el problema va mucho más allá. Cada semana, recibo una media entre tres y cuatro propuestas para escribir artículos esponsorizados, y eso que hablamos de una publicación relativamente minoritaria que ni del lejos tiene los números y la relevancia de otras muchas. Cada vez que escribo un artículo en Forbes o en otras revistas, el número de peticiones es aún mayor, y llega a resultar, en ocasiones, agotador. En esas condiciones, poder afirmar que jamás he escrito un artículo esponsorizado se convierte en una marca de prestigio que, por otro lado, tiene un valor relativo cuando existen personas dispuestas a asegurar – sin prueba alguna, pero a asegurar igualmente – que me han pagado por escribir tal o cual cosa.

En el caso de publicaciones profesionales, la situación es aún más compleja: en publicaciones en las que tengo implicación directa he llegado a ver en varias ocasiones como se prescindía de manera disciplinaria e inmediata de redactores que habían recibido pagos o prebendas a cambio de escribir de manera elogiosa de los productos de una marca, pero obviamente, la práctica es habitual y de difícil control. En principio, cada vez que un colaborador de una publicación inserta en ella un artículo esponsorizado sin declararlo como tal, estamos ante un fallo a dos niveles: por un lado, del proceso de publicación. Toda publicación debería contar con sistemas de control que, ante un artículo con “aspecto” de ser esponsorizado, desencadenase un proceso de inspección y de cuestionamiento del mismo. Por otro, un problema de ética: el colaborador que cobra a la marca al tiempo que percibe un pago por publicar está, en realidad, robando a la publicación, que en otras condiciones podría obtener un pago de la marca por la inserción de publicidad o de un formato de branded content, además de fallar a su audiencia ocultándoles información fundamental para juzgar la veracidad del artículo. Los casos, sin embargo, parecen acumularse, y los correos que se reciben con ofertas similares parecen asumir, cada vez más, que ese tipo de procesos, desgraciadamente, se han normalizado.

No, las regulaciones no estaban ahí por casualidad. Suponer que por el hecho de que un canal o un entorno esté recién definido y sea diferente, esas regulaciones ya no van a ser necesarias es de una ingenuidad terrible. Cuando Susan Wojcicki, de YouTube, afirma que ha visto cómo “algunos malos actores explotan nuestra apertura para engañar, manipular, hostigar o incluso dañar”, eso no resulta en absoluto sorprendente: lo sorprendente es, de hecho, que alguien sea tan absurda y estúpidamente ingenuo como para suponer que eso no iba a pasar. Si en el ecosistema anterior había una serie de protecciones para impedirlo, no era por casualidad, ni porque alguien tuviese ganas de fastidiar o de coartar libertades: estaban ahí porque eran necesarias, y crear una plataforma que no las posee es, sencillamente, fomentar ese tipo de comportamientos. Cuando una serie de publicaciones de nuevo cuño – o de toda la vida, pero que han decidido levantar determinadas restricciones – se encuentran con que hay colaboradores que se montan un auténtico negocio a base de colocarles verdaderos publirreportajes por los que han cobrado como si fuesen contenido genuino, deberían plantearse que los códigos de buenas prácticas estaban ahí por algo, expulsar a esos colaboradores con todo tipo de escarnio público y hacer un verdadero propósito de enmienda, restaurando todas las protecciones que estaban ahí previamente para evitarlo.

Replantearse la regulación en función de la innovación es algo perfectamente válido, y en ocasiones, demuestra que, efectivamente, parte de esa regulación puede haber dejado de tener sentido. Las cosas nunca son blancas o negras: pretender mantener la regulación a toda costa coarta la innovación, y muchas veces, no solo no tiene sentido, sino que se convierte en una defensa a ultranza de los jugadores tradicionales. Pero renunciar a la experiencia y al consenso social que dio lugar a determinadas regulaciones en virtud de una supuesta “innovación que lo cambia todo” es, simplemente, condenarse a repetir los mismos errores que se cometieron anteriormente, y a veces en edición corregida y aumentada. Pensar que, por sistema, la regulación ya no es necesaria, es en el mejor de los casos, ingenuidad, y en el peor, un intento de crear atajos para ganar dinero hasta que la situación se convierta en insostenible. Un comportamiento calificable de muchas maneras, pero no precisamente como ético. Algunos deberían plantearse hasta qué punto, con la excusa de la innovación, han creado auténticos monstruos. Monstruos que, además, cualquiera con dos dedos de frente sabía perfectamente que iban a surgir.

 

ShadowsocksEl gobierno chino continúa la escalada en los niveles de control de la población y de la información a la que pueden acceder a través de la red, con vistas al XIX congreso del Partido Comunista que comienza el próximo 18 de octubre: a la prohibición de las VPN, que ya ha llevado a algunos ciudadanos a la cárcel y a las tiendas de aplicaciones a dejar de ofrecer ese tipo de herramientas, se añaden también la prohibición del anonimato, las multas millonarias a proveedores de acceso por no controlar los contenidos, el bloqueo de WhatsApp y otras herramientas de mensajería instantánea, y otras medidas destinadas a impedir que nada se mueva en la red sin el control del gobierno.

Ante el fortísimo incremento de la vigilancia, una herramienta ha comenzado a incrementar su popularidad: Shadowsocks, un proxy de código abierto, se ha convertida en la manera que un número creciente de personas utilizan para acceder a contenidos censurados, y todo indica que, por su mecanismo de funcionamiento, crear una conexión cifrada entre el ordenador del usuario y el utilizado como proxy, podría convertirse en un refugio muy difícil de bloquear: a pesar de que el proyecto original desapareció de los repositorios cuando su desarrollador recibió una visita de la policía, distintas versiones del proyecto están siendo mantenidas y mejoradas por otras personas. Una forma de entender fácilmente el funcionamiento de Shadowsocks sería el paralelismo con el mundo físico: mientras una VPN equivale al uso de una empresa privada de mensajería que se encarga de garantizar la privacidad de tus envíos, Shadowsocks sería como enviarle un paquete a un amigo con las instrucciones de cuál es su destinatario real para que pueda enviárselo.

Configurar Shadowsocks no es sencillo: es una herramienta pensada para su uso por desarrolladores, y requiere tener acceso y configurar un servidor fuera del país o más allá del bloqueo de la gran muralla. Se estima que la mayor parte de su uso corresponde no a actividades subversivas, sino a personas y compañías que precisan acceder a contenidos censurados accidentalmente o por la aplicación de políticas excesivamente amplias, como el bloqueo de sitios como YouTube, Vimeo y muchos otros: desde compañías comerciales que se encuentran de un día para otro con que no pueden acceder a las páginas de sus suministradores o clientes, hasta creativos de televisión que no pueden acceder a vídeos, pasando por todo tipo de circunstancias.

El gobierno chino ha sido razonablemente efectivo utilizando machine learning para detectar patrones de tráfico que identifiquen el uso de VPNs. Sin embargo, el componente descentralizado de Shadowsocks lo convierte en más difícil de identificar y controlar, lo que parece estar determinando su crecimiento. ¿Es posible un control total de la actividad en la red? Sin duda, el gobierno chino parece empeñado en conseguirlo. Que la tecnología lo permita a medio o largo plazo ya es otra cuestión.