Intra (IMAGE: Jigsaw)Jigsaw, la incubadora tecnológica creada por Google y operada ahora como subsidiaria de Alphabet, ha creado una herramienta, Intra, para proteger a los usuarios contra la manipulación de DNS, una de las formas más habituales de censura empleadas por los gobiernos para bloquear el acceso a páginas de noticias, plataformas de social media o aplicaciones de comunicación, y la ha puesto a prueba en Venezuela, un país con evidentes problemas de acceso a la información. Es habitual que algunos gobiernos, además de tratar de monitorizar las conexiones a internet de sus ciudadanos, alteren o bloqueen los servidores DNS para evitar el acceso a determinadas paginas o redirigir a los usuarios a otras páginas.

Una vez descargada, la app actúa como un interruptor, al estilo de una VPN que puede conectarse o desconectarse, y crea una conexión cifrada entre el smartphone del usuario y los servidores de DNS de la propia Google (las conocidas 8.8.8.8 y 8.8.4.4 ofrecidas al público desde diciembre de 2009), de Cloudflare (el 1.1.1.1 sobre el que hemos comentado anteriormente) o de otros proveedores, lo que convierte la tarea de interceptar, censurar o monitorizar ese tráfico en mucho más compleja. Es importante recurrir a proveedores que mantengan una política de privacidad razonable y confiable, que proteja al usuario, como ocurre en los casos citados, ante una posible petición de información gubernamental. La herramienta es además gratuita y con un uso absolutamente sencillo, puramente binario (conectada o desconectada), lo que facilita su adopción y se convierte en una salvaguardia para poder utilizar la red con ciertas garantías en entornos sometidos a vigilancia gubernamental o con riesgo de ataques maliciosos. Funciona en el 99% de los smartphones con Android, y viene ya incluida por defecto en la nueva versión, Android Pie, pero Google ha considerado importante difundir su existencia para que pueda ser instalada en otras versiones del muy heterogéneo parque instalado de Android.

La compañía intentó llevar a cabo una prueba discreta y reducida, pero se encontró con que, en el plazo de semanas, la herramienta se había difundido a través de todo tipo de canales entre activistas y ciudadanos no solo de Venezuela, sino de todo el mundo. Junto con el uso de VPNs y con otras herramientas de creación de redes mesh como Firechat, de la que hemos hablado anteriormente y que se hizo especialmente conocida en la llamada Revolución de los Paraguas en Hong Kong en 2014, que permiten comunicarse incluso cuando el acceso a internet desaparece, se está configurando una caja de herramientas muy interesante para tratar de preservar el uso de una internet completamente libre, al margen de los esfuerzos de algunos gobiernos por censurarla o ponerla bajo control, y protegiendo además a los ciudadanos que intentan acceder a contenidos sin riesgo de ser monitorizados.

Más de sesenta países someten actualmente a sus ciudadanos a sistemas que censuran determinados contenidos en internet, incluyendo a China, Turquía, Irán o Venezuela, que tienden a hacerlo por motivos políticos o religiosos, pero también a otros que bloquean páginas de descarga de contenidos, juego o pornografía. Lo que subyace es la idea de “proteger” a los ciudadanos impidiendo su acceso a determinados contenidos considerados maliciosos o peligrosos, pero en realidad, hablamos de simple censura, monitorización y control de los ciudadanos.

Preservar el uso de una internet libre y no censurada debería ser una de las misiones fundamentales de todas las compañías de tecnología. A medida que la herramienta sea puesta a prueba en otros países sometidos a censura, veremos cuáles son las reacciones y los resultados.

 

IMAGE: Jon Phillips - CC BYLa secuencia de acontecimientos que ha terminado prácticamente con el exilio de Alex Jones y su página, InfoWars, de la práctica totalidad de los canales de difusión en la web es, a falta de culminarse con la más que probable expulsión de su app de la Play Store de Android, un momento interesante para plantear algunas reflexiones sobre la estructura de la red en la que, desde hace ya tiempo, basamos una parte creciente de nuestra actividad.

El pasado 24 de julio, YouTube eliminó cuatro vídeos publicados por InfoWars por considerar que infringían sus políticas de uso, suspendió su capacidad para emitir contenido en vivo, y dio su primera advertencia o strike al canal. Tras esa primera acción, el número de plataformas que tomaron acción contra Alex Jones y sus contenidos no ha dejado de crecer, al tiempo que lo ha hecho también la severidad de las medidas al pasar de advertencias y bloqueos temporales, a cierres definitivos. El 27 de julio, Facebook suspendió el perfil de Alex Jones durante 30 días, y eliminó los mismos videos que YouTube. El 5 de agosto, Apple eliminó cinco podcasts de Infowars, y también lo hizo Spotify. Un día después, el 6 de agosto, las medidas de Facebook se hicieron definitivas al eliminar cuatro páginas relacionadas con Alex Jones por apología de la violencia y del discurso del odio. Ese mismo día, YouTube eliminó completamente el canal de InfoWars. Además, Mailchimp expulsó también a Alex Jones por hateful conduct, lo que le obligo a buscar otro servicio para enviar sus newslettersAmazon eliminó las recomendaciones a su línea de supuestos “productos de supervivencia” que le proporcionaban una fuente de ingresos. Twitter, que inicialmente había rechazado tomar acción alguna, suspendió sus cuentas durante dos semanas tras una intensa presión mediática destinada a probar violaciones del código de conducta de la compañía y, finalmente, eliminó las cuentas de Alex Jones e InfoWars tras la retransmisión vía Periscope de un encuentro con un periodista y anunció que trataría de cerrar todas las cuentas nuevas que pudiese intentar abrir. Para rematar, el pasado día 8, Apple excluyó a la app de InfoWars de su App Store, que había crecido rápidamente en seguimiento y se había convertido en uno de los pocos canales que le quedaban para comunicarse con sus seguidores. 

Contrariamente a lo que el propio Jones y muchos aparentemente pensaban, toda esta oleada de medidas no han servido para hacerle más popular, sino todo lo contrario: su alcance se ha visto seriamente disminuido, y su potencial para esparcir conspiranoias y odio se ha reducido. En este momento, Jones puede recurrir al alcance orgánico de su página web y a su app para Android, que también podría pronto unirse a las medidas tomadas por otros canales y dejar a los seguidores de Jones ante la tesitura de instalarse la app sin pasar por el Play Market. La situación recuerda mucho lo sucedido con el panfleto neonazi The Daily Stormer en agosto de 2017, cuando fue primero expulsado de su dominio por GoDaddy, posteriormente, por Google y, tras tratar de refugiarse en un dominio ruso que fue ha igualmente cancelado pocos días después, vio cómo Cloudflare, el proveedor de servicios de DNS, de protección y de distribución de contenidos más importante de la red, le retiraba asimismo sus servicios.

Sin ánimo de plantear aquí una discusión sobre el tipo de contenidos que deben ser excluidos de la web o sobre la conveniencia de respetar la libertad de expresión de tipos tan intolerantes y tan poco recomendables como Alex Jones o publicaciones como The Daily Stormer, la pregunta es clara: ¿cuántas personas u organizaciones tienen que ponerse de acuerdo para lograr prácticamente excluir a una persona de un ámbito como la web? Realmente, si Larry Page, Mark Zuckerberg, Tim Cook y unos pocos más se ponen de acuerdo, la condena al ostracismo puede convertirse en verdaderamente eficiente. La situación recuerda a lo que ocurre en países como China, en los que una sola decisión basta para convertir un sitio en inaccesible, y se aleja de las concepciones originales de descentralización y ausencia de censura que tenía internet en sus orígenes.

En este sentido, me han parecido muy interesantes las reflexiones del Decentralized Web Summit celebrado en San Francisco entre el 31 de julio y el 2 de agosto con la asistencia, entre otros, de Tim Berners-Lee. Los defensores de la llamada web descentralizada o DWeb proponen construir una web mejor basada en la descentralización, en la que los usuarios puedan comunicarse sin tener que depender de grandes empresas que acumulen sus datos con ánimo de lucro y faciliten, además, las acciones de vigilancia y censura de los gobiernos o de otros agentes. La diferencia estaría en el desarrollo de un protocolo diferente basado en la conectividad punto a punto, en donde cada ordenador no solo solicita servicios, sino que también los proporciona, protocolos que identificarían los contenidos no en función de dónde están, sino de lo que son. Esa orientación al contenido sería similar a los esquemas P2P, y haría posible que los sitios web y los archivos se almacenasen y pasasen de muchas formas de ordenador en ordenador, en lugar de confiar siempre en un solo servidor como el conducto para el intercambio de información.

Una alternativa de este tipo nos volvería a acercar a la idea de una web imposible o mucho más difícil de censurar, gracias a la idea de un control completamente distribuido. El problema, claro está, es que esa misma cualidad tiene aspectos buenos, pero también potencialmente malos, derivados de la dificultad de generar sistemas de gobernanza. Sabiendo como sabemos que la web puede ser explotada y sometida a abuso para fines que van desde la subversión de la democracia hasta la exaltación del odio o de la intolerancia, ¿es conveniente descentralizar para acabar teniendo una estructura que impide prácticamente todo control? El idealismo de los primeros años de la web ha dado paso a un escepticismo que plantea hasta qué punto es conveniente crear estructuras que, en principio, renuncien a todo control, y permitan la expresión sin límites del ser humano, con lo mejor, pero también indudablemente con lo peor que puede llegar a crear.

Técnicamente, es muy posible que una web completamente descentralizada y distribuida pueda llegar a convertirse en realidad, y de hecho, ya hay bastantes aplicaciones y desarrolladores trabajando en ello. Es muy posible que, como ocurre habitualmente con la tecnología, la discusión sobre su idoneidad sea estéril, porque dados los condicionantes adecuados, no sea posible impedir que sea creada. Pero desde un punto de vista filosófico, conociendo las consecuencias de lo que hemos visto surgir en varias décadas de uso de la web… ¿es recomendable? ¿Cómo están evolucionando las ideas libertarias que surgieron tras el inicio de la popularización de la web, ante la aparición de malos actores dispuestos a explotar precisamente su ausencia de control?

 

IMAGE: Milky – Digital Innovation (CC BY)El episodio del progresivo destierro de Alex Jones y su InfoWars de la mayoría de las plataformas sociales – hasta el momento, YouTube, Facebook, iTunes, Spotify, MailChimp y las recomendaciones de producto de Amazon – y la insistencia de Twitter, en el seno de un fuerte debate interno, en mantener sus cuentas abiertas está generando una interesantísima discusión sobre lo que debe o no debe estar permitido en social media, con argumentos que tratan de convencer a Jack Dorsey de que no hablamos de una cuestión de reglas o de hechos, sino de valores.

Mientras, Alex Jones y su InfoWars han alcanzado su pico máximo de popularidad, y han visto las descargas de su app, no retirada de las tiendas, alcanzar el cuarto lugar en los rankings. Es posible que a medio plazo, eliminar o restringir las cuentas de este tipo de las redes sociales termine por limitar su alcance e influencia, pero a corto plazo, no cabe duda que lo que ha hecho es convertir a su creador en una especie de víctima de una supuesta conspiración global, darle mucha más importancia de la que realmente tenía, y radicalizar aún más a sus ya radicales seguidores.

El debate en torno al tema, en cualquier caso, es positivo: como bien comenta en su artículo Li Yuan, corresponsal de The New York Times en Asia, esas discusiones son simplemente imposibles de plantear en países como China. Seguramente el mejor análisis que he leído en ese sentido es el de Jeff Jarvis, que afirma que las plataformas de social media no son medios como tales, sino que representan algo nuevo que aún no somos capaces de entender y que, seguramente, tendría un mejor paralelismo con el del ágora, la plaza pública, el lugar en el que tiene lugar la discusión.

En la plaza pública, la presencia y la discusión está sometida, sin duda, a una serie de reglas. Esas reglas no solamente aluden a cuestiones como la educación o el decoro, sino que, muy posiblemente, deban tener en cuenta otros factores, que incluyen desde cuestiones básicas culturales o de tradición, hasta otras que pueden ser entendidas como provocación intencionada. Además, esas reglas evolucionan con el tiempo: las discusiones sobre la trata de esclavos o sobre el derecho de voto de la mujer, por ejemplo, eran perfectamente habituales hace algunas décadas, pero desde hace ya mucho tiempo, lógicamente, se consideran erradicadas como tales, y proponerlas no solo no tiene sentido, sino que muy posiblemente se consideraría fuera de las reglas, como lógicamente está comenzando a ocurrir, tras muchos años de esfuerzos, con discusiones más recientes como el matrimonio gay – y no en todos los países. Esa evolución de las reglas forma parte de un contrato social en permanente evolución adaptativa con respecto a un entorno que a la vez lo modifica y lo posibilita, un entorno definido, en muchos casos, por la disponibilidad de herramientas tecnológicas.

Toda plataforma o herramienta con un cierto nivel de adopción sufre, de manera natural, intentos de explotación maliciosa, sean de delincuentes que tratan de sacar provecho del desconocimiento o la ingenuidad de sus usuarios, o de otro tipo de actores perversos. Las redes sociales han visto como. tras una primera fase de adopción explosiva, comenzaban a aparecen actores maliciosos que las explotaban para, por ejemplo, simular una popularidad muy superior a la que realmente tenían, manipulando estados de opinión y aprovechándose de los muchos que eran incapaces de entender que, por ejemplo, detrás de un aparente movimiento político o una corriente de opinión determinada, podían estar factorías de bots y oleadas de cuentas falsas que simulaban ser usuarios, pero que en realidad, solo formaban parte de una estrategia preconcebida. Limpiar las plataformas de social media de este tipo de actores es, lógica e indudablemente, responsabilidad de sus propios gestores, e incluso algo tan fácil de entender es, en realidad, complejo cuando tenemos en cuenta que los mercados financieros, la semana pasada, castigaron a una red como Twitter por presentar unas cifras supuestamente inferiores en número de usuarios cuando, en realidad, no habían hecho más que eliminar cuentas falsas. Si esa tarea de limpieza por parte de las redes sociales, para la que comenzamos a tener herramientas cada vez más eficientes, choca con la estupidez y la incomprensión de unos analistas que no ven más allá de una cifra como si fuera algún tipo de indicador o multiplicador mágico, las cosas ya comienzan a ponerse complicadas, porque se genera un incentivo para esas plataformas por presentar unas cuentas no reales, fruto de procesos de manipulación llevados a cabo por todo tipo de actores perversos.

Pero más allá de la limpieza de la plataforma y de la eliminación de los malos actores que intentan aprovecharse de ellas, está la discusión sobre las normas de comportamiento en las redes sociales. Por muchas normas que pongamos aludiendo, por ejemplo, al respeto, al uso de insultos o a las amenazas, a estas alturas parece ya perfectamente claro que comportamientos como el acoso o el bullying son enormemente difíciles y complejos de tipificar, que pueden llevarse a cabo sin necesidad de insultos o amenazas directas, y que además, existe un constante intento de empujar las reglas más allá para convertir en normales comportamientos que, seguramente, no deberían serlo. Esa discusión existe no solo en las redes sociales: está presente incluso en la calle, cuando se definen los comportamientos con respecto a, por ejemplo, un famoso o una figura polémica.

¿Debemos permitir discusiones que cuestionan elementos que la sociedad en su conjunto ha considerado adecuado asociar al pasado, o considerar fuera de la discusión? Cuando una persona utiliza las redes sociales para intentar negar el holocausto, para defender el racismo, para impulsar la discriminación o para cuestionar derechos fundamentales, por ejemplo… ¿está realmente intentando que esa causa sea revisada o vuelta a discutir, o simplemente pretende provocar, generar una atención y tratar de aprovecharse de ella para otros fines, que en muchos casos tienen incluso trascendencia económica? ¿Debemos realmente permitir que cada poco tiempo aparezca otro imbécil más a decir que el hombre no llegó a la luna, que las vacunas son malas y deben evitarse, o que en realidad Hitler no era tan malo, o deberíamos contar con mecanismos que permitiesen aislar y eliminar ese tipo de comportamientos? ¿Es realmente menos libre una sociedad que impide o aísla determinadas discusiones o argumentos que, de hecho, ya no se pueden tener fuera de las redes sociales sin ser sometido a un aislamiento o considerado como un imbécil? ¿O es más pobre, en realidad, una sociedad como China, Rusia, Irán o Turquía, por citar algunas, en las que estas discusiones no tienen sentido porque todo, lo que se puede hablar y lo que no, está ya previamente decidido por un poder político o religioso superior?

No, la discusión, decididamente, vale la pena, como vale la pena congratularnos por la posibilidad de tenerla. Que la democracia tengo numerosos problemas implica que debemos plantearnos trabajar en mejorarla, no que debamos tener envidia de los regímenes que no la tienen, y con la discusión sobre la libertad de expresión ocurre lo mismo, porque de hecho, forma parte de las reglas del juego democrático. Pocas cosas en esta discusión pueden interpretarse de manera maximalista o unívoca: ni la libertad de expresión implica poder gritar “¡fuego!” en un teatro lleno de gente, ni implica que el que abuse de ella esté libre de efectos perniciosos por parte de los que opinan que no debería poderse decir lo que se dice. Madurar esta discusión y no menospreciar su importancia es tarea de todos.

 

Telegram blockedEl Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones ruso, conocido como Roskomnadzor, ordena, tras una vista judicial que duró únicamente 18 minutos, el bloqueo inmediato de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, creada por el polémico emprendedor ruso Pavel Durov, así como su retirada de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google.

Al encontrarse con que una gran cantidad de usuarios, acostumbrados a los habituales bloqueos de páginas llevados a cabo por su gobierno, evaden el bloqueo a través de proxies o utilizando VPNs, el organismo gubernamental emprende una alocada y absurda carrera por intentar bloquear todos los posibles recursos a través de los cuales supuestamente se pueda conectar con Telegram, y al hacerlo, se lleva por delante más de dieciséis millones de direcciones IP de servidores de Google y Amazon (hay una página para ver ese número en tiempo real), provocando disrupciones en la funcionalidad de todo tipo de servicios, desde juegos online hasta apps móviles o páginas de intercambio de criptomonedas. Los intentos de Roskomnadzor para intentar bloquear Telegram han funcionado como un auténtico ataque de denegación de servicio sobre la internet rusa: gran cantidad de páginas y servicios completamente ajenos a Telegram están bloqueados, en un desmesurado esfuerzo de censura moral llevada a cabo de manera técnicamente ignorante. Y a pesar de todo ello, según el propio Durov, Telegram ha seguido funcionando con relativa normalidad, y la compañía no ha detectado una caída significativa de la actividad de sus usuarios en territorio ruso. Una sola compañía con muy pocos trabajadores está dejando en el más absoluto ridículo al país que muchos dicen temer por su supuesto desarrollo y potencial tecnológico en internet.

¿A qué se debe el empeño por bloquear Telegram a toda costa? La teórica justificación es que la agencia gubernamental solicitó a la compañía una clave universal para descifrar las conversaciones llevadas a cabo a través del servicio, solicitud que fue denegada por la compañía. ¿Qué lleva a una compañía como Telegram, sabiendo a lo que se expone, deniegue esta petición? Pues además del fuerte compromiso de su fundador con la privacidad de sus usuarios, un pequeño problema adicional: no existe tal clave universal. Cada conversación a través de Telegram es cifrada mediante una clave generada aleatoriamente para cada mensaje, y esas claves no están en poder de la compañía. Una circunstancia que ya pudimos ver hace tiempo en Brasil con WhatsApp, pero que mientras en aquel caso parecía deberse a la ignorancia o ineptitud tecnológica de un juez, en este se debe simplemente a la búsqueda de un pretexto para llevar a cabo el bloqueo. Simplemente, el interés por bloquear cualquier canal que pueda, por su diseño o características, escapar al control de la censura gubernamental.

El caso de Pavel Durov, al que algunos consideran “el Mark Zuckerberg ruso”, es especialmente notable: antes de Telegram fue el fundador de VK, la red social más exitosa del país, pero se encontró con que una serie de maniobras turbias protagonizadas por el gobierno ruso le arrebataron el control de su propia compañía. Entre ellas se encontró, el 3 de abril de 2014, el uso de una carta falsa de dimisión que el fundador había escrito con motivo del April Fools que había tenido lugar dos días antes, así como la actuación de algunos inversores que operaban en favor de los intereses del gobierno. Tras su cese, abandonó Rusia sin planes para volver afirmando que el país era incompatible con los negocios en internet, adquirió la ciudadanía de las islas caribeñas de Saint Kitts and Nevis gracias a una donación de $250,000, y se dedicó a una vida nómada, sin pasar más de cinco semanas en ningún sitio, sin posesiones materiales ni inmobiliarias, y coordinándose con algunos directivos de la compañía que viajan con él y con otros que trabajan desde sus países. La motivación para su cese en VK estuvo, según la mayoría de analistas del momento, en su negativa a proporcionar datos de personas que llevaban a cabo algún tipo de activismo a través de su red social. Según Edward Snowden, la respuesta de negativa y resistencia de Durov a las demandas totalitarias del gobierno ruso es la única respuesta moral aceptable, y supone una muestra de liderazgo real.

Ante el bloqueo, Durov ha respondido con toda una declaración de principios: “en Telegram tenemos el lujo de que no nos importen ni los flujos de ingresos ni la publicidad”, y “la privacidad no está en venta, y los derechos humanos no deben comprometerse en función del miedo o de la codicia”. En marzo de este año Telegram afirmaba tener unos doscientos millones de usuarios mensuales activos, con un razonable éxito en países como Corea del Sur, India, España, México o Brasil, y recientemente lanzó una exitosa ICO con la que se calcula que podría haber obtenido más de 1,700 millones de dólares. Si se trata de aguantar sin el tirón del mercado ruso, que supone aproximadamente un 7% de la actividad para la compañía, Telegram, que antes del bloqueo figuraba como la novena aplicación de mensajería instantánea más importante del mundo por número de usuarios, podría tener cuerda para mucho tiempo. Según el propio Durov, incluso aunque perdiese la totalidad del mercado ruso, el crecimiento orgánico de Telegram en otras regiones haría que la pérdida se compensase en tan solo un par de meses. Sin embargo, su compromiso con los usuarios rusos y su privacidad es importante a nivel personal, lo que le ha impulsado a repartir donaciones en bitcoins a personas y compañías que ejecuten proxies socks5 y servicios de VPN. Además, afirma estar dispuesto a donar millones de dólares durante este año a esta causa, y esperar que otras personas e instituciones lo sigan en lo que denomina Resistencia Digital, un movimiento descentralizado que representa las libertades digitales y el progreso a nivel mundial.

Ya hay más direcciones IP bloqueadas que usuarios de Telegram en Rusia, pero Telegram sigue funcionando con relativa normalidad. Una perfecta combinación de sinrazón, burocracia y estupidez. ¿Algo que no supiésemos de Rusia?

 

Cloudflare 1111

Cloudflare, una de las compañías más interesantes y relevantes en la provisión de servicios de resolución de DNS (la correspondencia entre los nombres de los dominios de las páginas, fáciles de recordar, y las direcciones numéricas que realmente designan los servidores en la red), utiliza la fecha del primero de abril, April Fools’ Day, 4/1, para llevar a cabo el lanzamiento de 1.1.1.1, un servicio gratuito de provisión de DNS para usuarios que pretende resolver algunos de los problemas más importantes de la internet actual, tales como la censura o la falta de privacidad. Lanzar el servicio en April Fools garantizaba un cierto nivel de exposición, como en su momento hicieron compañías como Google con el lanzamiento de Gmail, pero podía plantear problemas de credibilidad y de llegada a ciertos públicos, razón por la que he pensado que podía ser interesante comentarlo aquí.

Algunos usuarios tienen ya cierta familiaridad con la importancia de los servicios de resolución de DNS, a través de proyectos como Google Public DNS, un servicio lanzado en diciembre de 2009 por Google que proponía utilizar las direcciones 8.8.8.8 y 8.8.4.4 como sistema de gestión de DNS, que muchos adoptamos por su buen rendimiento y por su capacidad de independizarnos de los servidores de DNS ofrecidos por otros gestores de redes, como nuestros proveedores de conexión u otros. Las DNS públicas de Google alcanzaron una cierta popularidad y relevancia cuando el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdoğan, tomó la decisión, en mayo de 2014, de bloquear Twitter para evitar la difusión de noticias relacionadas con la trama de fraude y corrupción que presuntamente afectaba a su gobierno, y las direcciones en cuestión fueron diseminadas y compartidas por ciudadanos turcos a través de todo tipo de soportes, incluyendo pintadas en las calles. El servicio ha sido utilizado en muchas otras ocasiones para intentar combatir este tipo de censura gubernamental en otros países.

Cambiar los servidores de DNS de una conexión resultaba razonablemente sencillo de hacer, al alcance prácticamente de cualquier usuario, y los únicos problemas eran la ocasional molestia para conseguir entrar en algunas redes WiFi que pretendían utilizar las suyas. Se trata simplemente de editar las preferencias de red del equipo y situar la dirección deseada en lugar de los servidores de DNS que aparecen. La contrapartida, lógicamente, era que Google pasaba a tener la capacidad de saber por qué sitios habías navegado: la compañía, de manera completamente transparente, siempre ha dejado claro que la información que se guardaba en los servidores eran la dirección IP del usuario, que era eliminada pasadas las 24 horas, su ISP y la información de localización de las mismas, que se mantenía de manera permanentemente. 

El servicio propuesto por Cloudflare pretende, en primer lugar, mejorar la eficiencia y la velocidad frente al ofrecido por Google. Las direcciones que utiliza para ello son 1.1.1.1 y 1.0.0.1, insertadas, como ya hemos comentado, en las preferencias de red del equipo. Pero más allá de esa cierta ganancia en la velocidad de navegación, lo que realmente pretende es ofrecer privacidad, una de las demandas más importantes y crecientes del momento: la compañía se compromete a no escribir en disco en ningún momento las direcciones IP de los usuarios y a eliminar todos los ficheros log cada veinticuatro horas, y además, encarga a una auditora, KPMG, que dé fe de ello auditando sus prácticas y su código, y publicando un informe anual que confirme que la compañía mantiene ese compromiso. En el mundo corporativo actual, resulta difícil plantearse ofrecer más garantías que esas.

Utilizar como servidor DNS la dirección 1.1.1.1 no es una solución universal, pero sí ofrece una alternativa interesante y que conviene recordar para problemas como la censura y la privacidad, construida además con los mimbres adecuados. Cloudflare no vive de ofrecer este tipo de servicios: la resolución de DNS es ofrecida de manera complementaria y gratuita, pero los servicios fundamentales de los que la compañía extrae su rentabilidad y su reputación son cuestiones como las redes de distribución de contenidos (CDN, o Content Delivery Networks), o servicios de seguridad como la respuesta a ataques de denegación de servicio. Con el lanzamiento de un servicio gratuito y para usuario final, la compañía escala en visibilidad, y consigue además hacer una contribución a una red más rápida, segura, privada y resistente a la censura en un momento en que cada vez más usuarios comienzan, por fin, a tener cierta conciencia de la importancia de este tipo de cuestiones. Sin duda, una iniciativa interesante.