CurrentC tombstoneMañana se cumplirán cuatro años desde que Apple presentó su sistema de pago móvil, Apple Pay. Una presentación que suscitó muchísimo interés en un ámbito que, en aquel entonces, llevaba mucho tiempo moviéndose de manera desesperadamente lenta con múltiples iniciativas inconexas, y que parecía que la compañía de la manzana, tras lograr la participación en el proyecto de los bancos, las tarjetas de crédito y la gran distribución, podía estar en situación de desbloquear.

Cuatro días después del lanzamiento, sin embargo, surgió un presunto problema: una asociación, la Merchant Customer Exchange (MCX), que agrupaba a cadenas tan importantes como Rite Aid, CVS, Kmart, Sears, Target, Walmart, Best Buy o 7 Eleven, decidía bloquear el funcionamiento de Apple Pay en todos sus establecimientos deshabilitando el NFC de sus terminales de pago, y anunciaba que pondría en marcha su propio sistema de pago, al que llamó CurrentC, y que consistía en el escaneado de códigos QR por el usuario, que los mostraba en su pantalla al cajero del establecimiento para que, a su vez, los escanease con su terminal.

El sistema no ofrecía ventaja de usabilidad alguna frente a un Apple Pay pensado como el epítome de la sencillez, pero planteaba dos cuestiones muy importantes para las cadenas implicadas: en primer lugar, la posibilidad de añadir el uso de tarjetas de programas de lealtad o fidelidad, por los que muchas de estas grandes cadenas habían apostado fuertemente y que tendían a quedar apartados ante la facilidad de uso de Apple Pay (con todo lo que ello conllevaba en términos de pérdida de datos de los usuarios). Y en segundo lugar, y no menos importante, la eliminación de la tarjeta de crédito y, por tanto, de sus comisiones al establecimiento: las compras realizadas mediante CurrentC eran debitadas automáticamente en la cuenta bancaria del usuario. 

Escribí sobre el CurrentC en varias ocasiones, aunque mi primera entrada ya se tituló directamente “Crónicas de batallas perdidas de antemano“, y preveía una futura actualización hablando del fracaso de la iniciativa. Hoy, cuatro años después, me n¡he encontrado una noticia que informa sobre la decisión de 7Eleven y de CVS de empezar a aceptar Apple Pay y Android Pay como medio de pago en sus establecimientos, y eso me ha hecho leer un poco más sobre lo que fue de CurrentC, cuyo dominio web ha sido revendido a una página comisionista que revende productos de Amazon. Otro de los grandes participantes en el modelo, Best Buy, anunció a mediados de 2015 que comenzaba a aceptar Apple Pay a pesar de su apoyo a MCX, porque “los clientes de hoy en día tienen muchas formas diferentes de gastar su dinero y queremos brindar a nuestros clientes la mayor cantidad de opciones posible para pagar los bienes y servicios que adquieran en Best Buy”. Poco después, en agosto de 2015, Rite Aid anunció que dejaba de bloquear el NFC en los terminales de sus tiendas, lo que haría posible el uso de Apple Pay o Android Pay.

¿Qué fue de CurrentC? El caso se considera hoy un modelo de innovación fallida, y como tal, sus conclusiones – o, nunca mejor dicho, su post-mortem –  resultan muy interesantes. Desde el primer momento, su lanzamiento, a pesar de hacerse en pruebas y muy limitado, fue protagonista de controversia por lo que conllevaba de posible colusión y de comportamiento contrario a las leyes de la competencia. Además, el sistema no tardó en encontrarse con sus primeros problemas de seguridad: presuntamente, fue hackeado mediante el acceso a correos electrónicos entre los participantes. Para terminar de complicar el asunto, grupos de clientes hartos de no poder utilizar Apple Pay o Android Pay en las cadenas participantes en MCX se organizaron para dar puntuaciones mínimas a la app de CurrentC. Finalmente, en mayo de 2016, MCX, tras múltiples retrasos y despidos que afectaron a la mitad del equipo de desarrolladores, anunció que daba por finalizadas las pruebas de CurrentC, que renunciaba a su despliegue nacional, que el 28 de ese mismo junio sería el último día en el que el medio de pago sería aceptado, y que las cuentas serían posteriormente desactivadas, sin intenciones de continuar esa línea de desarrollo.

¿Dónde estuvo el problema? En primer lugar, en enfrentarse con la solución que muchos usuarios llevaban tiempo esperando, y que a día de hoy se considera un éxito de implantación en un ámbito tan complejo como el de los medios de pago. Para Apple, Apple Pay es una apuesta importantísima, que la convertía en una compañía con ingresos crecientes vinculados a un servicio, que hacía pagar sus comisiones a los bancos, y que incluso la ubicaba como un posible competidor futuro de estos. El lanzamiento de Apple Pay hacía que el iPhone se pagase a sí mismo con unos ingresos adicionales con enormes posibilidades de crecimiento, hasta el punto de que ya en 2014 hizo que se comenzase a hablar de una Apple susceptible de alcanzar una valoración considerada entonces como mítica, el billón de dólares. Apple Pay llegaba para resolver un problema que muchos usuarios querían ver resuelto, tenía la garantía de una compañía con prestigio suficiente como para asumir que lo haría bien, y resolvía claramente un problema del usuario, la sencillez, sin costarle dinero. En cambio, CurrentC resolvía un problema para las tiendas, pero no a los consumidores, que tenían supuestamente que utilizar una tecnología claramente más incómoda y menos familiar en su uso como los códigos QR, y no veían ninguna ventaja a cambio de ello. El sistema, de hecho, se consideraba más incómodo que aquel al que intentaba sustituir, el pago mediante tarjeta de crédito, pero a cambio de utilizarlo, el usuario no recibía ningún incentivo. Finalmente, un fracaso de libro, que podía ser fácilmente previsto cuando comenzamos a hablar del sistema, pero que no deja de tener su interés por la magnitud de los actores implicados, que a pesar de la claridad de esos análisis, se negaron a verlos y decidieron persistir en su error durante varios años.

Los casos de fracaso siempre dejan muchas cosas que aprender…

 

IMAGE: Max Pixel - CC0El gobernador del estado de California, Jerry Brown, ha aprobado una ley que, a partir de octubre de 2019, eliminará el pago de fianza en los tribunales, y recurrirá en su lugar a algoritmos que estimarán el riesgo de fuga o de cometer delitos adicionales en caso de ser puestos en libertad. El algoritmo, que los diferentes condados tendrán obligación de obtener bien a través de algún proveedor o mediante desarrollo propio, calificará ese riesgo como bajo, medio o elevado y, en función de la calificación obtenida, el juez decidirá poner al presunto delincuente en libertad o mantenerlo en custodia.

La eliminación de la fianza en forma de pago monetario se considera, como tal, un éxito para los defensores de los derechos civiles, que afirmaban que esa práctica era discriminatoria y daba lugar a una justicia diferente para ricos y pobres, en la que el hecho de no tener recursos económicos conllevaba una condena al paso por prisión que, en muchos casos, se convertía en parte del problema. En palabras de Brown,

“Today, California reforms its bail system so that rich and poor alike are treated fairly”

(“Hoy, California reforma su sistema de libertad bajo fianza para que tanto ricos como pobres reciban un trato justo”)

Sin embargo, la satisfacción de los defensores de los derechos civiles no es completa: no son pocos los temas, y particularmente aquellos relacionados con la justicia, en los que los algoritmos, alimentados con datos obtenidos del propio sistema de justicia, han mostrado sesgos que tienden a perjudicar a las personas en función de su raza o de su estatus socioeconómico. No hay nada que convierta a un algoritmo, por el hecho de serlo, en algo intrínsecamente neutral: de hecho, los algoritmos construyen sus sesgos a partir de los datos con los que son alimentados, lo que incrementa el riesgo de perpetuar sesgos que, en muchos casos, ya existían anteriormente.

Por otro lado, muchos algoritmos son definidos como propietarios para proteger la propiedad intelectual de las compañías que los desarrollan, lo que genera la aparición de cajas negras contra las que resulta difícil plantear una argumentación de defensa. Esta cuestión se puso ya de manifiesto con el uso de COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), un algoritmo desarrollado por Equivant para estimar el riesgo de reincidencia de los convictos y ayudar a los jueces a tomar decisiones sobre la extensión de sus penas. Una decisión tomada por ese algoritmo fue objeto de apelación en el caso Loomis v. Wisconsin, en el que el acusado alegó que el uso de dicho algoritmo en el cálculo de su sentencia, un veredicto de seis años de cárcel, violaba sus derechos porque evitaba que impugnase la validez científica y la precisión de la prueba al desconocer el funcionamiento del algoritmo, y porque éste tenía además en cuenta variables como el género y la raza del acusado.

La legislación aprobada por el estado de California establece un período de revisión para el funcionamiento del sistema algorítmico que culminará en 2023 tras cuatro años de funcionamiento y generación de datos, momento en el que se examinará el conjunto de decisiones tomadas mediante su uso y se tratarán de determinar los posibles efectos producidos. La llegada de los sistemas basados en algoritmos a los sistemas judiciales puede suponer un alivio importantísimo para la carga de trabajo de los tribunales, particularmente en la instrucción de muchos casos considerados habitualmente como rutinarios que podría ser realizada de manera razonablemente automatizada en sus primeras fases, con la adecuada supervisión. Sin embargo, todo indica que uno de los factores fundamentales debería ser la existencia de un requisito de transparencia que permitiese a todas las partes implicadas conocer de forma transparente el funcionamiento de esos algoritmos, las variables y los pesos empleados para la determinación de los resultados, además de asegurar que los datos utilizados para entrenar a esos algoritmos no contienen, como tales, factores que determinen la aparición de sesgos no justificados. Una tarea que no parece sencilla, pero cuyos resultados podrían ser importantísimos de cara a resolver el problema del colapso de la justicia, el protagonista de esa otra máxima que dice “justicia retrasada es justicia denegada“.

¿Cómo evolucionará el sistema aprobado por el estado de California? ¿Puede llegar a suponer una ventaja en términos de justicia y equidad con respecto al sistema anterior? ¿Qué discusiones vamos a mantener a partir del momento en que más y más algoritmos entran en nuestros sistemas judiciales?

 

IMAGE: Jon Phillips - CC BYLa secuencia de acontecimientos que ha terminado prácticamente con el exilio de Alex Jones y su página, InfoWars, de la práctica totalidad de los canales de difusión en la web es, a falta de culminarse con la más que probable expulsión de su app de la Play Store de Android, un momento interesante para plantear algunas reflexiones sobre la estructura de la red en la que, desde hace ya tiempo, basamos una parte creciente de nuestra actividad.

El pasado 24 de julio, YouTube eliminó cuatro vídeos publicados por InfoWars por considerar que infringían sus políticas de uso, suspendió su capacidad para emitir contenido en vivo, y dio su primera advertencia o strike al canal. Tras esa primera acción, el número de plataformas que tomaron acción contra Alex Jones y sus contenidos no ha dejado de crecer, al tiempo que lo ha hecho también la severidad de las medidas al pasar de advertencias y bloqueos temporales, a cierres definitivos. El 27 de julio, Facebook suspendió el perfil de Alex Jones durante 30 días, y eliminó los mismos videos que YouTube. El 5 de agosto, Apple eliminó cinco podcasts de Infowars, y también lo hizo Spotify. Un día después, el 6 de agosto, las medidas de Facebook se hicieron definitivas al eliminar cuatro páginas relacionadas con Alex Jones por apología de la violencia y del discurso del odio. Ese mismo día, YouTube eliminó completamente el canal de InfoWars. Además, Mailchimp expulsó también a Alex Jones por hateful conduct, lo que le obligo a buscar otro servicio para enviar sus newslettersAmazon eliminó las recomendaciones a su línea de supuestos “productos de supervivencia” que le proporcionaban una fuente de ingresos. Twitter, que inicialmente había rechazado tomar acción alguna, suspendió sus cuentas durante dos semanas tras una intensa presión mediática destinada a probar violaciones del código de conducta de la compañía y, finalmente, eliminó las cuentas de Alex Jones e InfoWars tras la retransmisión vía Periscope de un encuentro con un periodista y anunció que trataría de cerrar todas las cuentas nuevas que pudiese intentar abrir. Para rematar, el pasado día 8, Apple excluyó a la app de InfoWars de su App Store, que había crecido rápidamente en seguimiento y se había convertido en uno de los pocos canales que le quedaban para comunicarse con sus seguidores. 

Contrariamente a lo que el propio Jones y muchos aparentemente pensaban, toda esta oleada de medidas no han servido para hacerle más popular, sino todo lo contrario: su alcance se ha visto seriamente disminuido, y su potencial para esparcir conspiranoias y odio se ha reducido. En este momento, Jones puede recurrir al alcance orgánico de su página web y a su app para Android, que también podría pronto unirse a las medidas tomadas por otros canales y dejar a los seguidores de Jones ante la tesitura de instalarse la app sin pasar por el Play Market. La situación recuerda mucho lo sucedido con el panfleto neonazi The Daily Stormer en agosto de 2017, cuando fue primero expulsado de su dominio por GoDaddy, posteriormente, por Google y, tras tratar de refugiarse en un dominio ruso que fue ha igualmente cancelado pocos días después, vio cómo Cloudflare, el proveedor de servicios de DNS, de protección y de distribución de contenidos más importante de la red, le retiraba asimismo sus servicios.

Sin ánimo de plantear aquí una discusión sobre el tipo de contenidos que deben ser excluidos de la web o sobre la conveniencia de respetar la libertad de expresión de tipos tan intolerantes y tan poco recomendables como Alex Jones o publicaciones como The Daily Stormer, la pregunta es clara: ¿cuántas personas u organizaciones tienen que ponerse de acuerdo para lograr prácticamente excluir a una persona de un ámbito como la web? Realmente, si Larry Page, Mark Zuckerberg, Tim Cook y unos pocos más se ponen de acuerdo, la condena al ostracismo puede convertirse en verdaderamente eficiente. La situación recuerda a lo que ocurre en países como China, en los que una sola decisión basta para convertir un sitio en inaccesible, y se aleja de las concepciones originales de descentralización y ausencia de censura que tenía internet en sus orígenes.

En este sentido, me han parecido muy interesantes las reflexiones del Decentralized Web Summit celebrado en San Francisco entre el 31 de julio y el 2 de agosto con la asistencia, entre otros, de Tim Berners-Lee. Los defensores de la llamada web descentralizada o DWeb proponen construir una web mejor basada en la descentralización, en la que los usuarios puedan comunicarse sin tener que depender de grandes empresas que acumulen sus datos con ánimo de lucro y faciliten, además, las acciones de vigilancia y censura de los gobiernos o de otros agentes. La diferencia estaría en el desarrollo de un protocolo diferente basado en la conectividad punto a punto, en donde cada ordenador no solo solicita servicios, sino que también los proporciona, protocolos que identificarían los contenidos no en función de dónde están, sino de lo que son. Esa orientación al contenido sería similar a los esquemas P2P, y haría posible que los sitios web y los archivos se almacenasen y pasasen de muchas formas de ordenador en ordenador, en lugar de confiar siempre en un solo servidor como el conducto para el intercambio de información.

Una alternativa de este tipo nos volvería a acercar a la idea de una web imposible o mucho más difícil de censurar, gracias a la idea de un control completamente distribuido. El problema, claro está, es que esa misma cualidad tiene aspectos buenos, pero también potencialmente malos, derivados de la dificultad de generar sistemas de gobernanza. Sabiendo como sabemos que la web puede ser explotada y sometida a abuso para fines que van desde la subversión de la democracia hasta la exaltación del odio o de la intolerancia, ¿es conveniente descentralizar para acabar teniendo una estructura que impide prácticamente todo control? El idealismo de los primeros años de la web ha dado paso a un escepticismo que plantea hasta qué punto es conveniente crear estructuras que, en principio, renuncien a todo control, y permitan la expresión sin límites del ser humano, con lo mejor, pero también indudablemente con lo peor que puede llegar a crear.

Técnicamente, es muy posible que una web completamente descentralizada y distribuida pueda llegar a convertirse en realidad, y de hecho, ya hay bastantes aplicaciones y desarrolladores trabajando en ello. Es muy posible que, como ocurre habitualmente con la tecnología, la discusión sobre su idoneidad sea estéril, porque dados los condicionantes adecuados, no sea posible impedir que sea creada. Pero desde un punto de vista filosófico, conociendo las consecuencias de lo que hemos visto surgir en varias décadas de uso de la web… ¿es recomendable? ¿Cómo están evolucionando las ideas libertarias que surgieron tras el inicio de la popularización de la web, ante la aparición de malos actores dispuestos a explotar precisamente su ausencia de control?

 

IMAGE: Homekyle - CC BY SAEl año pasado, aproximadamente por estas fechas, hablábamos sobre la redefinición o muerte de los shopping malls o centros comerciales en los Estados Unidos a raíz del auge cada vez más generalizado del comercio electrónico, y lo que esto podía implicar de cara al futuro. Algo menos de un año después, las predicciones realizadas entonces por los bancos de inversión van camino de confirmarse: Business Insider da cuenta del apocalipsis de esos centros comerciales en un reportaje con cincuenta imágenes desoladoras, y un artículo del New York Times, This space available, incide ya no en la muerte de los centros comerciales, sino de la mayoría de las tiendas a pie de calle, o al menos, de las que no pertenecen a grandes cadenas de distribución capaces de hacer frente a los elevados costes de alquiler a cambio de una cifra de negocio decreciente, o de integrar esas tiendas en infraestructuras logísticas mixtas que les puedan dar sentido en términos de costes.

El cierre de los centros comerciales va, según algunos artículos más allá de la mera pérdida de espacios comerciales: se trata del mítico “tercer espacio”, tras el hogar y el trabajo, donde muchos norteamericanos de todas las edades no solo compraban, sino que también socializaban, llevaban a sus niños a jugar o comían en sus food courts. En algunos países, de hecho, este tipo de costumbres no solo no han mostrado su agotamiento, sino que incluso están aún en fase alcista, como en India, donde se espera la construcción de 85 nuevos centros a lo largo de los próximos cinco años. Pero en los Estados Unidos, a la espera de que la llamada Generación Z termine de definir sus costumbres, los centros comerciales están siendo como mínimo remodelados, pero también abandonados, demolidos, o incluso convertidos en símbolos de la nueva era, como almacenes de Amazon o centros de coworking.

La idea de salir de compras cuando las compras pueden venir a tu casa tras haberlas escogido cómodamente sin levantarte del sofá puede parecer anatema para toda una generación, pero es un cambio que está abriéndose indudablemente paso. Hasta hace poco, se hablaba todavía del showrooming, la práctica de acercarse a una tienda física para poder experimentar y tocar el producto antes de comprarlo, pero adquirirlo después en una tienda online a mejor precio. Ahora, ya ni siquiera eso: las tiendas online han convertido el proceso de devolución en tan sencillo, que mucha gente simplemente hace clic y procede a devolver si una vez visto el producto, no les convence. Un número cada vez más alto de personas renuncian a la idea de correr en las rebajas, y simplemente abren la página de tiendas de ropa que les permiten no solo escoger lo que quieren ponerse y recibirlo en casa, sino también probárselo cómodamente en su habitación con su propio espejo, y esperar a que venga después el operador logístico de turno a recoger las devoluciones, o acercarlas a una tienda física de la misma marca exhibiendo simplemente un código de barras en la pantalla del smartphone. Las compras de conveniencia, el “me falta esto”, se está viendo sustituido por una logística de última generación capaz de llevarte a casa los ingredientes del desayuno o las cuatro cosas que te faltan para una receta en menos de dos horas, algo que aún se ve como mítico fuera de las grandes capitales, pero que en estas se ha convertido ya en un hábito para muchos. Bajar a comprar a las tiendas del barrio es algo que ya solo se justifica para moverse y airearse un poco.

¿Qué pasa cuando superamos la primera fase del comercio electrónico, la de “compro aquello que no encuentro fácilmente en mi entorno a escasa distancia”, y pasamos a la segunda, a la de “compro cualquier cosa porque llega en seguida, es más barato o es más cómodo”? ¿Qué impacto tiene que dejemos de comprar artículos excepcionalmente, y pasemos a hacer sistemáticamente la compra y todo tipo de artículos a través de la web? ¿Qué nivel de consolidación veremos para estas tendencias dentro de unos años? ¿Estamos ante un cambio de era del comercio local tal y como lo conocemos, que podría llevar al cierre no solo de muchos centros comerciales, sino también de muchísimas tiendas de calle tal y como las conocemos? ¿Cuántas tiendas no pertenecientes a grandes cadenas quedan en tu barrio? ¿Qué edad media tienen sus clientes? ¿Está tu país o tu entorno en una fase más cercana a la de India, donde aún se abren nuevos centros comerciales y prolifera el comercio de calle a pesar del indudable avance del comercio electrónico, o más en línea con las grandes ciudades de Estados Unidos, donde estos establecimientos no dejan de cerrar y donde los locales vacíos proliferan a ritmos preocupantes?

 

IMAGE: Emir Dalgıç - CC BYA lo largo de este año, Spotify ha comenzado de forma discreta un interesantísimo experimento: llegar a acuerdos de licencia directos con un cierto número de artistas independientes, al margen de las compañías discográficas. Estos acuerdos de licencia con Spotify ofrecidos a artistas que no operen a través de una discográfica no son exclusivos, permiten a esos artistas distribuir su música también a través de otras plataformas como Amazon o Apple Music, les ofrece recibir una cantidad muy superior de los derechos generados por las reproducciones, y además, les permite mantener todos los derechos de propiedad sobre su música.

Estos acuerdos con músicos se concretan como anticipos sobre los derechos de reproducción que estarían entre las decenas y los cientos de miles de dólares en función de la previsión de reproducciones calculada para ellos, y todo indica que están comenzando a hacer que las discográficas se pongan nerviosas. Spotify no pretendería, en ese sentido, actuar como una discográfica, dado que no poseería derechos sobre la música, pero estaría convirtiéndose en una pieza clave a la hora de conseguir que un cierto número de artistas pudiesen llegar a tener éxito llegando directamente a su público a través de Spotify. Actualmente, se calcula que los tres grandes conglomerados discográficos, Sony, Universal y Warner, controlan en torno al 80% del negocio.

En un acuerdo estándar, Spotify paga a las discográficas el 52% de la facturación generada por cada canción, y la discográfica abona al artista un porcentaje que suele oscilar entre el 15% y, en algunos casos excepcionales, hasta el 50% de esa cantidad. Según un informe reciente y exhaustivo elaborado por Citibank, el resultado medio es que únicamente un 12% de los ingresos generados por la música en streaming van a parar a los músicos. La situación, además, ha ido haciéndose cada vez más desigual a lo largo del tiempo, y siempre en el mismo sentido: mejorar las condiciones de las discográficas.

Los artistas que firmen directamente con Spotify en lugar de hacerlo a través de una discográfica pasarían a recibir la totalidad de los ingresos que la compañía actualmente paga a esas discográficas. Por el momento, esto está llamando la atención de artistas relativamente poco conocidos y en fase de construir su imagen, pero la idea de mantener la propiedad de su música podría eventualmente resultar atractiva para otros intérpretes más consolidados: Taylor Swift, tras años de éxitos con su discográfica, está dispuesta a constituirse como agente libre en cuanto su contrato actual expire, y podría pasar a ver con buenos ojos acuerdos de distribución de este tipo que le permitiesen explotar ella misma los derechos de su música a través de los canales de streaming.

Es difícil saber qué reacción podrían tener las discográficas, que forman una pequeña parte del accionariado de Spotify, si empezasen a sentir la presión de una fuga de talento tanto por el lado bajo, el de la captación de talento como posibles promesas, como por el extremo superior, el de los artistas más consolidados que reclaman la negociación de condiciones más ventajosas. Unas perspectivas de desintermediación que, por otro lado, tendrían todo el sentido: el valor añadido que actualmente genera una empresa discográfica tiene fundamentalmente que ver con la llegada a canales de distribución, y en esos canales de distribución, es indudable que las plataformas de streaming se están convirtiendo de forma progresiva en los actores más importantes. Spotify llega actualmente a 183 millones de personas en todo el mundo de las cuales unos cien millones la escuchan gratuitamente con publicidad, espera llegar a finales de este año con 96 millones de suscriptores de pago, y lidera un mercado en el que operan también compañías como Pandora, con unos 75 millones de usuarios activos a finales de 2017 de los cuales 5.48 serían de pago; Apple Music, que alcanza los 49.5 millones de usuarios activos con unos 38 millones de pago; o Amazon Music, que no proporciona datos oficiales, pero parece estar experimentando un fortísimo crecimiento. Estas compañías, además, poseen un cierto poder de prescripción a través de los algoritmos de personalización y recomendación que poseen, lo que genera una

En un mercado definido de esta manera, todo indica a que la relevancia de la función de las discográficas podría llegar a diluirse, y dar lugar a una desintermediación que, por otro lado chocaría con el enorme apalancamiento que esas compañías poseen sobre la inmensa mayoría de la música actual. Actualmente, ninguna plataforma de streaming podría sobrevivir sin acceso al catálogo de las discográficas, lo que hace que la situación, para muchos artistas que en su momento negociaron con ellas, sea difícil de cambiar. Pero el experimento de Spotify ofreciendo a algunos artistas una vía alternativa que les permite no perder el control ni la propiedad de sus creaciones, podría hacer que la tecnología se convirtiese en la mejor amiga de los artistas, y nos acerca más a lo que el mundo de la música posiblemente debería ser.