BlockchainUn think tank norteamericano, Coin Center, afirma, con toda la razón y el sentido del mundo, que la nueva legislación de privacidad europea, que consagra como un derecho algo tan absurdo como el “derecho al olvido”, resulta completamente incompatible con el diseño de la tecnología blockchain, que precisamente consagra el hecho de que las transacciones son almacenadas en un registro que no puede ser modificado posteriormente.

En una cadena de bloques podemos incorporar una transacción posterior que enmiende o cambie la anterior, pero no podemos hacer desaparecer de manera caprichosa o mágica lo que está en la cadena, porque precisamente en eso se basa su potencia: cada transacción se une a la cadena de bloques, a la transacción anterior y a la siguiente con una serie de algoritmos criptográficos que aseguran su integridad, y es sellada temporalmente con el resto del bloque de transacciones, con el anterior y con el siguiente, de manera que no puede ser eliminada ni alterada. Que venga alguien y pida que se elimine esa transacción porque supuestamente es “su derecho” es algo que nos da exactamente igual, porque sencillamente no se puede hacer. Es lo que hay. ¿Por qué? Sencillamente, porque ese derecho no existe, no existió nunca, y nunca existirá, por mucho que se lo inventen unos descerebrados juristas incapaces de entender las consecuencias de sus actos.

El problema no es más que una más de las previsibles consecuencias de pretender incorporar al derecho conceptos que no solo no tienen sentido desde un punto de vista jurídico, sino que tampoco lo tienen desde el más inmediato sentido común. Sí, pretender que exista un “botón de borrado” suena muy interesante, a todos nos puede parecer una buena idea que nos protege contra determinados problemas que pueden sucederle a cualquiera… pero la realidad, que suele ser terca e implacable, afirma que el olvido no es un derecho, sino un proceso fisiológico que no puede ser gobernado por las leyes de los hombres. Pretender que un registro, sea de un buscador, de una transacción o de lo que sea, debe, en virtud de un supuesto derecho artificial e inventado, estar sujeto a la posibilidad de ser eliminado a requerimiento del interesado no es nada más que una soberana estupidez, susceptible, por supuesto, de entrar en conflicto con la lógica en todo momento.

Ahora nos encontramos con un contrasentido interesante: disponemos de una tecnología capaz de construir registros inquebrantables, imposibles de cambiar sin dejar rastro, una solución elegante y adecuada para todo sistema transaccional y que se va a incorporar rápidamente a todos ellos… pero resulta que va en contra del derecho que unos genios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han tenido a bien inventarse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Impedir la adopción de sistemas basados en blockchain “por si acaso” a alguno de los que aparecen en dicho registro le da por pedir su “derecho al olvido”, que resulta que por diseño de la tecnología, no se puede hacer y además es imposible?

Es lo bonito del sentido común: que de una manera o de otra, termina por prevalecer. En algún momento, alguien tendrá que tomar ese absurdo concepto del “derecho al olvido” y darle la consideración que realmente tiene: la de ERROR, con mayúsculas, de un tribunal que, para terminar de liarla, se supone de alguna manera prácticamente infalible e inapelable. Un buscador tiene que buscar, y si lo que encuentra no nos gusta, podremos acudir a la fuente correspondiente para pedir que sea enmendado o eliminado si es que eso resulta posible. Pretender que sea el buscador el que, de alguna manera, “oculte” esa información “porque es nuestro derecho” es una barbaridad que solo puede acarrear problemas, porque simplemente atenta contra la lógica, que no es algo que se pueda dictar, ni inventar, ni reescribir: es la que es.

La privacidad es un derecho muy importante que debe ser consagrado y protegido. Hasta ahí, posiblemente, todos de acuerdo. Pero intentar llevarlo más allá de los límites de la lógica y el sentido común es algo que solo se le ocurre a funcionarios incompetentes que creen que por escribir una ley en un código, van a cambiar la realidad, y a los que les da exactamente lo mismo lo que pase, porque cuando se enderece ese lamentable y absurdo error, ya estarán seguramente jubilados, en otro puesto distinto, o incluso muertos. Alguien debería recopilar los nombres de los idiotas que trabajaron en esa absurda ley, y construir con ellos un monumento a la estupidez humana. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede dictar cuantas leyes quiera contra la gravedad, pero dicte las que dicte, nuestro planeta seguirá atrayendo los objetos hacia él y provocando que caigan hacia ella con una fuerza determinada. Del mismo modo, por mucho que ese mismo tribunal dicte que tenemos derecho a que se olvide nuestra información o a que no conste en ningún sitio, eso no va a suceder, porque el olvido, simplemente, no funciona así, y ese derecho no existe. El actual dilema entre ese absurdo “derecho al olvido” y las características de blockchain como tecnología es tan solo un primer episodio. Vendrán muchos más. Es lo que tiene la estupidez humana.

 

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