IMAGE: CC BY-SA 3.0 Nick Youngson - Alpha Stock ImagesFacebook anuncia que ha descubierto y presuntamente desmantelado un intento de manipulación dirigido a las próximas elecciones norteamericanas a Congreso y Senado, un total de 32 páginas que, en lo que la compañía denomina un “comportamiento no auténtico coordinado”, habían publicado un total de 9,500 entradas de manera coordinada con 150 campañas publicitarias, con un gasto total de 11,000 dólares, y generando unos 30 eventos desde mayo de 2017. En total, unas 290,000 cuentas seguían al menos una de las páginas, orientadas fundamentalmente a fomentar el enfrentamiento en torno a temas raciales.

Sinceramente, creo que la denominación “coordinated unauthentic behavior” que Facebook otorga a este tipo de campañas de manipulación merece una cierta reflexión. Tengo pocas dudas de que el hecho de que un actor determinado se dedique a crear todo tipo de herramientas, páginas de diversos tipos, cuentas falsas para hacerlas crecer y parecer más importantes de lo que realmente son, campañas publicitarias extremadamente segmentadas para inflamar los ánimos de determinados colectivos, o eventos para crear conciencia de grupo en torno a ciertos temas supone, como tal, una amenaza a la democracia. Estoy seguro de que el hecho de que ese tipo de procesos de manipulación colectiva sean detenidos empleando para ello todos los medios posibles es algo positivo, un esfuerzo que vale la pena hacer, y un claro ejemplo de explotación maliciosa de una herramienta social. Permitir que ese tipo de actores siguiesen utilizando este tipo de metodologías para manipular el voto de los ciudadanos me parecería un desastre para la democracia, por mucho que algunos afirmen que la manipulación, en realidad, no es nada nuevo, que antes se llevaba a cabo mediante los medios de comunicación tradicionales o que cada uno es libre de dejarse influenciar por lo que buenamente quiera a la hora de decidir su voto.

Sin embargo, y a pesar del evidente interés de proteger la democracia frente a procesos de manipulación fraudulentos… ¿estamos seguros de que ese esfuerzo debe corresponder a compañías como Facebook, Twitter u otras que han sido precisamente protagonistas de esos primeros ejemplos claros de manipulación? ¿Realmente estamos en buenas manos si encargamos la protección de la democracia y su funcionamiento razonablemente genuino a este tipo de compañías? No me refiero a que no puedan hacerlo: sin duda, son las mejor situadas para detectar este tipo de fraudes o plantearse neutralizarlos, pero… ¿debe ser ese realmente el papel de las empresas privadas? Hablamos de compañías cada vez más poderosas, cuyo dominio no se ha visto prácticamente ni alterado por la reciente oleada regulatoria o intentos de control por parte de los gobiernos de distintos lugares del mundo, y cuyos objetivos corporativos se establecen en torno a magnitudes como el crecimiento, la facturación o los beneficios, no de elementos como la protección de la democracia o la preservación del equilibrio social. Ese tipo de objetivos corresponden, de manera natural, a las instituciones que la sociedad construye para supervisar su funcionamiento, a eso que denominamos administración y que se construye a distintos niveles, con unas ciertas reglas y sometida a un cierto equilibrio entre poderes y contrapoderes. Subcontratar esa vigilancia y supervisión a compañías privadas, y precisamente a las compañías que, con su previo historial de ingenuidad y falta de vigilancia, lo hicieron posible ya en una triste serie de ejemplos supone, a mi entender, un problema.

De nuevo: estas compañías, como creadoras y gestoras precisamente del sistema que los manipuladores utilizan para llevar a cabo sus campañas, están en la mejor situación para ser quienes patrullen y pongan bajo control esas iniciativas. Pero una buena parte de la coordinación de ese esfuerzo, seguramente, debería estar no tan solo a cargo de personas adscritas a esas compañías, sino de oficiales públicos dedicados a ejercer ese papel de refuerzo o garante de los procesos democráticos. Fundamentalmente, porque las compañías, y consecuentemente, las personas contratadas y pagadas por ellas, tienen otros objetivos prioritarios, y podrían hipotéticamente sostener múltiples tipos de conflictos de interés relacionados con esa función.

Por otro lado, diseñar una estructura que permitiese a oficiales públicos trabajar con las redes sociales para proteger la democracia podría suponer un nivel de supervisión y control que esas compañías no estuviesen dispuestas a aceptar, o ser visto como una posible injerencia del estamento político sobre la actividad de las empresas privadas. De hecho, en algunos países con democracias menos consolidadas, podría incluso terminar actuando al revés de lo esperado, como un organismo que se dedicase a impedir la expresión de movimientos políticos genuinos en las redes calificándolos como “comportamientos no auténticos coordinados”, al tiempo que se intentan proteger, por contra, los de las campañas organizadas por el gobierno de turno.

Sin duda, un problema multifactorial complejo, y una pregunta que queda en el aire: ¿a quién corresponde o debe corresponder, en plena era de la comunicación electrónica, las redes sociales y la ultrasegmentación, la protección de los procesos democráticos y la prevención de la manipulación masiva?

 

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