Logan Paul (IMAGE: © Luigi Novi / Wikimedia Commons)El caso de Logan Paul, el último youtuber protagonista de un escándalo por conductas consideradas impropias, me lleva a lanzar algunas ideas sobre los procesos de autorregulación de los ecosistemas definidos por la tecnología.

Logan Paul es un clásico fruto de una generación que ha visto el vídeo y las plataformas sociales como parte de su entorno desde muy jóvenes: a los diez años, comenzó a crear vídeos en Zoosh, un canal de YouTube, pero saltó a la fama con Vine, aquellos vídeos de seis segundos en bucle que Twitter adquirió en 2012, pero cerró en 2016 tras ser incapaz de fidelizar a la comunidad de creadores con los incentivos adecuados para que se quedasen en el servicio.

Logan Paul, como la mayoría de los creadores en Vine, volvió a YouTube con un canal propio, y a lo largo del tiempo, ha llegado a acumular varios millones de seguidores, la mayoría muy jóvenes, que disfrutan con vídeos en los que, mayoritariamente, hace bromas en muchos casos pesadas o de mal gusto. Es precisamente esa búsqueda de la notoriedad la que le ha ido llevando a actitudes cada vez más transgresoras, un fenómeno que hemos visto en otros países, y del que España tampoco se ha librado. En el caso de Logan Paul, la polémica saltó cuando, en un viaje a Japón, entró en el llamado “bosque de los suicidios” y filmó a una víctima, sobre la que hizo además varios comentarios, pero podría haberle ocurrido mucho antes: en ese mismo viaje, se dedicó a utilizar el clásico candor japonés para gastar pesadas y molestas bromas a numerosos transeúntes, comportándose como un auténtico imbécil.

La retirada del vídeo del suicida y las disculpas de su autor no han podido evitar su caída en desgracia: ayer, YouTube anunció la eliminación de Logan Paul de su programa de publicidad preferente, y la cancelación de los futuros desarrollos de series que tenía acordadas para YouTube Red.

La historia se repite ya muchas veces: un ecosistema que presiona a personas habitualmente muy jóvenes y con un escaso desarrollo de su sentido común para explorar contenidos cada vez más transgresores, en busca de esos suscriptores, de esa notoriedad y de esos ingresos publicitarios. Las sanciones de YouTube, en una posición de obvio conflicto de intereses puesto que se beneficia en gran medida de esos ingresos, podrían ir dando lentamente sus frutos, pero se convierten en realidad en una sucesión de anécdotas desagradables que dejan, además, un reguero de víctimas.

El fenómeno lo vemos habitualmente en todos los ecosistemas definidos por la tecnología: el correo electrónico pasó de ser una maravillosa herramienta de comunicación a convertirse en una pesadilla de spam insoportable: si examinamos la historia, comprobaremos que la legislación del tema contribuyó entre poco y nada a la solución del problema, que únicamente pasó a ser más llevadero con el desarrollo de las tecnologías adecuadas de filtrado basadas en inteligencia artificial. La publicidad online ha ido creciendo para convertirse en cada vez más intrusiva e insoportable, y está por ver que las restricciones legales sirvan para evitar esa espiral negativa: desde mi punto de vista, quien más ha contribuido a la solución del problema han sido compañías como la alemana Eyeo con el desarrollo de bloqueadores cada vez mejores, o las medidas técnicas tomadas por Apple.

¿Deberíamos legislar la creación y difusión de contenidos como los de Logan Paul y otros youtubers? Me inclino a pensar que la solución, de nuevo, se basa más en una mejora de las tecnologías y de los sistemas de detección automatizados, en una atención más pronta a los sistemas de alerta de los usuarios o a aplicar la legislación que ya existe en ese sentido, evitando que las plataformas de vídeo en la red se conviertan en lugares al margen de unas leyes que llevan mucho tiempo aplicándose a, por ejemplo, la televisión. Para ello, por supuesto, es indispensable una apuesta de las plataformas como YouTube por esa autorregulación, una demostración del desarrollo de estrategias sostenibles a largo plazo, frente a la posibilidad de ganar dinero más rápidamente gracias al crecimientos basados en un ecosistema que estimula el comportamiento malsano. Las sanciones legales pueden llegar en los casos en los que se infrinjan las leyes que llevan años aplicándose a otros canales y que constituyen el fruto de un consenso social obtenido durante décadas, pero ir más allá y pretender sobre-legislar en virtud de un supuesto hecho diferencial de internet o de una caída de las barreras de entrada supone, por lo general, un error.

El caso de Logan Paul, como anteriormente el de PewDiePie y el de muchos otros en otros países son parte de un proceso, de un sarampión por el que, desgraciadamente, hay que pasar. Simplemente, tratar de pasarlo de la manera más rápida e indolora posible: en cuanto detectemos que un comportamiento se está generalizando, tratar de ponerle freno, sacrificando para ello los posibles ingresos que podrían obtenerse de su explotación. La interacción entre las plataformas correspondientes, en muchos casos interesadas en una solución tardía que les permita rentabilizar el fenómeno, y las asociaciones ciudadanas, de derechos civiles, los anunciantes u otros actores son fundamentales, como lo es la aplicación pronta y decidida de las leyes que ya existían a tal efecto. Pero sobre-legislar, legislar en caliente o dar puñetazos legislativos encima de la mesa suele dar lugar a soluciones de brocha gorda, a errores, a restricciones absurdas o a leyes imposibles de cumplir. Todo requiere su tiempo: el desarrollo de protocolos de uso, también.

 

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