IMAGE: Samuraitop - 123RFGoogle se ha encontrado con un serio problema en el Reino Unido, cuando de repente, el gobierno y algunos grandes anunciantes hicieron pública su decisión de interrumpir la publicidad institucional en YouTube debido a la aparición de anuncios gubernamentales en páginas de vídeos con contenidos calificables como de incitación al odio, racistas, antisemitas, extremistas o de mal gusto.

El problema, que ha obligado a la compañía a prometer controles más rigurosos en el etiquetado de ese tipo de contenidos, hace evidentes las carencias del esquema publicitario que más crece en la red: la publicidad programática o real-time bidding, en la que cada impacto proviene de un proceso de subasta en tiempo real de la audiencia supuestamente cualificada de una página.

La supuesta idea de hacer llegar el anuncio correcto a la persona adecuada y en el momento perfecto, administrada mediante un sistema que permite al más interesado formular el precio más elevado, choca con muchos problemas en su conversión en realidad. Y uno de ellos es tan claro y evidente como que los contenidos no pueden ser definidos únicamente por las audiencias que congregan, y menos aún si cualificamos a esas audiencias únicamente en función de unas pocas variables sociodemográficas. La realidad, como todos sabemos, es mucho más compleja que unas pocas variables.

En el caso de YouTube, resulta evidente que Google tiene un problema: las cifras que mueve, en torno a trescientas horas de vídeo recibidas y publicadas cada minuto que pasa, hacen imposible una supervisión manual: se calcula que serían necesarias unas cincuenta mil personas viendo vídeo constantemente durante ocho horas al día para poder llevarla a cabo. En su lugar, YouTube emplea un sistema de alertas basadas en herramientas para la comunidad de usuarios: cuando varias personas marcan un vídeo como ofensivo, este pasa a un sistema de supervisión manual que podría llevar a varias medidas, desde su eliminación total de la plataforma a su exclusión del sistema de publicidad, pasando por bloqueos locales, exclusión de determinadas audiencias, u otras posibilidades.

El problema para un gobierno o compañía no termina simplemente diciendo “yo no sabía nada” o “no tengo ni idea de en qué sitios sale mi publicidad”, porque aunque nadie tenga por qué asumir que una publicidad determinada suponga el estar de acuerdo con los contenidos de una página, la cuestión va mucho más allá de un simple problema estético: es que con la impresión publicitaria se está contribuyendo a financiar al creador del contenido. De ahí que la idea de que con dinero público o con los beneficios de una marca se estén aportando recursos a causas como el racismo, la xenofobia, el odio, el terrorismo o el antisemitismo, entre otras, resulte tan preocupante.

Por otro lado, la cualificación de los contenidos está lejos de ser el único problema de la publicidad programática. A medida que crece y se generaliza este mecanismo, se está dando lugar a un ecosistema en el que cunde la sensación de que “todo es mentira“: audiencias generadas a golpe de bots, cantidades crecientes de click fraud, reproducciones de vídeo simuladas o inexistentes, analíticas falseadas… hace algún tiempo, escribía en El Español sobre la necesidad de un reset para la industria de la publicidad en general: en muy poco tiempo, la red ha pasado de representar la promesa de un medio perfecto para alcanzar con nuestros mensajes publicitarios a las personas a las que más les pudiesen interesar, a convertirse en una especie de salón de los espejos en el que se fabrica tráfico, se compra tráfico, se vende tráfico y se simula tráfico. 

Una vez más, se cumple la regla general: una vez creado un ecosistema atractivo y sometido a un fuerte crecimiento, no tardan en aparecer aprovechados dispuestos a enturbiarlo, a timar a incautos y a destrozar su propuesta de valor. Nada nuevo bajo el sol.

 

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