T-mobile and Sprint logosAyer día 29 se anunció el acuerdo final entre dos operadoras que operan en los Estados Unidos, T-Mobile y Sprint, para lo que han llamado una fusión empresarial, una operación de 26,000 millones de dólares que reducirá en gran medida las opciones a los consumidores norteamericanos, que ya de por sí se encontraban en una situación de muy escasa o nula elección. El resultado de la supuesta “fusión” es que Sprint desaparece, que la compañía resultante seguirá operando bajo el nombre de T-Mobile, y que estará dirigida por los que anteriormente eran el CEO y el COO también de T-Mobile, el mítico John Legere y Mike Sievert. El anterior CEO de Sprint, Marcelo Claure, y el CEO de su propietaria mayoritaria, la japonesa Softbank, Masayoshi Son, mantendrán puestos en el Consejo de Administración. 

La idea de una fusión entre T-Mobile y Sprint había fracasado anteriormente debido precisamente a la oposición de la administración Obama, que la consideraba una muy mala idea. Fundamentalmente, la fusión dejaría la parte baja del mercado, las tarifas más baratas, el prepago, etc. en manos de una sola compañía, que pasaría a poder gestionarlo a su antojo sin excesiva presión competitiva – precisamente la razón que suele esgrimirse para desalentar operaciones de ese tipo. Sin embargo, las conversaciones han vuelto a tener lugar y, en esta ocasión, bajo la que es sin ninguna duda la administración más corrupta de la historia reciente de los Estados Unidos, es más que posible que fructifiquen. En primer lugar, por la presencia al mando de la Federal Communications Commission (FCC) de un lobbista de la industria de las telecomunicaciones, Ajit Pai, que viene a suponer la misma connotación que poner a un zorro a cuidar de un gallinero: ni la más mínima consideración por los usuarios o por el progreso, sino únicamente por los beneficios de las compañías para las que trabajaba antes de llegar a su puesto. En segundo, por lo profundamente primario del razonamiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que basta con empaquetarle la operación con las ideas que él quiere oír, las mismas que se harta de repetir en su discurso populista, para que la operación prosiga sin oposición.

¿Qué le han dicho a Donald Trump para que la fusión se pueda llevar a cabo? Simplemente, que es “buena para América”. Que supuestamente creará puestos de trabajo – muy poco probable, cuando todo aquel que haya trabajado en fusiones y adquisiciones sabe que tienden a caracterizarse por la eliminación rápida de todas las estructuras redundantes – y que tendrá un gran efecto en la carrera que el país mantiene con China por el progreso en el desarrollo de las redes 5G, algo que también es, en muchos sentidos, un auténtico brindis al sol. El cada vez mayor enfrentamiento entre los Estados Unidos y China está determinando que las compañías de este país, muchas de ellas en la verdadera vanguardia de la investigación en telecomunicaciones por desarrollos y por número de patentes, estén viéndose en la necesidad de adoptar un plan B para la eventualidad de que las sanciones les obliguen a ser autosuficientes.

La operación que implica a T-Mobile y Sprint es una prueba clara de los tiempos que corren: una administración corrupta, lobbistas a cargo de la regulación, y un presidente infantil, al que lo único que hay que hacer para conseguir que apruebe algo es bailarle el agua y decirle lo que quiere oír. Triste panorama.

 

IMAGE: CC BY-SA 3.0 Nick Youngson / Alpha Stock ImagesLos recientes escándalos de Facebook y la subsiguiente comparecencia de Mark Zuckerberg ante una comisión parlamentaria cuyos integrantes ignoraban incluso los aspectos más básicos de lo que es una red social y lo que su actividad supone, han vuelto a poner de actualidad la discusión sobre la evolución de la privacidad en la sociedad.

Que la compañía esté planteándose la posibilidad de aplicar los nuevos estándares de privacidad definidos por la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), a los usuarios de todo el mundo, unido a las reacciones negativas de usuarios norteamericanos afectados o alarmados por el escándalo de Cambridge Analytica, podría llevar al desarrollo de normativas más estrictas de protección de la privacidad en los Estados Unidos, y a una consideración mundial de este tipo de legislaciones más garantistas que tratan de otorgar más protecciones y control a los usuarios.

Sin embargo, otros países tienen, obviamente, otros planes. En India, por ejemplo, el despliegue de Aadhaar, la plataforma de identificación de la población basada en datos biométricos tales como la huella dactilar, la fotografía del iris o los rasgos de la cara progresa de manera constante a pesar de los problemas y los escándalos sufridos, parece estar convirtiendo el país en un escenario completamente orwelliano en el que es preciso identificarse para absolutamente todo, sea comprar comida, hacerse con un smartphone o hacer transacciones financieras. La deficiente respuesta del gobierno del país a las denuncias de falta de seguridad debidas bien a ataques o bien a simple corrupción han generado todo tipo de dudas sobre el funcionamiento de un sistema diseñado originalmente para asignar mejor las ayudas gubernamentales a los segmentos más pobres de su población, pero que a través de su funcionamiento como plataforma, ha terminado por impregnar toda la vida cotidiana de los ciudadanos, en un estado en el que todo lo que hagas pasa a ser conocido inmediatamente por quienes controlan el sistema.

En China, las cosas evolucionan de la misma manera: la construcción de una gigantesca base de datos gubernamental de rasgos faciales conectada con los ficheros de la policía, unida a un enorme despliegue de cámaras y a iniciativas privadas pero accesibles al gobierno como sistemas de rating crediticio empieza a entregar sus frutos: una persona, buscada por delitos económicos, es identificada y detenida cuando acudía a un concierto con sesenta mil asistentes, en una prueba que demuestra el estado del arte obtenido a partir de innumerables pruebas y despliegues en determinadas zonas consideradas conflictivas. Una auténtico sistema de pre-crimen capaz no solo de identificar a posibles delincuentes, sino también de aislar y prevenir cualquier comportamiento disidente. Las primeras reacciones de grupos de ciudadanos demandando más respeto a su privacidad e incluso denunciando a compañías por la recolección de sus datos personales pueden suponer el principio de algún tipo de reacción, pero la combinación entre control de la población y búsqueda de una mayor seguridad y estabilidad parece que abocan a China a convertirse igualmente en una sociedad regida por un Gran Hermano omnímodo y sin limitaciones de mandato.

En Rusia, un tribunal ordena el bloqueo de Telegram tras una vista de únicamente dieciocho minutos, tras negarse la compañía a facilitar al gobierno ruso una supuesta clave de cifrado universal que, además, no existe técnicamente como tal. En el núcleo de la cuestión, además de la privacidad y el interés del gobierno ruso por monitorizar todo tipo de comunicación, pueden estar también los lobbies del copyright, que afirman que en Telegram existen infinidad de canales en los que se lleva a cabo intercambio de materiales sujetos a derechos de autor.

Tres grandes países, India, China y Rusia, unidas a Irán con su halal internet, que persiguen un modelo de sociedad en donde la privacidad no es un derecho, sino un peligro, una amenaza a la estabilidad. Frente a ese modelo, una Europa – y posiblemente en el futuro, unos Estados Unidos – que intentan dotarse de mayores garantías, pero en donde el papel de los gobiernos y de la búsqueda de la seguridad tampoco están en absoluto claro, pudiendo caer en la más absoluta de las hipocresías: protejo teóricamente tu privacidad frente a iniciativas privadas que pretender segmentar la publicidad que recibes, pero como gobierno, te espío por si acaso eres un terrorista o por si puedo influenciar tu voto.

Un modelo en el que está todo claro, en el que los gobiernos no ocultan en absoluto sus intenciones y en el que las libertades individuales pasan completamente a un segundo plano, frente a otro supuestamente garantista pero en el que las cosas tampoco están en absoluto claras. Y no, la alternativa de renunciar a todo lo que huela a tecnología y retirarte a lo alto de una montaña tampoco es realista ni recomendableEntre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja.

 

 

 

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Smart license plate (IMAGE: Reviver Auto)Uno de los objetos que menos evolución ha experimentado es, seguramente, la matrícula de los vehículos: el mismo trozo de metal, con simples cambios legislativos para añadir algunos detalles y símbolos, de numeración para reflejar el crecimiento del parque, y algunas mejoras en cuanto a materiales para mejorar su visibilidad, pero poco más.

Esto, sin embargo, podría cambiar en breve: Dubai anuncia el lanzamiento de una prueba de matriculación de vehículos con placas inteligentes, que comenzaría el próximo mes de mayo. Esencialmente, las nuevas matrículas son una pantalla de alto contraste sujeta al vehículo con una fijación con tornillos antirrobo, que permitiría sensorizar el vehículo para, por ejemplo, en el caso de un accidente, avisar de manera inmediata a los servicios de emergencia. Además, permitirían mostrar avisos en caso de robo del vehículo, información sobre el pago de servicios de aparcamiento para una monitorización más rápida y sencilla, exhibir las renovaciones de la revisión técnica de vehículos, del seguro o del pago del impuesto de circulación, comunicación entre vehículos para momentos de congestión o accidentes, personalización estética de las placas, etc.

Una tecnología similar fue anunciada en 2013 en California y comenzó a ser ensayada el pasado año en los Estados Unidos, con prestaciones que permitirían fundamentalmente la simplificación de trámites administrativos, pero con posibilidades de recibir otras funciones o incluso de plantearse como plataforma abierta a desarrolladores tras pasar el filtro del Department of Motor Vehicles (DMV). La idea, obviamente, es avanzar en la idea del vehículo conectado simplemente sustituyendo una de sus piezas hasta el momento más pasivas, convirtiendo la placa de matrícula en poco menos que una tablet con funciones extendidas. La iniciativa puede, por otro lado, suponer problemas desde la óptica de la privacidad, dado que un automóvil se convierte en un objeto conectado que puede transmitir en todo momento su localización o las circunstancias de conducción, con posibilidad incluso de dotarlo de conexión con otros elementos de información, datos o diagnósticos del vehículo a través del puerto OBD. La compañía que logró el contrato en los Estados unidos para la fabricación de esas matrículas inteligentes, o rPlate, Reviver Auto, describe así sus posibilidades:

La idea de que nuestro vehículo contacte de manera inmediata con un servicio de emergencia en caso de accidente o se comunique con otros para avisarnos de posibles circunstancias de la circulación puede parecer, en principio, interesante. Pero… ¿estamos preparados para vehículos que informan públicamente si no hemos pagado el impuesto de circulación, si no hemos pasado la ITV, o que se comunican con el supervisor de la zona de aparcamiento si se nos ha pasado el tiempo? ¿Cuánto tiempo antes de que sea el propio vehículo el que notifique, a partir de la velocidad a la que circula, las sanciones en las que ha incurrido? El vehículo conectado es una de las primeras incorporaciones tecnológicas obvias a la automoción y el transporte, pero sin duda, ese tipo de control no va a dejarnos indiferentes, dado que es susceptible de cambiar completamente la relación entre los usuarios y su vehículo, o con las autoridades encargadas de controlar la circulación, además de facilitar un nivel de control que muchos pueden encontrar incómodo.

Intentar introducir elementos que impidan infracciones puede resultar un propósito claramente recomendable. Sin embargo, ¿alcanzas a imaginar una matrícula que, instalada de manera obligatoria en tu vehículo, avisase públicamente si tu seguro, tu impuesto de circulación, tu ITV o tu hora límite del parking han expirado?

 

 

 

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IMAGE SOURCE: United States Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation

La primera jornada de la declaración de Mark Zuckerberg ante el Comité del Senado de los Estados Unidos sobre Comercio, Ciencia y Transporte nos ha dejado más de cinco horas y media de comparecencia, algunas conclusiones interesantes, algunos momentos extraños, la subida en bolsa más grande de las acciones de la compañía en los últimos dos años, y la evidencia de que los miembros del comité, además de haber recibido muchos de ellos importantes contribuciones económicas de Facebook para sus campañas, tienen por lo general un muy escaso conocimiento de lo que es Facebook y a qué se dedica.

La evidencia es clara: esto es lo que ocurre cuando alguien crea una plataforma potentísima para la interacción entre personas y se plantea financiar su actividad mediante la publicidad segmentada, en un país en el que la privacidad tiene un nivel de protección prácticamente inexistente. Si ni el mismísimo Mark Zuckerberg es aún capaz de entender qué es lo que ha creado y sus posibles efectos, esperar que un puñado de senadores norteamericanos lo hagan y sepan, además, cómo arreglar sus efectos es, obviamente, una esperanza vana. La comparecencia la podemos ver entera si tenemos humor para ello, leer su transcripción completa o incluso ver parte de las notas de su protagonista, pero las conclusiones, mucho me temo, van a ser las mismas: en un país en el que la privacidad no es objeto de una protección excesiva, pretender que sea el fundador de Facebook el que sea quien explique cómo funciona y como debería funcionar su compañía es patentemente absurdo: lo que habría que hacer es llegar primero a un consenso de lo que es la privacidad y cuál es el nivel de protección que queremos para ella, regularla adecuadamente y, posteriormente, definirle a Facebook de manera inequívoca y no interpretable el entorno en el que tiene que llevar a acabo su actividad.

Mark Zuckerberg se defendió de las acusaciones de monopolio, desmintió leyendas urbanas como aquella que afirmaba que su compañía escuchaba las conversaciones telefónicas de sus usuarios para poder servirles anuncios más ajustados a sus intereses, y no se opuso a cierto nivel de regulación de su actividad, aunque se mostró evasivo sobre el tema y mostró claramente que su idea a largo plazo es seguir desarrollando inteligencia artificial para corregir algunos de los problemas de su plataforma. Visto así, la idea de hacer que el fundador de Facebook comparezca ante un comité del Senado para preguntarle sobre esos temas parece más bien inútil: de nuevo, lo que habría que hacer es decidir sobre esa posible regulación y su conveniencia, marcar unas reglas de juego claras que definan lo que se puede y no se puede hacer, y simplemente obligar a Facebook y al resto de las compañías que se dediquen o se quieran dedicar a lo mismo a cumplirlas de manera escrupulosa, con la correspondiente supervisión y sanciones en caso de incumplimiento.

Ese podría ser, precisamente, el tema en el que Europa podría llevar la delantera a los Estados Unidos con el desarrollo del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), una regulación que proviene de una clara demanda social, que es preciso gestionar como lo que es, una primera propuesta que hay que manejar con la adecuada flexibilidad y adaptarla a la luz de sus efectos, pero que al menos ofrece un marco claro en ese sentido. La posibilidad, como comentábamos hace pocos días, de que la propia Facebook se plantee ajustarse a ese nivel de protección de los datos personales no solo de cara a sus actividades en Europa sino de manera general en todo el mundo es, seguramente, la más interesante de todas las posibles consecuencias que haya podido tener el escándalo de Cambridge Analytica, y para los Estados Unidos y su claramente insuficiente entorno de protección de la privacidad, una posibilidad clara de plantearse un atajo en ese sentido. Otra cosa es que un país como ese, con esos políticos y con esa tradición cultural, sea capaz de plantearse o de poner en práctica un nivel de regulación mínimamente comparable al europeo: si algo demostró la comparecencia de ayer es que Facebook está más cerca de arreglar sus problemas con el recurso a la legislación europea o por su cuenta que dependiendo de las decisiones de los políticos del país en el que fue fundada.

 

Emmanuel Macron Talks to WIRED About France's AI Strategy - WiredHe leído con sumo interés la entrevista que Wired acaba de publicar con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la que habla de la estrategia de su país con respecto a la inteligencia artificial. Independientemente de lo que uno pueda opinar sobre Emmanuel Macron, que como político que es suscita todo tipo de debates polarizados que no son en absoluto lo que me interesa discutir en esta página, da muchísima envidia ver un político del máximo nivel hablando sobre un tema como la inteligencia artificial, marcando prioridades en su desarrollo y entendiendo lo que su país se está jugando en un tema que va a condicionar la evolución de nuestra sociedad y su capacidad de generación de riqueza ya no en el futuro, sino ahora mismo. Como el mismo Macron comenta en la entrevista, “esta enorme revolución tecnológica es, como tal, una revolución política”, y es fundamental avanzar en la discusión de cómo gestionarla y posicionarse con respecto a ella, en lugar de simplemente ignorarla como tristemente, por incapacidad, cortoplacismo o ignorancia, hacen los políticos en la mayoría de los países. Lo que hagamos con respecto a la inteligencia artificial va a condicionar profundamente la política de los países y su actitud con respecto a temas como los derechos, las libertades, la privacidad y muchas cuestiones más.

Para empezar, el presidente francés marca como ejemplos de prioridades en la agenda dos áreas, la sanidad y el transporte, en los que el desarrollo de la inteligencia artificial va a marcar enormes diferencias de planteamiento. Para un país, el rediseño de los sistemas de salud para hacer frente a la abundancia de datos y replantear la medicina desde un punto de vista preventivo supone un auténtico paso fundamental en la transición a la modernidad, un paso que, además, no tiene por qué terminar teniendo un coste más elevado que el actual: es perfectamente posible plantear que un sistema de salud orientado a la prevención pueda tener costes inferiores, derivados, entre otras cosas, de la posibilidad de tratar posibles dolencias graves cuando se encuentran aún en fases tempranas: además de una mayor eficiencia, el enfoque a la prevención puede redundar, lógicamente, en los infinitos beneficios que supone una ciudadanía más saludable, una aproximación que, por el momento, únicamente China, lanzada a marcar la hegemonía de la inteligencia artificial, parece estar tomando.

En transporte, la cuestión es igualmente evidente – y cada día más acuciante. La transición hacia vehículos autónomos tiene la capacidad de reducir enormemente los accidentes de circulación, además de obtener sistemas esencialmente más eficientes, con menor congestión y menos contaminantes. En un país como Francia, con empresas fuertemente posicionadas en el sector del transporte, asegurar que esas empresas se alinean con esos objetivos lo antes posible y darles las señales adecuadas con respecto a la necesidad y apoyo a ese cambio supone un elemento fundamental para la competitividad futura.

¿Cómo plantear incentivos al desarrollo de la inteligencia artificial? La respuesta de Francia es clara: con dinero. Mil quinientos millones de euros, concretamente, destinados a la creación de laboratorios científicos y centros de investigación, proyectos y financiación para startups y compañías que trabajan en este ámbito. La idea es revertir la fuga de talento que, hasta el momento, había marcado el hecho de que la innovación en inteligencia artificial se estuviese dando fundamentalmente en dos países, China y los Estados Unidos, y trazar una agenda para que las empresas de este campo quieran plantearse invertir en Francia (algunas, como Microsoft, Samsung, Fujitsu o DeepMind, ya han hecho anuncios en ese sentido). Para Emmanuel Macron, resulta fundamental desarrollar capacidades en Francia que puedan colocarla en una posición de liderazgo competitivo con esos dos países, y evitar que la voracidad de las adquisiciones de compañías norteamericanas como Google o Apple acabe por convertirse en un drenaje continuo del talento de su país.

La inteligencia artificial va a eclipsar a la ley de Moore como vehículo de innovación. Vivimos una auténtica carrera para replantearnos cómo vamos a hacer muchísimas cosas mediante inteligencia artificial, cómo incorporarla a nuestros productos y servicios, cómo integrarla para evitar quedarnos rezagados frente a los que consiguen hacerlo. Entender lo que la inteligencia artificial puede y no puede hacer por nuestras compañías es la tarea fundamental de todos los directivos en este momento: viviremos, por supuesto, una etapa de paradoja de la productividad en en ese ámbito durante la que resultará difícil o confuso justificar su rentabilidad, pero que eso no nos engañe: la inteligencia artificial es el único camino a seguir. A efectos de empresa, eso implicará la diferencia entre ser o no ser competitivo en todas las industrias. Pero a nivel de país, y eso es lo que claramente ha entendido Emmanuel Macron, puede llegar a significar mucho más.