Solo smart drone - 3DRoboticsLa Federal Aviation Administration (FAA) norteamericana lo había advertido, aterrorizada: preveían que los drones se convirtiesen en uno de los regalos estrella de estas navidades, con más de un millón de estos artefactos puestos de un día para otro en manos de usuarios mayoritariamente inexpertos y ávidos por empezar a volarlos, y eso configuraba una situación sumamente compleja, abierta a problemas de seguridad de todo tipo.

En efecto, a los ya clásicos Phantom de DJI o Solo de 3DRobotics se han unido muchos otros fabricantes: ahora podemos volar incluso el Millennium Falcon, o cientos de modelos de todo tipo creados por empresas con más o menos credenciales. Los drones tienen infinidad de aplicaciones potenciales, pero vistos como juguete, no dejan de ser, en muchos casos, un artefacto de entre uno y dos kilos (1’2 kg en el caso del modelo más popular de DJI, 1’8 kg en el caso del Solo con su montura estabilizadora y una GoPro) que vuela a una velocidad de hasta 89 km/h, con hélices de nylon y fibra de vidrio propulsadas por motores de 880 kV, y con una autonomía de unos 800 m. Un artefacto, por otro lado, de cuyas posibilidades de causar problemas tenemos ya abundantes pruebas, unas más serias que otras: puesto en manos de una persona no especialmente hábil, carente de la experiencia o preparación necesaria para darse cuenta del peligro inherente a determinadas situaciones, o directamente estúpida, un aparato de este tipo puede dar lugar a no pocas situaciones de riesgo. Y sobre todo, situaciones en las que la posible reclamación de responsabilidad podía verse dificultada, en el caso de que la persona, al ver el posible daño ocasionado, simplemente tratase de escabullirse.

Ante una coyuntura de mercado como esta, las posibilidades de reacción de la FAA para tratar de preservar la seguridad y evitar problemas tienen que ser razonablemente mesuradas. De la noche a la mañana, más de un millón de aparatos manejados por inexpertos en los cielos de los Estados Unidos son un potencial problema de primera magnitud. Pero imponer medidas drásticas que obligasen a los propietarios de drones a no volarlos más que tomando unas precauciones extremas, o pasando por una excesiva complicación legislativa era una cuestión impopular y escasamente deseable: toda legislación debía considerar las circunstancias de fabricantes, distribuidores y usuarios, y equilibrarlas con las de pilotos de aviones y helicópteros, responsables de aeropuertos, bomberos, policía y demás posibles afectados, para llegar a una conclusión rápida y razonable. Así, la decisión de la FAA consistió, como primer paso, en la convocatoria de una reunión de urgencia con esos posibles actores afectados: la asociación de pilotos de líneas aéreas, la de pilotos de helicópteros, la asociación internacional de jefes de policía, fabricantes como DJI, 3DRobotics o GoPro, distribuidores como BestBuy, y muchos otros.

Tras tres días de reuniones, el compromiso resultante se plasmó en la creación de una página de registro obligatorio para todos los drones de entre 0’5 y 25 kg (por encima de eso se consideran ya aparatos profesionales y precisan de un registro es manual y más complicado), en la que los propietarios de drones tienen que identificarse con nombre, dirección y correo electrónico, y pueden registrar los aparatos que deseen. El proceso de registro cuesta $5, aunque durante los primeros treinta días es gratuita. Opcionalmente, se pueden registrar esos aparatos con su número de serie, pero si no se desea hacerlo, basta con apuntar el número de registro facilitado por la página en algún sitio del aparato al que se pueda acceder sin herramientas (en una pegatina, incluso dentro del compartimento de las baterías). Además, la FAA ha publicado una app en iOS y Android para ser utilizada antes de volar un aparato, llamada B4UFly (Before you fly), que utiliza la geolocalización para determinar si hay algún tipo de restricción para el uso de drones en el área. Si un aparato no es registrado o vuela sin su número de registro, se arriesga a una multa de hasta $27.500. Desde el pasado día 21, ya se han registrado más de 180.000 propietarios de drones.

La legislación no evita, lógicamente, los accidentes, pero al menos dota de un marco legal y de responsabilidad a quienes los puedan originar, junto con medidas que permiten su eventual identificación. Entre la prohibición radical y el no legislar nada, una solución que parece lógica y razonable. El caso de los Estados Unidos, lógicamente, vamos a verlo replicado en todos los países desarrollados en los que los drones han sido igualmente populares como regalo de navidad. En estos casos, con precedentes y comparables muy escasos, dar lugar a una legislación equilibrada que combine los intereses de propietarios, fabricantes y distribuidores con un adecuado nivel de seguridad supone todo un reto.

Aplicar la legislación preexistente para cuestiones aparentemente relacionadas como, por ejemplo, el aeromodelismo, no habría tenido mucho sentido: hablamos de circunstancias mucho más restringidas, escasamente comparables con la facilidad de uso y la popularidad de los drones de última generación. En este sentido, la iniciativa norteamericana destaca por haber sido capaz de reunir a los actores implicados, escucharlos, y crear herramientas sencillas que permiten que cualquier registre sus drones de manera rápida, sencilla y sin excesiva burocracia, al tiempo que se facilita una herramienta igualmente fácil para determinar si un vuelo atenta contra la seguridad o no. Pluralidad de enfoques – asegurarse de hablar no solo con quienes fabrican drones, los venden y los usan para jugar, sino también con quienes, por ejemplo, plantean utilizarlos en distribución o para otros usos – unidos a una notable practicidad y sensibilidad. Ante un fenómeno como este, que se populariza a la velocidad de los productos de consumo masivo y se convierte en un problema antes de que la justicia tenga tiempo a reaccionar, me parece un caso de legislación, como mínimo, interesante. Me encantaría ver a otros que legislan cuestiones igualmente novedosas relacionadas con la tecnología asesorarse y hacer las cosas de maneras mínimamente parecidas.

 

Internet surveillanceMi columna en El Español de hoy, titulada “El tuit que te deja fuera“,  propone una cierta reflexión en torno al tema de las redes sociales y la  vigilancia, al hilo de las recientes discusiones sobre si una mayor vigilancia en la red podría o no haber detenido a los autores de la masacre de San Bernardino.

¿Tiene sentido que un país te deniegue la entrada en función de algo que has dicho, por ejemplo, en Twitter? ¿Podemos encontrarnos con una visa denegada por culpa de algo que escribimos en Twitter, que podría incluso tener contenido irónico, ser un retuit de otra persona, o ser malinterpretado?

En esquemas anteriores, algunos gobiernos se han sentido autorizados a espiar la correspondencia personal de todos sus ciudadanos con la excusa de la seguridad. Frente a ello, que los Estados Unidos afirmen ahora que la frontera está en las comunicaciones personales y que estas únicamente serán vigiladas si existe una sospecha razonable supone toda una mejora de la situación, a pesar de que algunos aún piensen – erróneamente – que vigilarnos a todos realmente ayuda a prevenir el terrorismo, y sigan aplicando la enfermiza lógica del “si no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer“.

Como afirma ahora el propio Barack Obama, inspeccionar las redes sociales de un demandante de visado para entrar en un país es es algo que entra dentro de la lógica, y que puede hipotéticamente permitir la detección de determinados comportamientos peligrosos, síntomas de radicalización, etc. Hablamos de una información pública, y si la inspección de esa información permite detectar un posible peligro, parece razonable hacerlo, dentro de los límites de la lógica. Aplicar machine learning o network analysis a las redes sociales de una persona y su entorno puede ofrecer mucha información… ¿es lícito o lógico utilizarlo? ¿Dónde están las fronteras?