IMAGE: Believeinme33 - 123RFLa operadora telefónica norteamericana, AT&T anuncia su retirada de la firma de un acuerdo con Huawei que habría permitido la introducción de los dispositivos de la compañía china en el lucrativo mercado de los terminales vinculados a contratos, el segmento más importante del mercado a pesar del crecimiento de las ventas de terminales libres.

Según cifras de junio de 2017, el mercado de terminales libres en los Estados Unidos alcanzaba unos treinta millones de dispositivos, alrededor del 12.5% del mercado, y es fuertemente competitivo. La cifra resulta claramente insuficiente para las ambiciones de Huawei, el tercer competidor mundial en el segmento smartphone tras Samsung y Apple, que cuenta con una presencia significativa en numerosos países del mundo, pero que se mantiene en una posición completamente minoritaria en el mercado norteamericano precisamente debido a la falta de acuerdos con operadoras para lograr una introducción significativa de sus dispositivos.

La operadora norteamericana no ha dicho a qué se debe su decisión de cerrar la puerta a Huawei, pero la mayor parte de las fuentes lo achacan a posibles presiones procedentes de dos flancos: por un lado, el gobierno norteamericano, preocupado por un informe del Congreso fechado en el año 2012 que afirma que los dispositivos y equipos de Huawei y de otra empresa china, ZTE, suponen una amenaza para la seguridad nacional por la posibilidad de que sean utilizados en operaciones de espionaje. La marca china ha negado esa posibilidad, y ha afirmado que “han demostrado que son capaces de ofrecer dispositivos de alta calidad y con integridad tanto a nivel mundial como en el mercado de los Estados Unidos”. Huawei, además, es uno de los principales fabricantes del mundo de equipos de telecomunicaciones y tiene un posicionamiento especialmente sólido en redes 5G, en las que los operadores norteamericanos están invirtiendo fuertemente. Por otro lado, AT&T podría también haber recibido presiones de la industria tecnológica norteamericana, que ve en Huawei a un competidor formidable a todos los niveles y quieren mantenerla fuera del mercado, pero sin pasar por admitir su superioridad tecnológica. De hecho, en el segmento smartphone, hay numerosos análisis que comparan al Huawei Mate 10 Pro, el dispositivo de gama más alta de la marca china, con el iPhone X, y con resultados bastante divididos.

Precisamente ayer, en lo que iba a ser la presentación en sociedad en el CES del nuevo Mate 10 Pro, el CEO de la división de productos de consumo de Huawei, Richard Yu, mostró su desacuerdo con la decisión de AT&T y su malestar con las operadoras norteamericanas, y se tomó unos minutos sin guión ni teleprompter sobre una única imagen en la que se leía Something I Want to Share”, detallando cómo de malo para la compañía era que la privasen del acceso a ese canal, y cómo de negativo era para los consumidores no tener acceso a sus productos, hablando con total espontaneidad sobre sus veinticinco años de experiencia en la compañía y sobre cómo habían ido ganando la confianza de operadores, compañías y usuarios en todo el mundo. 

¿Responde la retirada de AT&T de las conversaciones con Huawei a una simple cuestión comercial, a un intento de proteger al mercado norteamericano de una industria china cada vez más competitiva? ¿O simplemente una manera de corresponder con reciprocidad a la manera habitual de hacer las cosas en China, país especialmente conocido por imponer restricciones y obligaciones a empresas extranjeras que las convierten en no competitivas en su territorio o las obligan a cumplir con requisitos que consideran inaceptables? Si el gobierno chino bloquea a toda aquella empresa extranjera que pretende acceder a su enorme mercado en todo tipo de ámbitos tecnológicos, sean motores de búsqueda, redes sociales, mensajerías instantáneas o cartografías digitales, ¿tiene sentido que otros países hagan lo mismo, bien de manera oficial o extraoficial, bien como política gubernamental establecida o como presiones a aquellas compañías que podrían funcionar como accesos al mercado? ¿Funcionará el ruido en torno a esta noticia como un incentivo para que los consumidores norteamericanos quieran hacerse con los dispositivos de una marca de la que sus operadoras pretenden privarles, o simplemente mantendrá su presencia relativamente marginal por no estar presente en los canales más utilizados por los usuarios? ¿Cuáles serán los efectos y las consecuencias para la industria tecnológica de unas políticas comerciales cada vez más proteccionistas? O mejor… ¿quién disparó primero?

 

Without net neutrality (IMAGE: ?)Así de simple: pon a un corrupto ex-lobbista de las compañías de telecomunicaciones a cargo de la FCC, propón eliminar las protecciones a la neutralidad de la red, sáltate el proceso de revisión de comentarios enviados por los ciudadanos, crea una maquinaria para enviar comentarios falsos de supuestos ciudadanos todos a favor de tus ideas… y se acabó. Te has cargado la verdadera esencia, lo fundamental que convirtió internet en lo que es.

Es un mal día para los que creemos en valores importantes: la administración más corrupta de los últimos tiempos en los Estados Unidos ha dado un puñetazo encima de la mesa, ha desoído las voces del 83% de norteamericanos y de todos los que son alguien en la red, incluido su creador, y ha decidido que los beneficios a corto plazo de las compañías de telecomunicaciones eran más importantes. No está todo perdido aún: existe la posibilidad de que el activismo ciudadano, muy activo, sea capaz de torcer la disciplina parlamentaria y que el trámite no pase la aprobación de la cámara. Después de todo, Pai ha hecho caso omiso a varios de los parlamentarios que reclamaban una investigación en el turbio asunto de los comentarios remitidos por personas inexistentes o incluso muertas a favor de acabar con la neutralidad de la red, presumiblemente enviados por compañías operando al dictado de las empresas de telecomunicaciones, y algunos de esos parlamentarios podrían decidir votar en contra si se desencadena una Congressional Review Act (CRA), en la que el escaso margen de mayoría que los republicanos tienen en la cámara podría llevar a que la reforma fuese rechazada.

En cualquier caso, eso es agarrarse a clavos ardiendo: nos pongamos como nos pongamos, estamos mucho peor que ayer. Desde fuera de los Estados Unidos, la sensación es la de ser testigos mudos de una batalla en la que no podemos intervenir, en la que sabemos que se juegan cosas importantes para nosotros, y en la que hemos sido durante demasiados años demasiado imbéciles y limitados como para intervenir.

¿Qué va a ocurrir si la reforma triunfa y es finalmente aprobada por congreso y senado? En principio, poca cosa. Las empresas de telecomunicaciones saben que no les interesa ningún escándalo más de los que ya han protagonizado. Durante un tiempo, simplemente se dejará de hablar del tema. Después, cuando el escándalo politico se dé por amortizado, empezaremos a ver ofertas, cada vez más agresivas, que incluirán aquellos servicios que los usuarios utilizan de manera más habitual. Una parte de esto ya lo estamos viendo, porque de hecho, era legal incluso en Europa: ofertas que excluyen el tráfico de WhatsApp, o el de Facebook, o el de otros servicios de la cuenta de ancho de banda disponible. Cada vez más, veremos tarifas “para la gente normal” que incluyen servicios populares, consecuencias de acuerdos de esas compañías con unas compañías de telecomunicaciones que ahora pueden “escoger ganadores” y marginar a los que no lo sean. Pocos se darán cuenta, pero la innovación en la red habrá oficialmente desaparecido como tal, porque las posibilidades de crear algo de manera independiente y de que crezca por su valía habrán desaparecido: sin un acuerdo con una operadora, no se podrá llegar a los usuarios, y se convertirá en normal que esas operadoras, si no quieren llegar a ningún acuerdo, se dediquen a crear sus propios servicios y a ofrecerlos gratuitamente para ahogar las posibilidades de las compañías que no estén bajo su control o incluidas en sus acuerdos.

Los grandes perjudicados no serán Netflix, ni Google, ni Facebook, ni Amazon… esos gigantes pueden, a día de hoy, pagar cualquier impuesto revolucionario que las operadoras les demanden. ¿Decidirá Verizon permitir a sus usuarios utilizar únicamente Yahoo!, cuyos restos mortales son ahora parte de su imperio? Parece poco probable, y sería bastante absurdo y contraproducente para sus propios intereses. Los verdaderos perjudicados seremos los usuarios y todo aquel que, por su tamaño o por principios, no pueda plantearse pagar porque su tráfico sea priorizado o incluido en las ofertas de las operadoras. Con el tiempo, veremos paquetes cada vez más específicos, más segmentados, pero en los que faltarán cosas. Cosas que cada vez serán más difíciles de encontrar, porque sencillamente, o no se podrá acceder, o tendrán una prioridad tan baja, que simplemente nos olvidaremos de que existían. Un futuro triste para lo que fue internet. Posiblemente encontraremos iniciativas interesantes para “reinventar” internet, pero serán eso, intentos de volver a lo que internet un día fue. Intentos de deshacer un error tremendo que nunca debió de producirse, que se produjo por culpa de la corrupción, de la incapacidad de la democracia para ser de verdad democracia.

Es aún demasiado pronto para saber si las cosas quedarán así, o si podrán arreglarse a corto o medio plazo. Pero una cosa es segura: con la caída de la neutralidad de la red se constata que la corrupción lo puede todo, que nunca podemos garantizar nada, que nada está a salvo de la voracidad de un político corrupto. Se constata que todo es mucho más triste de lo que podían pensar incluso los más pesimistas. Internet era un sueño de libertad, y los sueños de libertad duran lo que la triste y asquerosa condición humana se lo permite. Fue bonito mientras duró.

 

Electric cars Un nuevo estudio académico titulado Total cost of ownership and market share for hybrid and electric vehicles in the UK, US and Japan y publicado en Applied Energy establece que el coste total de propiedad de los vehículos eléctricos en el Reino Unido, los Estados Unidos y Japón para un ciclo medio de propiedad de cuatro años, es ya más barato que el de vehículos de combustibles fósiles de gasoil o gasolina de gama equivalente.

El resultado tiene en cuenta, además de factores como la depreciación, los impuestos, el mantenimiento, los seguros y el combustible o electricidad, a la aplicación de subsidios gubernamentales designados para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos en función de objetivos medioambientales. Sin embargo, se espera que en unos pocos años, ese coste de propiedad sea igualmente más reducido que el de los vehículos de gasolina o gasoil sin necesidad de tener en cuenta esos subsidios, que corresponden aproximadamente a unos 5,600 euros en el Reino Unido y Japón, y a unos 7,300 euros en los Estados Unidos.

El liderazgo del mercado, no obstante, corresponde con gran diferencia a China, país en el que la preocupación por las cuestiones medioambientales ha crecido enormemente como consecuencia de la situación preocupante en varias ciudades. En el Reino Unido, a pesar de que los niveles de toxicidad del aire por óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o partículas se sitúa en niveles claramente ilegales en numerosas ciudades, el número de vehículos eléctricos puros es de tan solo unos 120,000 sobre un parque total de unos 32 millones de automóviles. Sin embargo, con el ritmo actual de caída de las ventas de vehículos diesel (-30%) y el fuerte crecimiento (37%) de las de vehículos eléctricos, las ventas de eléctricos pasarían a superar las de los diesel en torno a mayo de 2019, dentro de tan solo unos 18 meses, cumpliendo las predicciones de Tony Seba. Las fuertes inversiones en infraestructuras de carga, además, son un elemento más a la hora de reducir las objeciones que se plantean muchos propietarios, a pesar de estar demostrado que incluso sin ellas y simplemente recargando en el domicilio, la autonomía de los vehículos eléctricos es ya, según investigaciones del MIT, suficiente como para cubrir el 87% de las necesidades del usuario medio, y en 2025 lo será para el 99%.

La situación en los países citados contrasta con la cerril actitud de las asociaciones de fabricantes (ANFAC), de proveedores de automoción (SERNAUTO) y de los sindicatos CCOO y UGT, que en una carta remitida al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal el pasado 19 de septiembre pedían que se ralentizase la transición al coche eléctrico en nuestro país, con el truco de solicitar que el Plan de Movilidad Eficiente 2017 no sólo cubra a coches eléctricos, híbridos y puntos de carga, sino también a aquellos vehículos de combustión que cumplan la normativa de contaminación Euro 6. Una actitud completamente impresentable y cortoplacista que juega con la salud de todos, que recuerda poderosamente a las formas de la industria del tabaco, que convierte en un chiste cualquier intento de ejercer la responsabilidad social corporativa, y que pone de manifiesto las trampas que la industria se hace a sí misma apostando por una tecnología anticuada y peligrosa que debería, en realidad, evolucionar hacia su prohibición. Los vehículos híbridos son la forma en la que la industria engaña al mercado: su producción y operación es, en muchos casos más perjudicial para el medio ambiente que sus equivalentes de combustibles fósiles, pero mediante el marketing adecuado, permiten que la industria aspire a limpiar su imagen.

El vehículo eléctrico, junto con el de pila de hidrógeno, ha llegado ya a un nivel de madurez suficiente como para que nos planteemos pasar de una simple actitud de incentivar fiscalmente su adquisición a una de penalizar claramente la de los vehículos de combustibles fósiles, y desincentivar su uso con mayores impuestos, con mayores restricciones y, por ejemplo, dificultando su acceso a un número creciente de zonas de las ciudades. Si la dejamos sola, la industria automovilística se plantea seguir produciendo vehículos de gasoil y gasolina hasta el año 2040, algo completamente irracional y que habría que impedir de todas las maneras posibles, y se apalanca para ello en la fuerza de su lobby ante los gobiernos derivada de una capacidad de generación de empleo que, en caso de ser obligadas a reconvertirse, no tendría por qué disminuir. ¿Hay alguien con la suficiente altura de miras en política como para, en lugar de cuadrarse ante la industria del automóvil, meterla en cintura de verdad y sin titubear? ¿Cuántos problemas medioambientales y cuantos episodios de alta contaminación es preciso que tengamos para que los gobiernos se decidan a actuar de manera responsable?

 

 

 

This post is also available in English in my Medium page, “In case you didn’t know it, electric vehicles are now cheaper to own and run than petrol or diesel” 

 

Comcast on Twitter (November 2017)El plan presentado por Ajit Pai, anteriormente abogado de Verizon y ahora director de la Federal Communications Commission (FCC) norteamericana, para acabar con la neutralidad de la red y con internet tal y como lo conocemos ha despejado todas las dudas que en algún momento pudimos tener sobre las intenciones del personaje: no era malo, era infinitamente peor. El director de la FCC sabe claramente a quién sirve, y está dispuesto a hacerlo por encima de quien sea y de lo que sea.

Marimar Jiménez escribe un artículo en Cinco Días titulado “La Administración Trump presenta su plan para acabar con la neutralidad de la red” y me cita hablando de un tema que considero brutalmente importante, sobre el que he escrito decenas de artículos y que incluso me llevó en ocasiones a la actualidad política: la neutralidad de la red define internet como lo que es, supone la principal característica que lo hace posible, y resulta fundamental a la hora de definir su futuro. Lo fundamental que define a internet es que ha sido desde sus inicios un lugar en el que las buenas ideas podían prosperar, con independencia de quien estuviese detrás de ellas,  en el que un clic es igual a otro clic, un bit es igual a otro bit, y llega siempre a su destino a la velocidad que un usuario tenga contratada, sin que nadie pueda interponerse negociando acuerdos preferentes que privilegien a unos o penalicen a otros. Sí, existen posibilidades técnicas para mejorar las transmisiones, se puede trabajar la latencia, se pueden hacer acuerdos de peering, pero están disponibles para todo aquel que los quiera hacer, no son parte de una negociación que elige ganadores y perdedores. 

¿Qué cambiará en internet si las leyes que protegen la neutralidad de la red son eliminadas? El tweet de ayer de Comcast con el que ilustro la entrada, en el que afirman que nunca bloquearán o restringirán el tráfico de nadie, asume que todos somos completamente idiotas: es precisamente esa y no otra la razón por la que pretenden eliminar la neutralidad de la red, para ser capaces de generar más ingresos vendiendo accesos privilegiados y canales más rápidos a quienes los puedan pagar, como de hecho ya hacen con sus acuerdos de zero-rating. La credibilidad de una empresa de telecomunicaciones hoy en día es absolutamente nula en ese sentido. Nunca, bajo ningún concepto, debemos confiar en alguien que nos dice que “será bueno y se portará bien”. La pretensión de que la protección de la neutralidad de la red es de alguna manera “artificial”, “catastrofista” o “contra las leyes de mercado” no es más que una excusa para, una vez que internet se ha convertido en algo tan importante como lo que es hoy, ponerlo bajo control y convertirlo en un canal similar a la televisión por cable, en donde alguien reparte los canales y las licencias de emisión. De hecho, no es casual que sea precisamente la administración Trump la que se obsesione con poner internet bajo control.

Proteger la neutralidad de la red es un elemento fundamental para proteger la innovación, la capacidad de internet para generar y desarrollar nuevas ideas ideas en función de su genuino valor, y no de los acuerdos comerciales que sean capaces de cerrar para llevar su tráfico a los usuarios. Sin neutralidad de la red, veremos de todo: internet en paquetes tasados en función de su uso, operadoras capaces de decidir qué competidores triunfan y cuáles no lo hacen, o con la posibilidad de crear sus propios servicios y privilegiarlos frente a los de terceros.

No lo olvidemos: los usuarios tenemos derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, modificado, bloqueado, desviado, priorizado o retrasado, en función del tipo de contenido, del protocolo, la aplicación utilizada, del origen o del destino de la comunicación, ni de cualquiera otra consideración ajena a su propia voluntad. Ese tráfico debe tratarse como privado y por lo tanto, secreto y solamente deberá poder ser secuestrado, espiado, trazado, archivado, o analizado en su contenido ni trayectoria, bajo mandato y tutela judicial, no pudiendo en ningún caso ser sometido a la censura previa o al secuestro administrativo de los contenidos, al igual que ocurre con cualquier otra correspondencia o comunicación privada. Negar este principio es negar internet.

Pero lo peor de este intento de acabar con la neutralidad de la red no es siquiera el intento en sí, sino la burda manera de hacerlo, el enorme desprecio a los miles de mensajes enviados por ciudadanos argumentando su importancia, o la manipulación de las leyes en función de intereses empresariales o políticos. El mayor problema de la neutralidad de la red es que además de su enorme importancia de cara al futuro, retrata una situación en la que se convierte en un síntoma, en el indicador de hasta qué punto la democracia está enferma. Los países más poderosos del mundo son o directamente no democráticos como China, o tienen democracias de juguete completamente manipuladas como Rusia, o están en manos de gobiernos populistas capaces de plantear cualquier cosa y de pasar por encima de lo que sea, como ahora demuestran los Estados Unidos de Donald Trump. Si la neutralidad de la red cae, caerá con ella una gran parte de las posibilidades de que internet sea un vehículo de cambio, una fuerza capaz de renovar la sociedad.

 

IMAGE: Rawpixel - 123RFEl Congreso de los Estados Unidos, al hilo de las investigaciones sobre la ya probada influencia rusa sobre la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, anuncia medidas para controla las acciones publicitarias de las campañas electorales en el entorno digital, para tratar de ponerlas al mismo nivel de transparencia que poseen las acciones en otros canales tradicionales como radio, televisión o exterior: las plataformas publicitarias en la red deberán mantener una base de datos públicamente accesible con copias de todos los anuncios con contenido político que hayan publicado, qué criterios de segmentación utilizaron, quién los pagó y cuánto pagó por ellos.

Hasta el momento, los anuncios electorales en plataformas como Facebook recibían el mismo nivel de control que las acciones pequeñas como repartos de chapas, bolígrafos u objetos promocionales en los que no se consideraba adecuado añadir una nota con la información correspondiente, lo que en parte dio lugar a la entrada de actores que, amparados por esa falta de control, trataron, aparentemente con buenos resultados, de sesgar e influenciar los resultados de la campaña.

Hasta aquí, todo bien: que cualquiera que invierta más de quinientos dólares en un año en propaganda electoral en la red tenga que pasar por un nivel de control y figurar en una base de datos, algo que ya era obligatorio hacer si esa cantidad la invertía en carteles o en anuncios en radio o televisión, es algo que tiene bastante lógica. En un mundo en el que las campañas tienden cada vez más a utilizar el canal online por sus interesantes características de capacidad de segmentación y medición, interactividad, etc., lo lógico parece homologar el nivel de control y transparencia del canal online con el que ya existía en otros canales. Ahora bien… ¿suponen estas medidas la solución del problema?

Si alguien cree que ese nivel de control soluciona la posible injerencia de intereses extranjeros sobre las elecciones de un país, me temo que pecaría de una enorme ingenuidad. Las medidas, aunque positivas, no pueden evitar el problema, porque dejan fuera todas las acciones que no sean estrictamente propaganda electoral, sino de otro tipo: la creación de perfiles falsos, las acciones de participación y astroturfing en foros de todo tipo, la difusión de artículos y noticias con contenido político, etc. Según la información que Facebook, Google o Twitter están facilitando al fiscal especial que evalúa el caso, todo indica que el grueso de las acciones financiadas con dinero ruso no estuvieron únicamente destinadas a la inserción de anuncios, sino en muchos casos a la creación de acciones falsas, de perfiles inventados y de páginas supuestamente activistas que no hacían propaganda como tal, sino que llamaban la atención, difundían noticias y promovían la discusión en determinados temas.

Rusia, tras practicar en varias campañas en diversos países, parece haber encontrado la clave sobre cómo hackear unas elecciones: identificar los asuntos que más polarizan a los votantes y a la opinión pública, y crear perfiles, páginas y cuentas falsas dedicadas a elevar la tension de las discusiones al respecto. El racismo o el supremacismo blanco, por ejemplo, aunque obviamente nunca ha dejado de ser un problema en los Estados Unidos, hacía mucho tiempo que no entraba en la agenda política, y mucho más al nivel que lo hizo en esta campaña: según las investigaciones, algunas de las páginas y cuentas de Facebook o Twitter que más contribuyeron a estas discusiones, incluyendo supuestos activistas negros o páginas con exaltación del nazismo destinadas a sembrar división en el electorado, fueron creadas por intereses rusos y no tienen detrás a norteamericanos de carne y hueso: su única función era polarizar la campaña y elevar el tono para hacerlo más agrio. Auténtico ciberpopulismo: poner temas en la agenda y en la discusión política para movilizar a una parte del electorado y sesgar su voto hacia una opción determinada.

¿Pueden evitarse este tipo de acciones de interferencia electoral? Posiblemente, pero la respuesta va a tener que ser más coordinada y compleja que simplemente dotar a la propaganda electoral en la red de un nivel mayor de transparencia, porque el éxito de este tipo de acciones se basa precisamente en simular que no son propaganda electoral, que todos automáticamente descontamos, sino supuestas preocupaciones y acciones genuinas de parte del electorado. Una intromisión a todas luces ilegítima en la democracia, que debería ser adecuadamente corregida, porque responde, potencialmente, a intereses muy distintos a los de los ciudadanos y votantes. Cada uno es dueño de dejarse influenciar por lo que quiera y de votar a lo que estime oportuno, pero al menos, debería tener información completa sobre si el foro que le está influenciando o el usuario hiperactivista o incendiario que le lleva a cambiar el sentido de su voto o le decide a acudir a votar es real, es otro ciudadano como él, o es una tramoya cuidadosamente orquestada por un gobierno extranjero o por algún otro tipo de interés no necesariamente legítimo. Imagínalo en cualquier proceso electoral reciente: era la página de Facebook o la cuenta de Twitter que seguías y que llegó a influenciar tu voto o decidir tu participación el reflejo de un grupo de ciudadanos preocupados y dispuestos a movilizarse por esos temas, o era todo un teatro con perfiles falsos y financiado con fondos de un gobierno extranjero?

Llegar a un nivel de control de ese tipo, poder asegurar que aquellas plataformas que puedan influir en el voto de los ciudadanos tienen detrás intereses legítimos, parece una tarea sumamente compleja. Pero mientras tanto, no habrá ningunas elecciones, en ningún país, que puedan librarse de la sospecha de estar condicionadas por un gobierno que parece haberse especializado en este tipo de tácticas de manipulación, que parece haber aprendido y perfeccionado la técnica de apalancar los recursos de la red para manipular la democracia. Si alguien pensó que la democracia permanecería inmune a la influencia de lo digital, que vaya perdiendo la inocencia y la ingenuidad.