IMAGE: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock ImagesUna compañía es un ente relativamente abstracto, formado por una amalgama de individuos diversos, y con un fin último que, en la mayoría de los casos, tiende a identificarse con un parámetro económico, con una frase del tipo “generar valor a los accionistas”. A lo largo de la historia, han sido muchas las compañías que, de una manera u otra, han demostrado supeditar claramente esa máxima de los beneficios a prácticamente cualquier otro concepto, desde IBM en la década de los ’30 y su colaboración con el régimen nazi para el holocausto, hasta, más recientemente, el envenenamiento sistemático e irresponsable del planeta por parte de Volkswagen. Si nos atenemos a los hechos, todo indica que lo más parecido a algo que podríamos calificar como “ética corporativa” es ese concepto denominado responsabilidad social corporativa, que en demasiados casos ha demostrado clara y tristemente ser poco más que una herramienta propagandística para justificar unas pocas frases grandilocuentes en una memoria anual.

Sin embargo, frente a la ética (o falta de ética) corporativa, está la ética de los empleados y su capacidad para organizarse. En la economía actual, los empleados, cada vez más, se convierten en una fuerza importante a la hora de corregir acciones emprendidas por sus empresas si, por la razón que sea, las juzgan inaceptables. Así, hemos podido ver recientemente el caso de Google frente al Proyecto Maven del Departamento de Defensa: un contrato indudablemente lucrativo para la compañía, en el que participan además muchas otras compañías tecnológicas – que en su gran mayoría no han dicho ni esta boca es mía – y que tiene como fin el desarrollo de algoritmos destinados a reconocer imágenes tomadas por drones en el campo de batalla, imágenes de personas cuyo destino es bien conocido por cualquiera con un mínimo de inteligencia y escrúpulos. La resistencia a la colaboración de la compañía en el proyecto comenzó con algunas dimisiones, continuó con una carta firmada por miles de empleados, y terminó con la no renovación del contrato con el Departamento de Defensa, así como con la publicación de unos principios éticos que pretenden marcar la actuación de la compañía con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. 

Ahora, el turno le toca a Microsoft: la compañía que el pasado enero se mostraba “orgullosa de colaborar con la Immigration and Customs Enforcement (ICE)“, se ha encontrado, tras la fortísima polémica desencadenada en torno a la demencial práctica de esta agencia, bajo la disfuncional administración Trump, de separar a las familias demandantes de asilo de sus hijos en la frontera e internar a esos niños, solos, en centros de custodia. Las protestas en torno a esta salvaje práctica no se han hecho esperar, y obviamente, han sido secundadas por algunas compañías tecnológicas y por empleados de Microsoft, que han comenzado protestas a través de Twitter y han puesto a la compañía en una situación obviamente complicada. Ante el alboroto y las protestas, la compañía intentó primero eliminar la entrada del blog corporativo en la que hablaba de su colaboración con ICE, y posteriormente ha decidido, ante las amenazas de dimisiones entre sus empleados y las llamadas al boicot, publicar una declaración en la que se manifiesta “consternada por la separación forzada de familias inmigrantes en la frontera“. En sucesivas aclaraciones, la compañía ha afirmado que

“… queremos ser claros: Microsoft no está trabajando con el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos o Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en proyectos relacionados con la separación de niños de sus familias en la frontera, y contrariamente a algunas especulaciones, no somos conscientes de que los servicios de Azure estén siendo utilizados para este fin. Como compañía, Microsoft está consternada por la separación forzada de niños de sus familias en la frontera. La unificación familiar ha sido un principio fundamental de la política y la ley estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Como compañía, Microsoft ha trabajado durante más de veinte años para combinar la tecnología con el estado de derecho para garantizar que los niños refugiados e inmigrantes puedan permanecer con sus padres. Necesitamos continuar construyendo sobre esta noble tradición, en lugar de cambiar el rumbo ahora. Instamos a la Administración a cambiar su política, y al Congreso a aprobar legislación que garantice que los niños no estén separados de sus familias.”

Una declaración que deja en un vago “no somos conscientes de ello” el si las herramientas de la compañía son utilizadas o no por ICE, y que podría no ser suficiente para apaciguar las protestas, que podrían pedir la suspensión completa del contrato con la agencia hasta que la práctica sea eliminada.

En cualquier caso, dos casos que vienen a dejar una cosa cada vez más clara: si no estás de acuerdo con las prácticas de tu compañía, si te parecen éticamente reprobables, no estás obligado a colaborar con ellas, y deberías hacer caso a tu conciencia, oponerte y protestar. Pero una cosa es protestar, una acción que podría costarte el puesto de trabajo, en una empresa norteamericana, en un mercado de trabajo expansivo y con múltiples opciones, y en puestos en los que, en muchos casos, basta con ponerse en ese mercado para obtener otro puesto en otra compañía, y otra es hacerlo cuando no te consta que otros vayan a secundarte, cuando estás en un país con un mercado de trabajo complicado o con un índice de paro elevado, o cuando tu puesto no te garantiza un movimiento fácil a otra compañía. Los mercados de oferta y los de demanda, en este sentido, es previsible que no funcionen igual.

¿Tiene un precio la ética? ¿Solo puede comportarse éticamente aquel que puede permitírselo? Obviamente no debería ser así, y que empleados de algunas compañías norteamericanas empiecen a sentar precedente en este sentido es algo que podría llegar a tener un valor en el futuro. Al menos, si las compañías no hacen gala de un comportamiento ético por sí mismas, podremos contar con la ética de sus empleados para ponerlas en situaciones en las que, por las buenas o por las malas, tengan que cumplir con unos principios y con la sociedad en su conjunto. Que este tipo de comportamientos se generalizasen a otros países y otras compañías sería de lo más deseable, por el bien de todos. Pero sencillo, sin duda, no va ser.

 

IMAGE: Peter Lomas - CC0 Creative CommonsCon la rápida mejora de la tecnología de cámaras, del ancho de banda disponible para la transmisión y, sobre todo, de los algoritmos de reconocimiento de imágenes, la presencia de cámaras en todos los rincones de las ciudades se está normalizando cada vez más: combinada con los satélites y con las señales de los smartphones que llevamos en todo momento en el bolsillo, convierten el entorno en que vivimos en un escenario de vigilancia permanente.

Lo que inicialmente fue un modo de vigilar lugares concretos en los que podía cometerse delitos de manera recurrente, como bancos, hoy ha evolucionado para convertirse en enormes redes de vigilancia coordinada capaces de controlar la totalidad de nuestro recorrido por la ciudad, incluyendo cámaras en fachadas de domicilios particulares dotadas de algoritmos capaces de diferenciar personas de animales o cosas, o identificar caras concretas.

La tendencia, sin duda, puede observarse en su plenitud en muchas ciudades en China, convertida en el auténtico estado de la vigilancia total: más de 170 millones de cámaras exteriores están ya en uso, y se calcula que 400 millones más van a ser instaladas a lo largo de los próximos tres años, unidas a sistemas de cámaras portátiles en gafas utilizadas por la policía capaces de identificar a las personas que tengan delante. Obviamente, el control de semejante cantidad de cámaras no puede ser llevado a cabo manualmente, sino utilizando algoritmos capaces de reconocer personas y practicar seguimientos en función de criterios establecidos, algoritmos que se desarrollan para todo tipo de funciones como el control de las operaciones de una tienda, pero que terminan siendo ofrecidos a la policía.

¿Nos asusta la popularización y difusión de perspectivas como la de China? La evolución de China no termina en sus calles: la vigilancia se está adentrando ya en las escuelas, en las que las cámaras vigilan la actitud de los estudiantes, su nivel de atención o sus movimientos durante las clases, y llega incluso, en algunos casos como los militares, las cadenas de montaje o los conductores de trenes, a la monitorización de su actividad cerebral. La vigilancia constante, completamente normalizada y convertida en una característica de la vida de los ciudadanos, obligados a aceptar que están siendo observados en cada uno de los momentos de sus vidas, por algoritmos que capturan no solo sus desplazamientos, sino las personas con las que hablan o con las que se ven habitualmente. Algoritmos capaces de reconocer una pelea, un abrazo, un gesto, que unidos a los sistemas de calificación social, dan lugar a un sistema capaz de clasificar a los ciudadanos en función de su afinidad política, o incluso capaz de aislar a potenciales disidentes haciendo que el crédito social de aquellas personas con las que hablan descienda por el hecho de relacionarse con ellas.

Pero esa China convertida en escaparate de tendencias no es el único escenario de la vigilancia: en Newark, las cámaras instaladas en toda la ciudad ya no solo son utilizadas por la policía, sino que ha sido abiertas a cualquiera con una conexión a la red. Cualquiera puede conectarse y utilizar esas cámaras para controlar una zona, a una persona, o simplemente para curiosear, ver el tráfico o el ambiente. Un movimiento planteado para incrementar la transparencia, pero que ha generado alarmas por su posible uso por parte de acosadores o incluso ladrones, capaces ahora de controlar la actividad en una vivienda determinada desde la comodidad de sus casas. Países democráticos como el Reino Unido manifiestan también tendencias hacia el control total y dictan leyes de vigilancia extrema con la oposición de Naciones Unidas, de grupos de defensa de los derechos ciudadanos y activistas de la privacidad y de empresas tecnológicas, leyes que son posteriormente declaradas parcialmente ilegales, pero que claramente marcan una tendencia. En Barcelona, un movimiento encabezado desde el ayuntamiento pretende tomar control de los datos generados por las infraestructuras de la ciudad y pasar “de un modelo de capitalismo de vigilancia, donde los datos son opacos y no transparentes, a otro en el que los propios ciudadanos puedan tomar posesión de sus datos”, algo que afecta a la explotación de los datos de consumos, contaminación, ruido, etc., pero excluye el uso por motivos de seguridad o vigilancia.

Otro modelo relacionado con el uso de los datos es el de compañías privadas como la Palantir de Peter Thiel, capaces de acceder a enormes cantidades de datos y construir detalladísimos perfiles a partir de comportamientos tanto online como offline, o sospechosos habitualmente mencionados como Facebook, sobre cuyas actividades se han escrito infinidad de artículos. Frente a modelos distópicos como el de China o enfocados en la vigilancia obsesiva, como los que están surgiendo en países como Suecia derivados de las posibles amenazas terroristas, surgen grupos de asociaciones activistas generalmente norteamericanas como ACLU o la EFF, con campañas que intentan concienciar a la población sobre los excesos de una vigilancia o trazar estrategias para desmantelarla, o para convencer a una ciudadanía preocupada por su seguridad de que la vigilancia masiva no funciona ni funcionará nunca como arma para combatir el terrorismo.  Simplemente unas pocas asociaciones civiles, que obtienen sus fondos a través de campañas de donaciones públicas, contra una tendencia masiva a nivel internacional que llena de cámaras nuestras ciudades y utiliza algoritmos para reconocernos, seguir nuestros hábitos, ver por dónde nos movemos y qué hacemos habitualmente en nuestro día a día. Entender que la idea de “si no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer” es errónea, y debe ser sustituida en el imaginario colectivo por ideas más progresistas, más lógicas y que toleren el activismo, la voluntad de cambio o la protesta pacífica.

¿Es la transición hacia una sociedad en permanente vigilancia una transición inevitable? ¿Nos dirigimos indefectiblemente hacia un modelo orwelliano, hacia escenarios distópicos en los que todo lo que hacemos, todas nuestras actividades están permanentemente monitorizadas? ¿Dependemos únicamente de unas pocas asociaciones civiles para intentar detener esta evolución? ¿Estamos obligados a imaginar la sociedad del futuro como un escenario en el que todo lo que hagamos sea constante objeto de vigilancia? ¿Hay alternativas?

 

IMAGE: Der TagesspiegelEn julio del pasado año, a raíz de una demanda del Knight First Amendment Institute contra Donald Trump por bloquear a numerosos ciudadanos en su cuenta de Twitter, nos preguntábamos si un presidente podía, en efecto, llevar a cabo esa acción de exclusión cuando había convertido su cuenta personal en un un foro público y una voz oficial del presidente, utilizada para discutir asuntos importantes para los ciudadanos. Si interpretamos que, como todo parecía indicarlo, ese uso era efectivamente así, los ciudadanos no deberían poder ser excluidos de él a pesar de haber expresado previamente su desacuerdo, puesto que el bloqueo podría ser interpretado como una forma de eliminar voces críticas con la gestión del presidente, y por tanto, una amenaza a la libertad de expresión.

Ayer, una juez norteamericana, Naomi Reice Buchwald, dictaminó, efectivamente, que el presidente de los Estados Unidos no puede bloquear a ciudadanos en su cuenta de Twitter. Tras un riguroso estudio de lo que conlleva el hecho de bloquear en Twitter, la juez afirmó que el presidente estaría en su derecho de silenciar a sus críticos si lo desea, lo que evitaría que viese sus respuestas, pero no puede bloquearlos, dado que esa acción no solo impide que vean sus actualizaciones (un impedimento relativo, dado que basta con entrar en Twitter sin hacer login para evitarlo), sino también, que puedan referirse a él utilizando su cuenta en sus actualizaciones.

¿Qué va a ocurrir ahora? Presumiblemente, nada. Lo más probable es que el presidente apele a instancias superiores y se limite a ignorar la sentencia, como de hecho ya hace con su propio servicio de seguridad cuando le solicita que le permita inspeccionar su smartphone – precisamente el que utiliza para escribir en Twitter – para intentar garantizar la seguridad del dispositivo. Lo que estamos viendo es, ni más ni menos, que las consecuencias de elegir para uno de los cargos más importantes y con más responsabilidad del mundo a un político con la mentalidad de un auténtico niño, un matón de colegio completamente irresponsable, caprichoso, malcriado e iletrado, capaz de jugar incluso con la idea de apretar el botón nuclear. Lo más adecuado que he visto sobre él es esta propuesta para reproducir sus actualizaciones de Twitter en letra de niño pequeño escrita con un lápiz rojo.

En efecto, hablamos de un presidente que genera pérdidas millonarias a compañías con decisiones tomadas sin ningún tipo de justificación seria, que presiona al servicio nacional de correos para que le suba las tarifas a las compañías que le caen mal, o que se acuesta con quien se le encapricha y paga después para que no digan nada. Su uso de las redes sociales no es más que un síntoma más de una tremenda disfuncionalidad. Definitivamente, lo menos presidencial y presidenciable que los Estados Unidos han podido ver o imaginar en toda su historia, un permanente y gravísimo daño inflingido por el populismo a la democracia y, sin duda, un descrédito enorme para su país a todos los niveles.

 

IMAGE: Marco Roesler - CC0 Creative CommonsAmazon anuncia una promoción de un 10% en el precio de una serie de productos exclusiva para los miembros de Amazon Prime en los supermercados Whole Foods, materializando con ello una sinergia sumamente interesante: en distribución, históricamente, eran las grandes compañías con presencia fuerte en el mercado offline las que intentaban atraer usuarios o atención a sus incipientes iniciativas online. En este caso, la circunstancia  tiene lugar completamente al revés: es la primera empresa por facturación entre las llamadas “compañías de internet” y la tercera empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil, la que decide apalancar esa fortísima presencia en la red para promocionar y atraer clientes a su iniciativa de supermercados físicos, una cadena considerada habitualmente de posicionamiento alto en precios, cuyo atractivo intenta promover ante segmentos de clientes más masivos.

La promoción tiene interés por otro aspecto interesante: la enorme potencia de fuego que la compañía está obteniendo con el uso de Amazon Prime, para muchos la verdadera esencia de su ventaja competitiva. Las estadísticas de crecimiento de Amazon Prime son sencillamente impresionantes: el 51% de los hogares norteamericanos estarán suscritos a Amazon Prime, frente al 45% de 2017. A pesar del reciente incremento de precio desde los $99 a los $119, Amazon Prime, que incluye, además de envíos gratuitos para la mayoría de las compras, tarifas planas para una amplia variedad de libros, para música y para contenidos de televisión, sigue siendo visto por sus usuarios como un buen negocio. En el segmento de poder adquisitivo más elevado, con ingresos por encima de los $150,000, la popularidad de Amazon Primer está por encima del 70%, con un detalle adicional: según Morgan Stanley, los suscriptores de Amazon Prime gastan como media unos $2,486 anuales, casi 4.6 veces más, que los aproximadamente $544 que gastan como media los no suscriptores, una diferencia que no hace más que incrementarse a medida que pasa el tiempo. Para los usuarios de comercio electrónico en los Estados Unidos suscritos a Amazon Prime, resulta muy difícil pensar en adquirir algo que no venga a través de Amazon: la tienda tiene de todo, el envío es gratuito en prácticamente todos los casos, las posibles devoluciones también lo son… todo crecimiento, por tanto, que Amazon consiga en la cifra de suscriptores a Amazon Prime es, en realidad, un gran negocio para la compañía, que además de crecer en cuota de mercado, crece también de manera apreciable en cuota de cliente. En los Estados Unidos, esa cifra de suscriptores era ya, en septiembre del pasado 2017, de 90 millones de clientes, frente a 63 millones en junio de 2016 o 25 millones en diciembre de 2013, un crecimiento del 29.2% sostenido a lo largo de los últimos cinco años. A nivel internacional, con una distribución de la oferta y de los precios algo más heterogénea, ese crecimiento ha sido del 56% entre 2016 y 2018.

¿Qué pasa cuando esas ventajas de pertenecer al club de Amazon se suplementan con promociones en la red de tiendas físicas, y además, en una cadena de supermercados con reputación de cara y exclusiva como es Whole Foods? Una rebaja del 10% pouede parecer poca cosa, pero en los estrechos márgenes habitualmente manejados por la gran distribución, puede llegar a marcar una importante diferencia en percepciones. El efecto, por tanto, podría ser doble: por un lado, muchos usuarios potenciales que podían ver los establecimientos de la cadena como excesivamente caros o aspiracionales pueden verse atraídos por esas promociones y plantearse pagar por entrar en el club. Por otro, usuarios que ya pagaban por esa pertenencia, pueden verse ahora atraídos a la red de tiendas físicas, incrementando igualmente su gasto en la compañía. De una u otra manera, negocio creciente gracias a una ventaja construida en la red, pero ahora explotada también fuera de ella.

Si trabajas en distribución, plantéatelo: la popularidad y el éxito de tus servicios en la red ya no es simplemente algo que “está bien tener”, un “añadido” o un “complemento” a tu actividad principal en tus tiendas físicas: pueden llegar a ser armas muy importantes de cara a tu competitividad fuera de la red. Si no desarrollas tus competencias online adecuadamente, alguien puede venir y ofrecer una propuesta de valor mejor que la tuya incluso en el que era tradicionalmente tu dominio, el comercio offline. Amazon ha logrado darle la vuela a una ecuación que muchos consideraban inamovible, y con ello, podría cambiar las principales premisas del negocio. Habrá que estar atentos.

 

T-mobile and Sprint logosAyer día 29 se anunció el acuerdo final entre dos operadoras que operan en los Estados Unidos, T-Mobile y Sprint, para lo que han llamado una fusión empresarial, una operación de 26,000 millones de dólares que reducirá en gran medida las opciones a los consumidores norteamericanos, que ya de por sí se encontraban en una situación de muy escasa o nula elección. El resultado de la supuesta “fusión” es que Sprint desaparece, que la compañía resultante seguirá operando bajo el nombre de T-Mobile, y que estará dirigida por los que anteriormente eran el CEO y el COO también de T-Mobile, el mítico John Legere y Mike Sievert. El anterior CEO de Sprint, Marcelo Claure, y el CEO de su propietaria mayoritaria, la japonesa Softbank, Masayoshi Son, mantendrán puestos en el Consejo de Administración. 

La idea de una fusión entre T-Mobile y Sprint había fracasado anteriormente debido precisamente a la oposición de la administración Obama, que la consideraba una muy mala idea. Fundamentalmente, la fusión dejaría la parte baja del mercado, las tarifas más baratas, el prepago, etc. en manos de una sola compañía, que pasaría a poder gestionarlo a su antojo sin excesiva presión competitiva – precisamente la razón que suele esgrimirse para desalentar operaciones de ese tipo. Sin embargo, las conversaciones han vuelto a tener lugar y, en esta ocasión, bajo la que es sin ninguna duda la administración más corrupta de la historia reciente de los Estados Unidos, es más que posible que fructifiquen. En primer lugar, por la presencia al mando de la Federal Communications Commission (FCC) de un lobbista de la industria de las telecomunicaciones, Ajit Pai, que viene a suponer la misma connotación que poner a un zorro a cuidar de un gallinero: ni la más mínima consideración por los usuarios o por el progreso, sino únicamente por los beneficios de las compañías para las que trabajaba antes de llegar a su puesto. En segundo, por lo profundamente primario del razonamiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que basta con empaquetarle la operación con las ideas que él quiere oír, las mismas que se harta de repetir en su discurso populista, para que la operación prosiga sin oposición.

¿Qué le han dicho a Donald Trump para que la fusión se pueda llevar a cabo? Simplemente, que es “buena para América”. Que supuestamente creará puestos de trabajo – muy poco probable, cuando todo aquel que haya trabajado en fusiones y adquisiciones sabe que tienden a caracterizarse por la eliminación rápida de todas las estructuras redundantes – y que tendrá un gran efecto en la carrera que el país mantiene con China por el progreso en el desarrollo de las redes 5G, algo que también es, en muchos sentidos, un auténtico brindis al sol. El cada vez mayor enfrentamiento entre los Estados Unidos y China está determinando que las compañías de este país, muchas de ellas en la verdadera vanguardia de la investigación en telecomunicaciones por desarrollos y por número de patentes, estén viéndose en la necesidad de adoptar un plan B para la eventualidad de que las sanciones les obliguen a ser autosuficientes.

La operación que implica a T-Mobile y Sprint es una prueba clara de los tiempos que corren: una administración corrupta, lobbistas a cargo de la regulación, y un presidente infantil, al que lo único que hay que hacer para conseguir que apruebe algo es bailarle el agua y decirle lo que quiere oír. Triste panorama.