IMAGE: Peter Lomas - CC0 Creative CommonsCon la rápida mejora de la tecnología de cámaras, del ancho de banda disponible para la transmisión y, sobre todo, de los algoritmos de reconocimiento de imágenes, la presencia de cámaras en todos los rincones de las ciudades se está normalizando cada vez más: combinada con los satélites y con las señales de los smartphones que llevamos en todo momento en el bolsillo, convierten el entorno en que vivimos en un escenario de vigilancia permanente.

Lo que inicialmente fue un modo de vigilar lugares concretos en los que podía cometerse delitos de manera recurrente, como bancos, hoy ha evolucionado para convertirse en enormes redes de vigilancia coordinada capaces de controlar la totalidad de nuestro recorrido por la ciudad, incluyendo cámaras en fachadas de domicilios particulares dotadas de algoritmos capaces de diferenciar personas de animales o cosas, o identificar caras concretas.

La tendencia, sin duda, puede observarse en su plenitud en muchas ciudades en China, convertida en el auténtico estado de la vigilancia total: más de 170 millones de cámaras exteriores están ya en uso, y se calcula que 400 millones más van a ser instaladas a lo largo de los próximos tres años, unidas a sistemas de cámaras portátiles en gafas utilizadas por la policía capaces de identificar a las personas que tengan delante. Obviamente, el control de semejante cantidad de cámaras no puede ser llevado a cabo manualmente, sino utilizando algoritmos capaces de reconocer personas y practicar seguimientos en función de criterios establecidos, algoritmos que se desarrollan para todo tipo de funciones como el control de las operaciones de una tienda, pero que terminan siendo ofrecidos a la policía.

¿Nos asusta la popularización y difusión de perspectivas como la de China? La evolución de China no termina en sus calles: la vigilancia se está adentrando ya en las escuelas, en las que las cámaras vigilan la actitud de los estudiantes, su nivel de atención o sus movimientos durante las clases, y llega incluso, en algunos casos como los militares, las cadenas de montaje o los conductores de trenes, a la monitorización de su actividad cerebral. La vigilancia constante, completamente normalizada y convertida en una característica de la vida de los ciudadanos, obligados a aceptar que están siendo observados en cada uno de los momentos de sus vidas, por algoritmos que capturan no solo sus desplazamientos, sino las personas con las que hablan o con las que se ven habitualmente. Algoritmos capaces de reconocer una pelea, un abrazo, un gesto, que unidos a los sistemas de calificación social, dan lugar a un sistema capaz de clasificar a los ciudadanos en función de su afinidad política, o incluso capaz de aislar a potenciales disidentes haciendo que el crédito social de aquellas personas con las que hablan descienda por el hecho de relacionarse con ellas.

Pero esa China convertida en escaparate de tendencias no es el único escenario de la vigilancia: en Newark, las cámaras instaladas en toda la ciudad ya no solo son utilizadas por la policía, sino que ha sido abiertas a cualquiera con una conexión a la red. Cualquiera puede conectarse y utilizar esas cámaras para controlar una zona, a una persona, o simplemente para curiosear, ver el tráfico o el ambiente. Un movimiento planteado para incrementar la transparencia, pero que ha generado alarmas por su posible uso por parte de acosadores o incluso ladrones, capaces ahora de controlar la actividad en una vivienda determinada desde la comodidad de sus casas. Países democráticos como el Reino Unido manifiestan también tendencias hacia el control total y dictan leyes de vigilancia extrema con la oposición de Naciones Unidas, de grupos de defensa de los derechos ciudadanos y activistas de la privacidad y de empresas tecnológicas, leyes que son posteriormente declaradas parcialmente ilegales, pero que claramente marcan una tendencia. En Barcelona, un movimiento encabezado desde el ayuntamiento pretende tomar control de los datos generados por las infraestructuras de la ciudad y pasar “de un modelo de capitalismo de vigilancia, donde los datos son opacos y no transparentes, a otro en el que los propios ciudadanos puedan tomar posesión de sus datos”, algo que afecta a la explotación de los datos de consumos, contaminación, ruido, etc., pero excluye el uso por motivos de seguridad o vigilancia.

Otro modelo relacionado con el uso de los datos es el de compañías privadas como la Palantir de Peter Thiel, capaces de acceder a enormes cantidades de datos y construir detalladísimos perfiles a partir de comportamientos tanto online como offline, o sospechosos habitualmente mencionados como Facebook, sobre cuyas actividades se han escrito infinidad de artículos. Frente a modelos distópicos como el de China o enfocados en la vigilancia obsesiva, como los que están surgiendo en países como Suecia derivados de las posibles amenazas terroristas, surgen grupos de asociaciones activistas generalmente norteamericanas como ACLU o la EFF, con campañas que intentan concienciar a la población sobre los excesos de una vigilancia o trazar estrategias para desmantelarla, o para convencer a una ciudadanía preocupada por su seguridad de que la vigilancia masiva no funciona ni funcionará nunca como arma para combatir el terrorismo.  Simplemente unas pocas asociaciones civiles, que obtienen sus fondos a través de campañas de donaciones públicas, contra una tendencia masiva a nivel internacional que llena de cámaras nuestras ciudades y utiliza algoritmos para reconocernos, seguir nuestros hábitos, ver por dónde nos movemos y qué hacemos habitualmente en nuestro día a día. Entender que la idea de “si no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer” es errónea, y debe ser sustituida en el imaginario colectivo por ideas más progresistas, más lógicas y que toleren el activismo, la voluntad de cambio o la protesta pacífica.

¿Es la transición hacia una sociedad en permanente vigilancia una transición inevitable? ¿Nos dirigimos indefectiblemente hacia un modelo orwelliano, hacia escenarios distópicos en los que todo lo que hacemos, todas nuestras actividades están permanentemente monitorizadas? ¿Dependemos únicamente de unas pocas asociaciones civiles para intentar detener esta evolución? ¿Estamos obligados a imaginar la sociedad del futuro como un escenario en el que todo lo que hagamos sea constante objeto de vigilancia? ¿Hay alternativas?

 

IMAGE: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock ImagesDos noticias aparentemente contrapuestas me llaman la atención esta semana en el complejo asunto de la Facebook post-Cambridge Analytica y el futuro que la espera: por un lado, la compañía está llevando a cabo estudios de mercado destinados a intentar averiguar qué porcentaje de usuarios podría estar interesado en un modelo de suscripción, un pago mensual a cambio de utilizar la red social sin verse sometido a ningún tipo de publicidad ni a tratamiento de sus datos. Por otro, unas declaraciones de Matt Hancock, Secretario de Estado de Digital, Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido, en las que afirma estar abierto a la idea de obligar a plataformas digitales como Facebook o Google a pagar por los datos que extraen de sus cientos de millones de usuarios.

¿Cuál es el futuro de nuestros datos personales? En el momento actual, y a la espera del escenario que resulte tras la entrada en vigor, el próximo 25 de mayo, del Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea (que afecta a todo aquel qe pretenda desarrollar relaciones o negocio de algún tipo con sus ciudadanos), nuestros datos están simplemente ahí, abiertos a prácticamente cualquier tipo de recolección, análisis o transacción de cualquier tipo. Poco ayuda a la especulación sobre el futuro el enorme analfabetismo de la mayoría de la población en este aspecto, carente de cualquier tipo de fundamento o lógica empresarial y que lleva a una gran cantidad de personas a pensar que sus datos son un objeto constante de compraventa entre compañías: con excepciones, nuestros datos son recopilados, procesados y explotados por las mismas compañías, que no los venden a terceros por una simple cuestión de lógica y viabilidad, sino que se limitan – que no es poco – a permitir su explotación, con sus términos, sus condiciones y sus herramientas.

Ambos futuros, de hecho, podrían ser compatibles, aunque arrastran connotaciones relativamente complejas. Muchos han querido relacionar la idea de que las compañías que explotan nuestros datos paguen por ellos a sus legítimos propietarios un cierto porcentaje de las ganancias que generan con ellos, una suerte de “renta básica” que provendría de esa cesión consciente de nuestros datos para su explotación. La posibilidad de combinar esa idea con un modelo freemium que, potencialmente, excluyese a aquellos que pueden pagar por ellos de ese modelo basado en publicidad y de ese tratamiento de sus datos evoca una sociedad estratificada, con una capa privilegiada que paga por el derecho a su privacidad mientras otra se ve obligada a sacrificarla y ponerle un precio para obtener a cambio un determinado ingreso.

Por otro lado, una dualidad así requeriría de algunos análisis de escenarios: obviamente, eliminar a los perfiles potencialmente más interesantes del abanico al que un posible anunciante puede impactar a través de una red social es un factor que reduce el atractivo total de anunciarse en esa red social. Si la propuesta mayoritaria de una campaña en Facebook pasa a ser únicamente la de impactar a los que no pueden pagar para salvaguardar su privacidad, la inversión potencialmente realizada por esas marcas podría reducirse en consecuencia, y habría que ver hasta qué punto los ingresos recibidos por Facebook en concepto de suscripciones puede ser suficiente como para compensar esas pérdidas. El correspondiente análisis implica entender no solo el porcentaje de usuarios potencialmente interesados en pagar por ese servicio freemium,  sino también la correspondiente sensibilidad al precio, que podría buscar una estrategia de posicionamiento amplio o más o menos elitista.

¿Cuál es el futuro escenario para la explotación de nuestros datos personales, una actividad que hoy implica a unas pocas compañías, pero que muy posiblemente sea cada vez planteado por compañías en más y más ramos de actividad? Pagar a los usuarios por el acceso a esos datos? ¿Que sean los usuarios los que paguen para evitarlo? ¿Ambos? Muchas posibilidades, que posiblemente dependan de la evolución del escenario que se genere tras la aplicación de GPRD, y muy pocas certidumbres.

 

IMAGE: Oleksandr Marynchenko - 123RFNational Grid, la compañía pública que gestiona el suministro eléctrico en el Reino Unido, contesta al gobierno británico acerca de la prohibición de la venta de todo tipo de vehículos de gasolina o diesel a partir del año 2040, y afirma que, en realidad, sus infraestructuras están perfectamente preparadas para llevarla a cabo incluso diez años antes, en 2030, el mismo año en el que se plantea en India. Noruega afirma que llevará a cabo esa prohibición en 2025, y otros países afirman tener planes similares con distintos plazos, en lo que cada vez se prueba más como una medida razonable, perfectamente viable y de auténtico sentido común.

La afirmación de la eléctrica británica coincide con las de las eléctricas norteamericanas, que ven los vehículos eléctricos no solo como el elemento capaz de salvarlas, sino incluso como la auténtica salvación del planeta en su conjunto. Los estudios más recientes, de hecho, muestran que los Estados Unidos podrían perfectamente obtener la práctica totalidad de su energía a partir del viento y el sol: en un sistema diseñado para una sobrecapacidad del 150% y con los adecuados sistemas de baterías – del tipo de las instaladas por Tesla en la región sur de Australia – una combinación de 70% solar y 30% eólica podría abastecer el 100% de las necesidades del país.

En muchos sentidos, es posible que el conocido “objetivo de los tres tercios” definido por el consejero delegado de Bloomberg New Energy Finance Michael Liebreich (un tercio de la electricidad global procedente de eólica y solar, un tercio de vehículos eléctricos en las carreteras y un tercio más de PIB producido por unidad de energía en 2040) pueda plantearse ya como una meta a superar.

Mientras, las compañías se muestran divididas: mientras Tesla acelera la fabricación y distribución de sus paneles y tejas solares mediante acuerdos con grandes cadenas y el coste de generación de energía en instalaciones residenciales sigue disminuyendo, compañías como BMW todavía afirman que no ven viable la producción masiva de vehículos eléctricos hasta el año 2020, a pesar de tener en el mercado ya algunos modelos muy competitivos. Marcas norteamericanas como GM, por su parte, dedican inversiones de cien millones de dólares a poner a punto esa capacidad de fabricación masiva, mientras una de las grandes rezagadas, Ford, anuncia que dedicará nada menos que once mil millones a electrificar sus vehículos y a llevarlos al mercado masivo. Hasta la icónica Harley Davidson anuncia que pondrá en el mercado el primer modelo eléctrico en producción masiva el próximo año 2019.

Es, sin duda, un momento interesante: las progresivas ganancias en eficiencia y rebajas en coste de la generación eléctrica y de sus tecnologías asociadas demuestran que los objetivos inicialmente fijados por algunos países no solo son posibles, sino que incluso pueden ser superados. Por mucho que algunos idiotas se empeñen en dispararse en el pie, la idea de volver al carbón es cada día un sinsentido más absurdo. Prohibir la venta de vehículos de combustión interna a partir del año 2030 es un objetivo perfectamente realista, y que cada día, además, se prueba más necesario: no, no va a ser el apocalipsis, no va a ser en modo alguno implanteable desde el punto de vista de generación, y por supuesto, no contaminan más, como algunos pretenden, salvo en el caso de esos híbridos convertidos en excusa banal de las compañías automovilísticas para intentar engañar al mercado y seguir protegiendo sus inversiones y sus cadenas de fabricación. ¿Podemos empezar a revisar esos planes, independizarlos de los problemas y de la viabilidad económica de fabricantes incapaces de prepararse a tiempo, y trabajar de manera realista y con los datos en la mano, en vez de con clichés y suposiciones, para mejorar el mundo en que vivimos? No, no se puede ser tecnológicamente neutral ni tecnológicamente agnóstico: hablamos de una tecnología superior a otra en todos los sentidos, mucho más eficiente, y que además, no nos envenena a todos. ¿Para cuando esa transición?

 

 

 

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Open Banking APIx

En octubre de 2015, el Parlamento Europeo adoptó una versión revisada de la Payment Services Directive, PSD2, destinada a promover el uso y desarrollo de servicios de pagos innovadores y móviles a través de la apertura de los servicios bancarios. Contrariamente a lo que suele ocurrir con las directivas comunitarias, que suelen dejar un amplio espacio a los países miembros para su implementación, PSD2 no lo hace: es sumamente estricta en su hoja de ruta, y ahora es cuando empezamos a ver sus primeros frutos.

El Reino Unido fue uno de los países que, de una manera más clara, vio en PSD2 una mayor fuente de oportunidades. Con numerosas compañías en vanguardia del fintech desde sus inicios, las autoridades del país vieron la posibilidad de utilizar la regulación como una fuente de dinamismo para el mercado: en agosto de 2016, la Competitions and Market Authority (CMA) del Reino Unido publicó una directiva en la que requería a los nueve bancos más grandes del Reino Unido que permitieran que las startups con licencia accedieran directamente a sus datos si el usuario así lo requería, hasta el nivel de transacciones en cuenta, y estableció la fecha del 13 de enero de 2018 como límite para su aplicación, convirtiéndose así en el primer país en llevar a la práctica este concepto. De hecho, el interés del país es suficientemente importante como para mantener sus planes de manera completamente independiente al desarrollo del Brexit.

Podemos ver explicaciones sobre Open Banking en diversos formatos, desde manejables infografías, hasta completos artículos al respecto o informes de consultoras. Lo que tenemos que saber, básicamente, es que la nueva directiva cambia el modelo de actuación de la banca tradicional y la obliga a presentar sus datos en forma de APIs (interfaces de programación de aplicaciones) estandarizadas y accesibles para cualquier actor aprobado para ello que lo demande en virtud de una petición de sus clientes. Como tal, Open Banking no es una aplicación, ni un servicio como tal, sino una forma de facilitar el intercambio de datos a requerimiento del usuario. proporcionando a este un nivel completo de control sobre esos datos: los bancos dejan de tener esa gestión como un derecho exclusivo, y se ven obligados a incorporar APIs para permitir que cualquier actor autorizado como tal pueda acceder a los datos de sus usuarios. A partir de aquí, lo que queramos.

¿Qué ha ocurrido a partir del día 13 con la llegada de la fecha límite y la aplicación de Open Banking en el Reino Unido? De buenas a primeras, prácticamente nada. El regulador ha emitido cartas a los principales bancos con instrucciones al respecto, algunos han pedido prórrogas para terminar de adaptarse, y por el momento, no se ha visto mucho más. Sin embargo, aunque los comienzos sean lentos, haya pocas noticias al respecto, muchos usuarios no tengan ni idea de qué estamos hablando, y las compañías que quieran participar deban registrarse y ser homologadas para ello, un proceso no especialmente sencillo, estamos hablando del mayor cambio que hemos presenciado en la actividad bancaria desde prácticamente el inicio de los tiempos, y de algo que dará lugar a un ecosistema completamente diferente.

De entrada, la idea es dar entrada en la gestión de nuestro dinero y nuestra actividad económica a un número de actores mucho más elevado siempre que cumplan unos requisitos determinados y que exista un control del usuario. Esto puede ser una vía de entrada, obviamente, para muchas nuevas compañías dentro del mundo fintech, pero también para los grandes actores del mundo online, como Google o Facebook, con todo lo que ello conlleva. Con las nuevas reglas, cualquier entidad aprobada podrá no solo gestionar pagos o transacciones sin necesidad de llegar a acuerdos con los bancos o sin hacer scrapping de los datos del usuario a partir de su usuario y contraseña, como ocurría hasta el momento. La fase inicial tiene un ámbito limitado e incorpora únicamente datos de la cuenta corriente: las tarjetas de crédito y otras cuentas de pagos serán agregadas a lo largo de los próximos dos años, en una fase compleja en la que se prevén problemas de diversos tipos, mala prensa, artículos interesados hablando de terribles peligros, bancos tradicionales intentando convencernos de que “eso ya lo hacían ellos”, o incluso posibles ofuscaciones interesadas para intentar evitar la percepción de una transición sencilla.

Pese a la escasa publicidad y la aún relativamente baja incidencia de la llegada de la fecha límite, no nos confundamos: estamos ante la innovación que dará forma al nuevo ecosistema bancario, a la posibilidad de que confiemos en otros actores innovadores o en software inteligente para administrar nuestro dinero. Si los bancos tradicionales quieren ser algo más que simples contenedores comoditizados, tendrán que mejorar su propuesta de valor y, sobre todo, convertirse en atractivos para unos clientes que, a día de hoy, por lo general, no los tienen en la mejor de sus estimas. A todos los efectos, en banca, estamos comenzando una nueva era.

 

Electric cars Un nuevo estudio académico titulado Total cost of ownership and market share for hybrid and electric vehicles in the UK, US and Japan y publicado en Applied Energy establece que el coste total de propiedad de los vehículos eléctricos en el Reino Unido, los Estados Unidos y Japón para un ciclo medio de propiedad de cuatro años, es ya más barato que el de vehículos de combustibles fósiles de gasoil o gasolina de gama equivalente.

El resultado tiene en cuenta, además de factores como la depreciación, los impuestos, el mantenimiento, los seguros y el combustible o electricidad, a la aplicación de subsidios gubernamentales designados para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos en función de objetivos medioambientales. Sin embargo, se espera que en unos pocos años, ese coste de propiedad sea igualmente más reducido que el de los vehículos de gasolina o gasoil sin necesidad de tener en cuenta esos subsidios, que corresponden aproximadamente a unos 5,600 euros en el Reino Unido y Japón, y a unos 7,300 euros en los Estados Unidos.

El liderazgo del mercado, no obstante, corresponde con gran diferencia a China, país en el que la preocupación por las cuestiones medioambientales ha crecido enormemente como consecuencia de la situación preocupante en varias ciudades. En el Reino Unido, a pesar de que los niveles de toxicidad del aire por óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o partículas se sitúa en niveles claramente ilegales en numerosas ciudades, el número de vehículos eléctricos puros es de tan solo unos 120,000 sobre un parque total de unos 32 millones de automóviles. Sin embargo, con el ritmo actual de caída de las ventas de vehículos diesel (-30%) y el fuerte crecimiento (37%) de las de vehículos eléctricos, las ventas de eléctricos pasarían a superar las de los diesel en torno a mayo de 2019, dentro de tan solo unos 18 meses, cumpliendo las predicciones de Tony Seba. Las fuertes inversiones en infraestructuras de carga, además, son un elemento más a la hora de reducir las objeciones que se plantean muchos propietarios, a pesar de estar demostrado que incluso sin ellas y simplemente recargando en el domicilio, la autonomía de los vehículos eléctricos es ya, según investigaciones del MIT, suficiente como para cubrir el 87% de las necesidades del usuario medio, y en 2025 lo será para el 99%.

La situación en los países citados contrasta con la cerril actitud de las asociaciones de fabricantes (ANFAC), de proveedores de automoción (SERNAUTO) y de los sindicatos CCOO y UGT, que en una carta remitida al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal el pasado 19 de septiembre pedían que se ralentizase la transición al coche eléctrico en nuestro país, con el truco de solicitar que el Plan de Movilidad Eficiente 2017 no sólo cubra a coches eléctricos, híbridos y puntos de carga, sino también a aquellos vehículos de combustión que cumplan la normativa de contaminación Euro 6. Una actitud completamente impresentable y cortoplacista que juega con la salud de todos, que recuerda poderosamente a las formas de la industria del tabaco, que convierte en un chiste cualquier intento de ejercer la responsabilidad social corporativa, y que pone de manifiesto las trampas que la industria se hace a sí misma apostando por una tecnología anticuada y peligrosa que debería, en realidad, evolucionar hacia su prohibición. Los vehículos híbridos son la forma en la que la industria engaña al mercado: su producción y operación es, en muchos casos más perjudicial para el medio ambiente que sus equivalentes de combustibles fósiles, pero mediante el marketing adecuado, permiten que la industria aspire a limpiar su imagen.

El vehículo eléctrico, junto con el de pila de hidrógeno, ha llegado ya a un nivel de madurez suficiente como para que nos planteemos pasar de una simple actitud de incentivar fiscalmente su adquisición a una de penalizar claramente la de los vehículos de combustibles fósiles, y desincentivar su uso con mayores impuestos, con mayores restricciones y, por ejemplo, dificultando su acceso a un número creciente de zonas de las ciudades. Si la dejamos sola, la industria automovilística se plantea seguir produciendo vehículos de gasoil y gasolina hasta el año 2040, algo completamente irracional y que habría que impedir de todas las maneras posibles, y se apalanca para ello en la fuerza de su lobby ante los gobiernos derivada de una capacidad de generación de empleo que, en caso de ser obligadas a reconvertirse, no tendría por qué disminuir. ¿Hay alguien con la suficiente altura de miras en política como para, en lugar de cuadrarse ante la industria del automóvil, meterla en cintura de verdad y sin titubear? ¿Cuántos problemas medioambientales y cuantos episodios de alta contaminación es preciso que tengamos para que los gobiernos se decidan a actuar de manera responsable?

 

 

 

This post is also available in English in my Medium page, “In case you didn’t know it, electric vehicles are now cheaper to own and run than petrol or diesel”