Amazon hq2En septiembre del pasado año, Amazon anunció sus planes para abrir una segunda localización en los Estados Unidos, según ellos, al mismo nivel que su sede fundacional de Seattle, que está licitando mediante un sistema similar al de una subasta pública.

Automáticamente, ciudades de todo el país se pusieron a trabajar para optar a ser candidatas: las oficinas de Seattle son nada menos que 33 edificios, más de 750,000 metros cuadrados en los que trabajan más de 40,000 empleados directos de la compañía (se calculan unos 53,000 empleos indirectos), la gran mayoría altamente cualificados, que aportan a la ciudad mucho más que el gasto que hacen con los 25,700 millones de dólares de sus salarios: la compañía dedica 43 millones de dólares tan solo como pagos al sistema municipal de transportes de Seattle que entrega como como bonus a sus empleados. En el año 2016, se calcula que los visitantes a la compañía y a sus empleados supusieron un total de 233,000 noches de hotel. El impacto de la llegada de esa segunda sede de Amazon se considera potencialmente transformacional, incluso para ciudades de grandes dimensiones.

Semejantes dimensiones convierten esa segunda sede de la compañía, con una inversión directa calculada en unos cinco mil millones de dólares, en una auténtica golosina para cualquier ciudad: 238 de ellas presentaron su candidatura, de las que la compañía, en una primera criba, seleccionó veinte. Lógicamente, la compañía, que sabe de su atractivo, no se queda corta en sus demandas, que van desde localizaciones privilegiadas y bien comunicadas, hasta un sistema universitario fuerte capaz de suministrar talento, pasando por supuesto por incentivos fiscales de los gobiernos estatales y locales. La compañía tiene claro que el país necesita a Amazon más de lo que Amazon necesita al país, y está dispuesta a poner eso en valor, con todo lo que ello conlleva. Se ha convertido en uno de los mayores generadores de empleo a todos los niveles: cada uno de los eventos de reclutamiento de trabajadores anunciados por la compañía provoca aglomeraciones de miles de personas. Hablamos de una empresa dispuesta a comerse el mundo, y que en los Estados Unidos se ha convertido ya prácticamente en el modo de compra por defecto, lo que supone un enorme poder e  influencia de cara al futuro.

Así, Maryland ha ofrecido cinco mil millones de dólares en crédito fiscal y gastos de transporte, New Jersey ha llegado a los siete mil millones, y Columbus (Ohio) ofrece eliminar todos los impuestos sobre propiedades de Amazon durante durante quince años más una devolución en cash a la compañía de una parte de los impuestos pagados por sus empleados. Al hombre más rico del mundo, propietario de una de las compañías más valiosas del mundo, no le faltan novias ni incentivos.

Por otro lado, ¿qué ocurre cuando Amazon llega a la ciudad? ¿Qué efectos cabe esperar sobre el comercio local? Lógicamente, la llegada del gigante supone una prueba brutal de eficiencia, que los comercios tienen que superar bien integrándose con el sistema de fulfillment de la compañía (y aceptando sus condiciones), o intentando mantener su atractivo frente a ella, una tarea sin duda compleja. Por otro lado, la compañía tiene una cultura de marcada imbricación en lo local: alienta a sus trabajadores para que consuman en locales de la zona, no suele construir comedores para fomentar que utilicen los restaurantes y bares locales, y lleva a cabo numerosas acciones de construcción de comunidad. En general, nada indica que el comercio local de Seattle haya evolucionado a peor en los ya más de veinte años que la compañía lleva allí, o al menos, no más de lo que el comercio local ha podido sufrir en otras ciudades.

La llegada de Amazon parece un evento importantísimo para una ciudad, pero… ¿son los incentivos y privilegios que hay que utilizar para atraerla un uso razonable y adecuado del dinero público? Ninguna ciudad quiere quedarse fuera de la competición, pero, ¿cómo se siente un comerciante local cuando ve que su ciudad pone en juego millones de dólares para atraer a un gigante que, muy posiblemente, va a generar una importante tensión económica en su negocio? La idea no es sencilla, aunque lógicamente, tampoco viene de nuevas: para cualquiera que venda prácticamente cualquier cosa en los Estados Unidos, Amazon no es precisamente un desconocido: ya llevan años sintiendo la presión de su existencia. Pero que además vengan a tu ciudad supone, de buenas a primeras, condiciones logísticas mucho más competitivas: entregas de mercancía en una o dos horas, mejor propuesta de valor para Amazon Prime (lo que implica que más personas tratan de exprimir su suscripción adquiriendo más cosas en Amazon), o descuentos mucho más agresivos en muchos productos.

Racionalizar que la llegada de Amazon a tu ciudad supone un evento impresionante con potencial para cambiar su fisonomía y aportar a ella un importantísimo valor económico parece sencillo para las autoridades y políticos estatales y locales, y seguramente, tiene poca discusión de cara a la mayoría de los residentes, que ven con esperanza los puestos de trabajo y las oportunidades de crecimiento económico que puede generar. Por otro lado, supone procesos de gentrificación que pueden elevar los precios de las propiedades o los alquileres, y todo lo que supone la llegada de un colectivo importante de trabajadores con salarios elevados. Para el comercio local, sin embargo, la explicación y la venta de la idea tiene algunos problemas adicionales, tan complejos como lo que supone entender que venga o no venga, sus efectos los vas a sentir igual y si viene, al menos, obtendrás otros efectos positivos a cambio. En cualquier caso, tome Amazon la decisión que tome, esta nueva versión de la fiebre del oro aplicada al puntocom no deja de demostrar cómo de importantes se han vuelto determinadas compañías, y hasta qué punto definen y ejercen influencia sobre el entorno en que vivimos.

 

¿Deben pagar impuestos los robots? - La Voz de GaliciaMaría Cedrón, de La Voz de Galicia, me llamó para hablar sobre la posibilidad de aplicar impuestos a los robots como supuesta forma de paliar el problema que supone un futuro en el que un número cada vez mayor de trabajos son sustituidos por máquinas, y ayer lo publicó en un reportaje titulado “¿Deben pagar impuestos los robots?

La aplicación de impuestos al trabajo realizado por robots es un tema que se ha comentado en numerosas ocasiones, la más reciente al hilo de unas declaraciones de Bill Gates al respecto el pasado febrero. Mi opinión sobre el tema es que se trata de un intento de aplicación simplista de un modelo conocido, pero que posee problemas fundamentales de diversos tipos.

El primero y fundamental es definir qué es un robot. El problema no es sencillo en absoluto: la primaria identificación de un robot con la imagen de un artefacto antropomórfico con brazos y piernas que supuestamente sustituye a un ser humano es directamente absurda, y no responde a la realidad de que, desde hace mucho tiempo, ya empleamos todo tipo de robots para sustituir muchos trabajos anteriormente realizados por personas. Y más allá de su pretendida “similitud” con el hombre, ¿debemos considerar como robots a los programas de software, y no solo al hardware? ¿Vamos a empezar, de manera retroactiva, a aplicar impuestos a las cadenas de montaje que desde hace décadas emplean muchísimas industrias? ¿A la ofimática? ¿A las aplicaciones de control numérico? ¿Cómo buscamos una equivalencia con el número de puestos de trabajo sustituidos? ¿A cuántos obreros sustituye la imprenta, altamente mecanizada, que imprime el periódico en el que se publica esta noticia? ¿Cómo debemos empezar la base de comparación? ¿Con obreros que supuestamente tuviesen que pintar las letras a mano? ¿O consideramos eso absurdo y parte del pasado, y comenzamos la comparación con los obreros encargados de confeccionar a mano las planchas con los caracteres de plomo de la linotipia, como se hacía a principios del siglo pasado? No existe una equivalencia robot-hombre, un ratio establecido, y si se pretendiese establecer, carecería de sentido en cuanto el robot experimentase una mejora e incrementase su eficiencia. Basta con este problema para darnos cuenta de que, en realidad, estamos hablando de un fenómeno mucho más complejo de lo que parece.

Pero existe un segundo problema, y es, si cabe, aún más básico: la racionalidad de la cuestión. ¿Tiene realmente lógica gravar con impuestos una actividad que, de por sí, ya lo estaba? Si una compañía emplea robots y obtiene con ello una competitividad superior y, en último término, más ingresos y beneficios, ese plus de beneficios estará lógicamente gravado con los correspondientes impuestos. ¿Debemos, además, volverlo a gravar porque esos beneficios se obtuvieron gracias al trabajo de robots? ¿Tiene sentido penalizar a quien emplea la tecnología para mejorar los procesos productivos? ¿A dónde nos llevaría una práctica así? ¿A poner, como decía el famoso anuncio de IBM de los años ’80, a obreros con cucharillas de café a cavar zanjas para así incrementar el número de puestos de trabajo ocupados por humanos, aunque esos trabajo no tengan ningún sentido?

A medida que añadimos un poco de sentido común a la ecuación robots + impuestos, nos vamos dando cada vez más cuenta de que no tiene ningún sentido, y es simplemente un intento de buscar correspondencias con un entorno tan desigual, que simplemente ya no las resiste. A medida que más robots se dedican a tareas que antes llevaban a cabo seres humanos, habrá que plantearnos que esto, en realidad, es lo que ha ocurrido siempre, y a nadie se le ocurrió la peregrina idea de desincentivarlo o castigarlo – aunque hubiese damnificados por ello y tuviesen menos red de protección social que la que tienen ahora. Lo que habrá que hacer es preocuparse de generar un entorno que posibilite que esos seres humanos encuentren otras cosas que hacer, protegerlos de la consecuencia inmediata de la pérdida del empleo, y tratar de proporcionarles opciones para que se desarrollen como personas.

A medida que progresa la tecnología y más trabajos de los que conocemos pierden sentido, más necesario es diseñar elementos que desacoplen la generación de riqueza del trabajo. En la sociedad del futuro, las personas trabajarán, pero lo harán de otra manera, en cuestiones que hoy seguramente no consideraríamos trabajo, y mantendrán con esos trabajos una relación completamente distinta a la que tenemos hoy: no se verán forzados a trabajar en cosas que no les gusten, sino que escogerán sus trabajos en función de otros criterios. La renta básica, sobre la que hemos escrito y discutido en múltiples ocasiones, se configura como una opción de administración de nuestras sociedades que ya no viene únicamente de la izquierda y del lógico intento de redistribución de la riqueza, sino también desde las ideologías liberales y la simplificación de los sistemas de ayuda y cobertura social.

Buscar ese tipo de soluciones y trabajar en las complejas soluciones que precisamos para su aplicación – problemas como la motivación, los flujos migratorios o la esencia e identidad de la persona – resulta mucho más productivo que pensar en “soluciones mágicas” esencialmente continuistas, cuando no directamente simplistas, como la de aplicar impuestos a la actividad de los robots. Ante una disrupción total de los elementos que consideramos durante generaciones fundamentales en la sociedad – la educación, el trabajo, los impuestos, la riqueza, etc. – las soluciones continuistas que pretendan consolidar los mismos elementos de siempre no van a servir. Habrá que buscar necesariamente replanteamientos mucho más radicales.

 

IMAGE: Pixelery - 123RFLas recientes declaraciones de Bill Gates en una entrevista en favor de un impuesto para los robots que sustituyan el trabajo humano contrasta con la resolución del Parlamento Europeo del pasado jueves 16 de febrero en la que se pidió el desarrollo de un marco legislativo para el desarrollo y despliegue de robots, pero se rechazó la propuesta de un impuesto específico para ellos.

La idea de un impuesto específico al trabajo robótico pagado por las compañías que los utilicen reviste en su análisis una complejidad muy superior a lo que aparenta. En primer lugar, porque carece de precedentes históricos: tanto en la revolución industrial, en la que el desarrollo de todo tipo de máquinas y procesos de automatización de la producción dejaron sin trabajo a grandes cantidades de obreros, como a lo largo de las décadas transcurridas desde entonces, en las que esa transición no solo ha continuado, sino que ha experimentado una fuerte aceleración, la adopción de tecnologías productivas nunca ha sido objeto de una tasación específica, más allá del hecho lógico de que una mayor productividad y mayores beneficios puedan incidir en un pago de impuestos más elevado.

La idea esgrimida por Bill Gates suena muy intuitiva: “si un trabajador humano lleva a cabo $50,000 de trabajo en una fábrica, ese sueldo paga impuestos sobre la renta, seguridad social, etc.; si un robot viene a llevar a cabo la misma tarea, debería ser gravado a un nivel similar”, choca con una serie de cuestiones que no lo son tanto, y que pueden argumentarse en contra de tal decisión.

La primera de ellas es que el supuesto “patrón de horas hombre” de sustitución a partir del cual calcular esa presión impositiva funciona únicamente en el momento en que tiene lugar esa sustitución, pero empieza a sufrir desviaciones y deja de funcionar a partir del momento en que las sucesivas generaciones tecnológicas van generando mayores incrementos de productividad. La idea de que “este robot que ensambla componentes en una cadena de montaje sustituye a un trabajador que hacía lo mismo” puede parecer sencilla, pero ¿qué ocurre cuando ese ratio va cambiando, o cuando se demuestra que esa sustitución, además, genera una productividad superior, una calidad mayor o menos defectos? ¿Deberíamos incrementar el impuesto progresivamente en función de lo bueno que es el robot? La implementación de tal impuesto parece compleja, y además, muy posiblemente, contraintuitiva e injusta: ¿debemos castigar con mayores impuestos a quienes invierten para llevar a cabo un trabajo mejor, más productivo o de más calidad?

El impuesto a los robots es planteado por Bill Gates, de una manera práctica, como una forma de reducir la velocidad de la transición, con el fin de permitir que la sociedad pueda adaptarse a ella. Un desincentivo a la adopción que permitiría, por ejemplo, invertir en la formación de los trabajadores que pierden su empleo para que puedan ser empleados en tareas que aún requieren habilidades intrínsecamente humanas, entre las que enumera “el cuidado de los mayores, la creación de clases con menos alumnos o la ayuda a niños con necesidades especiales”. Y es precisamente ese planteamiento el que puede resultar en su mayor crítica: ¿debe la humanidad plantearse frenos que retrasen el desarrollo tecnológico? ¿Es razonable algo así? ¿No deberíamos tratar de hacer precisamente lo contrario, acelerar el desarrollo de la tecnología para ser capaces así de recoger sus frutos de una manera más ventajosa?

El desarrollo tecnológico está llevando a una concentración cada vez mayor de la riqueza en menos manos, a una polarización de la sociedad y a una progresiva erosión de las clases medias. Esta situación genera dos argumentos inmediatos de insostenibilidad: por un lado, una sociedad intensamente polarizada y dividida entre muy ricos y muy pobres llevaría a que la demanda para una gran cantidad de productos cayese, y se pusiese en peligro la viabilidad de las compañías que fabrican productos destinados a un mercado masivo. Por otro, esa situación daría lugar – y de eso sí existen abundantes precedentes históricos – a un malestar social que terminaría con total seguridad generando conflictos. Pero ¿es realmente el impuesto a los robots la forma de contrarrestar estas preocupaciones?

La alternativa a la tasación de los robots puede plantearse como el incremento de la progresividad de los impuestos: el que una fábrica que emplea robots pase a tener, como parece lógico, un beneficio mayor derivado de la necesidad de pagar menos nóminas, de una mayor productividad o de una calidad más elevada llevaría simplemente a pasar a un tramo impositivo más elevado, con el fin de que esa recaudación adicional de impuestos pudiese financiar elementos que evitasen el desequilibrio social y la exclusión, planteables posiblemente como una renta básica universal o incondicional. Renta que, por otro lado, podría sustituir a una gran parte de sistema actual de subsidios condicionales evitando la mayor parte de sus efectos negativos, como el desincentivo a la búsqueda de rentas adicionales.

El replanteamiento del sistema impositivo, en cualquier caso, choca con un problema fundamental: el hecho de que, frente a la ausencia de fronteras que plantea el desarrollo y la adopción de tecnología, seguimos viviendo en un mundo en el que cada país tiene libertad para fijar sus impuestos en función de sus estrategias, lo que conlleva la generación de desigualdades y asimetrías que posibilitan la evasión de esos impuestos. Para un país, plantearse un incremento de la presión fiscal a los que más beneficios generan puede suponer un problema de desincentivo a la radicación de compañías exitosas o de huída de sus fronteras de aquellos que se ven sometidos a impuestos más elevados. Pero si además se plantea la adopción de una renta básica universal o incondicional, podría tener además un problema de inmigración y de control de sus fronteras, derivado del efecto llamada planteado por esa redistribución de la riqueza.

No, decididamente, el problema no es tan sencillo como poner un impuesto a los robots: el problema va bastante más allá, y tiene consecuencias mucho más importantes de lo que parece, consecuencias que muchos tenderían a considerar problemas imposibles de resolver, como la posibilidad de plantear un mundo sin fronteras o sometido a leyes comunes. La discusión sobre esta cuestión merece un nivel de atención mucho mayor y más profundo, más allá de ideas simples y soluciones puntuales. Si alguien pensó que el mundo no había cambiado, que vaya volviendo a pensarlo.

 

Los dos grandes rivales tecnológicos, Samsung y Apple, en apuros - El Economista (pdf)

Emilia Pérez, de EFE, me llamó para hablar sobre los recientes problemas de Apple con respecto a los impuestos en Europa, y de Samsung con la retirada de su Galaxy Note 7 por un defecto en sus baterías, y ayer pude ver en El Economista algunos de mis comentarios, junto con los de Antonio Ortiz, bajo el título “Los dos grandes rivales tecnológicos, Apple y Samsung, en apuros” (en pdf)

Las dos noticias suponen, en efecto, problemas con un importante impacto económico para ambas compañías, pero con connotaciones y análisis muy diferentes. En el caso de Samsung, hablamos de un product recall, una retirada de producto debida al descubrimiento de cuestiones de seguridad derivadas de un defecto en la fabricación de las baterías. La tecnología de las baterías lleva muchos años rozando prácticamente los límites de de Física, ha habido algunos casos de dispositivos que explotan o arden por problemas en sus baterías, y que Samsung decida que, en función de posibles daños a sus consumidores y a su imagen, prefiere incurrir en el enorme gasto que supone una retirada de producto a nivel global, calculado en 1,340 millones de dólares, es un acto de responsabilidad que puede probarse en último término positivo en términos económicos y de reputación. Más problemática es la cuestión de que la retirada de producto, por el momento, sea voluntaria y no haya sido establecida de manera oficial, un paso importante para convertir en ilegal la venta o reventa del producto a través de cualquier canal.

El caso de Apple y sus problemas con la Unión Europea es muy diferente. Hablamos de una Irlanda que, en el contexto de una Europa que nunca ha establecido ningún tipo de política de homogenización fiscal y ha preferido mirar hacia otro lado ante paraísos fiscales de todo tipo radicados en sus fronteras, tomó la decisión de establecer activamente políticas de rebajas fiscales para incentivar el establecimiento de empresas tecnológicas en su territorio, que le han servido para superar su crisis económica y para generar un prometedor tejido productivo relacionado con la tecnología. La postura oficial de Apple y del gobierno de Irlanda es la de apelar la sentencia, porque esas políticas fiscales ventajosas estaban disponibles para cualquier compañía que quisiese acogerse a ellas, y el hecho de que Apple haya construido su presencia en Europa para poder específicamente aprovecharlas cumpliendo estrictamente con la ley no puede ser constitutivo, en ningún caso, de sanciones posteriores arbitrarias y con efecto retroactivo. Que la Comisión Europea y su comisaria decidan por su cuenta establecerse como autoridades fiscales supranacionales es algo completamente irregular, y por mucho que Jean-Claude Juncker pretenda absurdamente hacer creer, supone una persecución sin base legal alguna y una cuestión puramente política contra la compañía que genera el 40% de los beneficios de todo Silicon Valley.

Ante la oportunidad de utilizar el caso de Apple para tratar de desarrollar un sistema fiscal europeo más justo y razonable, en el que cada compañía, tecnológica o no, pague impuestos en función de los beneficios que genere en cada país, la Comisión Europea ha preferido la retórica absurda de la casuística y “la multa récord de 14,500 millones que genera muchos titulares”, como si algún día se fuesen a pagar. Una Unión Europea sin dientes, carente de mecanismos reales para hacer nada, que pretende suplir sus carencias con medidas arbitrarias y propagandísticas, creando un sistema de inseguridad jurídica que terminará por ahuyentar la inversión. Por lo pronto, Apple ya está anunciando planes para cambiar sus políticas de repatriación de beneficios, lo que terminará redundando en menos inversión y menos empleo generado en Europa. Una auténtica estupidez.

 

IMAGE: Fredex8 - 123RFMi columna de esta semana en El Español se titula “Guerras comerciales postmodernas“, y se refiere a las protestas expresadas ayer por el Departamento del Tesoro norteamericano en un informe con respecto al tratamiento de las multinacionales de su país en el contexto fiscal europeo, anticipándose a la decisión que la Comisaria Europea de Competencia, Margrethe Vestager, anticipó que haría pública en otoño con respecto al pago de impuestos de Apple.

Antes de que nadie me acuse de defender prácticas fiscales evasoras, me parece importante hacer notar lo que ya he comentado en muchas otras ocasiones: que la obligación de las empresas es cumplir las leyes vigentes, y que Europa es un desastre tan grande e inabarcable en términos legislativos, que esas leyes permiten, de manera completa y rigurosamente legal, que se paguen cantidades ridículas en impuestos.

¿Es esto bueno? Decididamente no. Decididamente, habría que conseguir que las compañías pagasen los impuestos que deben pagar, en función de su actividad en cada territorio y de los beneficios que obtienen en él. Que Europa, durante muchos años, haya sido tan profundamente incompetente como para armonizar una política fiscal común y dotarse de un conjunto de normas que impidan este tipo de situaciones es un verdadero problema. El problema de Europa no son las empresas norteamericanas y sus prácticas, sino el hecho de que Holanda, Irlanda, Isla de Man, Jersey, Liechtenstein o Luxemburgo, entre otros países utilizados activamente como paraísos fiscales, hagan lo que les da la real gana y utilicen activamente estrategias fiscales agresivas para atraer inversión. Que Europa pretenda solucionar ese problema de radical incompetencia tomando casos aislados de empresas sistemáticamente norteamericanas y obligándolas, mediante decisiones coyunturales, a hacer determinados pagos fijados de manera completamente arbitraria, no va a arreglar la situación en absoluto, y si provoca, lógicamente, que esas empresas y que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos terminen por protestar.

Reclamar un supuesto “buenismo” que debería llevar a las empresas a declarar más impuestos de los que las leyes a su alcance les exigen es completamente absurdo en una situación que debe ser siempre radicalmente binaria: o se cumple la ley, o no se cumple. Si la cumplo, déjame en paz. Si no la cumplo, sancióname. A las empresas hay que pedirles que maximicen el valor para sus accionistas de manera sostenible, que cumplan religiosamente la ley, y proveerlas de un marco legal inequívoco para ello. Lo demás es hipocresía y tratar de tapar la incompetencia.

Si quieres arreglar el desastre fiscal europeo, ponte a ello, toma decisiones serias, y armoniza de una maldita vez lo que tengas que armonizar, para dotar a las compañías de unas reglas de juego claras. Las protestas norteamericanas tienen todo el sentido del mundo: sus compañías cumplen las leyes vigentes, unas leyes que muchas compañías europeas de muchas industrias también utilizan para reducir sus cargas fiscales, pero son perseguidas por ello sin más criterio que por el hecho de ser norteamericanas o tecnológicas, y por ajustarse a unas leyes que están ahí para todos y que no solo ellas, sino muchos más, utilizan de manera activa. La solución no está en tomar medidas coyunturales mediáticas ante casos aislados, sino en establecer de una vez una normativa fiscal coherente. En el fondo, una evidencia más de que la actual “Europa a medias” es un maldito desastre que nadie sabe cómo solucionar.