Electric cars Un nuevo estudio académico titulado Total cost of ownership and market share for hybrid and electric vehicles in the UK, US and Japan y publicado en Applied Energy establece que el coste total de propiedad de los vehículos eléctricos en el Reino Unido, los Estados Unidos y Japón para un ciclo medio de propiedad de cuatro años, es ya más barato que el de vehículos de combustibles fósiles de gasoil o gasolina de gama equivalente.

El resultado tiene en cuenta, además de factores como la depreciación, los impuestos, el mantenimiento, los seguros y el combustible o electricidad, a la aplicación de subsidios gubernamentales designados para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos en función de objetivos medioambientales. Sin embargo, se espera que en unos pocos años, ese coste de propiedad sea igualmente más reducido que el de los vehículos de gasolina o gasoil sin necesidad de tener en cuenta esos subsidios, que corresponden aproximadamente a unos 5,600 euros en el Reino Unido y Japón, y a unos 7,300 euros en los Estados Unidos.

El liderazgo del mercado, no obstante, corresponde con gran diferencia a China, país en el que la preocupación por las cuestiones medioambientales ha crecido enormemente como consecuencia de la situación preocupante en varias ciudades. En el Reino Unido, a pesar de que los niveles de toxicidad del aire por óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o partículas se sitúa en niveles claramente ilegales en numerosas ciudades, el número de vehículos eléctricos puros es de tan solo unos 120,000 sobre un parque total de unos 32 millones de automóviles. Sin embargo, con el ritmo actual de caída de las ventas de vehículos diesel (-30%) y el fuerte crecimiento (37%) de las de vehículos eléctricos, las ventas de eléctricos pasarían a superar las de los diesel en torno a mayo de 2019, dentro de tan solo unos 18 meses, cumpliendo las predicciones de Tony Seba. Las fuertes inversiones en infraestructuras de carga, además, son un elemento más a la hora de reducir las objeciones que se plantean muchos propietarios, a pesar de estar demostrado que incluso sin ellas y simplemente recargando en el domicilio, la autonomía de los vehículos eléctricos es ya, según investigaciones del MIT, suficiente como para cubrir el 87% de las necesidades del usuario medio, y en 2025 lo será para el 99%.

La situación en los países citados contrasta con la cerril actitud de las asociaciones de fabricantes (ANFAC), de proveedores de automoción (SERNAUTO) y de los sindicatos CCOO y UGT, que en una carta remitida al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal el pasado 19 de septiembre pedían que se ralentizase la transición al coche eléctrico en nuestro país, con el truco de solicitar que el Plan de Movilidad Eficiente 2017 no sólo cubra a coches eléctricos, híbridos y puntos de carga, sino también a aquellos vehículos de combustión que cumplan la normativa de contaminación Euro 6. Una actitud completamente impresentable y cortoplacista que juega con la salud de todos, que recuerda poderosamente a las formas de la industria del tabaco, que convierte en un chiste cualquier intento de ejercer la responsabilidad social corporativa, y que pone de manifiesto las trampas que la industria se hace a sí misma apostando por una tecnología anticuada y peligrosa que debería, en realidad, evolucionar hacia su prohibición. Los vehículos híbridos son la forma en la que la industria engaña al mercado: su producción y operación es, en muchos casos más perjudicial para el medio ambiente que sus equivalentes de combustibles fósiles, pero mediante el marketing adecuado, permiten que la industria aspire a limpiar su imagen.

El vehículo eléctrico, junto con el de pila de hidrógeno, ha llegado ya a un nivel de madurez suficiente como para que nos planteemos pasar de una simple actitud de incentivar fiscalmente su adquisición a una de penalizar claramente la de los vehículos de combustibles fósiles, y desincentivar su uso con mayores impuestos, con mayores restricciones y, por ejemplo, dificultando su acceso a un número creciente de zonas de las ciudades. Si la dejamos sola, la industria automovilística se plantea seguir produciendo vehículos de gasoil y gasolina hasta el año 2040, algo completamente irracional y que habría que impedir de todas las maneras posibles, y se apalanca para ello en la fuerza de su lobby ante los gobiernos derivada de una capacidad de generación de empleo que, en caso de ser obligadas a reconvertirse, no tendría por qué disminuir. ¿Hay alguien con la suficiente altura de miras en política como para, en lugar de cuadrarse ante la industria del automóvil, meterla en cintura de verdad y sin titubear? ¿Cuántos problemas medioambientales y cuantos episodios de alta contaminación es preciso que tengamos para que los gobiernos se decidan a actuar de manera responsable?

 

 

 

This post is also available in English in my Medium page, “In case you didn’t know it, electric vehicles are now cheaper to own and run than petrol or diesel” 

 

IMAGE: Rangizzz - 123RF

Un par de lecturas interesantes recientes permiten avanzar en la idea de la renta básica universal o incondicional como evolución de los sistemas que, en la mayoría de las sociedades contemporáneas, ofrecen beneficios condicionales a aquellos que cumplen una serie de requisitos, como ayudas a la discapacidad, a la inserción social, a la vivienda, etc.

El primer artículo recomendable es sobre la inminente puesta en marcha del experimento de renta básica universal por parte del gobierno finlandés: a lo largo del próximo año, un grupo de entre dos mil y tres mil ciudadanos finlandeses comenzarán a recibir 56o euros mensuales de manera completamente incondicional, que reemplazarán todos los demás beneficios, ayudas, subsidios etc. que pudiesen estar recibiendo. El importe es equivalente al nivel mínimo de ayuda garantizado en la seguridad social del país. El estudio piloto, que abarcará los años 2017 y 2018, pretende comprobar si esa renta básica contribuye a reducir la pobreza, la exclusión social y la burocracia, al tiempo que aumenta la tasa de empleo. El planteamiento del gobierno finlandés es, sencillamente, el de simplificar el sistema de ayudas: en lugar de un intrincado y complejo sistema de ayudas que hay que vigilar y supervisar, y que conllevan condiciones susceptibles de reducir el incentivo a la generación de ingresos adicionales, simplemente pasar a dar una cantidad de dinero incondicional, suficiente para asegurar que se está por encima del nivel de la pobreza.

En Holanda, la ciudad de Utrecht comenzará un experimento similar a menor escala en enero de 2017. En Ontario, Canadá, también están poniendo a prueba iniciativas similares, al igual que, a otro nivel, en Kenya. En Oakland, California, los ensayos se llevarán a cabo mediante una iniciativa privada financiada por la incubadora Y Combinator.

¿Cómo puede el hecho de garantizar una renta básica de manera incondicional contribuir a incrementar el empleo? Intuitivamente, tendemos a pensar que darle dinero gratis a alguien implica necesariamente que disminuya su incentivo para trabajar, y a pensar en la renta básica universal como una forma de financiar a vagos e indolentes. Pero los ejemplos de que esa intuición es falsa son muchos, y se plasman de manera bastante clara en un segundo artículo recomendable, publicado hoy en TechCrunch y titulado The progressive case for replacing the welfare state with basic income. Actualmente, muchas de las personas que reciben una ayuda para aliviar su situación de pobreza lo hacen condicionada al hecho de que no tengan otras fuentes de ingresos: si consiguen un trabajo, esa ayuda se esfuma. Eso lleva a que o bien no busquen empleo, o lo hagan únicamente en la economía sumergida, en lo que, en neto, supondría una tasa impositiva sobre su trabajo absolutamente absurda.

En un ejemplo rápido, sencillo y sin pretensiones: si una persona estuviese percibiendo en Madrid la renta mínima de inserción (RMI), de aproximadamente unos 4,500 euros anuales, y encontrase un trabajo que le pagase 7,200 euros anuales, estaría en realidad incrementando sus ingresos en 2,700 euros frente a su anterior situación ingresando el subsidio, pero dado que su ingreso de 7,200 euros podría conllevar la pérdida de la ayuda, le habríamos aplicado una tasa impositiva neta del 62.5% con respecto a su ingreso real final. ¿Tiene sentido tasar de esa manera a personas en muchas ocasiones en riesgo de caer bajo el nivel de la pobreza? ¿Nos extraña, visto así, que haya personas que opten por no trabajar mientras reciben ayudas públicas, o que decidan únicamente trabajar de forma irregular, no declarando sus ingresos? ¿Puede ser de alguna manera bueno para alguien desincentivar la búsqueda de ingresos regulares, condicionándola a la recepción de una ayuda que se pierde si estos aparecen? ¿No tendría más sentido garantizar de manera incondicional que esa persona va a estar por encima del nivel de la pobreza, y que a partir de ahí tuviese incentivos para ingresar adicionalmente lo que buenamente pudiese generar? ¿Cómo diseñar un futuro sostenible para una sociedad en la que cada vez a a ser necesario trabajar menos debido al incremento de productividad de las máquinas, si eso conlleva enviar por debajo del umbral de la pobreza a todos aquellos que van perdiendo su trabajo, y si lo único que se propone es condicionar las ayudas que reciban al hecho de que no intenten obtener otros ingresos mediante otras vías?

El hecho de condicionar la ayuda al mantenimiento de una situación determinada implica reducir el incentivo a buscar trabajo o a generar valor. El ejemplo de España y los escritores jubilados, por ejemplo, que pueden perder su pensión si ingresan pagos derivados de derechos de autor de sus obras por encima de una determinada cantidad, es similar: ¿cómo puede el Estado negarte una pensión por la que has cotizado – y por tanto un dinero que es estrictamente tuyo desde cualquier punto de vista – esgrimiendo una condición que tiene como resultado evitar que generes más valor, y que en ese caso, implica disminuir fuertemente el incentivo a que sigan escribiendo cuando posiblemente estarían en condiciones de hacerlo? ¿No deberían esas pensiones ser completamente incondicionales e independientes de la capacidad de sus receptores de obtener otros ingresos?

Según muchos de sus proponentes, la renta básica universal o incondicional no mira a la izquierda ni a la derecha, sino simplemente hacia delante. Y ante un futuro en el que la tecnología sustituye cada vez más trabajos tal y como los conocemos, y no solo en tareas aparentemente “de cuello azul” o más simples, es muy posible que termine siendo la única alternativa razonable.