¿Sustituirán las máquinas a los abogados? - Abogacía EspañolaLa revista Abogacía Española, editada por el Consejo General de la Abogacía, me pidió un artículo para su número 108 acerca de las posibilidades de inteligencia artificial como la tecnología más puntera del momento, y los retos que supondrá (y ya supone) para la abogacía en particular y para la Justicia en general. El tema me resulta interesante como todos los procesos de disrupción tecnológica, pero más ahora dado mi compromiso como vocal en el Consejo Asesor para la Innovación en la Justicia. El resultado lo han titulado “¿Sustituirán las máquinas a los abogados?” (el enlace está en Flash, aquí añado en pdf la portada de la revista y la página de mi artículo), y está encuadrado en un especial con varios artículos interesantes sobre el tema. 

Resulta fuera de toda duda que muchas de las tareas que hoy lleva a cabo un abogado serán desempeñadas en el futuro por algún tipo de aplicación de la inteligencia artificial. Los avances comerciales en ese sentido de compañías como IBM con ROSS, el asistente de búsquedas en la jurisprudencia para bufetes de abogados que muchos despachos ya han incorporado con aparentemente muy buenos resultados, tiene en principio y por diseño una aplicación mucho más directa y una mayor propuesta de valor en el ámbito del derecho anglosajón o common law, pero la compañía, interesada en abrir otros mercados, ya está llegando a acuerdos de desarrollo para promover su mejora y su aplicación al derecho continental. En principio, ROSS se plantea como un asistente para el abogado, el papel del denominado paralegal en la tradición legal norteamericana, pero indudablemente, puede suponer no solo importantes incrementos de productividad gracias a recortes en el número de horas invertidas por los abogados, sino también la posibilidad de mejorar de manera sensible la calidad de los enfoques y estrategias utilizadas.

Como en todos los ámbitos, el desarrollo tecnológico termina por generar tareas que, por su mayor eficiencia, dejan de llevarse a cabo de forma manual por un humano. Del mismo modo que en pocas generaciones, los radiólogos y especialistas en diagnóstico mediante imágenes médicas dejarán de mirar esas placas para evitar pasar por alto posibles elementos que un algoritmo sí será capaz de identificar y, eventualmente y a lo largo de generaciones, perderán la habilidad de diagnosticar manualmente, parece claro que en el futuro, pocos abogados llevarán a cabo búsquedas en la jurisprudencia de manera manual o las encargarán a un asistente, por miedo a perderse enfoques potencialmente relevantes que no escaparían a los implacables y metódicos algoritmos. Igualmente, es de esperar que una parte de la justicia evolucione para convertirse en algorítmica, que muchos delitos no lleguen siquiera a ser vistos por un humano salvo que sean objeto de recurso, que sea un algoritmo el que determina cuestiones como la posibilidad de reincidencia de un delincuente, y que ese tipo de cuestiones contribuya a solucionar en parte el colapso que sufren la mayoría de los sistemas judiciales. Cuestiones como el dilema de la caja negra o la ventaja competitiva que obtengan los que utilicen este tipo de sistemas frente a los que no lo hagan tendrán, además, que ser objeto de discusión a todos los niveles, pero tendrán que serlo desde una óptica abierta y no restrictiva si no se quiere perder el tren del progreso tecnológico y tardar más en alcanzar las ventajas que su uso pueda traer consigo.

Al abogado, sin duda, le va a tocar relacionarse con la inteligencia artificial, y eso generará todo tipo de cambios, incluidos, como no y por la parte que me toca, en el tipo de formación que es preciso impartir a quienes estén preparándose profesionalmente para trabajar en este ámbito. Pero plantear la inteligencia artificial en términos de sustitución es un error peligroso, que genera miedos, desconfianza y posiblemente, procesos de adopción más lentos. De ahí el párrafo final de mi artículo:

El mayor peligro de la tecnología no es que te deje sin trabajo, sino que te convierta en obsoleto, en inadaptado frente a los que la utilizan. No nos planteemos si la tecnología nos va a dejar o no sin trabajo: planteémonos cómo podemos mejorar nuestro trabajo con ella. Y de paso, cómo podemos mejorar la sociedad.

 

Photos in media (Feb. 2018)

Esta semana he tenido una cierta presencia en medios por dos temas no relacionados entre sí y que, dado que esta página no solo la tengo para analizar la actualidad tecnológica, sino también un poco como “mi querido diario”, me gustaría comentar brevemente.

El primero de ellos fue la publicación de una lista en Business Insider, “Los 25 españoles del mundo de la tecnología que deberías seguir en Twitter“, amablemente convertida en lista de Twitter por Juan Andrés Muñoz para facilitar su seguimiento a quien lo desee. Un detalle de Business Insider que no esperaba, pero que no deja de tener su punto, porque mi uso de Twitter a lo largo de los años ha evolucionado sensiblemente, y desde hace bastante tiempo, lo utilizo únicamente para publicar mi entrada diaria en español y en inglés y para compartir alguna noticia publicada por terceros que considero interesante.

Si Business Insider considera que soy uno de los 25 españoles que deberías seguir, por mí encantado, porque el uso de Twitter que mantengo es precisamente eso, un intento de compartir información sobre lo que creo que es interesante en el mundo de la tecnología. Twitter supone para mí una fuente considerable de tráfico, en torno al 10% en mi página en español y bastante más en mi página en inglés, y que una publicación lo destaque, y mencione además que tengo “un tono muy didáctico y divulgativo”, considerando que me dedico a la enseñanza, quiere decir que no lo estoy haciendo del todo mal :-) Recuerdo a los posibles interesados que si alguien quiere una visión más completa de mi selección de noticias tecnológicas del día escogida con cierta regularidad, puede seguirme en este tablero de Pinterest o en mi revista de Flipboard, en las que no incluyo lo que escribo, sino únicamente lo que leo.

El segundo fue la noticia de la constitución del Consejo Asesor para la Innovación en la Justicia, una iniciativa del Ministerio de Justicia creado mediante orden ministerial como grupo de trabajo de los previstos en la ley 40.3 de la ley 6/1997. Sus funciones, según el documento oficial que detalla su creación, incluyen la identificación de necesidades, obstáculos, y oportunidades para la transformación de la Administración de Justicia, la generación de ideas para el desarrollo de políticas e iniciativas innovadoras en el sector legal, la promoción de la cultura de la innovación en el sector Justicia, la identificación de retos para las políticas de innovación en Justicia, la anticipación de tendencias emergentes y su uso en Justicia, la sugerencia de reformas legales necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico a las nuevas exigencias planteadas por la sociedad, la propuesta de fórmulas de colaboración del sector público con el sector privado y la sociedad civil en el desarrollo de la digitalización de la Justicia, y la sugerencia de iniciativas que sirvan para impulsar la convivencia entre el Derecho y la tecnología. A petición del ministro, podría igualmente pronunciarse sobre medidas o planes que esté impulsando el Departamento, proyectos normativos, o directrices y decisiones relevantes.

La participación en el Consejo Asesor para la Innovación en la Justicia no conlleva ningún tipo de remuneración. Para mí, que el gobierno de mi país considere que puedo, a título estrictamente individual y no como representante de ninguna empresa, cargo o institución, tener algo que aportar supone toda una satisfacción: participaría en cualquier caso, independientemente del color político del gobierno que me lo pidiese. La primera reunión dejó discusiones interesantes y, sobre todo, un planteamiento operativo, abierto, poco burocrático, y con sensación de poder sacar cualquier tema o comentar cualquier idea con plena libertad. A medida que vaya avanzando la iniciativa, iré comentando mis impresiones al respecto.

 

Lucha de gigantes: El Corte Inglés derrota a Amazon - Cambio16Gonzalo Toca, de Cambio16, me llamó por teléfono para hablar sobre la dinámica competitiva en España entre Amazon y El Corte Inglés, pero cuando ayer vi el reportaje que publicó y en el que me cita brevemente, “Lucha de gigantes: El Corte Inglés derrota a Amazon“, me horroricé: es, seguramente, el peor y más absurdo titular que he visto en mucho tiempo. De hecho, leyendo el artículo entiendo que me cite tan poco, porque lógicamente, no pude darle ningún argumento que llevase a la conclusión que indica el título, sino más bien todo lo contrario.

Plantear la competencia entre El Corte Inglés y Amazon como una “lucha entre gigantes” es, sencillamente, absurdo. Pongamos, por favor, las cosas en su sitio: mientras Amazon es la cuarta compañía cotizada más grande del mundo, con una valoración de más de 571,000 millones de dólares, El Corte Inglés es una empresa no cotizada que podría valer, en el más optimista de los escenarios, unos 16,000 millones de euros, casi treinta veces menos. Pretender equiparar a ambas compañías calificando un supuesto enfrentamiento como “lucha de gigantes” obvia una clara evidencia: que si una cosa es no una, ni dos, sino treinta veces mayor que otra, solo una de ellas puede ser calificada como “gigante”, no las dos. Tan solo en la reciente adquisición de Whole Foods, una cadena de 473 supermercados estratégicamente situados, Amazon se ha gastado casi tanto, 13,400 millones de dólares, como lo que algunos afirman que vale El Corte Inglés, que sumando sus centros con los Hipercor y los Supercor llegaría a reunir un total de 228 locales. En número de empleados, hablamos de magnitudes igualmente incomparables: frente a las alrededor de 92,000 personas que trabajan en El Corte Inglés, la plantilla de Amazon tiene el tamaño de un país pequeño, más de medio millón de empleados.

Pretender comparar así ambas compañías es algo que solo puede calificarse de miopía espectacular: Amazon no solo es un gigante del comercio a nivel mundial, única variable en la que podría coincidir en un ámbito similar al que El Corte Inglés compite a escala local (con actividad únicamente en dos países, España y Portugal), sino que además, lo es en industrias tan diversas como la producción y distribución de contenidos, el software, el hardware, las plataformas logísticas o el cloud computing, por citar únicamente algunos de sus negocios más destacados. Mientras Amazon es, desde hace algún tiempo, la compañía que inspira más miedo a los directivos de prácticamente todas las empresas del mundo, El Corte Inglés únicamente suena conocida a aquellos que han pasado alguna vez por España. ¿Os impresiona el hecho de que El Corte Inglés sea el primer anunciante de nuestro país, con un volumen de 78.5 millones de euros? Pues el presupuesto de marketing de Amazon se calcula en torno a los 7,000 millones de dólares. Vamos a dejarnos de comparaciones sin sentido, por favor.

Ni hay una “lucha de gigantes”, ni el Corte Inglés “derrota” a Amazon en nada, y plantearlo así no tiene ningún sentido. Que El Corte Inglés facture en dos países, España y Portugal, cinco veces más que Amazon no quiere decir absolutamente nada, del mismo modo que no tiene ningún sentido comparar el volumen total del comercio de un país con únicamente el comercio electrónico en el mismo. El Corte Inglés es una gran empresa comercial española a la que espero y deseo que le vaya bien muchos años, pero Amazon es un gigante imparable a nivel mundial en una amplia variedad de ámbitos. El Corte Inglés lleva actuando en el mismo ámbito desde 1940 y, como mucho, precisamente espoleada por Amazon, empieza a moverse tímidamente en el mundo online. Amazon ha crecido tanto y en tantos negocios desde su fundación en 1994, que su revalorización bursátil desde que salió a bolsa alcanza un porcentaje hasta difícil de leer: 67,597% (y sí, la coma es un separador de millares, no una coma decimal). Si queremos evaluar el tema de una manera definitiva y evidente, diríamos que mientras El Corte Inglés tiene que mirar a Amazon para inspirarse en muchas cosas, Amazon no necesita mirar en absoluto a El Corte Inglés – ni a prácticamente nadie – para nada.

¿Tiene El Corte Inglés algo que hacer frente a Amazon? De nuevo, resulta absurdo plantearlo así. Seguramente, el volumen de lo que adquiriremos en Amazon a lo largo de los próximos años crezca de manera sostenida, mientras que el que adquiriremos en El Corte Inglés siga una dinámica relativamente constante, cuando no descendente. Desde hace años, la mayor parte de las cadenas generalistas de grandes almacenes en Estados Unidos evolucionan a la baja: las tendencias de los países no pueden trasladarse sin más a otros y, por tanto, eso no quiere decir necesariamente que sea lo mismo que vaya a pasarle a El Corte Inglés, pero tampoco que ni en sus mejores sueños pueda aspirar a acercarse al crecimiento y dinamismo que muestra una compañía como Amazon. Sin embargo, hay mucho espacio en la economía de los países para competidores locales en el mundo de la distribución, y el hecho de que a Amazon le vaya cada vez mejor no quiere decir que vaya a acabar con El Corte Inglés, ni que tampoco lo pretenda. Hablamos, simplemente, de compañías que no son comparables, eso es todo. Ah, y de un muy mal titular.

 

Electric cars Un nuevo estudio académico titulado Total cost of ownership and market share for hybrid and electric vehicles in the UK, US and Japan y publicado en Applied Energy establece que el coste total de propiedad de los vehículos eléctricos en el Reino Unido, los Estados Unidos y Japón para un ciclo medio de propiedad de cuatro años, es ya más barato que el de vehículos de combustibles fósiles de gasoil o gasolina de gama equivalente.

El resultado tiene en cuenta, además de factores como la depreciación, los impuestos, el mantenimiento, los seguros y el combustible o electricidad, a la aplicación de subsidios gubernamentales designados para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos en función de objetivos medioambientales. Sin embargo, se espera que en unos pocos años, ese coste de propiedad sea igualmente más reducido que el de los vehículos de gasolina o gasoil sin necesidad de tener en cuenta esos subsidios, que corresponden aproximadamente a unos 5,600 euros en el Reino Unido y Japón, y a unos 7,300 euros en los Estados Unidos.

El liderazgo del mercado, no obstante, corresponde con gran diferencia a China, país en el que la preocupación por las cuestiones medioambientales ha crecido enormemente como consecuencia de la situación preocupante en varias ciudades. En el Reino Unido, a pesar de que los niveles de toxicidad del aire por óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o partículas se sitúa en niveles claramente ilegales en numerosas ciudades, el número de vehículos eléctricos puros es de tan solo unos 120,000 sobre un parque total de unos 32 millones de automóviles. Sin embargo, con el ritmo actual de caída de las ventas de vehículos diesel (-30%) y el fuerte crecimiento (37%) de las de vehículos eléctricos, las ventas de eléctricos pasarían a superar las de los diesel en torno a mayo de 2019, dentro de tan solo unos 18 meses, cumpliendo las predicciones de Tony Seba. Las fuertes inversiones en infraestructuras de carga, además, son un elemento más a la hora de reducir las objeciones que se plantean muchos propietarios, a pesar de estar demostrado que incluso sin ellas y simplemente recargando en el domicilio, la autonomía de los vehículos eléctricos es ya, según investigaciones del MIT, suficiente como para cubrir el 87% de las necesidades del usuario medio, y en 2025 lo será para el 99%.

La situación en los países citados contrasta con la cerril actitud de las asociaciones de fabricantes (ANFAC), de proveedores de automoción (SERNAUTO) y de los sindicatos CCOO y UGT, que en una carta remitida al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal el pasado 19 de septiembre pedían que se ralentizase la transición al coche eléctrico en nuestro país, con el truco de solicitar que el Plan de Movilidad Eficiente 2017 no sólo cubra a coches eléctricos, híbridos y puntos de carga, sino también a aquellos vehículos de combustión que cumplan la normativa de contaminación Euro 6. Una actitud completamente impresentable y cortoplacista que juega con la salud de todos, que recuerda poderosamente a las formas de la industria del tabaco, que convierte en un chiste cualquier intento de ejercer la responsabilidad social corporativa, y que pone de manifiesto las trampas que la industria se hace a sí misma apostando por una tecnología anticuada y peligrosa que debería, en realidad, evolucionar hacia su prohibición. Los vehículos híbridos son la forma en la que la industria engaña al mercado: su producción y operación es, en muchos casos más perjudicial para el medio ambiente que sus equivalentes de combustibles fósiles, pero mediante el marketing adecuado, permiten que la industria aspire a limpiar su imagen.

El vehículo eléctrico, junto con el de pila de hidrógeno, ha llegado ya a un nivel de madurez suficiente como para que nos planteemos pasar de una simple actitud de incentivar fiscalmente su adquisición a una de penalizar claramente la de los vehículos de combustibles fósiles, y desincentivar su uso con mayores impuestos, con mayores restricciones y, por ejemplo, dificultando su acceso a un número creciente de zonas de las ciudades. Si la dejamos sola, la industria automovilística se plantea seguir produciendo vehículos de gasoil y gasolina hasta el año 2040, algo completamente irracional y que habría que impedir de todas las maneras posibles, y se apalanca para ello en la fuerza de su lobby ante los gobiernos derivada de una capacidad de generación de empleo que, en caso de ser obligadas a reconvertirse, no tendría por qué disminuir. ¿Hay alguien con la suficiente altura de miras en política como para, en lugar de cuadrarse ante la industria del automóvil, meterla en cintura de verdad y sin titubear? ¿Cuántos problemas medioambientales y cuantos episodios de alta contaminación es preciso que tengamos para que los gobiernos se decidan a actuar de manera responsable?

 

 

 

This post is also available in English in my Medium page, “In case you didn’t know it, electric vehicles are now cheaper to own and run than petrol or diesel” 

 

Twitter default avatar (2017)Las recientes demandas del Partido Popular en España en torno a una supuesta “eliminación del anonimato en las redes sociales”, expresadas por su portavoz, Rafael Hernando, a raíz de unas presuntas amenazas expresadas en Twitter contra la Secretaria Primera de la Mesa del Congreso y presidenta del Comité Electoral Nacional del PP, Alicia Sánchez Camacho, no hacen más que reflejar una cuestión: que el Partido Popular no entiende la red. 

Partamos de la base de que el “calentamiento de boca” de Hernando proviene de un análisis serio, consecuente y consensuado con su partido, y no de una simple reacción en caliente frente a los mensajes recibidos por su compañera: como ya comenté en el año 2011, el anonimato es y debe ser un derecho fundamental en la red, y eso no es simplemente una frase que diga yo, sino además, la opinión de organismos tan autorizados como la Electronic Frontier Foundation (EFF), que posee toda una interesante sección de su página web dedicada a la reflexión sobre el tema, o las Naciones Unidas, que afirman que el cifrado y el anonimato son elementos fundamentales a la hora de permitir que los individuos ejerciten su libertad de opinión y de expresión en la era digital, y que como tales, merecen una protección fuerte y categórica. Hablamos, pura y simplemente, de un derecho fundamental, de un elemento importantísimo en la esencia de las sociedades democráticas: no se puede hablar de la eliminación del anonimato o de la prohibición del cifrado sin asumir de manera inmediata una importante erosión en la calidad de la democracia de un país

Todos los que alguna vez hemos sido agredidos, acosados o insultados a través de la red experimentamos una necesidad inmediata de reaccionar, de responder a la agresión de alguna manera. En muchos casos, la respuesta se da a través del propio canal, cayendo en el manido don’t feed the troll que, lejos de ser una verdad absoluta, no deja de ser un simple aforismo con muchos matices imprescindibles. Cuando además el agredido es un miembro de la escena política con capacidad de intervención sobre la legislación, la tentación de “legislar en caliente” es inmediata, humana y comprensible. Pero no por ello menos censurable: al político debe exigírsele un mínimo de madurez, y una de las maneras de demostrar tal madurez es precisamente tratando de examinar todos los elementos implicados en una decisión.

El anonimato en las redes no puede ser eliminado salvo que se asuman infraestructuras enormes y la creación de un entorno autoritario como el existente en países como China, convertida en la versión corregida y aumentada del Gran Hermano imaginado por George Orwell en su “1984“. Pretender que las redes sociales asuman como propia el deseo de perseguir el anonimato de un gobernante es algo tan realista como cuando algún desinformado personaje, hace años, pretendía “hablar con Bill Gates para que pusiera la ñ en internet“. Las redes sociales, por mucho que tengan que desarrollar su actividad dentro del marco legislativo definido por los países en los que actúen, no están para satisfacer los deseos de control del político de turno.

Las comparaciones habituales a los que los políticos recurren en muchas ocasiones tampoco sirven: el paralelismo entre “el huevo de Twitter”, ya eliminado y sustituido por otro formato en un intento de eliminar sus connotaciones negativas,y la imagen de quien va por la calle enmascarado no funciona como tal: la eliminación del anonimato sería comparable, más bien, con una supuesta obligación de exhibir constantemente nuestra identidad con un cartel colgado del cuello o una etiqueta cosida en la ropa, algo solo exigible a aquellos que tienen encomendadas funciones que requieren un especial control, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. En la red, el anonimato como tal está muy lejos de ser tan ubicuo como algunos piensan: los mecanismos que convierten a alguien en completamente anónimo son difíciles de poner en práctica a un nivel tal que convierta la identidad de la persona en verdaderamente difícil de obtener. Ante la comisión de un delito y tras el requerimiento judicial correspondiente, son raros los casos en los que un usuario no puede ser identificado. Pero para ello tenemos que partir de una base fundamental: que exista un delito, y que un juez considere adecuado, proporcionado y justificado requerir la identificación de quien lo cometió.

Estoy totalmente a favor de identificar, perseguir y condenar a todo aquel que cometa un delito en la red, siempre que efectivamente sea un delito y que un juez así lo determine. Condenar a quienes injurian, difaman, acosan o amenazan en la red es importante, porque eso nos convierte en una sociedad más libre y evita que los matones dominen la conversación. Separar los delitos determinados por un juez de otras cuestiones importantes en una sociedad democrática, como el derecho a la parodia, a la ironía, al uso del humor en todas sus vertientes o a la crítica y el activismo es también fundamental, y debe ser considerado como algo muy importante, que no debería peligrar en una sociedad sana. Es importante buscar, además, un efecto ejemplificador que, dentro de la lógica y la mesura, contribuya a la educación de la sociedad en un contexto relativamente novedoso – ya no tanto, pero concedamos que no de manera universal – como el de las redes sociales. Se tarda tiempo en educar a una sociedad, pero se termina consiguiendo si se utilizan las herramientas adecuadas.

Todo político y toda persona con acceso al poder manifiesta de manera inmediata un deseo irrefrenable de control. La sensación de que, por ejemplo, eliminar el cifrado es una manera de evitar que los delincuentes se oculten es muy primaria y revela un desconocimiento profundo del funcionamiento de la red: si prohibimos el cifrado, estaríamos generando en primer lugar un absurdo conceptual – no hay nada que debilite más el prestigio de un político que la promulgación de leyes imposibles de cumplir – y, en segundo, provocaríamos que los delincuentes simplemente buscasen métodos más sofisticados, ante lo cual nos quedaríamos vigilando y monitorizando a los que no lo son.

En las sociedades democráticas, debemos exigir a los políticos que actúen con la madurez suficiente como para asumir que el control total es incompatible con la democracia, y que aquel que en una red social se comporta como un impresentable o un maleducado es porque la ley le permite, mientras no cometa un acto ilegal, ser un impresentable o un maleducado. La definición de lo que es o no delito es algo que proviene de un amplio consenso social expresado a lo largo de muchos años, y no puede ser revisada cada vez que algo nos resulta incómodo, ofensivo o molesto. No todo lo que no nos gusta o nos resulta molesto es un delito. Solo es delito lo que un juez decide que lo es, y pretender que todo aquel que recurre al anonimato o al uso de un pseudónimo lo hace con el fin de cometer delitos es de una inmadurez tal que, cuando se constata en un político, asusta. O debería asustar. El anonimato, como el cifrado, es un derecho fundamental de las personas en la era digital, y una cuestión enormemente compleja, con infinidad de matices que incluyen desde la libertad para ser conocido por el nombre que uno desee, hasta la búsqueda de protección contra prejuicios o agresiones de diversos tipos. Cada vez que veamos a un político exigir el fin del anonimato como una medida de trazo grueso, como si eso fuese la solución a todos los males, deberíamos reaccionar inmediatamente con el adecuado nivel de alarma: se empieza por ahí, y se termina por el liberticidio.