Huelga del taxi (IMÁGENES: El Español)Ayer, una vez más, el sector del taxi decidió tomar como rehén de sus protestas a todos los habitantes de una ciudad, y colapsaron los transportes, protagonizaron disturbios, cortaron calles y agredieron a conductores y vehículos legalmente autorizados para prestar sus servicios. Ignoro en qué momento el derecho a la huelga y a la manifestación se ha convertido en “derecho a agredir, a intimidar y a colapsar una ciudad”, pero es una tendencia verdaderamente preocupante: cualquier político que defienda esta “moderna” interpretación de los derechos de los trabajadores no cae para mí dentro de la categoría de político, sino de la de imbécil populista de la peor clase. Esta idea de “me vas a escuchar porque puedo colapsarte una ciudad entera” tiene que acabar, porque no tiene nada que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores: se ha convertido en otra cosa totalmente distinta. E injustificable.

El taxi tiene un problema muy claro y concreto: muchas décadas de servicios de taxi regulados mediante licencias presentes en las ciudades han demostrado fehacientemente y sin lugar a duda que los taxis por sí mismos no constituyen una solución válida al problema del transporte urbano, un poblema cada vez más reciente y acuciante que demanda medidas urgentes. El sistema de licencias, creado en su momento para evitar la llamada “tragedia de los comunes“, se probó como la única manera de ofrecer servicios de transporte en automóvil que permitía que los que lo ofrecían obtuviesen unos ingresos razonables, y los que lo demandaban, tuviese un adecuado nivel de seguridad y calidad. Las ciudades que decidieron regular los taxis mediante licencias se convirtieron en mayoría, y las que no lo hicieron – el caso más comentado habitualmente es Lima – se quedaron como ejemplo de servicios subóptimos, inseguros, imprevisibles y en muchos casos, peligrosos.

Sin embargo, la tecnología vino a cambiar esto: desde la llegada de Uber, una app se encarga de regular lo que antes regulaba una licencia, y además, lo hace infinitamente mejor. Digan lo que digan los taxistas, un desplazamiento en Uber o Cabify ofrece siempre una calidad más elevada que uno en un taxi estándar: el vehículo está más limpio y el conductor se esfuerza más por agradar. ¿La razón? Tan sencilla como el sistema de rating. Al terminar la carrera, el conductor de Uber, Cabify y servicios similares sabe que será puntuado, y que bajar de cuatro estrellitas puede suponer su eliminación de la plataforma. Llamémosle como queramos, pero funciona. Si un taxi te da un mal servicio, nadie se queja, porque el sistema no está pensado para recoger las quejas (sí, puedes hacerlo, teóricamente… pero nadie lo hace salvo que sea verdaderamente grave). Si te quejas en Uber o Cabify, se tiene en cuenta, y generalmente, además, te devuelven el dinero.

Las apps han demostrado ser infinitamente más eficientes que el taxi de toda la vida, y en consecuencia, crecen más. Y eso, económicamente, significa que por primera vez, un sistema basado en la abundancia de oferta funciona mejor y soluciona mejor los problemas del transporte en las ciudades que uno basado en la escasez. Porque el sistema de licencias, no lo olvidemos, se basa en una escasez de las mismas, lo que ha conllevado barbaridades como que cada licencia llegue a tener precios exorbitantes, que en el caso de Madrid llegaron a ser de más de un cuarto de millón de euros, y en el de Nueva York, de un millón de dólares. Sencillamente demencial. La experiencia nos demuestra que la solución temporal a ese problema no es preservar el sistema de licencias, sino abrirlo. Las restricciones en las licencias VTC generan que esas licencias VTC, por simple ley de oferta y demanda, se disparen en precio como se dispararon antes las de taxi: repetir los mismos errores del pasado. La única solución es eliminar las restricciones, y que quien quiera, pueda obtener una con un sencillo trámite administrativo. Pasar de economía de la escasez, a economía de la abundancia. Lo demás, es puro populismo. Que eso pueda hacerse gradualmente o que se arbitren soluciones de reconversión para los afectados es una posibilidad, pero que choca con otro tema: yo, como contribuyente, no tengo por qué pagar con mis impuestos ese rescate de quienes decidieron libremente invertir su dinero en una carísima licencia. La protección social tiene sus límites.

Los taxistas se declaran en huelga simplemente porque se niegan a perder los privilegios y el supuesto monopolio que su licencia les otorga, o que creen que les otorga. Los taxistas creen que su licencia es un derecho exclusivo para transportar personas en las ciudades, y no es así. Y el grave problema surge cuando los derechos que los taxistas creen tener se convierten en una amenaza para los derechos que los ciudadanos sí tienen de manera innegable: el acceso a un transporte digno en las ciudades. De ahí que la solución no sea en ningún caso seguir protegiendo los supuestos derechos que un colectivo cree tener, sino posibilitar la llegada de nueva oferta que permita sistemas de transporte más modernos, de más calidad, más variados y más versátiles. La solución al transporte en las ciudades no es ni será nunca proteger al taxi, sino posibilitar que exista cuanta más oferta, mejor. Oferta de todo tipo: vehículos particulares, conductores con licencia VTC, furgonetas y SUVs con rutas compartidas, sistemas de car-sharing o en car-pooling… todo.

A partir de ahí, la huelga ya no tiene sentido más que como protesta de un colectivo que reclama que su supuesto derecho a mantener su supuesta exclusividad está por encima del derecho de todos los ciudadanos a moverse por una ciudad, y es peor aún si toma como rehén a toda esa ciudad y dificulta la movilidad en la misma durante doce horas. Aquí, los ciudadanos deberíamos dejar de manifestar “simpatía”, y reclamar que se protegiesen nuestros derechos contra una mafia que se pasea por la ciudad cortando calles, tirando petardos, agrediendo a personas y propiedades e intimidando a conductores para que no puedan hacer su trabajo. Esa es la gran verdad: que los taxistas han pasado de “afectados por el avance de la tecnología”, a simplemente “mafia”. De la peor clase. Y lo siento muchísimo, porque no se puede juzgar a todo un colectivo de trabajadores honrados por las acciones de unos pocos, pero es lo que hay.

El problema del taxi no se llama Uber ni Cabify: se llama conducción autónoma, algo que va a estar aquí en un plazo de unos tres años, y que conlleva que ya nadie va a vivir de conducir un vehículo. Creen que es ciencia-ficción, pero ya está aquí, y no va a detenerse para que algunos sigan preservando su supuesta (e inexistente) exclusividad. Cuando los vehículos sean autónomos, y la tecnología ya ha llegado prácticamente a la posibilidad de que así sea, el transporte sera mucho más barato, más eficiente, y será ofrecido por plataformas reguladas mediante apps. El taxi como lo conocemos hoy será una reliquia del pasado, un recuerdo de otros tiempos, de cuando eran personas las que conducían los vehículos. Que para proteger los escasos años que quedan antes de que eso sea una realidad vengan unos energúmenos y colapsen toda una ciudad es algo sencillamente inaceptable.

No tengo nada que ver con ninguna de estas compañías, más allá de estudiarlas como caso de disrupción tecnológica e innovación. Soy simplemente un profesor, no me pagan por escribir sobre ellos, ni por publicar esto, ni por opinar de una manera determinada. Soy un profesor que ayer quiso desplazarse a las 17:00 a un sitio fuera de la almendra de Madrid, y que no pudo hacerlo porque no solo no había taxis, que están en su derecho de hacer huelga si quieren, sino que no había ningún otro servicio, porque estaban siendo objeto de agresiones e intimidaciones. Alguien que ayer se quedó sin acudir a una reunión, alguien cuyos derechos fueron claramente vulnerados por un colectivo con un comportamiento abiertamente mafioso. Urge que alguien con dos dedos de frente y sin recursos al populismo evite que un colectivo siga tomando como rehén a toda una ciudad, colapsándola completamente, para defender un monopolio que no debería existir y unos derechos que no existen y que, además, van en contra del interés de toda la sociedad en su conjunto. El problema del transporte en las ciudades no lo vamos a arreglar preservando lo que hay: hacen falta soluciones nuevas. Muchas. Cuantas más mejor. Y si eso supone la desaparición de un monopolio, ese monopolio tendrá que desaparecer, aunque a muchos no les guste y aunque tengan la posibilidad de colapsar las ciudades. Es lo que hay.

 

Project Sunroof - GoogleMi columna de esta semana en El Español se titula “Lo que nos estamos perdiendo“, y vuelve al tema de la energía solar y la generación distribuida, al hilo de la primera expansión del Project Sunroof de Google fuera de los Estados Unidos, a Alemania, en asociación con una compañía eléctrica clásica, E.ON. Habría mucho que decir sobre la relación entre esa compañía y nuestro país, pero tendríamos que bajar hasta lo más hondo de las catacumbas de la corrupción institucionalizada en España, y no es un tema en el que toque entrar en este lugar y momento.

El Project Sunroof de Google es una manera de hacer tangible la generación de energía solar utilizando Google Earth y Google Maps para, a partir de la dirección de una casa, ser capaz de calcular la insolación que recibe y la superficie de su tejado, lo que permite, trabajando con compañías eléctricas, establecer un marco de los ahorros que podría generar en su factura. Obviamente, la propuesta de valor más clara es para quienes viven en viviendas unifamiliares, pero puede utilizarse también en comunidades para tener una idea de lo que estamos hablando.

En un país como España, con un nivel generalmente elevado de insolación y una anomalía fruto de un nivel de corrupción generalizado como el “impuesto al sol”, que pretende desincentivar la autogeneración a nivel doméstico, herramientas como Project Sunroof resultarían importantísimas para que los usuarios tuviesen una idea real de lo que se están perdiendo al no aprovechar una fuente de energía como el sol. Frente a escépticos trasnochados que siguen aún afirmando que “la energía solar no es rentable si no se subvenciona” – algo que dejó de ser verdad hace mucho tiempo en virtud de la evolución del precio de las placas solares gracias a la ley de Swanson – y que aún toman como norma de fe generalizada aquellos escasísimos casos de fraude en los que los propietarios de granjas solares utilizaban generadores diesel para generar energía por las noches (que en realidad ni siquiera se trataba de un fraude como tal, sino de una reserva de la capacidad de generación provocada por un plazo establecido artificialmente a los propietarios) , la gran verdad es que no aprovechar esa capacidad de generación es completamente absurdo, y que los costes, aparte de lo que la fría cifra que la calculadora de Project Sunroof sea capaz de arrojar, van mucho más allá en términos medioambientales.

En cuestión de expectativas, es fundamental ser realista. Es muy posible que en muchos casos, las posibilidades de la generación solar doméstica no sean suficientes para cubrir todas las necesidades de una casa. En invierno, con menos horas de sol y con una demanda más elevada de electricidad, es muy posible que sea necesario recurrir a una compañía eléctrica para cubrir determinados momentos. Es muy razonable pensar en escenarios de generación distribuida en los que las compañías eléctricas sigan siendo quienes poseen y operan las instalaciones sobre los tejados de muchos hogares, pero incluso en ese caso, habremos ganado mucho en términos medioambientales.

Proyectos como este son muy necesarios en España para entender lo que nos estamos perdiendo. En Alemania necesitan Project Sunroof para calcular lo que se ahorrarían: en España, lo necesitamos para entender cuánto nos están robando unos políticos corruptos y unos impuestos completamente fuera de lugar. Lo necesitamos para evidenciar lo que hay, para generar presión sobre la retirada del impuesto al sol. Lo necesitamos para sacar la basura. Si Google quiere generar una diferencia con su proyecto, España es un buen sitio para lograrlo. Para evidenciar el nivel de cerrazón intelectual y de corrupción al que muchos políticos pueden llegar. A ver si alguna de las compañías eléctricas en nuestro país se decide a recoger el guante de Google y se convierte en socia de este gran proyecto.

 

IMAGE: Stanisław Tokarski - 123RFMi columna de esta semana en El Español se titula “Autoconsumo y prevaricación“, y hace referencia a la dura carta enviada por la Comisión Europea al ministerio de energía español, exigiendo explicaciones por las múltiples trabas, barreras e impuestos establecidos a nivel legislativo para desincentivar el autoconsumo eléctrico, que no solo son completamente contrarios al derecho europeo, sino que además, suponen un absoluto contrasentido en un país con un nivel de insolación tan elevado como España.

El desincentivo a la autogeneración de electricidad en España es un clarísimo caso de prevaricación, en su definición mas canónica: dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Cuando el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, afirma que no elimina el impuesto al sol porque si lo hiciese “se dejarían de recaudar 162 millones de euros anuales vía impuestos” está, en realidad, admitiendo que implantó un impuesto contrario a la legislación europea, que tasa de manera injusta y arbitraria una actividad tan beneficiosa para el medio ambiente y para el bolsillo del ciudadano como la autogeneración y autoconsumo de energía eléctrica, y que además, se niega a dejar de hacerlo porque no quiere renunciar a esos ingresos. 

Que países europeos con tasas de insolación much menores que España estén plagados de placas solares mientras en nuestro país, instalar un tejado solar y un acumulador suponga enfrentarse a un calvario legislativo, regulatorio y fiscal supone un contrasentido tan grande, tan absurdo, que reclama una investigación sobre los motivos que en su momento llevaron a los políticos implicados a legislar de esa manera. Pero sobre todo, urge eliminar ese entramado destinado únicamente a desincentivar un fenómeno, el de la autogeneración y el autoconsumo, que se ha desarrollado de manera impresionante en muchos países y que está sujeto a enormes economías de escala.

En los Estados Unidos, el Project Sunroof de Google, pronto disponible para España, ha determinado analizando sesenta millones de edificios en cincuenta estados que 4 de cada 5 hogares tienen potencial para la generación de energía solar. Es posible que en nuestro país, con una tasa de concentración de la población en núcleos urbanos relativamente elevada, esa tasa sea algo menor, pero en cualquier caso, es fundamental ponerla en valor lo antes posible. La ley de Swanson hace que los paneles solares sean cada vez más baratos, los acumuladores mejoran también su rendimiento, y el desarrollo de nuevos materiales como las tejas solares creadas por Tesla, disponibles en el mercado a partir de abril, lleva a modelos cada vez más eficientes y menos intrusivos. ¿Qué sentido tiene seguir oponiéndose por principio a una generación distribuida que se revela de una forma cada vez más clara como el futuro de la energía?

 

IMAGE: Gina Sanders - 123RFCon el precio de la electricidad en máximos históricos en España por culpa de un esquema de profunda ineficiencia, cuesta pensar en una revolución que se lleve por delante una gran parte de los esquemas que hemos conocido durante nuestra vida y que nos aboque a un auténtico cambio de modelo, a la llegada de la energía barata o gratuita, a la era de la abundancia energética.

Y sin embargo, son cada vez más las señales que indican que la energía va a protagonizar la siguiente gran revolución: la llegada de lo que algunos empiezan a denominar enernet, una red de energía dinámica, distribuida, redundante y multi-participativa construida alrededor de la generación, almacenamiento y entrega de energía limpia. Una idea de la que se lleva hablando ya bastantes años, que viene a suponer la aplicación del modelo de internet a la generación de energía eléctrica, y que se asienta, como no podía ser de otra manera, en el avance de la tecnología y en la evolución de una ley de Swanson que ya no puede seguir ignorándose.

La revolución de los materiales implica ya que podemos cubrir el tejado de una casa con tejas que en muchos casos son más baratas y resistentes que las convencionales, con un aspecto perfectamente normal, y que permiten generar energía solar con un rendimiento impensable hace muy pocos años. Cuando el material que escoges para cubrir tu casa puede generar energía y durar más que una cubierta tradicional en una expectativa de desarrollo tecnológico sujeta a la ley de Swanson, hablamos de un escenario en el este tipo de inversiones tendrán sentido para los particulares, pero en el también surgirán compañías dispuestas a tratar la inversión como un producto financiero, a costear la instalación a cambio de administrar la energía producida y tomar la decisión de cuándo interesa sustituir las tejas con nuevos materiales más eficientes.

Con cada vez más compañías construyendo sus propias instalaciones de generación de energía para asegurarse un abastecimiento limpio y barato, y con una energía solar ya más barata que el carbón, las medidas planteadas por políticos abiertamente corruptos como los de Wyoming o los de España van a resultar cada día más anacrónicas e indefendibles: lo que puede plantearse como una defensa de la rentabilidad de las compañías tradicionales y de su inversión en infraestructuras, dará paso cada vez más a instalaciones distribuidas, en las que comunidades de vecinos y urbanizaciones comenzarán a plantearse sustituir las cubiertas de sus viviendas, llevar a cabo una contabilidad de la energía consumida mediante sistemas basados en blockchain, y protegerse del posible desabastecimiento en caso de climatología adversa mediante baterías cada vez más eficientes y mediante redes cada vez más amplias. Una sola vivienda puede tener problemas a la hora de plantearse la desconexión de la red principal, pero una comunidad entera genera un efecto de compensación que puede aportar mucha más estabilidad al sistema, y que crea espacios para compañías más innovadoras que vean oportunidades en explotar esas células de generación distribuida. El mercado de la energía está a punto de experimentar la mayor disrupción de su historia, y las compañías tradicionales que no quieran explorarlo y posicionarse en ese entorno se arriesgan a sufrir enormemente en términos de competitividad.

No prestar atención a esos cambios y perpetuar los esquemas ineficientes que nos han traído hasta aquí es cada día más insostenible y, sobre todo, más irresponsable. La revolución de la energía está siendo contemplada ya por muchos como la próxima gran frontera, y está, desde un punto de vista tecnológico, ya a la vuelta de la esquina. Con el precio de la energía por las nubes en España en estas fechas, es el momento de traer este tema a la mesa de discusión.

 

Plano medidas navidad - Ayuntamiento de MadridLas polémicas medidas de control de tráfico en Madrid, con el corte de arterias tan importantes en la circulación de la ciudad como la Gran Vía, Atocha o la calle Mayor, puestas en marcha por el equipo municipal de Manuela Carmena, están generando una importante polémica y un gran número de críticas, rápidamente minimizadas por el equipo municipal.

Que medidas de este tipo generen polémica entra dentro de la lógica: sin duda, generan incomodidades, cambios en nuestras rutinas y problemas a la hora de planificar nuestros desplazamientos. Todos, desde los que vivimos en la ciudad o en su extrarradio, hasta los que simplemente pasan unos días en ella como turistas, consideramos la ciudad como algo nuestro, un recurso común que podemos utilizar a nuestra conveniencia, y cualquier restricción en ese sentido genera inconveniencias. Todos preferimos no estar sujetos a más restricciones que aquellas que marca la lógica o las necesidades de la convivencia.

Esto, en el seno de una gran ciudad de un país desarrollado, tiene un problema: ha generado un modelo completamente absurdo. Nos pongamos como nos pongamos, la ciudad de Madrid, como muchas otras de su tamaño, es completamente insostenible. Gestionar una ciudad de más de tres millones de habitantes, con un extrarradio de más de 6.4 millones, y que concentra varios de los municipios del país con un ratio más elevado de vehículos por familia, de los cuales en torno a un 98% de ellos son propulsados por combustibles fósiles, genera una situación completamente inmanejable. En el momento en que las condiciones climatológicas no acompañan, y no me refiero precisamente a que haga buen tiempo sino más bien a lo contrario, a que escaseen las lluvias o los vientos fuertes, Madrid se recubre de una enorme capa de contaminación visible desde cualquier punto de la periferia, y los indicadores de la red de estaciones de medición se disparan por encima de lo permitido.

En su momento, elogié a Manuela Carmena por ser la primera alcaldesa de Madrid que se planteaba de verdad tomar medidas en este sentido. Venimos de muchos años en los que la práctica habitual fue ignorar estas mediciones, esconder las estaciones de medición en lugares menos expuestos a la contaminación o simplemente falsear los datos. Durante un largo tiempo, millones de madrileños han respirado lo irrespirable, tasas de contaminantes muy superiores a lo recomendado y a lo permitido. Madrid ya era una de las ciudades más contaminadas de Europa en los años ’70, y esta situación no ha dejado de empeorar a medida que la renta per capita ha ido elevándose y los ciudadanos han ido adquiriendo más vehículos, instalado más calefacciones y aires acondicionados, etc. No hacer nada supone prolongar una situación absurda que nadie quiere. Pero por alguna razón, cuando se plantean medidas, todos preferimos ser intensamente cortoplacistas, y rechazamos las medidas en función de las incomodidades que nos generan.

La situación actual no se puede seguir ignorando. Y en ese sentido, Manuela Carmena es una persona con una visión de la ciudad que, al menos, tiene esos imprescindibles elementos en cuenta. Podemos hablar de lo que queramos desde un punto de vista político, pero desde el ámbito medioambiental, el Madrid ideal de Carmena coincide con lo que muchos tenemos en la cabeza como la ciudad del futuro, muchísimo más limpia de contaminación, más agradable para moverse y desplazarse, y mucho más pensada en torno a las personas que a los vehículos. Las medidas que se van tomando en ese sentido tiene que ser necesariamente cuidadosas: no se puede decir de la noche a la mañana a una persona que tiene que vender su vehículo porque seguramente no va a poder mantenerlo ni aparcarlo en el centro de Madrid… pero hay que marcar claramente que esa es la tendencia inamovible que las cosas van a seguir.

En la ciudad del futuro, las personas, simplemente, no necesitan tener un coche. Esto coincide con las tendencias que la propia industria del automóvil tiene ya sumamente claras: en el futuro, las personas no comprarán vehículos, sino que los usarán mayoritariamente como servicio. Los vehículos pertenecerán a flotas que los explotarán, y que estarán compuestas por vehículos eléctricos o propulsados por energías limpias, y de conducción autónoma. Ese supuesto “futuro de piruleta” o “de ciencia ficción” ya no lo es más, hablamos de escenarios a muy pocos años vista, de tecnologías que ya están aquí, y que precisamente necesitan de un importante proceso de mentalización colectiva para que resulten viables. En la ciudad del futuro, no hay vehículos aparcados en las aceras. Te puede parecer exagerado, pero intenta imaginar tu calle sin ningún vehículo aparcado, con todo ese espacio aprovechado para caminar, para poner terrazas, para detener vehículos de carga y descarga, o para dejar a personas. La calle es un espacio común que ha sido privatizado por un montón de propietarios de vehículos que se consideran en su derecho de ocuparla, algo que tiene que empezar a cambiar.

Lo mismo sucede con determinados tipos de vehículos. La gran verdad, el enorme elefante en la habitación, es que los vehículos de combustión interna deberían ser prohibidos ya, o incluso haber sido prohibidos hace años. Cuando hablamos de medidas como las planeadas por ciudades como Madrid, Paría o México D.F. para prohibir la circulación de vehículos diesel a partir de 2025 o 2030, hablamos en realidad de una barbaridad, porque esos vehículos, sabiendo lo que ya sabemos, deberían haber dejado de fabricarse y de circular hace ya bastante tiempo. La tecnología de los vehículos eléctricos hace ya mucho tiempo que es suficiente para más del 90% de los usos habituales de los ciudadanos, y los mitos que afirmaban que contaminaban igual porque la generación de electricidad no era limpia o porque se fabricaban con elementos contaminantes hace ya mucho tiempo que se consideran completamente falsos. Como sociedad, hace ya mucho que deberíamos habernos planteado que la situación es completamente insostenible, que no se deberían seguir fabricando vehículos propulsados por combustibles fósiles y que es necesario y fundamental dar un fortísimo golpe de timón en ese sentido… pero en lugar de eso, preferimos seguir hablando de moratorias a diez o quince años vista. Simplemente demencial.

Las medidas de Manuela Carmena para Madrid tratan de poner a los madrileños en la tesitura de una realidad que ya no pueden seguir ignorando: aquellos que pretendan vivir en el centro de la ciudad y poseer más vehículos que los que puedan aparcar en su garaje, deberían ir pensando en deshacerse de ellos. Como ciudad, resulta fundamental trazar proyectos de movilidad que tengan en cuenta todas las opciones disponibles para acelerar la transición de la era del automóvil a la era del transporte como servicio. Llámese transporte público, buses autónomos, metro, tranvía, bicicletas, Uber, Cabify, Car2go o como se llame, resulta fundamental considerar Madrid cada día más como un auténtico laboratorio de movilidad, como un lugar donde la actitud de los poderes públicos sea facilitar la prueba de toda aquella tecnología o modelo que pueda contribuir a aliviar la penosa situación de la movilidad urbana. Algo que al principio requiere ajustes y que generará preguntas, pero que resultará cada vez más natural.

Y en ese sentido, las medidas de Manuela Carmena deben venderse ya no como extraordinarias y con motivo de la llegada de la navidad, sino como cada vez más habituales y necesarias, como una parte fundamental del paisaje urbano. Debemos acostumbrarnos a pensar que cada poco tiempo, tendremos restricciones a la circulación por contaminación, que habrá cada vez más zonas por las que no se podrá circular si no vas directamente a tu plaza de garaje, que un vehículo eléctrico tendrá cada vez más ventajas, y que aparcar debería ser cada vez más difícil, con el fin de desincentivar el uso del vehículo privado todo lo posible. Esto es como el tabaco: nadie pensó que se conseguiría reducir tanto su consumo, han sido necesarias muchísimas campañas de mentalización y concienciación, pero ahora, tras unos cuantos años, las oportunidades en las que un no fumador se ve expuesto al humo del tabaco han pasado a ser ya muy excepcionales. Y así debe ser, por muchas incomodidades que les genere eso a algunos.

Lo que más hay que valorar en un político es la visión de futuro, los planes que trascienden su mandato, las imágenes que pueden ser capaces de evocarnos. No estoy políticamente próximo a Manuela Carmena, pero valoro enormemente su compromiso por ideas como la sostenibilidad y la necesidad de cambiar el modelo de ciudad. Las medidas actuales causarán molestias, sin duda, pero contribuyen a que comencemos a ser conscientes de la necesidad de cambiar. Si estuviera en mi mano, esas medidas serían todavía más drásticas y a mucho menor plazo, aunque políticamente fuesen difíciles de ejecutar. Pero hablamos de mucho más que de unas pocas molestias a la hora de movernos por la ciudad. Hablamos de ir acostumbrándonos a pensar en un nuevo modelo, en algo que ya ha llegado, y con lo que vamos a tener forzosamente que convivir. Hablamos de algo que aunque aparentemente no nos guste porque no nos gusta el cambio, es básicamente la alternativa que hay. Hablamos de futuro.