Lucha de gigantes: El Corte Inglés derrota a Amazon - Cambio16Gonzalo Toca, de Cambio16, me llamó por teléfono para hablar sobre la dinámica competitiva en España entre Amazon y El Corte Inglés, pero cuando ayer vi el reportaje que publicó y en el que me cita brevemente, “Lucha de gigantes: El Corte Inglés derrota a Amazon“, me horroricé: es, seguramente, el peor y más absurdo titular que he visto en mucho tiempo. De hecho, leyendo el artículo entiendo que me cite tan poco, porque lógicamente, no pude darle ningún argumento que llevase a la conclusión que indica el título, sino más bien todo lo contrario.

Plantear la competencia entre El Corte Inglés y Amazon como una “lucha entre gigantes” es, sencillamente, absurdo. Pongamos, por favor, las cosas en su sitio: mientras Amazon es la cuarta compañía cotizada más grande del mundo, con una valoración de más de 571,000 millones de dólares, El Corte Inglés es una empresa no cotizada que podría valer, en el más optimista de los escenarios, unos 16,000 millones de euros, casi treinta veces menos. Pretender equiparar a ambas compañías calificando un supuesto enfrentamiento como “lucha de gigantes” obvia una clara evidencia: que si una cosa es no una, ni dos, sino treinta veces mayor que otra, solo una de ellas puede ser calificada como “gigante”, no las dos. Tan solo en la reciente adquisición de Whole Foods, una cadena de 473 supermercados estratégicamente situados, Amazon se ha gastado casi tanto, 13,400 millones de dólares, como lo que algunos afirman que vale El Corte Inglés, que sumando sus centros con los Hipercor y los Supercor llegaría a reunir un total de 228 locales. En número de empleados, hablamos de magnitudes igualmente incomparables: frente a las alrededor de 92,000 personas que trabajan en El Corte Inglés, la plantilla de Amazon tiene el tamaño de un país pequeño, más de medio millón de empleados.

Pretender comparar así ambas compañías es algo que solo puede calificarse de miopía espectacular: Amazon no solo es un gigante del comercio a nivel mundial, única variable en la que podría coincidir en un ámbito similar al que El Corte Inglés compite a escala local (con actividad únicamente en dos países, España y Portugal), sino que además, lo es en industrias tan diversas como la producción y distribución de contenidos, el software, el hardware, las plataformas logísticas o el cloud computing, por citar únicamente algunos de sus negocios más destacados. Mientras Amazon es, desde hace algún tiempo, la compañía que inspira más miedo a los directivos de prácticamente todas las empresas del mundo, El Corte Inglés únicamente suena conocida a aquellos que han pasado alguna vez por España. ¿Os impresiona el hecho de que El Corte Inglés sea el primer anunciante de nuestro país, con un volumen de 78.5 millones de euros? Pues el presupuesto de marketing de Amazon se calcula en torno a los 7,000 millones de dólares. Vamos a dejarnos de comparaciones sin sentido, por favor.

Ni hay una “lucha de gigantes”, ni el Corte Inglés “derrota” a Amazon en nada, y plantearlo así no tiene ningún sentido. Que El Corte Inglés facture en dos países, España y Portugal, cinco veces más que Amazon no quiere decir absolutamente nada, del mismo modo que no tiene ningún sentido comparar el volumen total del comercio de un país con únicamente el comercio electrónico en el mismo. El Corte Inglés es una gran empresa comercial española a la que espero y deseo que le vaya bien muchos años, pero Amazon es un gigante imparable a nivel mundial en una amplia variedad de ámbitos. El Corte Inglés lleva actuando en el mismo ámbito desde 1940 y, como mucho, precisamente espoleada por Amazon, empieza a moverse tímidamente en el mundo online. Amazon ha crecido tanto y en tantos negocios desde su fundación en 1994, que su revalorización bursátil desde que salió a bolsa alcanza un porcentaje hasta difícil de leer: 67,597% (y sí, la coma es un separador de millares, no una coma decimal). Si queremos evaluar el tema de una manera definitiva y evidente, diríamos que mientras El Corte Inglés tiene que mirar a Amazon para inspirarse en muchas cosas, Amazon no necesita mirar en absoluto a El Corte Inglés – ni a prácticamente nadie – para nada.

¿Tiene El Corte Inglés algo que hacer frente a Amazon? De nuevo, resulta absurdo plantearlo así. Seguramente, el volumen de lo que adquiriremos en Amazon a lo largo de los próximos años crezca de manera sostenida, mientras que el que adquiriremos en El Corte Inglés siga una dinámica relativamente constante, cuando no descendente. Desde hace años, la mayor parte de las cadenas generalistas de grandes almacenes en Estados Unidos evolucionan a la baja: las tendencias de los países no pueden trasladarse sin más a otros y, por tanto, eso no quiere decir necesariamente que sea lo mismo que vaya a pasarle a El Corte Inglés, pero tampoco que ni en sus mejores sueños pueda aspirar a acercarse al crecimiento y dinamismo que muestra una compañía como Amazon. Sin embargo, hay mucho espacio en la economía de los países para competidores locales en el mundo de la distribución, y el hecho de que a Amazon le vaya cada vez mejor no quiere decir que vaya a acabar con El Corte Inglés, ni que tampoco lo pretenda. Hablamos, simplemente, de compañías que no son comparables, eso es todo. Ah, y de un muy mal titular.

 

Electric cars Un nuevo estudio académico titulado Total cost of ownership and market share for hybrid and electric vehicles in the UK, US and Japan y publicado en Applied Energy establece que el coste total de propiedad de los vehículos eléctricos en el Reino Unido, los Estados Unidos y Japón para un ciclo medio de propiedad de cuatro años, es ya más barato que el de vehículos de combustibles fósiles de gasoil o gasolina de gama equivalente.

El resultado tiene en cuenta, además de factores como la depreciación, los impuestos, el mantenimiento, los seguros y el combustible o electricidad, a la aplicación de subsidios gubernamentales designados para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos en función de objetivos medioambientales. Sin embargo, se espera que en unos pocos años, ese coste de propiedad sea igualmente más reducido que el de los vehículos de gasolina o gasoil sin necesidad de tener en cuenta esos subsidios, que corresponden aproximadamente a unos 5,600 euros en el Reino Unido y Japón, y a unos 7,300 euros en los Estados Unidos.

El liderazgo del mercado, no obstante, corresponde con gran diferencia a China, país en el que la preocupación por las cuestiones medioambientales ha crecido enormemente como consecuencia de la situación preocupante en varias ciudades. En el Reino Unido, a pesar de que los niveles de toxicidad del aire por óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o partículas se sitúa en niveles claramente ilegales en numerosas ciudades, el número de vehículos eléctricos puros es de tan solo unos 120,000 sobre un parque total de unos 32 millones de automóviles. Sin embargo, con el ritmo actual de caída de las ventas de vehículos diesel (-30%) y el fuerte crecimiento (37%) de las de vehículos eléctricos, las ventas de eléctricos pasarían a superar las de los diesel en torno a mayo de 2019, dentro de tan solo unos 18 meses, cumpliendo las predicciones de Tony Seba. Las fuertes inversiones en infraestructuras de carga, además, son un elemento más a la hora de reducir las objeciones que se plantean muchos propietarios, a pesar de estar demostrado que incluso sin ellas y simplemente recargando en el domicilio, la autonomía de los vehículos eléctricos es ya, según investigaciones del MIT, suficiente como para cubrir el 87% de las necesidades del usuario medio, y en 2025 lo será para el 99%.

La situación en los países citados contrasta con la cerril actitud de las asociaciones de fabricantes (ANFAC), de proveedores de automoción (SERNAUTO) y de los sindicatos CCOO y UGT, que en una carta remitida al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal el pasado 19 de septiembre pedían que se ralentizase la transición al coche eléctrico en nuestro país, con el truco de solicitar que el Plan de Movilidad Eficiente 2017 no sólo cubra a coches eléctricos, híbridos y puntos de carga, sino también a aquellos vehículos de combustión que cumplan la normativa de contaminación Euro 6. Una actitud completamente impresentable y cortoplacista que juega con la salud de todos, que recuerda poderosamente a las formas de la industria del tabaco, que convierte en un chiste cualquier intento de ejercer la responsabilidad social corporativa, y que pone de manifiesto las trampas que la industria se hace a sí misma apostando por una tecnología anticuada y peligrosa que debería, en realidad, evolucionar hacia su prohibición. Los vehículos híbridos son la forma en la que la industria engaña al mercado: su producción y operación es, en muchos casos más perjudicial para el medio ambiente que sus equivalentes de combustibles fósiles, pero mediante el marketing adecuado, permiten que la industria aspire a limpiar su imagen.

El vehículo eléctrico, junto con el de pila de hidrógeno, ha llegado ya a un nivel de madurez suficiente como para que nos planteemos pasar de una simple actitud de incentivar fiscalmente su adquisición a una de penalizar claramente la de los vehículos de combustibles fósiles, y desincentivar su uso con mayores impuestos, con mayores restricciones y, por ejemplo, dificultando su acceso a un número creciente de zonas de las ciudades. Si la dejamos sola, la industria automovilística se plantea seguir produciendo vehículos de gasoil y gasolina hasta el año 2040, algo completamente irracional y que habría que impedir de todas las maneras posibles, y se apalanca para ello en la fuerza de su lobby ante los gobiernos derivada de una capacidad de generación de empleo que, en caso de ser obligadas a reconvertirse, no tendría por qué disminuir. ¿Hay alguien con la suficiente altura de miras en política como para, en lugar de cuadrarse ante la industria del automóvil, meterla en cintura de verdad y sin titubear? ¿Cuántos problemas medioambientales y cuantos episodios de alta contaminación es preciso que tengamos para que los gobiernos se decidan a actuar de manera responsable?

 

 

 

This post is also available in English in my Medium page, “In case you didn’t know it, electric vehicles are now cheaper to own and run than petrol or diesel” 

 

Twitter default avatar (2017)Las recientes demandas del Partido Popular en España en torno a una supuesta “eliminación del anonimato en las redes sociales”, expresadas por su portavoz, Rafael Hernando, a raíz de unas presuntas amenazas expresadas en Twitter contra la Secretaria Primera de la Mesa del Congreso y presidenta del Comité Electoral Nacional del PP, Alicia Sánchez Camacho, no hacen más que reflejar una cuestión: que el Partido Popular no entiende la red. 

Partamos de la base de que el “calentamiento de boca” de Hernando proviene de un análisis serio, consecuente y consensuado con su partido, y no de una simple reacción en caliente frente a los mensajes recibidos por su compañera: como ya comenté en el año 2011, el anonimato es y debe ser un derecho fundamental en la red, y eso no es simplemente una frase que diga yo, sino además, la opinión de organismos tan autorizados como la Electronic Frontier Foundation (EFF), que posee toda una interesante sección de su página web dedicada a la reflexión sobre el tema, o las Naciones Unidas, que afirman que el cifrado y el anonimato son elementos fundamentales a la hora de permitir que los individuos ejerciten su libertad de opinión y de expresión en la era digital, y que como tales, merecen una protección fuerte y categórica. Hablamos, pura y simplemente, de un derecho fundamental, de un elemento importantísimo en la esencia de las sociedades democráticas: no se puede hablar de la eliminación del anonimato o de la prohibición del cifrado sin asumir de manera inmediata una importante erosión en la calidad de la democracia de un país

Todos los que alguna vez hemos sido agredidos, acosados o insultados a través de la red experimentamos una necesidad inmediata de reaccionar, de responder a la agresión de alguna manera. En muchos casos, la respuesta se da a través del propio canal, cayendo en el manido don’t feed the troll que, lejos de ser una verdad absoluta, no deja de ser un simple aforismo con muchos matices imprescindibles. Cuando además el agredido es un miembro de la escena política con capacidad de intervención sobre la legislación, la tentación de “legislar en caliente” es inmediata, humana y comprensible. Pero no por ello menos censurable: al político debe exigírsele un mínimo de madurez, y una de las maneras de demostrar tal madurez es precisamente tratando de examinar todos los elementos implicados en una decisión.

El anonimato en las redes no puede ser eliminado salvo que se asuman infraestructuras enormes y la creación de un entorno autoritario como el existente en países como China, convertida en la versión corregida y aumentada del Gran Hermano imaginado por George Orwell en su “1984“. Pretender que las redes sociales asuman como propia el deseo de perseguir el anonimato de un gobernante es algo tan realista como cuando algún desinformado personaje, hace años, pretendía “hablar con Bill Gates para que pusiera la ñ en internet“. Las redes sociales, por mucho que tengan que desarrollar su actividad dentro del marco legislativo definido por los países en los que actúen, no están para satisfacer los deseos de control del político de turno.

Las comparaciones habituales a los que los políticos recurren en muchas ocasiones tampoco sirven: el paralelismo entre “el huevo de Twitter”, ya eliminado y sustituido por otro formato en un intento de eliminar sus connotaciones negativas,y la imagen de quien va por la calle enmascarado no funciona como tal: la eliminación del anonimato sería comparable, más bien, con una supuesta obligación de exhibir constantemente nuestra identidad con un cartel colgado del cuello o una etiqueta cosida en la ropa, algo solo exigible a aquellos que tienen encomendadas funciones que requieren un especial control, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. En la red, el anonimato como tal está muy lejos de ser tan ubicuo como algunos piensan: los mecanismos que convierten a alguien en completamente anónimo son difíciles de poner en práctica a un nivel tal que convierta la identidad de la persona en verdaderamente difícil de obtener. Ante la comisión de un delito y tras el requerimiento judicial correspondiente, son raros los casos en los que un usuario no puede ser identificado. Pero para ello tenemos que partir de una base fundamental: que exista un delito, y que un juez considere adecuado, proporcionado y justificado requerir la identificación de quien lo cometió.

Estoy totalmente a favor de identificar, perseguir y condenar a todo aquel que cometa un delito en la red, siempre que efectivamente sea un delito y que un juez así lo determine. Condenar a quienes injurian, difaman, acosan o amenazan en la red es importante, porque eso nos convierte en una sociedad más libre y evita que los matones dominen la conversación. Separar los delitos determinados por un juez de otras cuestiones importantes en una sociedad democrática, como el derecho a la parodia, a la ironía, al uso del humor en todas sus vertientes o a la crítica y el activismo es también fundamental, y debe ser considerado como algo muy importante, que no debería peligrar en una sociedad sana. Es importante buscar, además, un efecto ejemplificador que, dentro de la lógica y la mesura, contribuya a la educación de la sociedad en un contexto relativamente novedoso – ya no tanto, pero concedamos que no de manera universal – como el de las redes sociales. Se tarda tiempo en educar a una sociedad, pero se termina consiguiendo si se utilizan las herramientas adecuadas.

Todo político y toda persona con acceso al poder manifiesta de manera inmediata un deseo irrefrenable de control. La sensación de que, por ejemplo, eliminar el cifrado es una manera de evitar que los delincuentes se oculten es muy primaria y revela un desconocimiento profundo del funcionamiento de la red: si prohibimos el cifrado, estaríamos generando en primer lugar un absurdo conceptual – no hay nada que debilite más el prestigio de un político que la promulgación de leyes imposibles de cumplir – y, en segundo, provocaríamos que los delincuentes simplemente buscasen métodos más sofisticados, ante lo cual nos quedaríamos vigilando y monitorizando a los que no lo son.

En las sociedades democráticas, debemos exigir a los políticos que actúen con la madurez suficiente como para asumir que el control total es incompatible con la democracia, y que aquel que en una red social se comporta como un impresentable o un maleducado es porque la ley le permite, mientras no cometa un acto ilegal, ser un impresentable o un maleducado. La definición de lo que es o no delito es algo que proviene de un amplio consenso social expresado a lo largo de muchos años, y no puede ser revisada cada vez que algo nos resulta incómodo, ofensivo o molesto. No todo lo que no nos gusta o nos resulta molesto es un delito. Solo es delito lo que un juez decide que lo es, y pretender que todo aquel que recurre al anonimato o al uso de un pseudónimo lo hace con el fin de cometer delitos es de una inmadurez tal que, cuando se constata en un político, asusta. O debería asustar. El anonimato, como el cifrado, es un derecho fundamental de las personas en la era digital, y una cuestión enormemente compleja, con infinidad de matices que incluyen desde la libertad para ser conocido por el nombre que uno desee, hasta la búsqueda de protección contra prejuicios o agresiones de diversos tipos. Cada vez que veamos a un político exigir el fin del anonimato como una medida de trazo grueso, como si eso fuese la solución a todos los males, deberíamos reaccionar inmediatamente con el adecuado nivel de alarma: se empieza por ahí, y se termina por el liberticidio.

 

IMAGE: Andrei Krauchuk - 123RFMe gustaría compartir una pequeña reflexión personal sobre la educación en España, y el posible impacto que puede tener en algunas de las características que tenemos como país. Hoy llegué a un evento en el que participaba como ponente, y me encontré una escena muy típica, que estoy seguro que habréis visto: un salón razonablemente lleno, en el que las filas de aproximadamente el primer tercio de la sala estaban casi vacías, la primera fila estaba reservada para los ponentes, y la gran mayoría de los asistentes se habían acomodado… en la parte de atrás. Lo comenté en Twitter, y a juzgar por el volumen de actividad, no es una percepción únicamente mía.

¿Qué problema hay en nuestro sistema educativo que nos lleva a huir de manera sistemática de las primeras filas? ¿Por qué en la mayoría de los eventos la sala empieza a llenarse siempre por la parte de atrás? ¿Qué hace que no nos sintamos cómodos llegando a una sala y ocupando esas filas de delante en las que generalmente se ve y se oye mejor? El fenómeno no es exclusivo de nuestro país, pero sí creo que se da en él de manera más habitual o más evidente, y que seguramente – intuyo, aunque no tengo evidencias sólidas al respecto – tiene que ver con la falta de esquemas participativos en una gran parte de nuestro sistema educativo. ¿Tenemos algún tipo de prevención psicológica a estar cerca del ponente? ¿Miedo de que nos llame o nos pregunte? ¿De vernos interpelados? ¿De no poder salir discretamente si queremos? Como ponente, la verdad es que la sensación es extraña: vas a un sitio porque se supone que vas a contar algo que interesa y que por eso te han pedido que vayas, pero los asistentes, aunque suficientemente interesados como para acudir, prefieren sentarse de la mitad de las sala hacia atrás…

Relacionado: hace veintisiete años que soy profesor. Llegué a la educación casi por accidente y después de haberme negado a seguir una de las rutas habituales para llegar a la enseñanza, hacer el Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) que había que cursar tras graduarse en la universidad para poder ser profesor en enseñanza secundaria. Desde hace veintisiete años, todo aquel que me pregunta a qué me dedico recibe una respuesta invariable: soy profesor. Y además, encantado de serlo, porque considero que el mundo académico me proporciona unos grados de libertad que no me ofrecería prácticamente ninguna otra dedicación de las que conozco.

Ahora, desde hace aproximadamente un año, soy también Senior Advisor para Transformación Digital e Innovación en la misma institución para la que llevo trabajando todos esos años. Aunque la responsabilidad sea muy interesante y tenga sentido para mí, el título se las trae: es larguísimo, e incómodo de utilizar. Además, es a todas luces evidente que, como puesto staff que es, ocupa un porcentaje de mi tiempo muchísimo más pequeño que mi labor principal, la de profesor: dar clase, evaluar, investigar, escribir, publicar, etc. Por eso, aunque valore esa responsabilidad, no he publicitado ese título prácticamente nada: no lo he puesto en mi tarjeta de visita, en la que sigue poniendo que soy profesor, me sigo presentando siempre como profesor, y aunque he añadido el nuevo cargo a LinkedIn y lo comenté brevemente cuando felicité las navidades el pasado diciembre, no considero que sea algo que me defina en absoluto: soy profesor, y que ahora esté como Senior Advisor no implica nada más que el que mi compañía piense que puedo contribuir con ideas en ese ámbito, pero mi dedicación principal sigue siendo, claramente, la de profesor. Sin embargo, durante este año, me he encontrado con algo muy curioso: en casi todos los eventos a los que voy me presentan con ese cargo en lugar de hacerlo con el que realmente me identifico, el de profesor.

¿Qué pasa en España con los profesores? En Finlandia, ser profesor es un motivo de orgullo, una señal de prestigio, una profesión envidiada, cuidada y razonablemente bien pagada. Es altamente selectiva: solo el 7% de los que intentan llegar a profesores consiguen serlo, y se considera una opción altamente respetada a la que solo pueden optar los mejores perfiles. En España, en cambio, si pueden presentarte con alguna otra ocupación que no sea la de profesor, tienden a optar por ella, porque los profesores están… ¿qué? ¿Mal vistos? Lo único que suele comentarse con envidia en España respecto a los profesores es “que tienen muchas vacaciones”. Obviamente, no preparamos ni exigimos a la mayoría de nuestros profesores lo que les exigen en Finlandia, pero a algunos niveles, la profesión no solo es extremadamente gratificante, sino que además, otorga una gran libertad creativa, muchas posibilidades de desarrollo profesional, y está bastante bien pagada en el contexto de un entorno, además, sumamente competitivo. De acuerdo, los profesores a ese nivel podemos considerarnos privilegiados dentro de la norma general en la profesión, pero aún así, todo indica que la percepción del profesor en España no se acerca, ni de lejos, a los niveles de otros países. Que alguien para presentarme prefiera utilizar un título largo y de staff en lugar de decir simplemente que soy profesor no es algo que me moleste especialmente… pero sí me parece un curioso síntoma. Y si lo percibo yo, que soy un auténtico privilegiado en ese sentido, ¿que no ocurrirá con los profesores a otros niveles?

¿Qué habría que cambiar en el sistema educativo español para elevar el estatus percibido del profesor, para convertir la actividad en una profesión respetada? ¿Cómo de importante es esto? A algunos niveles educativos, el profesor está cuestionado, quemado y acosado, en gran medida debido precisamente a esa ausencia de una percepción positiva sobre la importancia de su papel y su responsabilidad en la sociedad. ¿Cómo podemos aspirar a cambiar las metodologías educativas, a evolucionar la educación para adaptarla a los tiempos que vivimos, si partimos de una profesión desprestigiada y con pocos estímulos más allá de la vocación? ¿Cuánto podría contribuir algo así – que obviamente, no se consigue de la noche a la mañana y conlleva no pocas decisiones y acciones para ponerlo en práctica de manera efectiva – a la mejora del sistema educativo? ¿Podríamos partir de una transformación digital de la actividad educativa, y de un trabajo serio de desarrollo profesional, de inversión en formación, para obtener una mayor cualificación en los docentes y mejorar la percepción de su profesión? ¿Es difícil, es complejo, o es directamente imposible? ¿Qué habría que hacer para que un profesor fuese considerado, en España, como un elemento fundamental en el funcionamiento y el desarrollo de la sociedad?

 

International covers 1-OEl pasado domingo 1 de octubre nos brindó todo un ejemplo en tiempo real de lo que supone saber gestionar adecuadamente eso que se ha dado en llamar la “post-verdad“: la situación en la cual, a la hora de crear y modelar opinión pública, los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales.

Desde el primer momento, el gobierno de Cataluña planteó una estrategia específicamente orientada a ese objetivo: el referendum era lo de menos. Que tuviese lugar con o sin garantías, que hubiese más o menos urnas, que los ciudadanos acudiesen en masa o no acudiesen, dentro de unos límites, no importaba en absoluto. El fracaso en ningún momento habría sido que la policía requisase las urnas, que entrase en los colegios a porrazos o que la metodología o el escrutinio planteasen alguna duda: el fracaso habría sido que no hubiese colas, que la policía no hiciese siquiera acto de presencia o que a la hora de contar, no hubiese nada que contar. Ese fracaso estaba cuidadosamente contenido: únicamente con los partidarios más radicales del independentismo convenientemente distribuidos se aseguraban las fotografías que el gobierno catalán quería difundir a la comunidad internacional. Lo demás, sencillamente no importaba.

En esta estrategia, planificada durante meses, el gobierno español ha sido una comparsa. Sus actuaciones fueron completamente anticipadas, evaluadas y encuadradas en un escenario en el que resultaron perfectamente convincentes de cara al objetivo final. El gobierno español y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado crearon el contexto y la escenografía perfectas para que el gobierno catalán plantease su obra en pleno centro del escenario. A lo largo del día, desde primera hora de la mañana, las cosas quedaron completamente claras: la difusión a toda plana de las imágenes de violencia en todos los medios internacionales, las cifras de heridos, las colas de gente esperando para votar… a media mañana, el gobierno español también actuó como estaba previsto: ante la imagen que se estaba transmitiendo a nivel internacional, se pidió a la policía y a la Guardia Civil que dejasen de actuar. Todo funcionó según el guión planificado por el gobierno catalán, que hasta tuvo la posibilidad de hacer un “escrutinio” y escenificar en una plaza y con pantalla gigante la supuesta victoria de los partidarios de la independencia. Mientras, el gobierno español se dedicó a dar una imagen completamente patética, negándolo todo como si se tratase de un mantra, sin convicción alguna, y sin tener en cuenta lo que estaba saliendo en todos los medios.

En la política de hoy, con medios capaces de trasmitir a toda velocidad lo que ven, y siendo secundados por ciudadanos de toda condición armados con simples smartphones a través de redes sociales, la verdad es, tristemente, lo de menos. El dato de participación, los votos escrutados o la legitimidad del proceso no importan: lo que importa es la imagen de personas ensangrentadas que “prueban fehacientemente la represión salvaje”, la hubiese o no, el partido del Barça jugado a puerta cerrada aunque no hubiese necesidad alguna para ello, o las fotografías de las colas de centenares de metros de personas esperando para votar, votasen finalmente o no. Lo importante es contar una historia, planificar un cuidado story-telling, venderle al mundo lo que el mundo está completamente dispuesto a escuchar. La historia, en realidad, estaba contada desde mucho antes, lo que sucediese ayer, siempre que se asegurasen unos planos determinados que pudiesen ser utilizados para refrendar la versión oficial – la del hábil gobierno catalán, no la del torpe gobierno español – no importaba nada. Mediáticamente, el pescado estaba todo vendido. Y lo creamos o no, eso es ahora lo que importa.

Nadie, en ningún sitio, va a plantearse pedir actas de ninguna mesa, ni contar papeletas, ni interpretar los resultados, ni nada de nada. Todo el mundo, opine lo que opine sobre la legitimidad del proceso y lo que supone de vulneración de las normas, ha visto lo que ha visto, y ha interpretado lo que el gobierno catalán pretendía que interpretase, mientras al otro lado solo veía a unos torpes aprendices – que ya hace falta ser torpe para ser aprendiz después de tantos años en política – enviando policías con órdenes de reprimirlo todo, y negando insistente y tercamente lo que todos veían que estaba sucediendo. No hubo referendum, hubo una macro-manifestación, del mismo modo que el gobierno no mandó a la policía y a la Guardia Civil sino que lo hicieron los jueces, y de la misma forma que no hubo ninguna garantía para un supuesto proceso electoral… pero nada de eso importa ahora. Tras el 1-O, lo único que queda es la post-verdad: los ciudadanos de Cataluña salieron en masa a la calle – interprete usted lo que quiera por “en masa” – y se manifestaron inequívocamente en favor de la independencia – entienda usted lo que quiera por “inequívocamente”. Lo que venga a partir de ahora, con ese escenario ya convenientemente establecido, ya se verá.

Lo de ayer fue una lección que los estudiosos de la política deberán analizar durante mucho tiempo. Ayer solo se vio un ganador y un perdedor: un gobierno listo, capaz de entender el significado de los símbolos, y el poder de las redes sociales y de los medios en la era digital, y un gobierno tonto, torpe, no preparado y anticuado que solo sabe hacer declaraciones absurdas y carentes de credibilidad, negar obsesiva y tercamente lo que a nadie le importa, y que se ha limitado a leer, una por una, las líneas del papel que la Generalitat le había reservado. Pura torpeza política e incapacidad para entender el entorno actual. Lo demás, la supuesta legitimidad democrática de uno o de otro, el que te caigan mejor o peor, o lo que piensen los ciudadanos españoles o catalanes, sencillamente, no le importa a nadie.