IMAGE: Jrg Schiemann - 123RFLa regulación es, sin duda, uno de los aspectos más interesantes y complejos cuando consideramos los procesos de innovación. El conjunto de leyes, normas, prácticas, directrices, restricciones y conductas que definen el marco en el que se desarrolla una actividad determinada se convierte, en muchas ocasiones, en oportunidades que el innovador explota por considerar que, en el nuevo entorno definido por una tecnología determinada, pierde todo o parte de su sentido. Pretender mantener la regulación a toda costa, incluso cuando las evidencias demuestran que ha perdido su sentido, suele identificarse con intentos de proteger al incumbente o al competidor tradicional frente a los nuevos entrantes, y con la generación de ecosistemas que coartan la innovación.

Los ejemplos son multitud: la regulación del transporte urbano en automóvil mediante un sistema de licencias tuvo sentido en su momento para evitar la llamada “tragedia de los comunes” (ciudades en las que cualquiera, sin normas ni control alguno, podía dedicarse a transportar pasajeros, con lo que ello conllevó de descontrol en cuanto a tarifas, negociaciones individuales o presencia de malos actores que se aprovechaban para su propio beneficio), pero pierde completamente su sentido cuando las normas de actuación son dictadas por plataformas en las que los conductores son evaluados de manera continua y las condiciones son fijadas de manera centralizada. Del mismo modo, parece evidente, por ejemplo, que si bien es necesario exigir a los establecimientos turísticos una normativa en cuanto a extintores, salidas de emergencia y procedimientos de evacuación, hacer lo mismo con apartamentos individuales que se alquilan a corto plazo no tiene ningún sentido, y tratar de convertir el requisito en exigible generaría una situación absurda y de imposible cumplimiento. Así, compañías como Cabify, Uber o Airbnb, tras poner en evidencia el escaso sentido que tenía mantener algunas de las regulaciones existentes en sus respectivas actividades, se convierten en compañías millonarias que aprovechan esa nueva situación y llegan, incluso, a generar procesos de adaptación de la regulación al nuevo panorama.

Sin embargo, la regulación no es, por principio, absurda o innecesaria. La regulación es el proceso por el que las sociedades humanas se otorgan reglas que facilitan el desarrollo de actividades en las condiciones en las que esas sociedades estiman oportunas. Y si bien están, como todo, sujetas a los cambios del entorno, pensar que son completamente innecesarias implica ser tan ingenuo como para pretender que los aspectos de la naturaleza humana que había que prevenir y que les dieron origen han desaparecido, algo que no suele ocurrir.

Así, los ejemplos que demuestran que la regulación era en efecto necesaria también comienzan a ser multitud: en YouTube, el ecosistema que en muchos sentidos ha sustituido a la televisión tradicional y ha generado una caída de las barreras de entrada que permite que prácticamente cualquiera pueda crear y difundir contenidos audiovisuales, nos encontramos ahora con un problema que resultaba perfectamente esperable: al retirar de facto las protecciones sobre la producción de contenidos que implican la participación de niños, surgen padres dispuestos a cometer auténticas barbaridades con sus hijos con el fin de obtener el éxito y la viralidad en YouTube, y que, como consecuencia, someten a los niños a auténticas torturas, a sesiones maratonianas delante de la cámara o a auténtico acoso en busca del plano, el tono y el gesto adecuado a cada situación. En este caso, la regulación tal y como estaba planteada se convierte en imposible a nivel de control, y requiere la aparición de procesos regulatorios nuevos, como podría ser el excluir todos los vídeos que contengan niños del sistema de publicidad del canal, algo a lo que YouTube, de momento, ha mostrado escasa sensibilidad.

Del mismo modo, hoy tenemos un reportaje en profundidad de The Outline titulado Bribes for blogs: how bands secretly buy their way into Forbes, Fast Company and HuffPost stories, un auténtico secreto a voces que todos los que participamos en medios conocemos desde hace muchísimo tiempo, y que parece intensificarse con el paso del tiempo. En este caso, no hablamos tanto de una regulación como tal, sino de un conjunto de normas y buenas prácticas: se supone que todo artículo esponsorizado o producto de un pago debe ir identificado como tal, y aunque las infracciones a ese principio han sido habituales a lo largo de los tiempos y muy anteriores a la llegada del canal digital, lo que tendía a ocurrir en muchos casos era, simplemente, que incumplir ese principio tendía a llevar aparejada una pérdida de prestigio y de valor referencial de la publicación. Ahora, el problema va mucho más allá. Cada semana, recibo una media entre tres y cuatro propuestas para escribir artículos esponsorizados, y eso que hablamos de una publicación relativamente minoritaria que ni del lejos tiene los números y la relevancia de otras muchas. Cada vez que escribo un artículo en Forbes o en otras revistas, el número de peticiones es aún mayor, y llega a resultar, en ocasiones, agotador. En esas condiciones, poder afirmar que jamás he escrito un artículo esponsorizado se convierte en una marca de prestigio que, por otro lado, tiene un valor relativo cuando existen personas dispuestas a asegurar – sin prueba alguna, pero a asegurar igualmente – que me han pagado por escribir tal o cual cosa.

En el caso de publicaciones profesionales, la situación es aún más compleja: en publicaciones en las que tengo implicación directa he llegado a ver en varias ocasiones como se prescindía de manera disciplinaria e inmediata de redactores que habían recibido pagos o prebendas a cambio de escribir de manera elogiosa de los productos de una marca, pero obviamente, la práctica es habitual y de difícil control. En principio, cada vez que un colaborador de una publicación inserta en ella un artículo esponsorizado sin declararlo como tal, estamos ante un fallo a dos niveles: por un lado, del proceso de publicación. Toda publicación debería contar con sistemas de control que, ante un artículo con “aspecto” de ser esponsorizado, desencadenase un proceso de inspección y de cuestionamiento del mismo. Por otro, un problema de ética: el colaborador que cobra a la marca al tiempo que percibe un pago por publicar está, en realidad, robando a la publicación, que en otras condiciones podría obtener un pago de la marca por la inserción de publicidad o de un formato de branded content, además de fallar a su audiencia ocultándoles información fundamental para juzgar la veracidad del artículo. Los casos, sin embargo, parecen acumularse, y los correos que se reciben con ofertas similares parecen asumir, cada vez más, que ese tipo de procesos, desgraciadamente, se han normalizado.

No, las regulaciones no estaban ahí por casualidad. Suponer que por el hecho de que un canal o un entorno esté recién definido y sea diferente, esas regulaciones ya no van a ser necesarias es de una ingenuidad terrible. Cuando Susan Wojcicki, de YouTube, afirma que ha visto cómo “algunos malos actores explotan nuestra apertura para engañar, manipular, hostigar o incluso dañar”, eso no resulta en absoluto sorprendente: lo sorprendente es, de hecho, que alguien sea tan absurda y estúpidamente ingenuo como para suponer que eso no iba a pasar. Si en el ecosistema anterior había una serie de protecciones para impedirlo, no era por casualidad, ni porque alguien tuviese ganas de fastidiar o de coartar libertades: estaban ahí porque eran necesarias, y crear una plataforma que no las posee es, sencillamente, fomentar ese tipo de comportamientos. Cuando una serie de publicaciones de nuevo cuño – o de toda la vida, pero que han decidido levantar determinadas restricciones – se encuentran con que hay colaboradores que se montan un auténtico negocio a base de colocarles verdaderos publirreportajes por los que han cobrado como si fuesen contenido genuino, deberían plantearse que los códigos de buenas prácticas estaban ahí por algo, expulsar a esos colaboradores con todo tipo de escarnio público y hacer un verdadero propósito de enmienda, restaurando todas las protecciones que estaban ahí previamente para evitarlo.

Replantearse la regulación en función de la innovación es algo perfectamente válido, y en ocasiones, demuestra que, efectivamente, parte de esa regulación puede haber dejado de tener sentido. Las cosas nunca son blancas o negras: pretender mantener la regulación a toda costa coarta la innovación, y muchas veces, no solo no tiene sentido, sino que se convierte en una defensa a ultranza de los jugadores tradicionales. Pero renunciar a la experiencia y al consenso social que dio lugar a determinadas regulaciones en virtud de una supuesta “innovación que lo cambia todo” es, simplemente, condenarse a repetir los mismos errores que se cometieron anteriormente, y a veces en edición corregida y aumentada. Pensar que, por sistema, la regulación ya no es necesaria, es en el mejor de los casos, ingenuidad, y en el peor, un intento de crear atajos para ganar dinero hasta que la situación se convierta en insostenible. Un comportamiento calificable de muchas maneras, pero no precisamente como ético. Algunos deberían plantearse hasta qué punto, con la excusa de la innovación, han creado auténticos monstruos. Monstruos que, además, cualquiera con dos dedos de frente sabía perfectamente que iban a surgir.

 

SimpleFunsEl artículo que posiblemente leas y veas comentado hoy si tus listas de suscripciones están mínimamente completas es este de James Bridle titulado  Something is wrong on the internet, un texto largo y detallado en el que el autor se preocupa por la proliferación de determinados vídeos en YouTube Kids, un producto diseñado por la compañía para proporcionar vídeos adecuados a los niños y que muchos padres tienden a emplear como auténtico “dispositivo apaganiños”, con contenidos completamente inadecuados desde múltiples puntos de vista, y apoyándose en los algoritmos de recomendación de la plataforma para encabezar las listas de popularidad y obtener ingresos publicitarios.

La presencia de este tipo de vídeos inapropiados ha sido puesta de manifiesto en otras ocasiones: contenidos que aprovechan personajes muy conocidos por los niños y los hacen protagonizar escenas violentas o de otros tipos, habitualmente con grafismos extremadamente simples, confeccionados con muy poco esfuerzo. El análisis de Bridle incide no solo en los vídeos como tales, sino más bien en el mecanismo de una plataforma que no solo posibilita este tipo de comportamientos, sino que los recompensa mediante sus algoritmos y el sistema económico de premiar la atención al que da lugar. Un análisis interesante, que pone el peso en la plataforma, en una YouTube que no parece hacer mucho de cara a la eliminación de este tipo de contenidos más allá de ofrecer sistemas que permiten que sean denunciados o marcados como inapropiados, y que no ha tenido ningún éxito por el momento de cara a su erradicación.

Sin embargo, el verdadero análisis, para mí, es todavía más desasosegante: indudablemente, internet tiene un problema. La combinación de factores como el desarrollo sin límites de la economía de la atención, los algoritmos que premian el sensacionalismo o el contenido más impactante, las posibilidades de anonimato o de trazabilidad compleja y otra serie de características de la red han dado lugar a un sistema en el que constantemente nos sorprendemos encontrando cosas que, si hacemos caso a la gran mayoría de observadores, no deberían estar ahí. Pero en realidad, el verdadero problema no está en internet: está en la naturaleza humana.

Me explico: todo sistema es susceptible de ser utilizado de diversas maneras. La ausencia de regulación para evitar comportamientos definidos o considerados nocivos, o los sistemas de regulación ineficientes, generan abusos de numerosos tipos. Podemos constatarlos en todas partes: a la popularización del correo electrónico sigue la proliferación del spam. ¿Es el spam un problema de diseño, algo de lo que debamos hacer responsables a los inventores del protocolo del correo electrónico o a los que comercializan herramientas para que los consumidores lo usen? No, es un problema de que una serie de actores descubren que pueden utilizar los protocolos del correo electrónico para enviar con un coste bajísimo mensajes comerciales a una gran cantidad de usuarios incautos, inexpertos o directamente idiotas, y aprovechar para separarlos de su dinero. Ese comportamiento es constante: cada servicio que surge cuenta con su caterva de aprovechados dispuestos a utilizarlo para engañar, robar, manipular o retorcer su propósito original. Las redes sociales son plataformas para compartir contenidos, pero convenientemente retorcidas, se convierten en herramientas para manipular un proceso electoral. YouTube sirve para ver vídeos, pero si la retorcemos adecuadamente, podemos conseguir que sirva para engañar a niños con contenidos inadecuados y ganar dinero a costa de exponerlos a contenidos a los que no deberían ser expuestos. Da igual el ejemplo que propongas: todos cuentan con usos inadecuados, inmorales o directamente delictivos que algunos pretenden utilizar para su beneficio. ¿Surgen los ICOs? Rápidamente proliferan personajes nocivos dispuestos a confundir a potenciales inversores y robarles su dinero.

¿Estamos hablando de un problema de internet? No, hablamos de un problema de la naturaleza humana. En ausencia de una regulación efectiva debido a la velocidad con la que se desarrollan y popularizan las nuevas herramientas, los delincuentes evolucionan y se convierten en los primeros colonizadores de cada nuevo nicho ecológico que surge en el planeta red. Para cuando se defina como delito subir vídeos a YouTube y aprovechar sus algoritmos para incrementar su popularidad, los delincuentes estarán haciendo otras cosas completamente diferentes. Probablemente un buen abogado encuentre siempre suficiente indefinición en esos comportamientos como para conseguir que salgan absueltos, y el simple principio de “no sé como definirlo pero lo reconozco cuando lo veo”, el I know it when I see it que podría contribuir con algo tan inherentemente humano como el sentido común a aliviar el problema, no se utiliza lo suficiente. No parecen existir tribunales ni jueces suficientes como para solventar los problemas que detectamos en internet todos los días, y si existiesen, se verían confrontados con una realidad compleja de fueros y sistemas judiciales nacionales tratando de mala manera de operar en un entorno global y sin fronteras. Lo que un estado intenta definir como un comportamiento execrable y encuadrar en un tipo penal evidente que sin duda ya existía, en otro estado está completamente sin legislar, o se sitúa en un limbo en el que las leyes resultan de imposible aplicación. Los mecanismos sociales de control, elementos como la reputación o la censura social que a otra escala y en otros períodos históricos se han convertido en elementos que ponían relativo coto a determinados comportamientos, tampoco funcionan, porque no se desarrollan con la necesaria velocidad. Cuando un individuo malintencionado encuentra una manera de aprovecharse de una plataforma determinada, la mayor parte de la sociedad ni siquiera es capaz aún de entender qué es lo que está haciendo.

Hemos construido una herramienta que no sabemos controlar, y que muchos consiguen retorcer para su beneficio incurriendo en comportamientos que cualquiera con un mínimo sentido común encontraría castigables, pero que en rarísimas ocasiones son castigados. Y de nuevo: el problema no está en la red, sino en la naturaleza humana, en las más profundas miserias de nuestra condición. ¿Cómo definir a un tipo que convierte en medio de vida el exponer a niños a contenidos completamente inadecuados y censurables? ¿Qué castigo debería encontrar si la justicia funcionase? ¿Cómo plantearse desincentivar un comportamiento semejante? ¿Cómo adaptar la legislación y los sistemas que tratan de poner bajo control lo peor de la naturaleza humana en un marco que evoluciona tan rápidamente?

 

PSD 2Hoy tuve la oportunidad de participar el el tercer Mastercard Innovation Forum, un evento en el que también participé el año pasado, pero que mientras entonces tenía una agenda fundamentalmente tecnológica, este año tenía como tema principal el impacto de la Payments Services Directive II (PSD 2).

En mi participación, traté de destacar el papel de la regulación como dinamizadora de la innovación: no me correspondía, lógicamente, entrar en detalle en el impacto de PSD 2 en cada uno de los aspectos de la operativa bancaria, papel que correspondió a otros participantes, pero sí hablar de su origen y de su posible papel disruptor: en muy pocos años, la operativa referente a los pagos ha pasado de ser algo muy sencillo y sujeto a una variabilidad muy escasa – básicamente, pagos en metálico y con tarjeta mediante una bacaladera que generaba una imagen del relieve de la tarjeta en papel carbón – a convertirse en un ecosistema complejísimo, en el que participantes de todo tipo pugnan por hacerse un hueco en los hábitos del usuario, y que precisan de una revisión de la PSD original para poder incluirse plenamente en un ámbito legislativo adecuado. Además de los participantes habituales, ahora tenemos una pléyade de compañías en el ámbito de las fintech, las tecnológicas, las redes sociales y sistemas de mensajería, etc., buscando su lugar en un escenario que incluye todo tipo de fórmulas, y en el que el pago en metálico se convierte en cada día más incómodo e impopular.

De la niche a la mañana, podemos utilizar dispositivos de diversos tipos como un Square o un iZettle, nos encontramos la fortísima difusión de aplicaciones como Venmo, la entrada de tecnológicas grandes como Apple, Google o Samsung, los pagos entre particulares asociados a sistemas de mensajería instantánea o de otros tipos, o incluso sistemas de deliciosa simplicidad como aquel Pay with your Face que Square probó brevemente durante una temporada en San Francisco.

La directiva está aún en una fase de relativa definición, aunque sus plazos son sumamente agresivos: mientras aún no tenemos claro ni si escribirla con numerales romanos o arábiga, y cuando algunos de sus artículos, como el 97, referido a la autenticación fuerte, aún siquiera se han terminado de escribir, tenemos ya un escenario de transposición a las legislaciones nacionales en enero de 2018, y unos impactos esperados que tendrán lugar a lo largo del próximo año. Y sobre todo, un clarísimo espíritu por parte del regulador de generar un escenario mucho más competitivo, con muchos más actores interactuando en un entorno abierto y con reglas claras, y con unos bancos a los que les toca acomodar la actividad de muchos otros actores, quieran o no.

En muchos sentidos, PSD 2 supone la “uberización” de la banca, obviamente con algunas diferencias: la primera y evidente, que mientras los taxistas no sabían lo que se les venía encima, los bancos han tenido preavisos de todo tipo y han podido pensar en adaptarse al impacto de una legislación que permite que muchos actores nuevos pasen a desarrollar actividades en su ámbito. La segunda es que mientras los taxistas colapsan ciudades, tiran piedras y rompen coches con el fin de coaccionar a las autoridades para que mantengan el statu quo que les conviene a ellos (y a nadie más que a ellos), los bancos no recurren – lógicamente – a ese tipo de estrategias, y se limitarán, como mucho, a algunas tácticas dilatorias que no les lleven a incurrir en acusaciones de obstruccionismo o en vulneraciones de la ley. Pero en esencia, hablamos de lo mismo: una actividad que era llevada a cabo por unos actores determinados, que de repente se abre para permitir la entrada de muchos otros competidores provenientes de diversos ámbitos.

¿Está la banca preparada para esto? Mi impresión es que no todo lo que debería teniendo en cuenta el preaviso del que ha disfrutado. Muchos de los elementos que se ponen en juego tienen que ver con elementos para los que la preparación requeriría un nivel de transformación digital que la banca aún dista mucho, salvo excepciones, de haber alcanzado. Clientes que aspiran a relacionarse a través de canales puramente digitales, generación y procesamiento de datos orientada al entrenamiento de algoritmos de machine learning que permitan ofrecer servicios de más calidad, y por supuesto, desarrollo de modelos de plataforma que permitan acomodar no solo las nuevas ofertas de competidores que la banca está obligada por ley a aceptar (y en muchos casos, sin coste), sino también muchas otras posibilidades que dependen, si quieren convertirse en un entorno dinámico y pujante, de la capacidad de atraer a otras compañías y a desarrolladores de diversos tipos. Para muchos bancos, la posibilidad de convertir su actividad en APIs estandarizadas que permitan la interconexión de terceros – algo que, repito, tendrán que hacer por requisito legal – choca con una deuda técnica notable, con sistemas legacy de actualización compleja o imposible… además de con una escasa orientación a las necesidades del cliente y con una mentalidad anclada en un entorno de regulación anterior en el que muchas de esas posibilidades eran sencillamente imposibles.

¿Está la banca en disposición de cambiar su mentalidad para convertir una aparente amenaza como PSD 2, un órdago del legislador para provocar un entorno más competitivo y dar entrada a nuevos actores, en una oportunidad? La respuesta es obvia: no todos los bancos lo están, y posiblemente, los que lo estén o afirmen estarlo sean minoría. En ese sentido, los mensajes de tranquilidad, los estudios que afirman que los usuarios tienden a confiar más en un banco que en otro tipo de compañías o las ideas conservadoras de “todo está bajo control” pueden hacer más mal que bien, y llevar a un conformismo que evoca mucho lo que ocurrió en otras industrias… antes de que llegase la tormenta.

¿Está la banca preparada para el nuevo escenario definido por PSD 2? Sin duda, no todos. Pero posiblemente, ni los que creen que lo están lo estén, en realidad, lo suficiente. Me genera dudas la escasa penetración de desarrollos de machine learning sofisticados en temas como, por ejemplo, la detección de patrones de fraude, capaces de convertirse en una auténtica ventaja competitiva en costes, y que sin embargo, se encuentran aún en fases relativamente tempranas de adopción.

¿Mi impresión? Que muy pronto, esos nuevos actores que entran únicamente por el lado de los pagos habrán conseguido una cuota de cliente en algunos segmentos sociodemográficos y en algunos productos, y se habrán convertido en una preocupación creciente. Y si es así, estaremos hablando de la disrupción de un segmento que, a día de hoy y a pesar de los mucho que se ha escrito sobre el tema, aún no se espera lo que se le podría venir encima…

 

Uber self-driving car transportation (IMAGE: Uber)El affaire entre el Department of Motor Vehicles (DMV) de California y Uber a cuenta de la necesidad o no de una licencia para operar vehículos autónomos termina con la revocación de la licencia de circulación de los automóviles de la compañía, y con la decisión de trasladar sus dieciséis vehículos Volvo XC90 para continuar con su operación en la contigua Arizona, donde el Gobernador del Estado, el republicano Doug Ducey, les da una calurosa bienvenida con un comunicado oficial y tacha el caso californiano de “un ejemplo de sobrerregulación“.

La cuestión de la regulación y, sobre todo, de la forma de aplicarla, parece estar convirtiéndose en un asunta cada vez más estratégico. Los argumentos de ambas partes parecen sumamente claros: por un lado, el estado de California y su DMV, que afirman que todas las compañías que han operado vehículos autónomos en pruebas en su jurisdicción han solicitado la correspondiente licencia, y que, por tanto, Uber tiene que hacer lo mismo. Por otro, la compañía, que afirma que sus vehículos, por mucho que los anuncie como autónomos, no lo son, que simplemente plantean ayudas a la conducción y operan siempre con un conductor tras el volante, y que por tanto, su actuación es exactamente la misma que cualquier vehículo similar a los Model S de Tesla, que no requieren ningún tipo de licencia especial. Mientras el DMV afirma que Uber ofrece un servicio en pruebas, y que la licencia es por tanto necesaria para su operación, Uber afirma que la licencia no es necesaria, porque sus conductores son iguales a los que conducen un Tesla o cualquier otro vehículo con ayudas a la conducción más o menos sofisticadas.

El resultado de esta discusión es claro: el DMV tiene la potestad de ejecutar la legislación, no admite interpretaciones, y cancela la licencia de circulación de los vehículos, lo que obliga a Uber a detener el servicio. Esto es lo que dice la ley, y la ley está para cumplirse, no se negocia ni se interpreta, como si fuese la sharia. Uber podría aceptarlo, simplemente solicitar la licencia en cuestión, que le sería concedida con total seguridad, y continuar con su servicio, pero en su lugar, decide plantarse y trasladar vehículos y servicio a Arizona. ¿Resultado? Ahora, los beneficios derivados del desarrollo de la tecnología se materializarán allí, y no en California. Explicar de qué hablamos exactamente es sencillo: puestos de trabajo sofisticados y con futuro asociados al desarrollo tecnológico, imagen de innovación, investigación y desarrollo en las universidades de la zona, más opciones de transporte para los residentes del estado y, a medida que la tecnología va mejorando progresivamente, mayor seguridad. La cuestión es clara: si pudiesen elegir, todos los países o estados del mundo escogerían sin duda ser la sede de cuantas más compañías tecnológicas, mejor. Algunos países, de hecho, han convertido la idea de atraer a compañías tecnológicas y fomentar su crecimiento local en una auténtica estrategia de desarrollo, como es el caso, con muy distintos matices, de Corea del Sur (mediante desarrollo doméstico) o de Irlanda (mediante incentivos fiscales al asentamiento).

En otro caso relacionado, tenemos el de Otto, la compañía de camiones autónomos fundada por antiguos responsables del proyecto de conducción autónoma de Google, recientemente adquirida por Uber: sus responsables tomaron la decisión de hacer todas sus pruebas en el estado de Nevada sin solicitar ningún tipo de permiso y sin encomendarse ni a dios ni al diablo, y eso les permitió ser mucho más ágiles, avanzar mucho en sus desarrollos, y terminar siendo adquiridos por $680 millones de dólares.

La discusión, por tanto, parece clara: no cabe ninguna duda que si interpretamos la regulación al pie de la letra, podemos paralizar la actividad de una compañía. Pero si la compañía, en respuesta, traslada sus actividades a otro estado… ¿quién ha salido ganando? ¿De verdad piensa el DMV que la situación que ha provocado es mejor para los californianos? ¿Que los ha protegido? ¿O simplemente ha mantenido una posición inmovilista y ha provocado que los empleos, la investigación, la imagen de progreso y los beneficios que iba a traer consigo la actividad de la compañía se materialicen en otro sitio? ¿Vale de verdad la pena ser tan rígido en la aplicación de la regulación como para convertirla en un desincentivo a la radicación de compañías que, por la naturaleza de su actividad, demandan una mayor flexibilidad?

Partamos de nuevo de la base adecuada: obviamente, quien piense que las compañías tecnológicas son poco menos que “el eje del mal”, que eliminan puestos de trabajo o que amenazan nuestro modo de vida y nuestras costumbres, estará encantado de que la regulación se aplique hasta sus últimas consecuencias, y no derramarán ninguna lágrima cuando esas compañías se vayan a otro sitio. Pero… ¿es esa actitud sostenible? Generacionalmente, los que sostienen ese tipo de actitudes están siendo progresiva y rápidamente sustituidos por jóvenes que demandan más tecnología, más avances, más conveniencia y más desarrollo, e indudablemente, la naturaleza del crecimiento económico que genera un territorio “tradicionalista”, que terminaría por parecerse a algún tipo de teocracia o dictadura que no restringe la libertad de las compañías para innovar, no se parece en nada al que puede obtener un territorio progresista, que apoya la tecnología y que hace lo que puede para atraer a las compañías que la desarrollan. Es, básicamente, comprometerse con las tradiciones y el pasado, frente a comprometerse con el futuro.

A medida que la tecnología avanza, los territorios deben adaptar sus prioridades, sus políticas y su regulación para tratar de mantener su competitividad, Si frente a esto contestamos con una actitud del tipo “la ley es igual para todos, son lentejas y o las comes, o las dejas”, anularemos con ello la posibilidad de que la regulación cambie, avance, y se vaya adaptando, gracias a compañías que empujan los límites de su actuación. Hay territorios que usan la regulación como un freno, y otros que la usan como un arma, flexibilizándola o adaptándola como mejor creen que conviene a cada situación. Y si los gobiernos eligen aplicar la regulación de manera rígida hasta sus últimas consecuencias y no lo explican muy bien, tal vez se encuentren con sorpresas o consecuencias derivadas de su elección… en las próximas elecciones. Vivir en un territorio que no se adapta a los tiempos y al contexto tecnológico es algo que cada vez le gusta a menos gente.

Al final, el resultado neto de toda esta historia es malo para todos, y solo beneficia a quien sabe aprovechar sus oportunidades. California pierde porque ve huir a una compañía innovadora que generaba abundantes recursos, Uber pierde porque ya no tiene la posibilidad de probar su tecnología en un escaparate como San Francisco, y los ciudadanos en su conjunto pierden porque pierden la posibilidad de trabajar en esa compañía, investigar para ella o convertirse en usuarios de sus productos futuristas. La comparación entre las reacciones del gobierno de California y de Arizona en este caso se parecen mucho a lo que ocurre desde hace muchos años entre los Estados Unidos y Europa, o entre países que atraen inversión y tecnología frente a países que la hacen huir. Aquellos que ofrecen sus territorios como laboratorios de pruebas, como sitios propicios para la innovación y el desarrollo, terminan obteniendo beneficios de todo tipo, desde imagen de compromiso con el futuro, hasta inversión, puestos de trabajo sostenibles o calidad de vida.