IMAGE: Open Clipart Vectors - CC0Dentro de las noticias recientes en el trepidante panorama político español, hay uno que me llama muchísimo la atención: la constatación final y definitiva de que el mítico número de más de 800,000 afiliados manejado desde hace tiempo inmemorial por el Partido Popular era algo completamente inexistente, una mentira por todos conocida, pero que nadie se atrevía a desvelar públicamente.

Un censo cerrado en junio situaba dicha cifra en 869.535 personas, un récord entre los partidos españoles e incluso europeos. Pero a la hora de la verdad, y en un proceso de tanta dimensión como la elección de un nuevo presidente para el partido, únicamente “aparecen” y reclaman su derecho al voto alrededor de siete de cada cien afiliados, un total de 66,384 personas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está aquella enorme base social de la que el partido hacía bandera? ¿Cómo podemos resolver el misterio de los afiliados desaparecidos? 

Esta página no se dedica al análisis político, ni tiene el menor interés en hacerlo. El misterio de la base de datos de afiliados del Partido Popular data de hace tiempo inmemorial: en el escaso contacto que tuve con ese partido en torno al año 2008, nunca como miembro ni mucho menos afiliado al mismo, sino simplemente en calidad de experto al que recurrieron para dar su opinión sobre una serie de temas, la famosa cifra de afiliados ya era, en las reuniones en las que salía, tomada con pinzas: todos sabían que, en la práctica, nadie jamás abandonaba esa base de datos, ni por impago de cuotas, ni por razones disciplinarios… ni siquiera por fallecimiento. Cada vez que se mencionaba recurrir a la base de datos para algo, alguno de los presentes en la reunión advertía sobre su problema de falta de calidad. Era, en realidad, un auténtico secreto a voces, una mentira por todos conocida que, simplemente, proporcionaba la coartada de la amplia base social, de un supuesto apoyo muy superior, supuestamente, al del resto de partidos. El asunto fue investigado por fuentes ajenas al partido en varias ocasiones, y todo apuntaba a lo mismo: el interés por mostrar un apoyo amplio había condicionado un tratamiento de la base de datos de afiliados tan profunda e irracionalmente conservador, que en la práctica, esa base de datos era completamente inservible: estaba repleta de personas que posiblemente alguna vez se afiliaron, pero que habían abandonado su militancia, habían dejado de pagar sus cuotas, se habían desinteresado, o habían muerto.  Lo único que consta es que, de esos supuestos 869,535 afiliados, solo aparecen de manera fehaciente un 7.5%, incluso después de condonar el requisito de pagar todas las cuotas atrasadas y de conmutarlas por un único pago simbólico de tan solo veinte euros.

Las bases de datos de afiliados de los partidos recogen, obviamente, información sobre sus preferencias políticas, y están por tanto sujetas a la consideración de datos sensibles o especialmente protegidos. Esto implica que la investigación sobre ello se limite a los datos proporcionados de manera voluntaria por los propios partidos, lo que ha posibilitado que el Partido Popular se haya pasado años haciendo gala y esgrimiendo en todo momento un número de afiliados que no tenía. Que ese interés del Partido Popular por mostrar un número desproporcionadamente elevado de usuarios se deba simplemente al hecho de querer mostrar un apoyo social amplio donde no lo hay, o a factores más complejos como la posibilidad de regularizar dinero como cuotas procedentes de esa base de afiliados es un elemento que no procede analizar sin disponer de elementos probatorios adicionales. Sí sería sin duda interesante, sin embargo, pensar sobre las posibles consecuencias que la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, o GDPR según sus siglas en inglés, habitualmente más utilizadas) a esas bases de datos, tan claramente necesitadas de un proceso de depuración.

La entrada en vigor el pasado 25 de mayo de GDPR ha abocado a los directivos de muchísimas compañías a ese tipo de disyuntivas: ¿qué hacer ante un reglamento que amenaza con sanciones importantísimas a quienes mantengan en sus bases de datos a personas que no han afirmado de manera fehaciente su interés por constar en ellas? Presas del pánico, miles de empresas de todo el mundo se dedicaron a bombardear absurdamente nuestras bandejas de entrada con correos inútiles que en muchos casos eran, en sí mismos, una vulneración del reglamento, una comunicación enviada a personas que no habían expresado su interés por recibirla y que, en muchos casos, estaban en esas bases de datos por un proceso irregular de adquisición de bases de datos de terceros, de incorporación de todo aquel que hacía una simple petición de información, o de no eliminación de quien había pedido su borrado.

En la práctica, las bases de datos de las compañías se habían convertido en un erial lleno de datos desactualizados, de personas imposibles de contactar, de procedencias inconfesables, o incluso de muertos. Un auténtico caso de síndrome de Diógenes derivado de una sola razón: el uso de malos indicadores. Considerar erróneamente el tamaño de la base de datos como un elemento indicador del desempeño del director comercial o de marketing, como una especie de falso concurso de popularidad, como una forma de desviación cinegética, un “a cuántos he conseguido cazar”. El resultado era claro: cada vez que se intentaba hacer uso de esas bases de datos, la acción generaba un aluvión de envíos devueltos, de correos rebotados o de peticiones de baja. Durante muchos años, el número de empresas diligentes a la hora de limpiar sus bases de datos ha sido minoría: nadie quería asumir lo que significaba que esos números descendiesen. Solo en casos extremos y  probablemente fruto de algún tipo de segundas intenciones han logrado la exposición mediática y el ridículo que han supuesto casos como el del Partido Popular.

Las bases de datos de una compañía deberían ser uno de sus principales activos. Pero aferrarse a ellas como una especie de señal de prestigio si, en realidad, están llenas de datos adquiridos a proveedores de origen dudoso, de procesos de web scrapping, de peticiones de eliminación desatendidas o incluso de muertos, es completamente absurdo e irracional. Todo aquel director de marketing o ventas que se haya visto preocupado por la posibilidad de que el número de registros de su base de datos fuese a disminuir por la aplicación de GDPR debería hacérselo mirar, porque todo aquel que prefiera tener una base de datos más grande por estar llena de basura inservible es alguien que no tiene claro cuál es su función real.

Un caso más de retorno a la lógica tras muchos años de excesos injustificables: si no tienes claro lo que tienes en la base de datos, no te dediques a lanzar correos a diestro y siniestro a personas que nunca manifestaron su interés por estar en ella, a direcciones que compraste a algún sombrío proveedor de listas, a correos falsos, a incautos que te pidieron información o a muertos. No, no lo hagas, porque lo menos que te puede pasar no es que no te contesten, no los abran o que aprovechen tu correo para darse de baja, sino que te denuncien. Si de verdad tienes tu base de datos llena de basura, haz lo que hay que hacer con la basura: tírala. Líbrate de todo aquello cuyo origen no tengas claro, elimina a todo aquel de quien no te conste un consentimiento expreso, o incluso comienza de nuevo desde cero. Tirar a la basura una base de datos no tiene por qué ser una mala noticia, y menos aún si estaba llena de basura, porque la basura huele mal. Bórrala y comienza de nuevo con procedimientos y garantías adecuadas, porque pensar que de alguna manera tu prestigio o tu desempeño como directivo estaba vinculado al número de registros en una base de datos llena de basura era ni más ni menos que eso, admitir que tu carrera profesional estaba construida sobre la basura. El marketing no consiste en torturar, en cazar o en bombardear a personas que no han manifestado ningún interés en tu producto, sino en construir relaciones sostenibles. Repítelo para ti mismo varias veces, paladeando cada sílaba: sos – te – ni – bles. Si no lo tienes claro, si no lo entiendes, o si te da miedo que el número de registros en tu base de datos disminuya, déjalo. Por tu bien, por el de tu compañía, y por el de todos.

 

Twitter default avatar (2017)Las recientes demandas del Partido Popular en España en torno a una supuesta “eliminación del anonimato en las redes sociales”, expresadas por su portavoz, Rafael Hernando, a raíz de unas presuntas amenazas expresadas en Twitter contra la Secretaria Primera de la Mesa del Congreso y presidenta del Comité Electoral Nacional del PP, Alicia Sánchez Camacho, no hacen más que reflejar una cuestión: que el Partido Popular no entiende la red. 

Partamos de la base de que el “calentamiento de boca” de Hernando proviene de un análisis serio, consecuente y consensuado con su partido, y no de una simple reacción en caliente frente a los mensajes recibidos por su compañera: como ya comenté en el año 2011, el anonimato es y debe ser un derecho fundamental en la red, y eso no es simplemente una frase que diga yo, sino además, la opinión de organismos tan autorizados como la Electronic Frontier Foundation (EFF), que posee toda una interesante sección de su página web dedicada a la reflexión sobre el tema, o las Naciones Unidas, que afirman que el cifrado y el anonimato son elementos fundamentales a la hora de permitir que los individuos ejerciten su libertad de opinión y de expresión en la era digital, y que como tales, merecen una protección fuerte y categórica. Hablamos, pura y simplemente, de un derecho fundamental, de un elemento importantísimo en la esencia de las sociedades democráticas: no se puede hablar de la eliminación del anonimato o de la prohibición del cifrado sin asumir de manera inmediata una importante erosión en la calidad de la democracia de un país

Todos los que alguna vez hemos sido agredidos, acosados o insultados a través de la red experimentamos una necesidad inmediata de reaccionar, de responder a la agresión de alguna manera. En muchos casos, la respuesta se da a través del propio canal, cayendo en el manido don’t feed the troll que, lejos de ser una verdad absoluta, no deja de ser un simple aforismo con muchos matices imprescindibles. Cuando además el agredido es un miembro de la escena política con capacidad de intervención sobre la legislación, la tentación de “legislar en caliente” es inmediata, humana y comprensible. Pero no por ello menos censurable: al político debe exigírsele un mínimo de madurez, y una de las maneras de demostrar tal madurez es precisamente tratando de examinar todos los elementos implicados en una decisión.

El anonimato en las redes no puede ser eliminado salvo que se asuman infraestructuras enormes y la creación de un entorno autoritario como el existente en países como China, convertida en la versión corregida y aumentada del Gran Hermano imaginado por George Orwell en su “1984“. Pretender que las redes sociales asuman como propia el deseo de perseguir el anonimato de un gobernante es algo tan realista como cuando algún desinformado personaje, hace años, pretendía “hablar con Bill Gates para que pusiera la ñ en internet“. Las redes sociales, por mucho que tengan que desarrollar su actividad dentro del marco legislativo definido por los países en los que actúen, no están para satisfacer los deseos de control del político de turno.

Las comparaciones habituales a los que los políticos recurren en muchas ocasiones tampoco sirven: el paralelismo entre “el huevo de Twitter”, ya eliminado y sustituido por otro formato en un intento de eliminar sus connotaciones negativas,y la imagen de quien va por la calle enmascarado no funciona como tal: la eliminación del anonimato sería comparable, más bien, con una supuesta obligación de exhibir constantemente nuestra identidad con un cartel colgado del cuello o una etiqueta cosida en la ropa, algo solo exigible a aquellos que tienen encomendadas funciones que requieren un especial control, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. En la red, el anonimato como tal está muy lejos de ser tan ubicuo como algunos piensan: los mecanismos que convierten a alguien en completamente anónimo son difíciles de poner en práctica a un nivel tal que convierta la identidad de la persona en verdaderamente difícil de obtener. Ante la comisión de un delito y tras el requerimiento judicial correspondiente, son raros los casos en los que un usuario no puede ser identificado. Pero para ello tenemos que partir de una base fundamental: que exista un delito, y que un juez considere adecuado, proporcionado y justificado requerir la identificación de quien lo cometió.

Estoy totalmente a favor de identificar, perseguir y condenar a todo aquel que cometa un delito en la red, siempre que efectivamente sea un delito y que un juez así lo determine. Condenar a quienes injurian, difaman, acosan o amenazan en la red es importante, porque eso nos convierte en una sociedad más libre y evita que los matones dominen la conversación. Separar los delitos determinados por un juez de otras cuestiones importantes en una sociedad democrática, como el derecho a la parodia, a la ironía, al uso del humor en todas sus vertientes o a la crítica y el activismo es también fundamental, y debe ser considerado como algo muy importante, que no debería peligrar en una sociedad sana. Es importante buscar, además, un efecto ejemplificador que, dentro de la lógica y la mesura, contribuya a la educación de la sociedad en un contexto relativamente novedoso – ya no tanto, pero concedamos que no de manera universal – como el de las redes sociales. Se tarda tiempo en educar a una sociedad, pero se termina consiguiendo si se utilizan las herramientas adecuadas.

Todo político y toda persona con acceso al poder manifiesta de manera inmediata un deseo irrefrenable de control. La sensación de que, por ejemplo, eliminar el cifrado es una manera de evitar que los delincuentes se oculten es muy primaria y revela un desconocimiento profundo del funcionamiento de la red: si prohibimos el cifrado, estaríamos generando en primer lugar un absurdo conceptual – no hay nada que debilite más el prestigio de un político que la promulgación de leyes imposibles de cumplir – y, en segundo, provocaríamos que los delincuentes simplemente buscasen métodos más sofisticados, ante lo cual nos quedaríamos vigilando y monitorizando a los que no lo son.

En las sociedades democráticas, debemos exigir a los políticos que actúen con la madurez suficiente como para asumir que el control total es incompatible con la democracia, y que aquel que en una red social se comporta como un impresentable o un maleducado es porque la ley le permite, mientras no cometa un acto ilegal, ser un impresentable o un maleducado. La definición de lo que es o no delito es algo que proviene de un amplio consenso social expresado a lo largo de muchos años, y no puede ser revisada cada vez que algo nos resulta incómodo, ofensivo o molesto. No todo lo que no nos gusta o nos resulta molesto es un delito. Solo es delito lo que un juez decide que lo es, y pretender que todo aquel que recurre al anonimato o al uso de un pseudónimo lo hace con el fin de cometer delitos es de una inmadurez tal que, cuando se constata en un político, asusta. O debería asustar. El anonimato, como el cifrado, es un derecho fundamental de las personas en la era digital, y una cuestión enormemente compleja, con infinidad de matices que incluyen desde la libertad para ser conocido por el nombre que uno desee, hasta la búsqueda de protección contra prejuicios o agresiones de diversos tipos. Cada vez que veamos a un político exigir el fin del anonimato como una medida de trazo grueso, como si eso fuese la solución a todos los males, deberíamos reaccionar inmediatamente con el adecuado nivel de alarma: se empieza por ahí, y se termina por el liberticidio.

 

Twitter bird mugshotEl Partido Popular registra una proposición no de ley en el Congreso de los diputados con el fin de reformar la protección del derecho al honor, con la idea de aplicarla en las redes sociales. De nuevo, la estúpida idea de considerar eso que llaman “las nuevas tecnologías” siempre como una “terrible amenaza”, algo para lo que es “imprescindible” crear nueva legislación.

El derecho al honor está perfectamente legislado. Para mí, que incluso llegué al punto de ser llevado ante los tribunales por haber supuestamente “ofendido el honor” de una asociación de empresas (que lejos de tener ningún problema con “su honor”, me denunciaba simplemente para intimidarme y tratar de evitar que diese mi opinión sobre sus prácticas de negocio), está muy claro que el derecho al honor está incluso excesivamente legislado, llegando casi hasta la paranoia. Pensar en proteger aún más ese derecho al honor se me antoja una manera clarísima de crear instrumentos de censura, de dotarse de herramientas siguiendo el estilo del gobierno turco de Erdoğan, que permitan judicializar la conversación o pretendan convertir la falta de educación en delito. 

Francamente, una ley que haga más fácil denunciar a los ciudadanos cuando insultan a otros en las redes sociales es algo que me preocupa. No porque me gusten los insultos ni porque considere que deba protegerse de alguna manera al que insulta, sino porque estimo que el honor está ya suficientemente protegido, y que aquel que siente que la participación de un tercero en las redes sociales insulta su honor, tiene ya más que suficientes herramientas jurídicas como para reclamar protección. Si nos fijamos en la gran mayoría de las democracias modernas, lo normal no es dedicarse a endurecer la protección al honor ante la llegada de las redes sociales. Ese tipo de tendencias legislativas son, como todos los intentos por incrementar el control de la red, típicas de países como Turquía, Irán o China. Por algo será.

La mala educación, el mal gusto, las injurias o las ofensas en las redes sociales son un problema, sí. Como ya he dicho en muchas ocasiones, los protocolos de uso tardan mucho más en desarrollarse que las propias herramientas que los soportan. Que por alguna razón, una parte de la sociedad haya decidido ignorar las normas de educación que acordamos como sociedad a lo largo del tiempo para regular nuestro comportamiento y evitar que acabemos a bofetadas es, como tal, un problema, pero no un problema que no tenga solución con las herramientas legislativas con las que ya contamos. Estamos de acuerdo: la sinceridad está sobrevalorada. Aunque pienses que alguien es un imbécil, nada te obliga a decírselo en público, y de hecho, lo normal, considerando unas normas de buena educación que no están ahí por casualidad, es que no debas decírselo, por mucho que creas que le haces un favor diciéndoselo. Lo más normal es que la persona, ademas, no quiera que se lo digas, y de hecho, le moleste, o incluso piense que ofendes a su honor. Pero un insulto es un insulto, sea en la red, en un periódico o en la calle, y pretender que “las nuevas tecnologías” (¿cuántos malditos años tiene que tener una tecnología para que el Partido Popular deje de considerarla “nueva”?) son de alguna manera “un entorno diferente” para el que es preciso crear legislación especial es un error. Y además, potencialmente muy peligroso.

El intento de endurecer la protección del derecho al honor es, simplemente, una forma de dotarse de herramientas para procesar a aquellos que digan algo que nos parece mal. Una manera mal entendida de intentar elevar las barreras de entrada, de pretender que la buena educación surja por el método del palo. No, la buena educación no se consigue con amenazas de “te meteré en la cárcel si te portas mal”. Es precisamente lo que hacía falta en España y lo que sin duda arregla nuestros problemas: una ley especial para meter en la cárcel a usuarios de redes sociales. Y más cuando ya existen suficientes leyes que permiten castigar ese tipo de delitos… cuando lo son.

Me preocupa seriamente que el partido en el gobierno en mi país muestre una actitud ante la tecnología que siempre comience con lo malo, con la preocupación, con los supuestos peligros. ¿No sería más lógico pensar en las redes sociales como una manera de captar opinión, o como una forma de comunicar con los ciudadanos, como hace el gobierno norteamericano? ¿Vemos acaso en los Estados Unidos leyes para proteger más aún el derecho al honor? ¿O más bien al revés, vemos como se obsesionan por proteger la libertad de opinión? ¿Tiene sentido que siempre que el partido en el gobierno mencione algo que tenga que ver con la tecnología lo haga para intentar “protegernos de sus supuestos peligros”? ¿No es esa una actitud cansina y profundamente reveladora? Por favor, la tecnología está cambiando el mundo tal y como lo conocemos en muchísimos sentidos, y todo lo que el Partido Popular piensa es en “cómo protegerse de todos esos cambios”!! ¿Qué diablos de actitud es esa?

Y por cierto, Partido Popular… la mejor forma de proteger el honor es comportándose sistemáticamente de manera honorable.