IMAGE: Quotecatalog.com (CC BY)El Consejo Municipal de Nueva York somete a votación y aprueba, como se esperaba, una restricción de un año en la concesión de licencias para vehículos de transporte con conductor que operan en la ciudad y un sueldo mínimo para sus conductores. La situación carece completamente de paralelismos con la de países como España, en los que los taxistas reclaman que el número de licencias de transporte de vehículos con conductor (VTC) se mantenga por debajo del de taxis, en algunos casos citando ratios absurdos como el de una licencia de VTC por cada treinta taxis: en Nueva York, que cuenta con un total de 13,587 licencias de taxi, el número de vehículos operados por compañías como Uber o Lyft supera ya los 100,000, y su actividad es un 65% mayor que la de los taxis

Según algunos estudios, la abundancia de vehículos disponibles para el transporte estaba incrementando en exceso la congestión, y poniendo a los conductores en situaciones insostenibles: varios conductores, tanto de taxis como de VTCs, habían cometido recientemente suicidios debido al progresivo empeoramiento de sus condiciones de trabajo. Según Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, en un tweet de hace unas horas:

“Nuestra ciudad se enfrenta directamente a una crisis que está llevando a trabajadores neoyorquinos a la pobreza y a nuestras calles a la congestión. El crecimiento sin control de las compañías de vehículos de alquiler basadas en apps exigía acciones, y ahora las tenemos.”

El problema, obviamente, es hasta qué punto imponer una congelación del número de licencias durante un año es susceptible de contribuir a la mejora del problema. Uber y Lyft pueden sobrevivir perfectamente a restricciones de este tipo incluso si se extienden a otras ciudades norteamericanas, pero la gran realidad es que el problema no está en el número de vehículos disponibles para el transporte, sino en otro sitios, y que dentro de un año, cuando la restricción se replantee, lo normal será que los problemas de congestión permanezcan igual. Según Uber o Lyft, detener su crecimiento empeorará el transporte en la ciudad al reducir el número de opciones disponibles y hará más difícil conseguir transporte sobre todo en barrios periféricos y para personas de menos recursos, pero lo cierto es que, del mismo modo que los habitantes de la ciudad prefieren una hiperabundancia de opciones disponibles para su transporte, todo exceso termina siendo perjudicial, y provocando incluso que desplazamientos que antes se hacían en metro o en autobús pasen ahora a desarrollarse en grandes vehículos negros de manera mucho más ineficiente, y posiblemente, conducidas por personas en condiciones laborales en muchos casos deplorables. Hace algunas décadas, tener una licencia de taxi era, sin ser un empleo agradable, un pasaporte a la clase media. Ahora, es una manera de malvivir.

Varios elementos juegan un papel importante en esta transición: la primera, el hecho de que estemos hablando, en realidad, de una situación de interinidad, del breve espacio de tiempo en años que va a transcurrir hasta que el transporte en las ciudades sea operado por vehículos autónomos sin conductor. Un plazo que en muchas ciudades norteamericanas ya ha comenzado, aunque aún sea escasamente representativo o esté en sus inicios, pero para el que muchos aventuran un desarrollo muy rápido. Eliminar al conductor solucionará uno de los problemas: dedicarse a transportar pasajeros o mercancías por una ciudad no debería ser una actividad para trabajadores humanos. Pero incluso en una situación en la que la automatización haya tomado el papel central, sigue habiendo otro problema, que no es más que el que consiste en llevar a cabo una gestión adecuada de los desincentivos, del palo que debe acompañar a la zanahoria. El verdadero problema de Nueva York y de la mayoría de las ciudades norteamericanas no es que haya demasiadas licencias de VTC y que haya que congelar su concesión, sino que no existan suficientes desincentivos para el vehículo particular. La situación únicamente mejorará cuando los ayuntamientos se den cuenta de que el uso del vehículo privado debe restringirse o desincentivarse fuertemente en muchas áreas de la ciudad, y que la única opción para moverse en esas áreas sea el uso de transporte público, de flotas de vehículos de transporte, o de opciones como bicicletas, patinetes, y otro tipo de vehículos.

Sin duda, todo tiene que tener algún límite, y encontrar el límite adecuado para un funcionamiento correcto de un sistema complejo como es una ciudad no es algo sencillo. Pero atacar el problema simplemente restringiendo uno de sus componentes, sin pensar en el impacto de otros jugadores, y pretendiendo no molestar a nadie más ni imponer ningún cambio en el comportamiento de los usuarios de una ciudad es imposible. El problema de la congestión en las ciudades desaparecerá cuando entendamos que muchas ciudades fueron diseñadas para el automóvil, y que ese diseño debe ahora transformarse para acomodar otros tipos de uso, muy posiblemente eliminando el aparcamiento en superficie y destinando el espacio liberado para otros usos, profundizando en la transición del automóvil desde producto en propiedad hacia servicio, y mejorando las opciones disponibles de transporte público. Y en cualquier caso, entendiendo que la situación cambiará de manera significativa en cuanto uno de los cambios más importantes que vamos a vivir en la historia del transporte, la automatización, se imponga, por una simple lógica de costes, de manera mayoritaria y dominante.

Las restricciones a los VTC en Nueva York no pueden verse como una forma de intentar mantener un equilibrio entre operadores de transporte urbano: ese equilibrio desapareció, en realidad, hace mucho tiempo. La discusión ya no está en el número de licencias que deben concederse, sino en el entendimiento de que hay que reformular completamente nuestras ciudades y la forma de desplazarnos en ellas, con todo lo que ello conlleva de eliminación de hábitos, pautas y modelos asentados durante décadas.

 

Airbnb barbed wireEl Senado del Estado de Nueva York presentó el pasado viernes una ley que prohibe el alquiler de apartamentos en régimen de corta duración, y obligaría a los alquileres a tener una duración mínima de treinta días. La redacción, que está concebida directamente como una auténtica “ley anti-Airbnb“, se encamina ahora a la mesa del gobernador Andrew Cuomo, a quien corresponde la decisión de aprobarla o de vetarla, e impondría multas de mil dólares a los infractores, que se elevarían a $5,000 y a ¢7,500 en caso de reincidencia.

Nueva York es una de las ciudades más turísticas del mundo, la número 6 del ranking mundial con 12.27 millones de visitantes, y hasta hace poco, el mercado más importante del mundo para Airbnb (en febrero de 2015 fue superada por París). Una ley así, en una ciudad con una oferta hotelera habitualmente calificada como muy cara, complicaría sensiblemente los planes de viaje para muchos turistas, pero también generaría problemas a propietarios de apartamentos que pretenden rentabilizarlos mediante una plataforma que, cada día más, intenta trabajar con sus usuarios para mejorar la rentabilidad de sus propiedades.

Detrás de la iniciativa legislativa está la poderosa Hotel Trades Council, el sindicato mayoritario en los hoteles de la ciudad, que afirma que “Airbnb es una amenaza para los sueldos y los puestos de trabajo en los hoteles de Nueva York y de todo el país”. La representante que propone la ley, Linda Rosenthal, afirma que Airbnb es poco menos que una amenaza terrible para la vida en la ciudad:

“You should know who your neighbor is and what happens when people rent out their apartments on Airbnb is you get strangers. Every night there could be different person sleeping in the next apartment and it shatters that sense of community in the building. It also can be dangerous.”

(“Usted debería saber quién es su vecino, y lo que sucede cuando la gente alquila sus apartamentos en Airbnb es que esos vecinos pasan a ser completos extraños. Cada noche podría haber una persona completamente diferente durmiendo en el apartamento de al lado, y eso rompe el sentido de comunidad en el edificio y, además, puede ser peligroso.”)

Según las encuestas de la propia Airbnb, un número elevado de vecinos de Nueva York utilizan Airbnb como una manera de obtener ingresos extras a partir del alquiler de corta duración de sus propiedades o de algunas habitaciones en ellas, lo que les permite, en una ciudad con unos costes sensiblemente elevados, llegar a fin de mes. Los impulsores de la ley afirman que es una manera de luchar contra los propietarios de bloques enteros de apartamentos que son alquilados en Airbnb y operan como hoteles ilegales, y que en caso de impedirse, esos apartamentos podrían ser ofrecidos a neoyorquinos en busca de alquileres más largos, contribuyendo supuestamente así a abaratar el (demencial) coste del alquiler en la ciudad.

Los impuestos municipales recaudados por los hoteles de la ciudad han evolucionado a la baja, con descensos de un 4% entre octubre y marzo y de un 1.3% en los tres primeros meses de 2016, un descenso que algunos atribuyen, entre otros factores, a la actividad de Airbnb. La compañía intenta desde hace tiempo pagar impuestos por su actividad como una manera de legitimar su actividad, pero hasta el momento, únicamente algunas ciudades ( San Francisco, Portland, Ontario, Alabama y Brevard County) han llegado a acuerdos para hacerlos efectivos. Mientras la sharing economy intenta oficializarse y pagar debidamente sus impuestos, la economía de toda la vida se resiste, trata de legislar lo que los propietarios de un inmueble pueden o no pueden hacer con él, y pretenden que el negocio del alquiler turístico siga donde siempre ha estado, en los hoteles de toda la vida.

La ley se encuentra, en este momento, sometida al sistema de legislación abierta del Estado de Nueva York, en el que los residentes pueden votarla y dejar sus comentarios al respecto. Esto genera una interesante situación, al contraponer, por un lado, los intereses de la industria hotelera y sus sindicatos de trabajadores, unidos a los de algunos vecinos de determinadas zonas que protestan por la elevada rotación de los apartamentos alquilados mediante Airbnb, frente a los propietarios de inmuebles y la industria tecnológica en general. Las reacciones en la plataforma participativa constituyen únicamente uno de los factores que el gobernador tiene en cuenta a la hora de tomar su decisión, pero sin duda, un posicionamiento abiertamente en contra de Airbnb situaría a Nueva York como una de las ciudades con una legislación más estricta del mundo en este sentido. Sea cual sea la decisión, todo indica que va a haber en todo el mundo muchos ojos atentos…