IMAGE: Aaron Anderer on Flickr (CC BY SA)La existencia de problemas regulatorios y trabas legales de diversa índole es uno de los problemas que los más pesimistas con respecto a los nuevos modelos de negocio basados en tecnología suelen esgrimir cuando se habla de ritmos de adopción. El caso de los patinetes eléctricos (electric scooters) es uno de los que, a mi juicio, mejor pueden utilizarse para demostrar que, generalmente, las trabas y restricciones legales no sirven para detener el avance de este tipo de modelos, y de hecho, los emprendedores e inversores descuentan rápidamente este factor cuando planifican sus desarrollos.

El segmento de la llamada movilidad multimodal, vehículos generalmente pequeños pensados para complementar desplazamientos cortos en las ciudades, debe su aparición al avance tecnológico que supone la mejora de los motores eléctricos y las baterías, por un lado, y al desarrollo de apps que permiten geolocalizar y coordinar sus flotas. En algunos artículos anteriores ya comenté mi impresión de que las compañías que promovían la movilidad urbana basada en este tipo de vehículos habían llegado para quedarse y que, a pesar de las trabas legales y de la retirada de muchos de sus vehículos por parte de los ayuntamientos, había una cierta tendencia a dar por muertos este tipo de modelos demasiado pronto. En muy poco tiempo, todo indica que, mientras ayuntamientos como el de San Francisco, que en un principio prohibieron este tipo de vehículos y se dedicaron a retirar los que encontraron mal estacionados en sus aceras, siguen pensando en cómo adaptar su legislación para ello, las evidencias a favor de la viabilidad futura de las compañías dedicadas a llenar nuestras ciudades de patinetes se van acumulando.

Además de las compañías citadas en artículos anteriores, como BirdLimeBike o Spin, que están logrando capitalizarse de manera significativa gracias al hambre de los inversores, están surgiendo otras, como Skip, que irrumpen en la llamada “guerra de los scooters” con modelos basados en el cumplimiento de las reglas, así como competidores procedentes de otros ámbitos de la movilidad urbana, como Uber o Lyft, que se apuntan a la idea de lanzar servicios de movilidad multimodal en una San Francisco convertida ya en una especie de laboratorio de la movilidad.

Mientras, los inversores siguen lanzados a una carrera por capitalizar estas compañías: Bird, la compañía creada por el ex-Uber y ex-Lyft Travis VanderZanden, protagoniza una buena parte de ese interés, alcanza ya valoraciones próximas a los dos mil millones de dólares, y se plantea llevar sus patinetes a ciudades europeas. Mientras, Lime consigue captar 250 millones en otra ronda de inversión, como corresponde a un negocio que precisa de importantes cantidades de dinero en la fase en la que se dedica a educar al mercado en el uso de sus vehículos y a aguantar las pérdidas generadas por robos, vandalismo o uso irresponsable. 

Ben Thompson habla ya de una scooter economy, un modelo en el que la movilidad en las ciudades evoluciona, por pura lógica y responsabilidad, a un “todo como servicio”, y las ciudades van experimentando y autorizando volúmenes cada vez mayores, al tiempo que los problemas de robos y vandalismo van pasando a tener una importancia meramente coyuntural. Un modelo similar al de las bicicletas dockless, muy criticado y considerado como supuestamente inviable al ver las montañas de bicicletas abandonadas en numerosas ciudades chinas, que plantea la necesidad de invertir a muy largo plazo para conseguir un cambio en la sociedad, una aceptación de un modelo que puede ofrecer numerosas ventajas y generar a su alrededor todo un ecosistema económico.

¿Problemas y restricciones legales? ¿Robos? ¿Vandalismo? Es habitual que ese tipo de problemas surjan cuando las ideas plantean un determinado grado de disrupción. Sembrar las ciudades de miles de bicicletas o patinetes para que cualquiera los desbloquee con una app y los utilice por pocos céntimos por minuto puede parecer una idea loca, y hacerlo con vehículos eléctricos, que es preciso recoger diariamente para cargarlos, más alocado aún. Sin embargo, dado un volumen adecuado, lo que inicialmente parece una idea loca puede acabar dando lugar a modelos de negocio viables. Y, sobre todo, a ciudades con una movilidad más líquida, más flexible, con más posibilidades a disposición de sus ciudadanos. Si no te ves utilizando una bicicleta o un patinete eléctrico para un desplazamiento corto, no te preocupes: es muy posible que en muy poco tiempo, empieces a verlos como una opción más.

 

IMAGE: CC BY-SA 3.0 Nick Youngson - Alpha Stock ImagesLa inminente entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) el próximo día 25 de mayo, que obliga no solo a las compañías radicadas en Europa sino también a todas las que pretendan ofrecer productos o servicios a ciudadanos de la Unión Europea, está teniendo una primera consecuencia interesante: una gran cantidad de compañías están reescribiendo sus términos de servicio (TOS) con el fin de convertirlos en documentos que un usuario medio, sin necesidad de un conocimiento profundo de leyes, pueda aspirar a entender.

La opacidad y longitud de los documentos que definen los términos de servicio es un tema sobre el que he escrito en numerosas ocasiones: la cajita que marcamos para indicar que, supuestamente, hemos leído y entendido los términos de servicio cuando abrimos una cuenta o nos damos de alta en un servicio es, sin duda, la gran mentira de internet. Pretender seriamente que alguien se lea y entienda cincuenta y seis páginas de cláusulas referentes a todo tipo de aspectos escritos no en español ni en inglés, sino en “legalés” es algo completamente absurdo, y es además uno de los temas que GDPR ha expresado de una forma razonablemente clara: el reglamento subraya como requisito un lenguaje claro y sencillo a la hora de explicar el consentimiento al usuario, algo que, en la gran mayoría de los casos, está muy alejado de la situación que vivimos actualmente.

Pero obviamente, las compañías que utilizan este tipo de documentos largos, enrevesados y complejos no lo hacen por capricho: cuando la red comenzó a convertirse en un vehículo para actividad económica, la provisión de servicios o la venta de productos, muchos vieron la oportunidad de aprovecharse de una mentalidad que surgía, en principio, de una actitud básicamente ingenua, de una comparación directa con las actividades correspondientes fuera de la red. Cuando cuando entramos en una tienda en la calle, paseamos por ella mientras examinamos productos en sus estanterías, tomamos alguno, lo pagamos y nos vamos, no firmamos ningún tipo de documento de términos y condiciones de servicio. Cuando esas actividades pasaron a la red, en un contexto en el que mucha de la interacción cambiaba y se situaba de repente en un entorno que, para la mayoría de los usuarios, generaba más incertidumbre, las compañías se vieron en la necesidad, en muchos casos debido a acciones y casuísticas generadas por los propios usuarios, de poner por escrito los las reglas que gobernaban esos intercambios comerciales. De nuevo, el leguaje jurídico no es alambicado, complejo y difícil de leer por capricho de alguien, sino por una necesidad de concreción, de definición que evite las ambigüedades, que deje muy poco a la interpretación. Así, los asesores jurídicos de estas compañías, ante un contexto redefinido, trataron de contemplar todos los posibles supuestos y de reflejarlos en los términos que conocían, en el lenguaje que estimaban que tenían que utilizar para tratar de blindarse ante cualquier eventualidad.

El resultado está claro: el propio Mark Zuckerberg, cuando un senador le leyó una parte de la primera página del largo documento de TOS de Facebook y le dijo que aunque era abogado, era incapaz de entender lo que decía esa frase, contestó que “no creía que el usuario medio fuese a leerse todo ese documento”. ¿En dónde nos deja algo así? Sencillamente, en que ese usuario medio, en efecto, no se lee nada, y simplemente confía que esos TOS estarán redactados con “sentido común”. Así, como comprobaron dos profesores cuando pidieron a sus alumnos que se diesen de alta en una red social inventada, podemos esconder entre las cláusulas de los TOS cualquier cosa, incluso la obligación de entregar sin condiciones a la compañía a nuestro primer hijo, que los usuarios llegarán, harán clic en el cuadradito indicando que han leído y entendido el acuerdo, y seguirán adelante con su vida, completamente ignorantes con respecto a lo que han firmado.

A lo largo del tiempo, la evidente incoherencia entre lo que los usuarios supuestamente aceptan y la imposibilidad de leerlo o entenderlo se ha hecho patente en numerosas ocasiones: después de todo, los TOS actúan, salvo en casos claramente abusivos, con la validez de un contrato, y los abogados pueden utilizarlos en toda la extensión de sus intereses. En el año 2012, el francés Hugo Roy, actualmente en la Free Software Foundation Europe, creó Terms of Service, Didn’t Read, un servicio con plugin para el navegador incluido, que permite calificar los documentos de TOS de las compañías y aspira a explicarlos o a hacer presión de cara a su eventual simplificación. Ahora, en pleno paroxismo por la próxima entrada en vigor de GDPR y mientras muchas compañías se quejan de la dificultad para adaptarse a sus requerimientos, podríamos encontrarnos con que uno de sus primeros efectos sea precisamente ese: que las compañías se vean obligadas a hacer un esfuerzo por convertir sus TOS en documentos realmente legibles, que una persona normal pueda aspirar razonablemente a leer y entender. Si es así, puede ser que hasta haya valido la pena. Y si en tu compañía no os habéis puesto aún con ello, ya va siendo hora…

 

La imagen corporativa de Representaciones e Investigaciones Médicas (Rimsa) podría prolongar todavía más su crisis de marca, luego de que la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) clausuró este miércoles su laboratorio de Zapopan, Jalisco, por diversas irregularidades.

Rimsa fue vendida en 2 mil 300 millones de dólares (44 mil 265 millones de pesos) a la gigante farmacéutica israelí Teva; sin embargo, desacuerdos provocaron una cancelación de fusión y una demanda contra los hijos del fundador del laboratorio mexicano, alegando fraude e incumplimiento del contrato.

Además de la batalla legal, la farmacéutica israelí acusó a la mexicana de falsificar documentos y mentir acerca de las pruebas de sus medicamentos, razón que provocó la salida del mercado mexicano todos los productos de Rimsa para su revisión.

Merca 2.0 solicitó una entrevista con los representantes legales de Rimsa y con funcionarios de la Cofepris, pero no atendieron a la solicitud, hasta el momento de la publicación de este artículo.

La industria farmacéutica en México

La industria farmacéutica nacional dejó ingresos por 16 mil 916 millones de dólares en 2014 (383 mil un millón de pesos) y empleó a cerca de 60 mil empleados, de acuerdo con cifra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los principales países que invierten en este sector son Estados Unidos, Alemania, Irlanda, España. Mientras que las principales marcas con presencia en nuestro país son: Bayer, Merck, Boehringer Ingelheim, Schering Plough, AstraZeneca, Pfizer, GlaxoSmithKline, Teva, entre otras.

El sector estima tener ingresos de hasta 19 mil 500 millones de dólares (375 mil un millón de dólares) al final de 2016, de acuerdo con un estudio elaborado por la consultora Deloitte.

Sin embargo, el precio de las medicinas importadas aumentará entre 20% y 25% debido al tipo de cambio, según informó la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), un factor que podría reducir esa expectativa.
Que una empresa mexicana sea clausurada y acusada de fraude y falsificación pone en duda la credibilidad de las autoridades federales, quienes son las que otorgan los permisos de operación y distribución.
Hasta el momento, no se tiene conocimiento si Rimsa enfrenta batallas legales por pacientes que hayan consumido sus productos y les hayan provocado reacciones, pero si las tuviera agudizaría su crisis, debido a que las acusaciones señalan corrupción en sus documentos.
Rimsa es una de las empresas farmacéuticas 100 por ciento mexicanas, de las 718 firmas que componen a la industria, las principales sedes se encuentran en la Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México.
El freno a la producción y venta de productos de una marca nacional genera un entorno en el que se empodera al capital externo, que buscará ocupar los vacíos que las firmas vayan dejando las empresas a las que no se les permita comercializar sus productos.

The post La crisis de marca que pone en duda la continuidad de Rimsa appeared first on Revista Merca2.0.

TOSMi columna de la semana pasada en El Español, que quedó enterrada en medio del demencial paroxismo mediático, hablaba sobre los términos de servicio en internet, un tema sobre el que he hablado en algunas ocasiones, pero que en esta ocasión, bajo el título “Y entregarás a tu hijo primogénito…” revisitaba con ocasión de un interesante estudio experimental de dos profesores que pedían a sus 543 alumnos que abriesen una cuenta en una nueva red social, ficticia, controlando su comportamiento con respecto a los términos de servicio.

En dichos términos de servicio de la red social se encontraban cláusulas como la cesión total e incondicional de toda su información personal a la NSA, o la entrega de su hijo primogénito a la compañía. Sin embargo, la práctica totalidad de los estudiantes (el 98%) pasaron por alto estas cláusulas y procedieron a abrir sus cuentas en la supuesta red social. De los 543 estudiantes, 399 ni siquiera hicieron ademán de leer los términos de servicio. Los 141 que sí lo hicieron, dedicaron a su lectura entre los 51 y los 73 segundos, cuando el cálculo del tiempo necesario para leerlos y comprenderlos estaba en torno a los 45 minutos.

Aunque generalmente los estudios hechos por profesores que utilizan a sus propios alumnos suelen ser criticables y estar sujetos a todo tipo de limitaciones, en esta ocasión, el hallazgo del experimento dista mucho de ser sorprendente, y coincide perfectamente con la intuición de casi todos los que usamos internet: la inmensa mayoría, incluyendo a los usuarios con más experiencia en la red, nos comportaríamos más o menos igual y caeríamos en los mismos problemas.

Se mire como se mire, pretender que alguien dedique cuarenta y cinco minutos de su tiempo a leer y analizar un farragoso contrato escrito no en español ni en inglés, sino en “legalés” para poder probar un servicio determinado es algo que, sencillamente, no tiene ningún sentido. Internet ha pasado a ser una parte cada vez más significativa de la vida, y no vamos por la vida firmando largos contratos de términos de servicio cada vez que adquirimos un producto, que entramos en un local o que contratamos un servicio. Simplemente, seguimos tratando internet como si fuera una rareza, algo que exige su sujeción a complejos acuerdos legales, cuando en realidad es una parte más de nuestro día a día que no resulta en absoluto operativo tratar así. De alguna manera, internet parece excluido de los usos y costumbres que se extienden a la vida offline y que nos permiten movernos por ella con normalidad.

El problema, por supuesto, tiene dos caras. Por un lado, toda empresa que se arriesgue a no explicitar sus términos de servicio o a escribirlos en un lenguaje mínimamente accesible se encontrará con que, al dejar de lado la precisión del lenguaje jurídico, aparecen buitres dispuestos a llevarla a los tribunales por cualquier mínimo detalle que haya quedado poco claro o que permita alguna interpretación maliciosa. Por otro, surgen empresarios y personas sin escrúpulos dispuestos a esconder entre complejos términos de servicio cláusulas abusivas de todo tipo que les permiten eximirse de responsabilidad ante hipotéticos problemas, hacerse con datos o con derechos que no les corresponden, o plantear cuestiones que deberían ser implanteables por puro sentido común. De alguna manera, cuestiones que fuera de internet estarían siempre meridianamente claras en función de los usos y costumbres desarrollados durante muchos años, parecen sujetas en internet a todo tipo de arbitrariedades e incertidumbres. Que surjan bulos de todo tipo que hacen que miles de usuarios se dediquen absurdamente a copiar y pegar declaraciones legales en sus muros de Facebook como si eso pudiese llegar a servir para algo es el menor de los problemas, poco más que unos cuantos minutos de tiempo perdido… pero no deja de ser un síntoma preocupante.

¿Tiene que ser así? Los términos de servicio de iTunes, por ejemplo, contienen cincuenta y seis páginas escritas en términos jurídicos… ¿de verdad alguien pretende seriamente que los usuarios se las lean y analicen antes de comenzar a utilizar el servicio? Iniciativas como ToS;DR lanzadas en 2012, que pretendían crear un servicio que se leyese detenidamente y evaluase los términos de servicio para servir de guía a los usuarios, desaparecieron sin repercusión alguna, y los usuarios seguimos repitiendo todos los días rutinariamente la mentira más grande de internet: he leído y entendido los términos de servicio. ¿Tiene algún tipo de sentido que sea así? ¿No refleja esto una falta de normalización de lo que es, cada día más, el entorno normal en el que se desenvuelven cada vez más millones de personas?