IMAGE: CC BY-SA 3.0 Nick Youngson - Alpha Stock ImagesLa inminente entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) el próximo día 25 de mayo, que obliga no solo a las compañías radicadas en Europa sino también a todas las que pretendan ofrecer productos o servicios a ciudadanos de la Unión Europea, está teniendo una primera consecuencia interesante: una gran cantidad de compañías están reescribiendo sus términos de servicio (TOS) con el fin de convertirlos en documentos que un usuario medio, sin necesidad de un conocimiento profundo de leyes, pueda aspirar a entender.

La opacidad y longitud de los documentos que definen los términos de servicio es un tema sobre el que he escrito en numerosas ocasiones: la cajita que marcamos para indicar que, supuestamente, hemos leído y entendido los términos de servicio cuando abrimos una cuenta o nos damos de alta en un servicio es, sin duda, la gran mentira de internet. Pretender seriamente que alguien se lea y entienda cincuenta y seis páginas de cláusulas referentes a todo tipo de aspectos escritos no en español ni en inglés, sino en “legalés” es algo completamente absurdo, y es además uno de los temas que GDPR ha expresado de una forma razonablemente clara: el reglamento subraya como requisito un lenguaje claro y sencillo a la hora de explicar el consentimiento al usuario, algo que, en la gran mayoría de los casos, está muy alejado de la situación que vivimos actualmente.

Pero obviamente, las compañías que utilizan este tipo de documentos largos, enrevesados y complejos no lo hacen por capricho: cuando la red comenzó a convertirse en un vehículo para actividad económica, la provisión de servicios o la venta de productos, muchos vieron la oportunidad de aprovecharse de una mentalidad que surgía, en principio, de una actitud básicamente ingenua, de una comparación directa con las actividades correspondientes fuera de la red. Cuando cuando entramos en una tienda en la calle, paseamos por ella mientras examinamos productos en sus estanterías, tomamos alguno, lo pagamos y nos vamos, no firmamos ningún tipo de documento de términos y condiciones de servicio. Cuando esas actividades pasaron a la red, en un contexto en el que mucha de la interacción cambiaba y se situaba de repente en un entorno que, para la mayoría de los usuarios, generaba más incertidumbre, las compañías se vieron en la necesidad, en muchos casos debido a acciones y casuísticas generadas por los propios usuarios, de poner por escrito los las reglas que gobernaban esos intercambios comerciales. De nuevo, el leguaje jurídico no es alambicado, complejo y difícil de leer por capricho de alguien, sino por una necesidad de concreción, de definición que evite las ambigüedades, que deje muy poco a la interpretación. Así, los asesores jurídicos de estas compañías, ante un contexto redefinido, trataron de contemplar todos los posibles supuestos y de reflejarlos en los términos que conocían, en el lenguaje que estimaban que tenían que utilizar para tratar de blindarse ante cualquier eventualidad.

El resultado está claro: el propio Mark Zuckerberg, cuando un senador le leyó una parte de la primera página del largo documento de TOS de Facebook y le dijo que aunque era abogado, era incapaz de entender lo que decía esa frase, contestó que “no creía que el usuario medio fuese a leerse todo ese documento”. ¿En dónde nos deja algo así? Sencillamente, en que ese usuario medio, en efecto, no se lee nada, y simplemente confía que esos TOS estarán redactados con “sentido común”. Así, como comprobaron dos profesores cuando pidieron a sus alumnos que se diesen de alta en una red social inventada, podemos esconder entre las cláusulas de los TOS cualquier cosa, incluso la obligación de entregar sin condiciones a la compañía a nuestro primer hijo, que los usuarios llegarán, harán clic en el cuadradito indicando que han leído y entendido el acuerdo, y seguirán adelante con su vida, completamente ignorantes con respecto a lo que han firmado.

A lo largo del tiempo, la evidente incoherencia entre lo que los usuarios supuestamente aceptan y la imposibilidad de leerlo o entenderlo se ha hecho patente en numerosas ocasiones: después de todo, los TOS actúan, salvo en casos claramente abusivos, con la validez de un contrato, y los abogados pueden utilizarlos en toda la extensión de sus intereses. En el año 2012, el francés Hugo Roy, actualmente en la Free Software Foundation Europe, creó Terms of Service, Didn’t Read, un servicio con plugin para el navegador incluido, que permite calificar los documentos de TOS de las compañías y aspira a explicarlos o a hacer presión de cara a su eventual simplificación. Ahora, en pleno paroxismo por la próxima entrada en vigor de GDPR y mientras muchas compañías se quejan de la dificultad para adaptarse a sus requerimientos, podríamos encontrarnos con que uno de sus primeros efectos sea precisamente ese: que las compañías se vean obligadas a hacer un esfuerzo por convertir sus TOS en documentos realmente legibles, que una persona normal pueda aspirar razonablemente a leer y entender. Si es así, puede ser que hasta haya valido la pena. Y si en tu compañía no os habéis puesto aún con ello, ya va siendo hora…

 

IMAGE: Evan-Amos (Public Domain)La adaptación a un mundo de comunicación ubicua y permanente tiene, como es lógico, sus problemas. Conciliar los hábitos, necesidades e intereses de las personas, establecidos durante siglos, con un nuevo escenario tecnológico en el que las herramientas convierten en sencillo e inmediato lo que antes suponía una limitación conlleva el desarrollo de nuevos hábitos de uso, de nuevos protocolos para cada situación. Cuando las herramientas de comunicación dependían de manera prácticamente exclusiva del ámbito del trabajo, localizar a alguien fuera de horas equivalía a hacer algo inusual, incómodo, que únicamente se justificaba en casos muy excepcionales. A partir del momento en que todos llevamos un ordenador en el bolsillo y nos permite no solo hablar por teléfono, sino también comunicarnos de maneras percibidas como menos intrusivas, como el correo electrónico o la mensajería instantánea, las cosas cambian completamente, y adaptarse a la nueva situación puede resultar complejo.

Así, Nueva York se plantea ahora emular a Francia y promulgar una ley que asegure el derecho de los trabajadores a desconectar, una prohibición a las compañías privadas que impida que soliciten a sus trabajadores que estén disponibles fuera de horas de trabajo. Un modelo legislativo proteccionista que parece estar poniéndose de moda últimamente, cuando, en realidad, el problema no es el correo electrónico, el mensaje o la llamada más allá de las siete de la tarde, sino la existencia, en muchísimas compañías, de una cultura de trabajo 24/7 o de estructuras jerárquicas piramidales y autoritarias que son las que realmente justificarían una prohibición como esa. En la práctica, se trata de una identificación incorrecta del problema, que no está en la tecnología, sino precisamente en ese tipo de estructuras, lo que lleva a que, en realidad, una legislación así termine por crear más problemas de los que realmente soluciona. 

Otro caso similar, igualmente con Francia como protagonista, está en la prohibición de que los niños lleven sus smartphones al colegio. ¿Puede hacerse? Por supuesto, la capacidad de los políticos para generar leyes absurdas y sin sentido es proverbialmente omnímoda. Pero ¿sirve para algo? ¿Tiene realmente sentido? La respuesta, mucho me temo, es que no. Por mucho apoyo populista y poco madurado que en un primer momento, durante la campaña electoral, haya podido tener la norma, la realidad es que no solo los propios niños se oponen, naturalmente, a la medida, sino que incluso los padres de esos niños e incluso muchos de sus profesores no están de acuerdo con ella. Convertir las escuelas en lugares en los que la tecnología no puede ser utilizada, en lugar de cambiar para integrar esos dispositivos en la educación, es una manera brutal de convertirse en retrógrado, de renunciar a una herramienta que, con los cambios adecuados en los procesos educativos, puede convertirse en un arma fantástica para acceder a información. Pretender fosilizar la educación para que se siga haciendo como siempre y permanezca refractaria al cambio tecnológico es, simplemente, una barbaridad.

En Europa, todo indica que Facebook, con el fin de adelantarse a los previsibles problemas derivados de la entrada en vigor de l Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), se dispone a introducir un cambio en sus términos de uso que prohibirá a los menores de dieciséis años hacer uso de la herramienta de comunicación. En este caso no hablamos de una ley, sino de un intento de adaptación de una compañía ante la inminente entrada en vigor de una. Pero ¿tiene algún tipo de sentido una prohibición así, más allá de simplemente cubrir el expediente? ¿De verdad alguien espera de manera realista que los miles de jóvenes que hoy utilizan WhatsApp dejen de utilizarlo en cuanto la prohibición entre en vigor? ¿Cómo pretenden controlar algo así? ¿Igual que en su momento controlaron lo de Tuenti, que supuso el mayor ejercicio de hipocresía desde que el mundo está conectado, y convirtió a la red social, gracias al atractivo de lo prohibido, en la estrella de los patios de colegio?

Líbrenos dios de los políticos de gatillo fácil, por favor. Legislar puede parece relativamente sencillo: convencer a un número suficiente de supuestos representantes de los ciudadanos – en muchas democracias, mucho más representantes del presidente de su partido que de los propios ciudadanos – de que apoyen una moción, típicamente usada como moneda de cambio para que, en reciprocidad, sus proponentes apoyen otra. En la práctica, esas leyes “de laboratorio” no solo tienen una utilidad entre escasa y nula, sino que además, en numerosas ocasiones, terminan por generar más problemas que los que supuestamente pretendían solucionar. Si en lugar de prohibir los correos electrónicos o mensajes del trabajo a partir de las siete de la tarde, nos dedicamos a intentar cambiar la cultura jerárquica y autoritaria de las compañías, que es el verdadero problema, seguramente contribuiríamos bastante más al cambio que intentado prohibir no el problema, sino simplemente una de sus muchas manifestaciones. Si en vez de prohibir que los niños llevasen sus smartphones al colegio, intentásemos integrarlos en el proceso educativo y pusiésemos una buena WiFi y cargadores en los pupitres para evitar que los niños se queden sin batería, mejoraríamos la educación, en lugar de relegarla al siglo pasado. Si en vez de absurdamente prohibir WhatsApp, tratásemos de incidir en la educación que los padres dan a sus hijos, un ámbito en el que actualmente muchos se inhiben completamente, la sociedad podría evolucionar de una manera mucho más adecuada a como lo está haciendo actualmente.

Pero no, lo fácil es legislar. Y la legislación, en muchos casos, se convierte en trampa. En una trampa absurda que, como sociedad, nos hacemos al solitario. En algo que no soluciona nada, que no sirve para nada más que para darnos golpes en el pecho y decir “lo hice”, pero que no soluciona en absoluto los problemas reales. Mientras, como sociedad, no nos acostumbremos a pensar en la inevitabilidad del progreso tecnológico y en las consecuencias que necesariamente tiene – y debe tener – sobre el escenario en el que vivimos, mientras sigamos intentando “parar el tiempo”, no llegaremos a ningún sitio. O sí llegaremos, porque lo que tiene la inevitabilidad es eso, que es inevitable… pero nos costará bastante más tiempo y más esfuerzo.

 

@edans followers plotted over time on Twitter (IMAGE: Jose María Mateos)Interesante trabajo de Jose María Mateos a partir del fenomenal artículo del New York Times que comentábamos hace unos días, titulado “The follower factory, en el que se detallaban las prácticas de compañías como Devumi y muchas otras dedicadas a simular la popularidad de usuarios creando followers falsos, campañas de retweets, etc.: en su artículo, Jose María investiga este tipo de fenómenos y recrea, utilizando Python y R, la metodología utilizada por The New York Times para crear sus gráficas.

Con esa herramienta, analiza algunas cuentas españolas – entre otras la mía – en busca de patrones interesantes. Sus conclusiones son completamente pragmáticas y prudentes: la herramienta sirve para lo que sirve (es decir, aunque pueda revelar patrones sospechosos de compra de seguidores, no permite detectar, por ejemplo, que un número de usuarios artificialmente haga retweet de algo para incrementar su visibilidad o viralizarlo, por ejemplo), la presencia de esos patrones no implica que alguien haya recurrido a servicios de compra de seguidores (alguien podría haberlos comprado para él, por ejemplo) y, por tanto, los cambios y alteraciones en la gráfica únicamente indican que “alguien, en alguna parte, hizo algo”. 

Visto así, los resultados no parecen tan “morbosos” como alguno podría esperar: una herramienta que permite crear un gráfico sencillo con el tiempo en ordenadas y el número de seguidores en abscisas, y en la que si aparecen líneas horizontales, indica que una cuenta experimentó una subida muy rápida de seguidores, tanto más inmediata cuanto más horizontal sea la línea. ¿Qué me resulta interesante? El poder ver el análisis de mi cuenta, no tanto por mirarme el ombligo, sino por poder contrastarla con lo que yo sí sé que hice a lo largo del tiempo, porque además, siendo como soy, me parecía más que probable que lo hubiese documentado. Mi cuenta, desde hace bastante tiempo, es “muy normal“: publico relativamente poco además de referenciar la entrada que escribo cada día en español y en inglés, y ocasionalmente, comparto alguna noticia o respondo a alguna cuestión. No es en absoluto una actividad que intente “optimizar” desde un punto de vista social, ni maximizar en términos de popularidad, ni nada por el estilo. Agradezco la relevancia que parece que tengo considerando que soy un simple profesor y no “un famoso”, y punto.

Una cosa sí sé seguro: jamás he recurrido a ninguna herramienta de compra de seguidores, ni siquiera para explorar el fenómeno. ¿Puedo garantizar que nadie haya pagado por hacer subir artificialmente mi cuenta de seguidores? Obviamente no, pero me parecería harto improbable en mi caso, dado que tampoco he participado nunca en ningún esquema de pago por tweet ni en patrocinios de ningún tipo. Este tipo de esquemas sí podrían ser relativamente habituales en perfiles de otro tipo: influencers, por ejemplo, que quieran construirse un perfil que simule relevancia y paguen por esos seguidores ellos mismos, o que decidan participar en una campaña de tweets patrocinados para una marca y esa marca o su agencia decidan pagar para incrementar sus seguidores y así intentar obtener un mejor retorno de su inversión.

Viendo mi gráfica, que como el propio Jose María Mateos comenta, “parece bastante normal“, la ausencia de “maniobras” de este tipo parece clara: no hay líneas horizontales bruscas, y sí hay algunos períodos, dos concretamente, en los que la incorporación de seguidores es más rápida de lo habitual, concretamente entre 2009 y 2010 y, en mucha menor medida, entre mediados de 2014 y de 2015. En el primer caso, en efecto, es algo que en su momento documenté: coincidiendo con el lanzamiento de Twitter en español, mi cuenta fue incluida como uno de los usuarios recomendados, lo que llevó a que muchas cuentas de reciente creación – hablamos de un momento en el que Twitter tenía un crecimiento fuerte – aceptasen esa sugerencia y me siguiesen. Las entradas en las que lo comento son esta, cuando detecto el patrón y lo relaciono con ese efecto, y esta otra, en la que hablo de la decisión de Twitter de eliminar las listas de usuarios recomendados. El otro cambio de inclinación, más reciente, no tengo ni idea de a qué puede deberse, aunque tampoco le he dedicado mucho tiempo de análisis.

¿A dónde voy con esto? A partir de mi entrada del pasado día 1 de febrero, recibí un correo de la directora de comunicación de Twitter en España, Elena Bule, en el que, con respecto a mis reproches hacia la compañía de no hacer lo suficiente para evitar esas prácticas, me detallaba extensamente el trabajo que desde Twitter estaban llevando a cabo sobre esos temas. La verdad es que el correo de Elena me llegó en uno de esos días en los que no tiene tiempo de nada, y probablemente debido a lo rápido que iba y a la confianza que tengo con ella, le respondí de manera bastante abrupta diciéndole que, en realidad, todas esas medidas no significaban prácticamente nada, porque comprar followers era enormemente sencillo a día de hoy, y la compañía, aunque afirmase que era una práctica estrictamente prohibida, no hacía en realidad nada para evitarlo. Amabilísima (mucho más de lo que mi respuesta habría merecido), Elena me respondió invitándome a una próxima cita con el equipo de seguridad de la compañía y con su country manager para hablar del tema, que aún no hemos mantenido, pero en la que intentaré clarificar este tipo de cuestiones. 

¿Mi punto? Que si incluso en mi caso, que sé perfectamente lo que he hecho o dejado de hacer, me puede resultar complicado adscribir algunos cambios en la inclinación de mi gráfica – otros no tanto, como hemos visto, – a la propia Twitter no. Es decir: que si Twitter quisiese de verdad aislar esos patrones de compra de seguidores, podría hacerlo con la ayuda de los algoritmos adecuados. ¿Puede separarse, por ejemplo, un patrón de compra de seguidores de un momento de popularidad súbita, como el que puede seguir a una noticia impactante? Si una persona, por ejemplo, recibe de repente una popularidad elevada por el motivo que sea y aparece en numerosos medios de comunicación, podría, en efecto, ser seguida por muchas cuentas en pocos días, lo que podría parecer una operación de compra de seguidores. Sin embargo, tiendo a pensar que no es así, que un análisis más fino podría detectar esos patrones, e incluso que podría emplearse análisis de eventos y correlaciones con menciones en Google News, por ejemplo, para analizar ese fenómeno, y que podrían utilizarse otros métodos para discernir cuando una evolución responde a parámetros de crecimiento natural y cuando no. Desde fuera, posiblemente no sea tan sencillo, pero desde dentro de la compañía y con todos los datos en la mano, creo firmemente que sí. Mi trabajo con análisis de series temporales me lleva a ser optimista en ese aspecto, y mi conversación con Twitter espero que vaya por ese tipo de derroteros: creo que Twitter tendría, si quiere recuperar su relevancia, que actuar de una manera decidida eliminando todo aquello que sea un fraude: tanto esquemas de compra de seguidores, como aquellas cuentas que recurrieron a ella, aunque ello pudiese significar un fuerte impacto en su número de usuarios. ¿Puede plantearse algo así? ¿Qué efectos podría llegar a tener?

Más, próximamente.

 

IMAGE: Higyou - 123RFEl fiscal general de Nueva York abre investigación sobre las compañías dedicadas a la venta de followers falsos y otras métricas de popularidad en redes sociales siguiendo el caso de Devumi, a partir de un fantástico artículo de investigación publicado el pasado día 27 por The New York Times titulado The follower factory en el que se detallaban las prácticas de esta compañía.

Devumi y otras compañías de actividades similares son un caso clarísimo de actividad parasitaria: para los entornos sociales, son como una enfermedad. A partir de la popularización de cualquier red social, este tipo de compañías acuden buscando generar un beneficio a costa de ellas, y su efecto puede llegar a resultar profundamente dañino. El caso de Twitter es completamente paradigmático: su inacción y falta de actividad a la hora de tratar con este fenómeno ha generado no solo muchos problemas a los usuarios – la demanda que origina la acción judicial se debe a los daños generados a personas cuyos nombres o fotografías eran utilizados para simular cuentas falsas – sino también un profundo descrédito de la red social en su conjunto. Que la ley actúe resulta completamente razonable: como afirma el fiscal general Eric Schneiderman, “la suplantación y el engaño son ilegales según la ley de Nueva York”, pero tristemente ineficiente, porque nada evita que estas compañías puedan perfectamente actuar, y de hecho actúen, radicándose en países en los que este tipo de delitos o su actividad no son perseguidas, y en los que además pueden encontrar acceso a costes laborales más reducidos y poner a decenas de personas, mediante procesos puramente manuales e intensivos, a crear o alimentar esas cuentas falsas. Lo que tiene que ocurrir es que sean las propias redes sociales las que actúen con decisión e inmediatez ante ellas.

¿Por qué Twitter no actúa, o no de una manera pública y notoria, contra las compañías que venden followers a diestro y siniestro? Simplemente, porque erróneamente cree que eso puede funcionar como atracción para determinados perfiles, que pueden así aparentar una popularidad de la que carecen o que precisaba de ese tipo de ayudas artificiales para ponerse al nivel que estimaban adecuado. Al no poner en práctica medidas que disuadan contra este tipo de usos, las redes sociales alimentan patrones de insostenibilidad, un auténtico laberinto en el que nada es verdad ni es mentira, en el que procesos tan alucinantes como el de pagar por robots que sigan a una persona resultan tristemente normalizados, y en el que todas las métricas que permitirían evaluar la relevancia de las acciones se distorsionan de manera grotesca. No sé si, como insinúa Fast Company, ese clima puede acabar llevándonos a una guerra nuclear, pero sí sé que es profundamente negativo y preocupante, y que ya ha contribuido de manera relevante a algo tan importante como permitir que un idiota entrase en la Casa Blanca. Para las compañías de redes sociales, perseguir este tipo de actividades debería constituir una auténtica obsesión, una necesidad imperiosa, algo determinante de cara a su futuro. Y en su lugar, solemos encontrar tibieza, ambivalencia o incluso, en ocasiones, una laxa colaboración. Si para cualquiera es posible encontrar, mediante una simple búsqueda en la web, una compañía que venda followers falsos, ¿qué hace que las redes sociales en las que se desarrolla esa actividad no actúen de manera inmediata?

¿Puede una compañía poner en práctica medidas que resulten de verdad disuasorias en este sentido? Por supuesto. No resulta sencillo si cualquiera puede crear una cuenta y, si resulta eliminada, crear automáticamente otra, pero pueden hacerse muchas cosas, y la tecnología funciona a ambos lados de la conexión. Determinar que es una misma persona, o un mismo equipo el que crea una cuenta no es sencillo y no completamente fiable, pero puede llevarse a cabo de manera mucho más fehaciente a como actualmente se hace. Los indicadores de ese tipo de actividades pueden ser procesados mediante machine learning, y determinados de una manera mucho más precisa que como se hace actualmente. Por otro lado, es preciso poner en práctica medidas que avergüencen públicamente a quienes recurran a ese tipo de prácticas, sean quienes sean, de manera que se eleven las barreras de entrada por miedo a ser descubiertos. En eso consiste la disuasión, en un incremento de las barreras de entrada sea por complicación técnica o por miedo a los posibles efectos posteriores. Y en un ámbito como el social, resulta absolutamente fundamental si no se quiere desvirtuar completamente su valor como ecosistema.

Que el buen periodismo y la ley actúen contra personajes asquerosos e impresentables como German Calas es bueno para todos. Pero sobre todo, que actúe Twitter, que es la principal perjudicada por su parasitaria actividad, y que ha mostrado una preocupante inacción en este sentido.

 

IMAGE: Jrg Schiemann - 123RFLa regulación es, sin duda, uno de los aspectos más interesantes y complejos cuando consideramos los procesos de innovación. El conjunto de leyes, normas, prácticas, directrices, restricciones y conductas que definen el marco en el que se desarrolla una actividad determinada se convierte, en muchas ocasiones, en oportunidades que el innovador explota por considerar que, en el nuevo entorno definido por una tecnología determinada, pierde todo o parte de su sentido. Pretender mantener la regulación a toda costa, incluso cuando las evidencias demuestran que ha perdido su sentido, suele identificarse con intentos de proteger al incumbente o al competidor tradicional frente a los nuevos entrantes, y con la generación de ecosistemas que coartan la innovación.

Los ejemplos son multitud: la regulación del transporte urbano en automóvil mediante un sistema de licencias tuvo sentido en su momento para evitar la llamada “tragedia de los comunes” (ciudades en las que cualquiera, sin normas ni control alguno, podía dedicarse a transportar pasajeros, con lo que ello conllevó de descontrol en cuanto a tarifas, negociaciones individuales o presencia de malos actores que se aprovechaban para su propio beneficio), pero pierde completamente su sentido cuando las normas de actuación son dictadas por plataformas en las que los conductores son evaluados de manera continua y las condiciones son fijadas de manera centralizada. Del mismo modo, parece evidente, por ejemplo, que si bien es necesario exigir a los establecimientos turísticos una normativa en cuanto a extintores, salidas de emergencia y procedimientos de evacuación, hacer lo mismo con apartamentos individuales que se alquilan a corto plazo no tiene ningún sentido, y tratar de convertir el requisito en exigible generaría una situación absurda y de imposible cumplimiento. Así, compañías como Cabify, Uber o Airbnb, tras poner en evidencia el escaso sentido que tenía mantener algunas de las regulaciones existentes en sus respectivas actividades, se convierten en compañías millonarias que aprovechan esa nueva situación y llegan, incluso, a generar procesos de adaptación de la regulación al nuevo panorama.

Sin embargo, la regulación no es, por principio, absurda o innecesaria. La regulación es el proceso por el que las sociedades humanas se otorgan reglas que facilitan el desarrollo de actividades en las condiciones en las que esas sociedades estiman oportunas. Y si bien están, como todo, sujetas a los cambios del entorno, pensar que son completamente innecesarias implica ser tan ingenuo como para pretender que los aspectos de la naturaleza humana que había que prevenir y que les dieron origen han desaparecido, algo que no suele ocurrir.

Así, los ejemplos que demuestran que la regulación era en efecto necesaria también comienzan a ser multitud: en YouTube, el ecosistema que en muchos sentidos ha sustituido a la televisión tradicional y ha generado una caída de las barreras de entrada que permite que prácticamente cualquiera pueda crear y difundir contenidos audiovisuales, nos encontramos ahora con un problema que resultaba perfectamente esperable: al retirar de facto las protecciones sobre la producción de contenidos que implican la participación de niños, surgen padres dispuestos a cometer auténticas barbaridades con sus hijos con el fin de obtener el éxito y la viralidad en YouTube, y que, como consecuencia, someten a los niños a auténticas torturas, a sesiones maratonianas delante de la cámara o a auténtico acoso en busca del plano, el tono y el gesto adecuado a cada situación. En este caso, la regulación tal y como estaba planteada se convierte en imposible a nivel de control, y requiere la aparición de procesos regulatorios nuevos, como podría ser el excluir todos los vídeos que contengan niños del sistema de publicidad del canal, algo a lo que YouTube, de momento, ha mostrado escasa sensibilidad.

Del mismo modo, hoy tenemos un reportaje en profundidad de The Outline titulado Bribes for blogs: how bands secretly buy their way into Forbes, Fast Company and HuffPost stories, un auténtico secreto a voces que todos los que participamos en medios conocemos desde hace muchísimo tiempo, y que parece intensificarse con el paso del tiempo. En este caso, no hablamos tanto de una regulación como tal, sino de un conjunto de normas y buenas prácticas: se supone que todo artículo esponsorizado o producto de un pago debe ir identificado como tal, y aunque las infracciones a ese principio han sido habituales a lo largo de los tiempos y muy anteriores a la llegada del canal digital, lo que tendía a ocurrir en muchos casos era, simplemente, que incumplir ese principio tendía a llevar aparejada una pérdida de prestigio y de valor referencial de la publicación. Ahora, el problema va mucho más allá. Cada semana, recibo una media entre tres y cuatro propuestas para escribir artículos esponsorizados, y eso que hablamos de una publicación relativamente minoritaria que ni del lejos tiene los números y la relevancia de otras muchas. Cada vez que escribo un artículo en Forbes o en otras revistas, el número de peticiones es aún mayor, y llega a resultar, en ocasiones, agotador. En esas condiciones, poder afirmar que jamás he escrito un artículo esponsorizado se convierte en una marca de prestigio que, por otro lado, tiene un valor relativo cuando existen personas dispuestas a asegurar – sin prueba alguna, pero a asegurar igualmente – que me han pagado por escribir tal o cual cosa.

En el caso de publicaciones profesionales, la situación es aún más compleja: en publicaciones en las que tengo implicación directa he llegado a ver en varias ocasiones como se prescindía de manera disciplinaria e inmediata de redactores que habían recibido pagos o prebendas a cambio de escribir de manera elogiosa de los productos de una marca, pero obviamente, la práctica es habitual y de difícil control. En principio, cada vez que un colaborador de una publicación inserta en ella un artículo esponsorizado sin declararlo como tal, estamos ante un fallo a dos niveles: por un lado, del proceso de publicación. Toda publicación debería contar con sistemas de control que, ante un artículo con “aspecto” de ser esponsorizado, desencadenase un proceso de inspección y de cuestionamiento del mismo. Por otro, un problema de ética: el colaborador que cobra a la marca al tiempo que percibe un pago por publicar está, en realidad, robando a la publicación, que en otras condiciones podría obtener un pago de la marca por la inserción de publicidad o de un formato de branded content, además de fallar a su audiencia ocultándoles información fundamental para juzgar la veracidad del artículo. Los casos, sin embargo, parecen acumularse, y los correos que se reciben con ofertas similares parecen asumir, cada vez más, que ese tipo de procesos, desgraciadamente, se han normalizado.

No, las regulaciones no estaban ahí por casualidad. Suponer que por el hecho de que un canal o un entorno esté recién definido y sea diferente, esas regulaciones ya no van a ser necesarias es de una ingenuidad terrible. Cuando Susan Wojcicki, de YouTube, afirma que ha visto cómo “algunos malos actores explotan nuestra apertura para engañar, manipular, hostigar o incluso dañar”, eso no resulta en absoluto sorprendente: lo sorprendente es, de hecho, que alguien sea tan absurda y estúpidamente ingenuo como para suponer que eso no iba a pasar. Si en el ecosistema anterior había una serie de protecciones para impedirlo, no era por casualidad, ni porque alguien tuviese ganas de fastidiar o de coartar libertades: estaban ahí porque eran necesarias, y crear una plataforma que no las posee es, sencillamente, fomentar ese tipo de comportamientos. Cuando una serie de publicaciones de nuevo cuño – o de toda la vida, pero que han decidido levantar determinadas restricciones – se encuentran con que hay colaboradores que se montan un auténtico negocio a base de colocarles verdaderos publirreportajes por los que han cobrado como si fuesen contenido genuino, deberían plantearse que los códigos de buenas prácticas estaban ahí por algo, expulsar a esos colaboradores con todo tipo de escarnio público y hacer un verdadero propósito de enmienda, restaurando todas las protecciones que estaban ahí previamente para evitarlo.

Replantearse la regulación en función de la innovación es algo perfectamente válido, y en ocasiones, demuestra que, efectivamente, parte de esa regulación puede haber dejado de tener sentido. Las cosas nunca son blancas o negras: pretender mantener la regulación a toda costa coarta la innovación, y muchas veces, no solo no tiene sentido, sino que se convierte en una defensa a ultranza de los jugadores tradicionales. Pero renunciar a la experiencia y al consenso social que dio lugar a determinadas regulaciones en virtud de una supuesta “innovación que lo cambia todo” es, simplemente, condenarse a repetir los mismos errores que se cometieron anteriormente, y a veces en edición corregida y aumentada. Pensar que, por sistema, la regulación ya no es necesaria, es en el mejor de los casos, ingenuidad, y en el peor, un intento de crear atajos para ganar dinero hasta que la situación se convierta en insostenible. Un comportamiento calificable de muchas maneras, pero no precisamente como ético. Algunos deberían plantearse hasta qué punto, con la excusa de la innovación, han creado auténticos monstruos. Monstruos que, además, cualquiera con dos dedos de frente sabía perfectamente que iban a surgir.