IMAGE: Jrg Schiemann - 123RFLa regulación es, sin duda, uno de los aspectos más interesantes y complejos cuando consideramos los procesos de innovación. El conjunto de leyes, normas, prácticas, directrices, restricciones y conductas que definen el marco en el que se desarrolla una actividad determinada se convierte, en muchas ocasiones, en oportunidades que el innovador explota por considerar que, en el nuevo entorno definido por una tecnología determinada, pierde todo o parte de su sentido. Pretender mantener la regulación a toda costa, incluso cuando las evidencias demuestran que ha perdido su sentido, suele identificarse con intentos de proteger al incumbente o al competidor tradicional frente a los nuevos entrantes, y con la generación de ecosistemas que coartan la innovación.

Los ejemplos son multitud: la regulación del transporte urbano en automóvil mediante un sistema de licencias tuvo sentido en su momento para evitar la llamada “tragedia de los comunes” (ciudades en las que cualquiera, sin normas ni control alguno, podía dedicarse a transportar pasajeros, con lo que ello conllevó de descontrol en cuanto a tarifas, negociaciones individuales o presencia de malos actores que se aprovechaban para su propio beneficio), pero pierde completamente su sentido cuando las normas de actuación son dictadas por plataformas en las que los conductores son evaluados de manera continua y las condiciones son fijadas de manera centralizada. Del mismo modo, parece evidente, por ejemplo, que si bien es necesario exigir a los establecimientos turísticos una normativa en cuanto a extintores, salidas de emergencia y procedimientos de evacuación, hacer lo mismo con apartamentos individuales que se alquilan a corto plazo no tiene ningún sentido, y tratar de convertir el requisito en exigible generaría una situación absurda y de imposible cumplimiento. Así, compañías como Cabify, Uber o Airbnb, tras poner en evidencia el escaso sentido que tenía mantener algunas de las regulaciones existentes en sus respectivas actividades, se convierten en compañías millonarias que aprovechan esa nueva situación y llegan, incluso, a generar procesos de adaptación de la regulación al nuevo panorama.

Sin embargo, la regulación no es, por principio, absurda o innecesaria. La regulación es el proceso por el que las sociedades humanas se otorgan reglas que facilitan el desarrollo de actividades en las condiciones en las que esas sociedades estiman oportunas. Y si bien están, como todo, sujetas a los cambios del entorno, pensar que son completamente innecesarias implica ser tan ingenuo como para pretender que los aspectos de la naturaleza humana que había que prevenir y que les dieron origen han desaparecido, algo que no suele ocurrir.

Así, los ejemplos que demuestran que la regulación era en efecto necesaria también comienzan a ser multitud: en YouTube, el ecosistema que en muchos sentidos ha sustituido a la televisión tradicional y ha generado una caída de las barreras de entrada que permite que prácticamente cualquiera pueda crear y difundir contenidos audiovisuales, nos encontramos ahora con un problema que resultaba perfectamente esperable: al retirar de facto las protecciones sobre la producción de contenidos que implican la participación de niños, surgen padres dispuestos a cometer auténticas barbaridades con sus hijos con el fin de obtener el éxito y la viralidad en YouTube, y que, como consecuencia, someten a los niños a auténticas torturas, a sesiones maratonianas delante de la cámara o a auténtico acoso en busca del plano, el tono y el gesto adecuado a cada situación. En este caso, la regulación tal y como estaba planteada se convierte en imposible a nivel de control, y requiere la aparición de procesos regulatorios nuevos, como podría ser el excluir todos los vídeos que contengan niños del sistema de publicidad del canal, algo a lo que YouTube, de momento, ha mostrado escasa sensibilidad.

Del mismo modo, hoy tenemos un reportaje en profundidad de The Outline titulado Bribes for blogs: how bands secretly buy their way into Forbes, Fast Company and HuffPost stories, un auténtico secreto a voces que todos los que participamos en medios conocemos desde hace muchísimo tiempo, y que parece intensificarse con el paso del tiempo. En este caso, no hablamos tanto de una regulación como tal, sino de un conjunto de normas y buenas prácticas: se supone que todo artículo esponsorizado o producto de un pago debe ir identificado como tal, y aunque las infracciones a ese principio han sido habituales a lo largo de los tiempos y muy anteriores a la llegada del canal digital, lo que tendía a ocurrir en muchos casos era, simplemente, que incumplir ese principio tendía a llevar aparejada una pérdida de prestigio y de valor referencial de la publicación. Ahora, el problema va mucho más allá. Cada semana, recibo una media entre tres y cuatro propuestas para escribir artículos esponsorizados, y eso que hablamos de una publicación relativamente minoritaria que ni del lejos tiene los números y la relevancia de otras muchas. Cada vez que escribo un artículo en Forbes o en otras revistas, el número de peticiones es aún mayor, y llega a resultar, en ocasiones, agotador. En esas condiciones, poder afirmar que jamás he escrito un artículo esponsorizado se convierte en una marca de prestigio que, por otro lado, tiene un valor relativo cuando existen personas dispuestas a asegurar – sin prueba alguna, pero a asegurar igualmente – que me han pagado por escribir tal o cual cosa.

En el caso de publicaciones profesionales, la situación es aún más compleja: en publicaciones en las que tengo implicación directa he llegado a ver en varias ocasiones como se prescindía de manera disciplinaria e inmediata de redactores que habían recibido pagos o prebendas a cambio de escribir de manera elogiosa de los productos de una marca, pero obviamente, la práctica es habitual y de difícil control. En principio, cada vez que un colaborador de una publicación inserta en ella un artículo esponsorizado sin declararlo como tal, estamos ante un fallo a dos niveles: por un lado, del proceso de publicación. Toda publicación debería contar con sistemas de control que, ante un artículo con “aspecto” de ser esponsorizado, desencadenase un proceso de inspección y de cuestionamiento del mismo. Por otro, un problema de ética: el colaborador que cobra a la marca al tiempo que percibe un pago por publicar está, en realidad, robando a la publicación, que en otras condiciones podría obtener un pago de la marca por la inserción de publicidad o de un formato de branded content, además de fallar a su audiencia ocultándoles información fundamental para juzgar la veracidad del artículo. Los casos, sin embargo, parecen acumularse, y los correos que se reciben con ofertas similares parecen asumir, cada vez más, que ese tipo de procesos, desgraciadamente, se han normalizado.

No, las regulaciones no estaban ahí por casualidad. Suponer que por el hecho de que un canal o un entorno esté recién definido y sea diferente, esas regulaciones ya no van a ser necesarias es de una ingenuidad terrible. Cuando Susan Wojcicki, de YouTube, afirma que ha visto cómo “algunos malos actores explotan nuestra apertura para engañar, manipular, hostigar o incluso dañar”, eso no resulta en absoluto sorprendente: lo sorprendente es, de hecho, que alguien sea tan absurda y estúpidamente ingenuo como para suponer que eso no iba a pasar. Si en el ecosistema anterior había una serie de protecciones para impedirlo, no era por casualidad, ni porque alguien tuviese ganas de fastidiar o de coartar libertades: estaban ahí porque eran necesarias, y crear una plataforma que no las posee es, sencillamente, fomentar ese tipo de comportamientos. Cuando una serie de publicaciones de nuevo cuño – o de toda la vida, pero que han decidido levantar determinadas restricciones – se encuentran con que hay colaboradores que se montan un auténtico negocio a base de colocarles verdaderos publirreportajes por los que han cobrado como si fuesen contenido genuino, deberían plantearse que los códigos de buenas prácticas estaban ahí por algo, expulsar a esos colaboradores con todo tipo de escarnio público y hacer un verdadero propósito de enmienda, restaurando todas las protecciones que estaban ahí previamente para evitarlo.

Replantearse la regulación en función de la innovación es algo perfectamente válido, y en ocasiones, demuestra que, efectivamente, parte de esa regulación puede haber dejado de tener sentido. Las cosas nunca son blancas o negras: pretender mantener la regulación a toda costa coarta la innovación, y muchas veces, no solo no tiene sentido, sino que se convierte en una defensa a ultranza de los jugadores tradicionales. Pero renunciar a la experiencia y al consenso social que dio lugar a determinadas regulaciones en virtud de una supuesta “innovación que lo cambia todo” es, simplemente, condenarse a repetir los mismos errores que se cometieron anteriormente, y a veces en edición corregida y aumentada. Pensar que, por sistema, la regulación ya no es necesaria, es en el mejor de los casos, ingenuidad, y en el peor, un intento de crear atajos para ganar dinero hasta que la situación se convierta en insostenible. Un comportamiento calificable de muchas maneras, pero no precisamente como ético. Algunos deberían plantearse hasta qué punto, con la excusa de la innovación, han creado auténticos monstruos. Monstruos que, además, cualquiera con dos dedos de frente sabía perfectamente que iban a surgir.

 

SimpleFunsEl artículo que posiblemente leas y veas comentado hoy si tus listas de suscripciones están mínimamente completas es este de James Bridle titulado  Something is wrong on the internet, un texto largo y detallado en el que el autor se preocupa por la proliferación de determinados vídeos en YouTube Kids, un producto diseñado por la compañía para proporcionar vídeos adecuados a los niños y que muchos padres tienden a emplear como auténtico “dispositivo apaganiños”, con contenidos completamente inadecuados desde múltiples puntos de vista, y apoyándose en los algoritmos de recomendación de la plataforma para encabezar las listas de popularidad y obtener ingresos publicitarios.

La presencia de este tipo de vídeos inapropiados ha sido puesta de manifiesto en otras ocasiones: contenidos que aprovechan personajes muy conocidos por los niños y los hacen protagonizar escenas violentas o de otros tipos, habitualmente con grafismos extremadamente simples, confeccionados con muy poco esfuerzo. El análisis de Bridle incide no solo en los vídeos como tales, sino más bien en el mecanismo de una plataforma que no solo posibilita este tipo de comportamientos, sino que los recompensa mediante sus algoritmos y el sistema económico de premiar la atención al que da lugar. Un análisis interesante, que pone el peso en la plataforma, en una YouTube que no parece hacer mucho de cara a la eliminación de este tipo de contenidos más allá de ofrecer sistemas que permiten que sean denunciados o marcados como inapropiados, y que no ha tenido ningún éxito por el momento de cara a su erradicación.

Sin embargo, el verdadero análisis, para mí, es todavía más desasosegante: indudablemente, internet tiene un problema. La combinación de factores como el desarrollo sin límites de la economía de la atención, los algoritmos que premian el sensacionalismo o el contenido más impactante, las posibilidades de anonimato o de trazabilidad compleja y otra serie de características de la red han dado lugar a un sistema en el que constantemente nos sorprendemos encontrando cosas que, si hacemos caso a la gran mayoría de observadores, no deberían estar ahí. Pero en realidad, el verdadero problema no está en internet: está en la naturaleza humana.

Me explico: todo sistema es susceptible de ser utilizado de diversas maneras. La ausencia de regulación para evitar comportamientos definidos o considerados nocivos, o los sistemas de regulación ineficientes, generan abusos de numerosos tipos. Podemos constatarlos en todas partes: a la popularización del correo electrónico sigue la proliferación del spam. ¿Es el spam un problema de diseño, algo de lo que debamos hacer responsables a los inventores del protocolo del correo electrónico o a los que comercializan herramientas para que los consumidores lo usen? No, es un problema de que una serie de actores descubren que pueden utilizar los protocolos del correo electrónico para enviar con un coste bajísimo mensajes comerciales a una gran cantidad de usuarios incautos, inexpertos o directamente idiotas, y aprovechar para separarlos de su dinero. Ese comportamiento es constante: cada servicio que surge cuenta con su caterva de aprovechados dispuestos a utilizarlo para engañar, robar, manipular o retorcer su propósito original. Las redes sociales son plataformas para compartir contenidos, pero convenientemente retorcidas, se convierten en herramientas para manipular un proceso electoral. YouTube sirve para ver vídeos, pero si la retorcemos adecuadamente, podemos conseguir que sirva para engañar a niños con contenidos inadecuados y ganar dinero a costa de exponerlos a contenidos a los que no deberían ser expuestos. Da igual el ejemplo que propongas: todos cuentan con usos inadecuados, inmorales o directamente delictivos que algunos pretenden utilizar para su beneficio. ¿Surgen los ICOs? Rápidamente proliferan personajes nocivos dispuestos a confundir a potenciales inversores y robarles su dinero.

¿Estamos hablando de un problema de internet? No, hablamos de un problema de la naturaleza humana. En ausencia de una regulación efectiva debido a la velocidad con la que se desarrollan y popularizan las nuevas herramientas, los delincuentes evolucionan y se convierten en los primeros colonizadores de cada nuevo nicho ecológico que surge en el planeta red. Para cuando se defina como delito subir vídeos a YouTube y aprovechar sus algoritmos para incrementar su popularidad, los delincuentes estarán haciendo otras cosas completamente diferentes. Probablemente un buen abogado encuentre siempre suficiente indefinición en esos comportamientos como para conseguir que salgan absueltos, y el simple principio de “no sé como definirlo pero lo reconozco cuando lo veo”, el I know it when I see it que podría contribuir con algo tan inherentemente humano como el sentido común a aliviar el problema, no se utiliza lo suficiente. No parecen existir tribunales ni jueces suficientes como para solventar los problemas que detectamos en internet todos los días, y si existiesen, se verían confrontados con una realidad compleja de fueros y sistemas judiciales nacionales tratando de mala manera de operar en un entorno global y sin fronteras. Lo que un estado intenta definir como un comportamiento execrable y encuadrar en un tipo penal evidente que sin duda ya existía, en otro estado está completamente sin legislar, o se sitúa en un limbo en el que las leyes resultan de imposible aplicación. Los mecanismos sociales de control, elementos como la reputación o la censura social que a otra escala y en otros períodos históricos se han convertido en elementos que ponían relativo coto a determinados comportamientos, tampoco funcionan, porque no se desarrollan con la necesaria velocidad. Cuando un individuo malintencionado encuentra una manera de aprovecharse de una plataforma determinada, la mayor parte de la sociedad ni siquiera es capaz aún de entender qué es lo que está haciendo.

Hemos construido una herramienta que no sabemos controlar, y que muchos consiguen retorcer para su beneficio incurriendo en comportamientos que cualquiera con un mínimo sentido común encontraría castigables, pero que en rarísimas ocasiones son castigados. Y de nuevo: el problema no está en la red, sino en la naturaleza humana, en las más profundas miserias de nuestra condición. ¿Cómo definir a un tipo que convierte en medio de vida el exponer a niños a contenidos completamente inadecuados y censurables? ¿Qué castigo debería encontrar si la justicia funcionase? ¿Cómo plantearse desincentivar un comportamiento semejante? ¿Cómo adaptar la legislación y los sistemas que tratan de poner bajo control lo peor de la naturaleza humana en un marco que evoluciona tan rápidamente?

 

DisruptJ20El pasado 15 de agosto, saltó una noticia preocupante: el Departamento de Justicia estadounidense había enviado una orden de registro a una compañía de alojamiento web, DreamHost, demandando todos los datos disponibles, incluidas direcciones IP, de los 1.3 millones de visitantes a la página DisruptJ20, que funcionó como aglutinadora de las marchas de protesta el día de la toma de posesión del presidente Donald Trump en Washington.

Las alertas se encendieron inmediatamente, al tiempo que DreamHost anunciaba que apelaría la orden: ¿tiene algún sentido que el gobierno de un país democrático con libertad de expresión pretenda solicitar datos sobre los visitantes a una página de protesta contra su presidente?

Tras la respuesta de los tribunales, el Departamento de Justicia ha decidido retirar su petición, y explicar que no tenía ningún interés en los visitantes de la página, sino únicamente en los que la hubiesen podido utilizar para coordinar protestas y acciones violentas. La retirada de la petición supone un triunfo para DreamHost, que podría haber simplemente tratado el asunto de manera discreta y haber suministrado los datos solicitados al Departamento de Justicia, pero decidió resistirse y apelar la orden de registro por respeto a la privacidad de sus usuarios.

Que un presidente como Donald Trump intentase crear un registro de disidentes o de personas críticas con su gobierno entraría dentro de lo imaginable, y más aún después del fiasco que supuso la ceremonia de su toma de posesión, con cuya audiencia y asistencia parecía completamente obsesionado. Sin embargo, las actividades de protesta o de contestación al gobierno son, como no podría ser de otra manera, completamente legales en los Estados Unidos, y la idea de solicitar los datos de los visitantes a una página de protesta resulta directamente demencial. Durante la toma de posesión, que concentraron a varios miles de personas en unas veinte acciones de protesta que habían solicitado los debidos permisos y que tuvieron lugar mayoritariamente de forma pacífica, aunque se produjeron algunas acciones aisladas de violencia que dejaron como resultado el arresto de unas doscientas personas. Muy poco saldo para justificar una acción como la solicitada en la orden de registro, en la que se solicitaba los datos de todos los visitantes a la página, y que independientemente de las pretensiones de la administración, y se se convertía así en un claro exceso de celo en la investigación y en un evidente abuso de la autoridad gubernamental que evocaba las listas negras, las persecuciones políticas y las cazas de brujas habituales en regímenes no democráticos.

Según el escrito del gobierno, la página web no era sólo un medio para difundir públicamente la información de las protestas, sino también un medio para coordinar y comunicar en privado a un grupo de personas entre cuyas intenciones se incluía la planificación de acciones violentas. Tras las protestas de DreamHost, el Departamento de Justicia afirmó no haberse dado cuenta de la magnitud de su petición y de que abarcase a más de 1.3 millones de usuarios, y aseguró estar interesado únicamente en un pequeño y selecto grupo de personas, una afirmación cuya veracidad ha sido lógicamente puesta en duda por los abogados de la contraparte.

En la web, todo lo que hacemos queda recogido en algún fichero log. Solicitar datos de esos ficheros para identificar a los participantes en una acción determinada es algo que tiene que justificarse muy bien en virtud de la importancia del delito presuntamente cometido. En política, al menos en países con tradición democrática y separación de poderes, solicitar los datos de los visitantes a una página de protesta contra el gobierno, independientemente de que algunas de esas protestas terminasen en algunas acciones de violencia, es algo que tiene un aspecto directamente siniestro. Una vez más, uno de esos “pequeños detalles sin importancia” del alucinante – y esperemos que fugaz – paso por la Casa Blanca de un impresentable llamado Donald Trump…

 

IMAGE: Alexander Kharchenko - 123RFEsto puede marcar un precedente legal muy interesante: la Director of Public Prosecutions del Reino Unido, Alison Saunders,  anuncia en una pieza de opinión en The Guardian titulada Hate is hate. Online abusers must be dealt with harshly que los delitos de incitación al odio, acoso, racismo, abuso, odio religioso y otros similares serán perseguidos exactamente igual cuando ocurran a través de la red que cuando tengan lugar fuera de ella.

Un paso hacia la normalización del mundo online como una parte ya significativa del contexto en el que discurre nuestra vida, y una cuestión de lógica palmaria: que te insulten o te acosen a través de una red social no es menos grave que el que lo hagan mediante pintadas en la puerta de tu casa o en plena calle, y en muchos casos, tiene el mismo o incluso peores efectos.

La idea de que es necesario legislar de nuevo para incluir las situaciones derivadas de la llegada de internet se tambalea: los problemas son los mismos de siempre, y las leyes que aplican deben ser, con escasísimas excepciones, las mismas que aplicaban antes de que internet existiese, si es que alguien todavía recuerda cómo era el mundo antes de internet. Las leyes provienen del consenso social obtenido durante mucho tiempo, y tratar de crear nueva legislación para internet es algo que solo se asienta en la ignorancia del contexto online y que en la práctica totalidad de casos supone hiperlegislar, algo que nunca conduce a buen puerto. Los delitos son igual de delitos online que offline, con todo lo que ello debe conllevar: si te roban en la red, es un delito de robo, con el único atenuante de no incluir violencia, pero un robo al fin y al cabo, y ese debe ser el caso para todos los delitos. Las excepciones, en un contexto cada día más normalizado, tienen cada vez menos sentido.

En el caso de Alemania, este tipo de situaciones se dan desde hace ya bastante tiempo: muchas de las cuestiones que son delitos de odio fuera de la red, como la exhibición de simbología nazi, la exaltación de sus posturas ideológicas, la negación del holocausto o la incitación al odio o la violencia por razones raciales o religiosas ya son castigadas del mismo modo tengan lugar en la calle o en la red. Sin embargo, las leyes alemanas parecen excederse en la consideración de la responsabilidad al pretender imponer multas multimillonarias de más de cincuenta millones de euros a las plataformas sociales si no eliminan rápidamente este tipo de contenidos, algo que no sucede fuera de la red (no se multa a un ayuntamiento o al propietario de un edificio por no borrar una pintada rápidamente, por ejemplo) y que marcaría un tratamiento diferencial contra el mundo online que no parece tener demasiado sentido y confunde la responsabilidad de los usuarios, que son los que realmente cometen el delito y los que deben sufrir las consecuencias del mismo, con la de la plataforma, que no es más que el contexto en el que tienen lugar las acciones punibles.

Considerar la red como un entorno diferente ha traído numerosos problemas. La consideración del trolling como “travesuras” ha traído como consecuencia una falsa y peligrosa normalización del discurso del odio, del insulto y del acoso en la red, algo que nunca debería haber ocurrido y que es preciso corregir. Poner una barbaridad en Twitter como reacción a algo es ni más ni menos que eso, poner una barbaridad, y debe conllevar las mismas consecuencias que gritárselo a alguien a la cara en la vía pública o que pintarlo en su portal: si supone acoso, incitación al odio, difamación, abuso, etc. debe tener esa consideración a todos los efectos independientemente de que se haya hecho en la red o fuera de ella, y los usuarios tendrán que tener la madurez suficiente como para entenderlo así, o afrontar las consecuencias.

A medida que el pasar tiempo en la red se convierte en cada vez más normal, tenemos que empezar a considerar el contexto de la red como una parte más de nuestro contexto diario, sujeto a las mismas reglas y leyes, y los jueces tienen que acostumbrarse a pensar en el entorno online como una parte más en la que la justicia se imparte de la misma manera y con las mismas leyes que en un entorno offline con el que tienen, posiblemente, todavía más familiaridad. Con una internet que cuenta su edad ya en décadas y con más de la mitad de la población mundial conectada a la red, ideas como esta representan la única manera lógica de proceder y de avanzar.

 

IMAGEN: Thomas Reichhart - 123RFMi columna de El Español de esta semana se titula “Convenio de Ginebra digital“, y reflexiona sobre la idea introducida por el presidente de Microsoft, Brad Smith, de crear una nueva versión del conocido Convenio de Ginebra para el derecho internacional humanitario, revisado y ampliado ya en tres ocasiones tras su primera versión, para intentar detener la escalada en el creciente uso del state-sponsored hacking, el uso de la red para tratar de espiar a las administraciones de otros países o de atacar y dañar sus infraestructuras críticas

Siempre he sido muy crítico con la tendencia a la hiperlegislación, el intento de reescribir las leyes para supuestamente adaptarlas al nuevo contexto que supone internet. Internet no requiere nuevas leyes ni leyes especiales, requiere simplemente que los jueces tengan la flexibilidad suficiente como para interpretar lo que es delito o no lo es en un entorno diferente. La mejor manera de analizar cualquier acción presuntamente punible en internet es retirar internet del escenario y plantearse cómo la juzgaríamos si se hubiese producido fuera de internet. Un robo es un robo, sea en internet o fuera de él, una difamación es una difamación en la red o en la calle, y un ataque a un país lo es independientemente de que se produzca a través de internet o mediante un espía con gabardina y gafas oscuras. Por eso, la idea de no promover leyes como tales, sino foros de discusión en los que se llame a las cosas por su nombre y se aíslen los problemas me resulta sensiblemente más atractiva que la idea de dictar nuevas leyes a diestro y siniestro cuando las que existían ya eran claramente suficientes y respondían a un consenso social obtenido a lo largo de mucho tiempo.

Uno de los principales problemas de internet es el hecho de que en toda innovación surgen, de manera generalmente muy rápida, un conjunto de aprovechados, malintencionados o directamente delincuentes que intentan extraer un provecho ilícito de las características del nuevo entorno. Habitualmente, la respuesta de la ley en este sentido es lenta e ineficiente, y suele serlo mucho más en los países que provienen de la civil law frente a las que tienen su base en la common law, que se apoya en los casos precedentes y que, por tanto, tiende a tener una flexibilidad y adaptabilidad muy superior. Cuando la actuación de personas que retuercen el nuevo entorno para obtener un beneficio ilícito, llámense dialers, spammers, scammers, phishersladrones de identidad, domainers o lo que sea, se convierte en un desincentivo a la difusión de la innovación, la ley tiene que actuar de manera rápida y decisiva, y poner coto a esos abusos de manera inmediata sin que el hecho de que el delito se produzca en internet tenga ningún tipo de influencia sobre su condición de delito. El hecho de que estemos viviendo auténticos episodios de guerra entre países por el espionaje y los ciberataques a través de la red y la comunidad internacional no esté haciendo nada por tipificar y definir este tipo de cuestiones, deslindando claramente lo que son y separándolos de las posibles zonas grises, tiene mucho que ver con lo que ocurre en ese otro ámbito, en el de la definición de los delitos de otros tipos.

¿Necesitamos reeditar el Convenio de Ginebra para adaptarlo al entorno digital? No lo sé. El contexto de las relaciones internacionales tiene una regulación muy compleja e indudablemente enrevesada, pero tener determinadas definiciones por escrito en un documento que provenga de un consenso general y que pueda ser invocado, o utilizado eventualmente como herramienta sancionadora, posiblemente no viniese nada mal. Y de paso, repensar la lentitud con la que la justicia, en general, tiende a adaptarse a los nuevos entornos definidos por la tecnología, y lo que nos termina costando que eso sea así.