IMAGE: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock ImagesUna compañía es un ente relativamente abstracto, formado por una amalgama de individuos diversos, y con un fin último que, en la mayoría de los casos, tiende a identificarse con un parámetro económico, con una frase del tipo “generar valor a los accionistas”. A lo largo de la historia, han sido muchas las compañías que, de una manera u otra, han demostrado supeditar claramente esa máxima de los beneficios a prácticamente cualquier otro concepto, desde IBM en la década de los ’30 y su colaboración con el régimen nazi para el holocausto, hasta, más recientemente, el envenenamiento sistemático e irresponsable del planeta por parte de Volkswagen. Si nos atenemos a los hechos, todo indica que lo más parecido a algo que podríamos calificar como “ética corporativa” es ese concepto denominado responsabilidad social corporativa, que en demasiados casos ha demostrado clara y tristemente ser poco más que una herramienta propagandística para justificar unas pocas frases grandilocuentes en una memoria anual.

Sin embargo, frente a la ética (o falta de ética) corporativa, está la ética de los empleados y su capacidad para organizarse. En la economía actual, los empleados, cada vez más, se convierten en una fuerza importante a la hora de corregir acciones emprendidas por sus empresas si, por la razón que sea, las juzgan inaceptables. Así, hemos podido ver recientemente el caso de Google frente al Proyecto Maven del Departamento de Defensa: un contrato indudablemente lucrativo para la compañía, en el que participan además muchas otras compañías tecnológicas – que en su gran mayoría no han dicho ni esta boca es mía – y que tiene como fin el desarrollo de algoritmos destinados a reconocer imágenes tomadas por drones en el campo de batalla, imágenes de personas cuyo destino es bien conocido por cualquiera con un mínimo de inteligencia y escrúpulos. La resistencia a la colaboración de la compañía en el proyecto comenzó con algunas dimisiones, continuó con una carta firmada por miles de empleados, y terminó con la no renovación del contrato con el Departamento de Defensa, así como con la publicación de unos principios éticos que pretenden marcar la actuación de la compañía con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. 

Ahora, el turno le toca a Microsoft: la compañía que el pasado enero se mostraba “orgullosa de colaborar con la Immigration and Customs Enforcement (ICE)“, se ha encontrado, tras la fortísima polémica desencadenada en torno a la demencial práctica de esta agencia, bajo la disfuncional administración Trump, de separar a las familias demandantes de asilo de sus hijos en la frontera e internar a esos niños, solos, en centros de custodia. Las protestas en torno a esta salvaje práctica no se han hecho esperar, y obviamente, han sido secundadas por algunas compañías tecnológicas y por empleados de Microsoft, que han comenzado protestas a través de Twitter y han puesto a la compañía en una situación obviamente complicada. Ante el alboroto y las protestas, la compañía intentó primero eliminar la entrada del blog corporativo en la que hablaba de su colaboración con ICE, y posteriormente ha decidido, ante las amenazas de dimisiones entre sus empleados y las llamadas al boicot, publicar una declaración en la que se manifiesta “consternada por la separación forzada de familias inmigrantes en la frontera“. En sucesivas aclaraciones, la compañía ha afirmado que

“… queremos ser claros: Microsoft no está trabajando con el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos o Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en proyectos relacionados con la separación de niños de sus familias en la frontera, y contrariamente a algunas especulaciones, no somos conscientes de que los servicios de Azure estén siendo utilizados para este fin. Como compañía, Microsoft está consternada por la separación forzada de niños de sus familias en la frontera. La unificación familiar ha sido un principio fundamental de la política y la ley estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Como compañía, Microsoft ha trabajado durante más de veinte años para combinar la tecnología con el estado de derecho para garantizar que los niños refugiados e inmigrantes puedan permanecer con sus padres. Necesitamos continuar construyendo sobre esta noble tradición, en lugar de cambiar el rumbo ahora. Instamos a la Administración a cambiar su política, y al Congreso a aprobar legislación que garantice que los niños no estén separados de sus familias.”

Una declaración que deja en un vago “no somos conscientes de ello” el si las herramientas de la compañía son utilizadas o no por ICE, y que podría no ser suficiente para apaciguar las protestas, que podrían pedir la suspensión completa del contrato con la agencia hasta que la práctica sea eliminada.

En cualquier caso, dos casos que vienen a dejar una cosa cada vez más clara: si no estás de acuerdo con las prácticas de tu compañía, si te parecen éticamente reprobables, no estás obligado a colaborar con ellas, y deberías hacer caso a tu conciencia, oponerte y protestar. Pero una cosa es protestar, una acción que podría costarte el puesto de trabajo, en una empresa norteamericana, en un mercado de trabajo expansivo y con múltiples opciones, y en puestos en los que, en muchos casos, basta con ponerse en ese mercado para obtener otro puesto en otra compañía, y otra es hacerlo cuando no te consta que otros vayan a secundarte, cuando estás en un país con un mercado de trabajo complicado o con un índice de paro elevado, o cuando tu puesto no te garantiza un movimiento fácil a otra compañía. Los mercados de oferta y los de demanda, en este sentido, es previsible que no funcionen igual.

¿Tiene un precio la ética? ¿Solo puede comportarse éticamente aquel que puede permitírselo? Obviamente no debería ser así, y que empleados de algunas compañías norteamericanas empiecen a sentar precedente en este sentido es algo que podría llegar a tener un valor en el futuro. Al menos, si las compañías no hacen gala de un comportamiento ético por sí mismas, podremos contar con la ética de sus empleados para ponerlas en situaciones en las que, por las buenas o por las malas, tengan que cumplir con unos principios y con la sociedad en su conjunto. Que este tipo de comportamientos se generalizasen a otros países y otras compañías sería de lo más deseable, por el bien de todos. Pero sencillo, sin duda, no va ser.

 

IMAGE: Der TagesspiegelEn julio del pasado año, a raíz de una demanda del Knight First Amendment Institute contra Donald Trump por bloquear a numerosos ciudadanos en su cuenta de Twitter, nos preguntábamos si un presidente podía, en efecto, llevar a cabo esa acción de exclusión cuando había convertido su cuenta personal en un un foro público y una voz oficial del presidente, utilizada para discutir asuntos importantes para los ciudadanos. Si interpretamos que, como todo parecía indicarlo, ese uso era efectivamente así, los ciudadanos no deberían poder ser excluidos de él a pesar de haber expresado previamente su desacuerdo, puesto que el bloqueo podría ser interpretado como una forma de eliminar voces críticas con la gestión del presidente, y por tanto, una amenaza a la libertad de expresión.

Ayer, una juez norteamericana, Naomi Reice Buchwald, dictaminó, efectivamente, que el presidente de los Estados Unidos no puede bloquear a ciudadanos en su cuenta de Twitter. Tras un riguroso estudio de lo que conlleva el hecho de bloquear en Twitter, la juez afirmó que el presidente estaría en su derecho de silenciar a sus críticos si lo desea, lo que evitaría que viese sus respuestas, pero no puede bloquearlos, dado que esa acción no solo impide que vean sus actualizaciones (un impedimento relativo, dado que basta con entrar en Twitter sin hacer login para evitarlo), sino también, que puedan referirse a él utilizando su cuenta en sus actualizaciones.

¿Qué va a ocurrir ahora? Presumiblemente, nada. Lo más probable es que el presidente apele a instancias superiores y se limite a ignorar la sentencia, como de hecho ya hace con su propio servicio de seguridad cuando le solicita que le permita inspeccionar su smartphone – precisamente el que utiliza para escribir en Twitter – para intentar garantizar la seguridad del dispositivo. Lo que estamos viendo es, ni más ni menos, que las consecuencias de elegir para uno de los cargos más importantes y con más responsabilidad del mundo a un político con la mentalidad de un auténtico niño, un matón de colegio completamente irresponsable, caprichoso, malcriado e iletrado, capaz de jugar incluso con la idea de apretar el botón nuclear. Lo más adecuado que he visto sobre él es esta propuesta para reproducir sus actualizaciones de Twitter en letra de niño pequeño escrita con un lápiz rojo.

En efecto, hablamos de un presidente que genera pérdidas millonarias a compañías con decisiones tomadas sin ningún tipo de justificación seria, que presiona al servicio nacional de correos para que le suba las tarifas a las compañías que le caen mal, o que se acuesta con quien se le encapricha y paga después para que no digan nada. Su uso de las redes sociales no es más que un síntoma más de una tremenda disfuncionalidad. Definitivamente, lo menos presidencial y presidenciable que los Estados Unidos han podido ver o imaginar en toda su historia, un permanente y gravísimo daño inflingido por el populismo a la democracia y, sin duda, un descrédito enorme para su país a todos los niveles.

 

T-mobile and Sprint logosAyer día 29 se anunció el acuerdo final entre dos operadoras que operan en los Estados Unidos, T-Mobile y Sprint, para lo que han llamado una fusión empresarial, una operación de 26,000 millones de dólares que reducirá en gran medida las opciones a los consumidores norteamericanos, que ya de por sí se encontraban en una situación de muy escasa o nula elección. El resultado de la supuesta “fusión” es que Sprint desaparece, que la compañía resultante seguirá operando bajo el nombre de T-Mobile, y que estará dirigida por los que anteriormente eran el CEO y el COO también de T-Mobile, el mítico John Legere y Mike Sievert. El anterior CEO de Sprint, Marcelo Claure, y el CEO de su propietaria mayoritaria, la japonesa Softbank, Masayoshi Son, mantendrán puestos en el Consejo de Administración. 

La idea de una fusión entre T-Mobile y Sprint había fracasado anteriormente debido precisamente a la oposición de la administración Obama, que la consideraba una muy mala idea. Fundamentalmente, la fusión dejaría la parte baja del mercado, las tarifas más baratas, el prepago, etc. en manos de una sola compañía, que pasaría a poder gestionarlo a su antojo sin excesiva presión competitiva – precisamente la razón que suele esgrimirse para desalentar operaciones de ese tipo. Sin embargo, las conversaciones han vuelto a tener lugar y, en esta ocasión, bajo la que es sin ninguna duda la administración más corrupta de la historia reciente de los Estados Unidos, es más que posible que fructifiquen. En primer lugar, por la presencia al mando de la Federal Communications Commission (FCC) de un lobbista de la industria de las telecomunicaciones, Ajit Pai, que viene a suponer la misma connotación que poner a un zorro a cuidar de un gallinero: ni la más mínima consideración por los usuarios o por el progreso, sino únicamente por los beneficios de las compañías para las que trabajaba antes de llegar a su puesto. En segundo, por lo profundamente primario del razonamiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que basta con empaquetarle la operación con las ideas que él quiere oír, las mismas que se harta de repetir en su discurso populista, para que la operación prosiga sin oposición.

¿Qué le han dicho a Donald Trump para que la fusión se pueda llevar a cabo? Simplemente, que es “buena para América”. Que supuestamente creará puestos de trabajo – muy poco probable, cuando todo aquel que haya trabajado en fusiones y adquisiciones sabe que tienden a caracterizarse por la eliminación rápida de todas las estructuras redundantes – y que tendrá un gran efecto en la carrera que el país mantiene con China por el progreso en el desarrollo de las redes 5G, algo que también es, en muchos sentidos, un auténtico brindis al sol. El cada vez mayor enfrentamiento entre los Estados Unidos y China está determinando que las compañías de este país, muchas de ellas en la verdadera vanguardia de la investigación en telecomunicaciones por desarrollos y por número de patentes, estén viéndose en la necesidad de adoptar un plan B para la eventualidad de que las sanciones les obliguen a ser autosuficientes.

La operación que implica a T-Mobile y Sprint es una prueba clara de los tiempos que corren: una administración corrupta, lobbistas a cargo de la regulación, y un presidente infantil, al que lo único que hay que hacer para conseguir que apruebe algo es bailarle el agua y decirle lo que quiere oír. Triste panorama.

 

IMAGE: Budastock - 123RFLa Federal Communications Commission (FCC) se une a seis jefes de agencias de inteligencia y al congreso y al gobierno de los Estados Unidos, que previamente habían vetado acuerdos entre operadoras de telecomunicaciones del país y fabricantes de terminales chinos, acuerdos de distribución con grandes cadenas y operaciones de adquisición, y circula una propuesta destinada a prohibir los subsidios de terminales fabricados en el gigante asiático. La nota emitida por la FCC escala el conflicto al alertar además de posibles amenazas contra la seguridad nacional derivadas de la posible existencia de puertas traseras en routers, switches y otros equipos de telecomunicaciones, que podrían presuntamente servir para inyectar virus, lanzar ataques de denegación de servicio, robar datos, etc. La posición de los Estados Unidos, además, está influenciando a algunos de sus aliados, como Australia, a la hora de evaluar las inversiones de compañías chinas en su territorio.

¿Dónde está el problema de estas supuestas amenazas? Sencillamente, que las evidencias no acompañan. Aunque un modelo de smartphone fabricado por ZTE ha demostrado tener una puerta trasera destinada a su actualización remota que podría plantear un problema de seguridad, la cuestión parece más un descuido o un error que un elemento en algún tipo de conspiración planetaria, y en el caso de Huawei, el otro afectado fundamental, las evidencias de esa posible conspiración parecen resistirse a aparecer. Lo único que parecen temer las autoridades norteamericanas con respecto a la compañía tecnológica más grande de China es su enorme éxito a nivel mundial.

La declaración de la FCC evidencia ya de una manera palmaria la existencia de una auténtica guerra por el control de los estándares y las redes tecnológicas de última generación. Los Estados Unidos han definido las redes de 5G como estratégicas, y según la GSMA, estarían en situación de ser los pioneros en su despliegue, aspirando a un 49% de las conexiones móviles totales a través de 5G en 2025, un total de 191 millones de conexiones. Ese porcentaje sería menor en Europa, con un 31% o en China, con un 25%, pero la mayor población de ambas economías les posibilitarían un mayor número de conexiones totales, 217 y 396 millones respectivamente.

Mientras los Estados Unidos pugnan por su supremacía, China no se queda atrás: las compañías chinas aspiran a dominar el entorno de la inteligencia artificial para proporcionar a su población desde entretenimiento hasta salud, y según el Future Today Institute, China adquirirá la hegemonía indiscutible sobre la inteligencia artificial en este año 2018. Según Kai-Fu Lee, capitalista de riesgo y anteriormente director de Google en China, solo esos dos países, China y los Estados Unidos, están bien posicionados de cara a un futuro en el que la inteligencia artificial definirá el ser o no ser. Las compañías en ambos países ya no se plantean qué puede hacer la inteligencia artificial por su negocio, sino que directamente se lanzan a integrarla lo antes posible con el fin de obtener la necesaria experiencia y evitar quedarse retrasados en su aplicación. Google, Apple y otras grandes compañías pugnan por hacerse con startups prometedoras en el ámbito de la inteligencia artificial y el machine learning, y las compañías chinas no se quedan atrás, tanto en términos de adquisiciones, como de desarrollos propios.

Estamos viviendo una guerra comercial en torno al desarrollo de la próxima gran revolución tecnológica, edificada sobre las telecomunicaciones y la inteligencia artificial. Dos países, los Estados Unidos y China, dispuestos a liderar esa carrera como sea, a dominar las infraestructuras y a mantener un férreo control sobre todo lo que se refiere a un elemento considerado cada vez más estratégico. En el caso de China, esa demanda de control total no es nueva: ha sido así desde su despertar como nación moderna, y se ha traducido en dificultades y limitaciones de todo tipo para la implantación de compañías extranjeras en su mercado. En el de los Estados Unidos, ese tipo de restricciones, históricamente, no habían tenido lugar, pero llegan ahora, con una administración Trump empeñada en que su país ha recibido desde hace mucho tiempo un tratamiento desigual e injusto. De una u otra manera, las posiciones parecen ya perfectamente claras, y solo cabe esperar un recrudecimiento de las posiciones y un enfrentamiento aún mayor, en base a restricciones y limitaciones cada vez más intensas y al posible alineamiento progresivo de otros países. Queda mucho por ver.

 

 

Broadcom and Qualcomm logosDonald Trump bloquea mediante una orden ejecutiva presidencial la que habría sido la adquisición tecnológica más importante de la historia, una operación que lleva mucho tiempo fraguándose dentro de la corriente de consolidación que agita a la industria de los semiconductores: la adquisición de la norteamericana Qualcomm por parte de Broadcom, una compañía basada en Singapur, que a su vez provenía de la adquisición anterior de la norteamericana Broadcom por Avago.

En la operación anterior, realizada en 2015, la compañía resultante, que tomó el nombre de la empresa adquirida, Broadcom,  pasó a estar radicada en Singapur. Ahora, el apoyo entusiasta de su CEO, el malayo educado en el MIT y en Harvard Hock Tan, y sus garantías de traer la sede de la compañía a los Estados Unidos, no han servido para evitar la actuación del gobierno norteamericano, que siguiendo un informe del Comité para la Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS), ha decidido bloquear la adquisición antes incluso de que esta fuese anunciada.

En el trasfondo del tema, el dominio de la tecnología 5G: los temores del CFIUS y del Departamento del Tesoro se centran en que el fuerte apalancamiento llevado a cabo por Broadcom para obtener fondos para la adquisición pudiesen conllevar una disminución subsiguiente de la inversión en Qualcomm, lo que pondría en peligro la posición de la compañía en 5G y permitiría a Huawei, la compañía con más patentes en ese ámbito y varias veces bloqueada sin pruebas aparentes por la administración norteamericana, aprovechar la oportunidad de avanzar más aún en una tecnología que el gobierno norteamericano considera estratégica. El anuncio y compromiso de Broadcom de mantener e incrementar la inversión en Qualcomm no ha servido para aplacar los temores de la administración, que considera la fiebre por la consolidación de Hock Tan de excesivamente especulativa, y el estatus de Qualcomm como suministrador del ejército de los Estados Unidos contribuye más aún, si cabe, a complicar la operación.

Se especula con que Broadcom podría haber evitado el bloqueo si hubiese llevado a cabo su operación de cambio de sede a los Estados Unidos antes del anuncio de la adquisición, dado que eso habría situado el proceso fuera del alcance del CFIUS al convertirla en una operación de consolidación entre compañías norteamericanas. Otras fuentes, en cambio, aterrorizan al a industria tecnológica al asegurar que la administración Trump se dispone a extender la autoridad del CFIUS para que supervise ya no solo las adquisiciones, sino incluso las tomas de participación minoritarias de capital chino en las rondas de financiación de compañías norteamericanas, lo que podría bloquear la entrada de una gran cantidad de dinero chino que, desde hace algún tiempo, termina siendo invertido en Silicon Valley. Cortar el flujo del hiperactivo capital chino hacia la industria tecnológica norteamericana podría privar a esta de una importante fuente de recursos y dinamismo.

La prohibición de operaciones de adquisición de fabricantes de chips norteamericanos por parte de empresas chinas tiene ya algún precedente, pero no de tanta importancia cuantitativa. En general, los intentos de protección de la industria tecnológica norteamericana por parte del gobierno del país son parte de una estrategia de proteccionismo más amplia, que incluye el establecimiento de aranceles a productos extranjeros como el acero: el enfoque en los chips y en las redes de transmisión de datos solo refuerza hasta qué punto estas tecnologías se han convertido en vitales desde un punto de vista tanto económico como militar. El problema de la tecnología es que no funciona como una materia prima, sino como un elemento con una complejidad muy superior: bloquear la adquisición de Qualcomm no garantiza que su capacidad competitiva vaya a superar a la de otras compañías extranjeras, y de hecho, podría resultar prejudicial al interponerse en una corriente de consolidación en la industria. Si Broadcom, tras ver bloqueados sus intentos, decide poner sus miras en otros competidores no norteamericanos y continuar con sus intentos de hacerse más y más grande, los esfuerzos de Trump por mantener un proveedor norteamericano para sus redes 5G podrían terminar resultando en unas redes menos competitivas y en un lastre para la economía del país: el proteccionismo, en tecnología y en otros ámbitos, pocas veces ha generado un impacto global positivo a medio y largo plazo, sino más bien todo lo contrario. Convertir de facto a Qualcomm en prácticamente el suministrador preferente de tecnología 5G por el hecho de ser norteamericana en lugar de hacerlo por ser la mejor tecnología disponible no parece, me temo, la mejor manera de asegurar que los Estados Unidos sean capaces de tener unas infraestructuras competitivas.