Without net neutrality (IMAGE: ?)Así de simple: pon a un corrupto ex-lobbista de las compañías de telecomunicaciones a cargo de la FCC, propón eliminar las protecciones a la neutralidad de la red, sáltate el proceso de revisión de comentarios enviados por los ciudadanos, crea una maquinaria para enviar comentarios falsos de supuestos ciudadanos todos a favor de tus ideas… y se acabó. Te has cargado la verdadera esencia, lo fundamental que convirtió internet en lo que es.

Es un mal día para los que creemos en valores importantes: la administración más corrupta de los últimos tiempos en los Estados Unidos ha dado un puñetazo encima de la mesa, ha desoído las voces del 83% de norteamericanos y de todos los que son alguien en la red, incluido su creador, y ha decidido que los beneficios a corto plazo de las compañías de telecomunicaciones eran más importantes. No está todo perdido aún: existe la posibilidad de que el activismo ciudadano, muy activo, sea capaz de torcer la disciplina parlamentaria y que el trámite no pase la aprobación de la cámara. Después de todo, Pai ha hecho caso omiso a varios de los parlamentarios que reclamaban una investigación en el turbio asunto de los comentarios remitidos por personas inexistentes o incluso muertas a favor de acabar con la neutralidad de la red, presumiblemente enviados por compañías operando al dictado de las empresas de telecomunicaciones, y algunos de esos parlamentarios podrían decidir votar en contra si se desencadena una Congressional Review Act (CRA), en la que el escaso margen de mayoría que los republicanos tienen en la cámara podría llevar a que la reforma fuese rechazada.

En cualquier caso, eso es agarrarse a clavos ardiendo: nos pongamos como nos pongamos, estamos mucho peor que ayer. Desde fuera de los Estados Unidos, la sensación es la de ser testigos mudos de una batalla en la que no podemos intervenir, en la que sabemos que se juegan cosas importantes para nosotros, y en la que hemos sido durante demasiados años demasiado imbéciles y limitados como para intervenir.

¿Qué va a ocurrir si la reforma triunfa y es finalmente aprobada por congreso y senado? En principio, poca cosa. Las empresas de telecomunicaciones saben que no les interesa ningún escándalo más de los que ya han protagonizado. Durante un tiempo, simplemente se dejará de hablar del tema. Después, cuando el escándalo politico se dé por amortizado, empezaremos a ver ofertas, cada vez más agresivas, que incluirán aquellos servicios que los usuarios utilizan de manera más habitual. Una parte de esto ya lo estamos viendo, porque de hecho, era legal incluso en Europa: ofertas que excluyen el tráfico de WhatsApp, o el de Facebook, o el de otros servicios de la cuenta de ancho de banda disponible. Cada vez más, veremos tarifas “para la gente normal” que incluyen servicios populares, consecuencias de acuerdos de esas compañías con unas compañías de telecomunicaciones que ahora pueden “escoger ganadores” y marginar a los que no lo sean. Pocos se darán cuenta, pero la innovación en la red habrá oficialmente desaparecido como tal, porque las posibilidades de crear algo de manera independiente y de que crezca por su valía habrán desaparecido: sin un acuerdo con una operadora, no se podrá llegar a los usuarios, y se convertirá en normal que esas operadoras, si no quieren llegar a ningún acuerdo, se dediquen a crear sus propios servicios y a ofrecerlos gratuitamente para ahogar las posibilidades de las compañías que no estén bajo su control o incluidas en sus acuerdos.

Los grandes perjudicados no serán Netflix, ni Google, ni Facebook, ni Amazon… esos gigantes pueden, a día de hoy, pagar cualquier impuesto revolucionario que las operadoras les demanden. ¿Decidirá Verizon permitir a sus usuarios utilizar únicamente Yahoo!, cuyos restos mortales son ahora parte de su imperio? Parece poco probable, y sería bastante absurdo y contraproducente para sus propios intereses. Los verdaderos perjudicados seremos los usuarios y todo aquel que, por su tamaño o por principios, no pueda plantearse pagar porque su tráfico sea priorizado o incluido en las ofertas de las operadoras. Con el tiempo, veremos paquetes cada vez más específicos, más segmentados, pero en los que faltarán cosas. Cosas que cada vez serán más difíciles de encontrar, porque sencillamente, o no se podrá acceder, o tendrán una prioridad tan baja, que simplemente nos olvidaremos de que existían. Un futuro triste para lo que fue internet. Posiblemente encontraremos iniciativas interesantes para “reinventar” internet, pero serán eso, intentos de volver a lo que internet un día fue. Intentos de deshacer un error tremendo que nunca debió de producirse, que se produjo por culpa de la corrupción, de la incapacidad de la democracia para ser de verdad democracia.

Es aún demasiado pronto para saber si las cosas quedarán así, o si podrán arreglarse a corto o medio plazo. Pero una cosa es segura: con la caída de la neutralidad de la red se constata que la corrupción lo puede todo, que nunca podemos garantizar nada, que nada está a salvo de la voracidad de un político corrupto. Se constata que todo es mucho más triste de lo que podían pensar incluso los más pesimistas. Internet era un sueño de libertad, y los sueños de libertad duran lo que la triste y asquerosa condición humana se lo permite. Fue bonito mientras duró.

 

IMAGE: Mikhail Melnikov - 123RFNo nos engañemos: incluso en las democracias más maduras, las elecciones y sus campañas electorales han tenido siempre un elevado componente de teatro. Candidatos estrechando manos, haciéndose selfies y besuqueando niños mientras prometen cosas que, en muchos casos, saben que jamás van a poder cumplir, en inflamados mítines destinados a la exaltación y a las consignas fáciles. Si alguien busca pensamiento crítico o algún tipo de reflexión de calidad, las campañas electorales no son precisamente el lugar para encontrarlos.

Igualmente, durante años, hemos convertido en habitual dar entrada a todo tipo de intereses en las campañas electorales, expresados habitualmente en forma de financiación y recursos para los candidatos que interesaban al donante. Esos aportes de recursos han venido, tradicionalmente, de lobbies empresariales, de grupos de presión o de otros intereses, entre los cuales ha habido, en numerosas ocasiones, países extranjeros. Aportar dinero a un candidato de un país determinado esperando obtener un mejor trato en las relaciones bilaterales, mejores acuerdos comerciales y otro tipo de prebendas es una idea que no nos resulta en absoluto extraña.

Sin embargo, lo habitual hasta el momento había sido que ese tipo de intereses extranjeros se expresasen así, como aportes de dinero que el candidato beneficiado podía utilizar como entendiese oportuno, regulados de manera más o menos transparente por la legislación que regula la financiación de los partidos políticos. La injerencia directa en la campaña electoral es algo mucho más novedoso, y a medida que avanza la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016, empieza a agotar ya nuestra capacidad para la sorpresa.

Un destacado perfil pro-Trump dentro de la llamada alt-Right norteamericana con más de 80,000 seguidores y extensamente citada por la prensa, Jenna Abrams, ha sido descubierta como completamente ficticia y creada por una troll farm rusa con base en San Petersburgo. El caso se une a decenas de cuentas de supuestos activistas de diversas facciones destinados a explotar y radicalizar las ideas más polémicas y polarizadoras de la sociedad norteamericana durante la campaña, ideas que en muchos casos, como el del racismo, llevaban ya bastantes años fuera de la dialéctica política. La gran cantidad de anuncios financiados por Rusia, que alcanzaron a millones de norteamericanos mediante cuidadosas estrategias targeting en redes sociales como Facebook o Google, eran tan solo la punta del iceberg en un escenario en el que se combinaron hábilmente con todo tipo de cuentas de supuestos norteamericanos inexistentes, personalidades inventadas con mensajes y dialécticas radicales que fueron seguidas o compartidas por millones de personas. Una estrategia a la que, muy posiblemente, las propias compañías tecnológicas contribuyeron con los llamados embeds, empleados colaboradores del equipo de campaña de Donald Trump que Hillary Clinton rechazó, y que aparentemente jugaron un papel muy activo a la hora de definir los mensajes que eran difundidos por el candidato.

Un país cuya democracia es un chiste, Rusia, ha conseguido a su vez convertir en un chiste la mismísima democracia de su enemigo, los Estados Unidos, en una época en la que la guerra fría se consideraba ya como parte de un pasado que había finalizado en 1991 con el colapso de la Unión Soviética. El crecimiento y la adopción masiva de las redes sociales ha generado un nuevo teatro, un renovado patio de operaciones que uno de los políticos más megalómanos del mundo, Vladimir Putin, ha aprendido a explotar hasta límites insospechados. La respuesta, por otro lado, resulta muy compleja: los movimientos iniciados en la última etapa de Barack Obama como presidente, con sanciones diplomáticas de diversos tipos a Rusia, fueron planteados cuando la magnitud de la interferencia estaba aún varios órdenes de magnitud con respecto a lo que ahora conocemos, y ni siquiera está claro que puedan realmente llegar a servir para algo en un entorno en el que el control se antoja sumamente complejo.

Si en algún momento pensaste que la injerencia rusa en las elecciones norteamericanas era algo anecdótico o irrelevante, piénsalo de nuevo. Estamos, posiblemente, ante el mayor desafío al que se enfrenta la democracia en toda su historia, con una deriva hacia el populismo que las redes sociales están alimentando en una espiral aparentemente imparable, capaz de llegar a alterar los resultados de las consultas electorales de países con democracias supuestamente maduras y consolidadas. Un problema mucho mayor de lo que originalmente parecía, y cuyas consecuencias, además, han llegado ya demasiado lejos.

 

IMAGE: Rawpixel - 123RFEl Congreso de los Estados Unidos, al hilo de las investigaciones sobre la ya probada influencia rusa sobre la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, anuncia medidas para controla las acciones publicitarias de las campañas electorales en el entorno digital, para tratar de ponerlas al mismo nivel de transparencia que poseen las acciones en otros canales tradicionales como radio, televisión o exterior: las plataformas publicitarias en la red deberán mantener una base de datos públicamente accesible con copias de todos los anuncios con contenido político que hayan publicado, qué criterios de segmentación utilizaron, quién los pagó y cuánto pagó por ellos.

Hasta el momento, los anuncios electorales en plataformas como Facebook recibían el mismo nivel de control que las acciones pequeñas como repartos de chapas, bolígrafos u objetos promocionales en los que no se consideraba adecuado añadir una nota con la información correspondiente, lo que en parte dio lugar a la entrada de actores que, amparados por esa falta de control, trataron, aparentemente con buenos resultados, de sesgar e influenciar los resultados de la campaña.

Hasta aquí, todo bien: que cualquiera que invierta más de quinientos dólares en un año en propaganda electoral en la red tenga que pasar por un nivel de control y figurar en una base de datos, algo que ya era obligatorio hacer si esa cantidad la invertía en carteles o en anuncios en radio o televisión, es algo que tiene bastante lógica. En un mundo en el que las campañas tienden cada vez más a utilizar el canal online por sus interesantes características de capacidad de segmentación y medición, interactividad, etc., lo lógico parece homologar el nivel de control y transparencia del canal online con el que ya existía en otros canales. Ahora bien… ¿suponen estas medidas la solución del problema?

Si alguien cree que ese nivel de control soluciona la posible injerencia de intereses extranjeros sobre las elecciones de un país, me temo que pecaría de una enorme ingenuidad. Las medidas, aunque positivas, no pueden evitar el problema, porque dejan fuera todas las acciones que no sean estrictamente propaganda electoral, sino de otro tipo: la creación de perfiles falsos, las acciones de participación y astroturfing en foros de todo tipo, la difusión de artículos y noticias con contenido político, etc. Según la información que Facebook, Google o Twitter están facilitando al fiscal especial que evalúa el caso, todo indica que el grueso de las acciones financiadas con dinero ruso no estuvieron únicamente destinadas a la inserción de anuncios, sino en muchos casos a la creación de acciones falsas, de perfiles inventados y de páginas supuestamente activistas que no hacían propaganda como tal, sino que llamaban la atención, difundían noticias y promovían la discusión en determinados temas.

Rusia, tras practicar en varias campañas en diversos países, parece haber encontrado la clave sobre cómo hackear unas elecciones: identificar los asuntos que más polarizan a los votantes y a la opinión pública, y crear perfiles, páginas y cuentas falsas dedicadas a elevar la tension de las discusiones al respecto. El racismo o el supremacismo blanco, por ejemplo, aunque obviamente nunca ha dejado de ser un problema en los Estados Unidos, hacía mucho tiempo que no entraba en la agenda política, y mucho más al nivel que lo hizo en esta campaña: según las investigaciones, algunas de las páginas y cuentas de Facebook o Twitter que más contribuyeron a estas discusiones, incluyendo supuestos activistas negros o páginas con exaltación del nazismo destinadas a sembrar división en el electorado, fueron creadas por intereses rusos y no tienen detrás a norteamericanos de carne y hueso: su única función era polarizar la campaña y elevar el tono para hacerlo más agrio. Auténtico ciberpopulismo: poner temas en la agenda y en la discusión política para movilizar a una parte del electorado y sesgar su voto hacia una opción determinada.

¿Pueden evitarse este tipo de acciones de interferencia electoral? Posiblemente, pero la respuesta va a tener que ser más coordinada y compleja que simplemente dotar a la propaganda electoral en la red de un nivel mayor de transparencia, porque el éxito de este tipo de acciones se basa precisamente en simular que no son propaganda electoral, que todos automáticamente descontamos, sino supuestas preocupaciones y acciones genuinas de parte del electorado. Una intromisión a todas luces ilegítima en la democracia, que debería ser adecuadamente corregida, porque responde, potencialmente, a intereses muy distintos a los de los ciudadanos y votantes. Cada uno es dueño de dejarse influenciar por lo que quiera y de votar a lo que estime oportuno, pero al menos, debería tener información completa sobre si el foro que le está influenciando o el usuario hiperactivista o incendiario que le lleva a cambiar el sentido de su voto o le decide a acudir a votar es real, es otro ciudadano como él, o es una tramoya cuidadosamente orquestada por un gobierno extranjero o por algún otro tipo de interés no necesariamente legítimo. Imagínalo en cualquier proceso electoral reciente: era la página de Facebook o la cuenta de Twitter que seguías y que llegó a influenciar tu voto o decidir tu participación el reflejo de un grupo de ciudadanos preocupados y dispuestos a movilizarse por esos temas, o era todo un teatro con perfiles falsos y financiado con fondos de un gobierno extranjero?

Llegar a un nivel de control de ese tipo, poder asegurar que aquellas plataformas que puedan influir en el voto de los ciudadanos tienen detrás intereses legítimos, parece una tarea sumamente compleja. Pero mientras tanto, no habrá ningunas elecciones, en ningún país, que puedan librarse de la sospecha de estar condicionadas por un gobierno que parece haberse especializado en este tipo de tácticas de manipulación, que parece haber aprendido y perfeccionado la técnica de apalancar los recursos de la red para manipular la democracia. Si alguien pensó que la democracia permanecería inmune a la influencia de lo digital, que vaya perdiendo la inocencia y la ingenuidad.

 

IMAGE: Chris Dorney - 123RFMi columna en El Español de esta semana, titulada “Elecciones y manipulación” (pdf) trata de recoger y poner en contexto algunas de las noticias más recientes que se van divulgando sobre la investigación del fiscal especial Robert Mueller acerca de la relación entre la campaña electoral de Donald Trump y el gobierno ruso.

Todo indica que lo que en un primer momento se apuntó como teorías aparentemente aventuradas y conspiranoicas estaban no solo en lo cierto, sino que incluso subestimaban lo que realmente llegó a ocurrir. Ahora sabemos que el gobierno ruso, aprovechando el hecho de que cada vez más norteamericanos se informaban y formaban su opinión con noticias que leían en las redes sociales, no solo llevó a cabo múltiples campañas en Facebook  y en Twitter con anuncios que exacerbaban deliberadamente determinados aspectos de la política, como el supremacismo blanco o el odio a lo extranjero, a niveles que se creían completamente superados en los Estados Unidos, sino que además, puso en marcha toda una maquinaria de producción de noticias falsas que pudo alcanzar hasta a setenta millones de norteamericanos, creó cientos de perfiles inventados de supuestos norteamericanos y supuestos grupos activistas dispuestos a difundirlas y a entrar en discusiones sobre el tema y obtuvo y difundió a través de las redes sociales documentos verdaderos y falsos sobre la campaña de los demócratas. Sabemos que algunos asesores de Barack Obama, expertos en el uso de redes sociales para sus dos campañas electorales, detectaron algunos de estos patrones e incluso llegaron a advertir a Facebook sobre esta cuestión, para encontrarse con que la compañía minimizaba su posible impacto.

Ahora los norteamericano saben, aunque aún no hayan llegado a darse cuenta totalmente de lo que supone, que no tuvieron en realidad una campaña electoral, sino un auténtico reality show producido desde Rusia en el que la imagen de los candidatos fue manipulada de manera constante, en el que se generaron estados de opinión completamente desbocados y radicalizados a golpe de intervenciones en las redes sociales, para dar lugar finalmente al desenlace que muy pocos esperaban, pero que estaba inicialmente planeado: la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Una maniobra política con un nivel de intensidad sin precedentes, ensayado previamente en procesos electorales de varias ex-repúblicas soviéticas, y que fue capaz de manipular con éxito las elecciones del país hasta entonces más poderoso del mundo.

Obviamente, una maniobra así no solo se apoya en las redes sociales. Para que tuviese éxito, fue necesaria una combinación de factores que incluyó una adversaria política demócrata co escaso carisma y que daba el desenlace como cosa hecha porque creía enfrentarse a un candidato sin ninguna esperanza racional de ser elegido, una serie de cuestiones larvadas en torno a la amenaza terrorista y al miedo a lo extranjero susceptibles de ser exageradas y exacerbadas hasta el infinito, un movimiento racista o supremacista que nunca llegó a desaparecer del todo y que se mantenía, aunque de manera relativamente discreta, en determinados estratos sociales, y una estructura de colegio electoral que llevó a que el voto popular terminase por no tener, en realidad, ninguna importancia. Con esos ingredientes, un buen uso de las redes sociales fue capaz de generar un nivel de virulencia brutal que dio lugar a la campaña más polarizada, agria y exagerada en sus debates de la historia reciente norteamericana, generar un auténtico río revuelto para ganancia de un pescador determinado.

Ahora, la investigación de Robert Mueller comienza a cerrarse en torno a la Casa Blanca, y a revelar la verdadera magnitud de lo que tuvo lugar durante la campaña electoral de las últimas elecciones presidenciales norteamericanas: la manipulación de millones de ingenuos electores norteamericanos que, como en un auténtico reality show en el que se escogen cuidadosamente las tomas y los cortes, terminaron por dejar en la casa de Gran Hermano al ganador más inesperado, más peligroso y menos recomendable.

 

DisruptJ20El pasado 15 de agosto, saltó una noticia preocupante: el Departamento de Justicia estadounidense había enviado una orden de registro a una compañía de alojamiento web, DreamHost, demandando todos los datos disponibles, incluidas direcciones IP, de los 1.3 millones de visitantes a la página DisruptJ20, que funcionó como aglutinadora de las marchas de protesta el día de la toma de posesión del presidente Donald Trump en Washington.

Las alertas se encendieron inmediatamente, al tiempo que DreamHost anunciaba que apelaría la orden: ¿tiene algún sentido que el gobierno de un país democrático con libertad de expresión pretenda solicitar datos sobre los visitantes a una página de protesta contra su presidente?

Tras la respuesta de los tribunales, el Departamento de Justicia ha decidido retirar su petición, y explicar que no tenía ningún interés en los visitantes de la página, sino únicamente en los que la hubiesen podido utilizar para coordinar protestas y acciones violentas. La retirada de la petición supone un triunfo para DreamHost, que podría haber simplemente tratado el asunto de manera discreta y haber suministrado los datos solicitados al Departamento de Justicia, pero decidió resistirse y apelar la orden de registro por respeto a la privacidad de sus usuarios.

Que un presidente como Donald Trump intentase crear un registro de disidentes o de personas críticas con su gobierno entraría dentro de lo imaginable, y más aún después del fiasco que supuso la ceremonia de su toma de posesión, con cuya audiencia y asistencia parecía completamente obsesionado. Sin embargo, las actividades de protesta o de contestación al gobierno son, como no podría ser de otra manera, completamente legales en los Estados Unidos, y la idea de solicitar los datos de los visitantes a una página de protesta resulta directamente demencial. Durante la toma de posesión, que concentraron a varios miles de personas en unas veinte acciones de protesta que habían solicitado los debidos permisos y que tuvieron lugar mayoritariamente de forma pacífica, aunque se produjeron algunas acciones aisladas de violencia que dejaron como resultado el arresto de unas doscientas personas. Muy poco saldo para justificar una acción como la solicitada en la orden de registro, en la que se solicitaba los datos de todos los visitantes a la página, y que independientemente de las pretensiones de la administración, y se se convertía así en un claro exceso de celo en la investigación y en un evidente abuso de la autoridad gubernamental que evocaba las listas negras, las persecuciones políticas y las cazas de brujas habituales en regímenes no democráticos.

Según el escrito del gobierno, la página web no era sólo un medio para difundir públicamente la información de las protestas, sino también un medio para coordinar y comunicar en privado a un grupo de personas entre cuyas intenciones se incluía la planificación de acciones violentas. Tras las protestas de DreamHost, el Departamento de Justicia afirmó no haberse dado cuenta de la magnitud de su petición y de que abarcase a más de 1.3 millones de usuarios, y aseguró estar interesado únicamente en un pequeño y selecto grupo de personas, una afirmación cuya veracidad ha sido lógicamente puesta en duda por los abogados de la contraparte.

En la web, todo lo que hacemos queda recogido en algún fichero log. Solicitar datos de esos ficheros para identificar a los participantes en una acción determinada es algo que tiene que justificarse muy bien en virtud de la importancia del delito presuntamente cometido. En política, al menos en países con tradición democrática y separación de poderes, solicitar los datos de los visitantes a una página de protesta contra el gobierno, independientemente de que algunas de esas protestas terminasen en algunas acciones de violencia, es algo que tiene un aspecto directamente siniestro. Una vez más, uno de esos “pequeños detalles sin importancia” del alucinante – y esperemos que fugaz – paso por la Casa Blanca de un impresentable llamado Donald Trump…