IMAGE: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock ImagesUna compañía es un ente relativamente abstracto, formado por una amalgama de individuos diversos, y con un fin último que, en la mayoría de los casos, tiende a identificarse con un parámetro económico, con una frase del tipo “generar valor a los accionistas”. A lo largo de la historia, han sido muchas las compañías que, de una manera u otra, han demostrado supeditar claramente esa máxima de los beneficios a prácticamente cualquier otro concepto, desde IBM en la década de los ’30 y su colaboración con el régimen nazi para el holocausto, hasta, más recientemente, el envenenamiento sistemático e irresponsable del planeta por parte de Volkswagen. Si nos atenemos a los hechos, todo indica que lo más parecido a algo que podríamos calificar como “ética corporativa” es ese concepto denominado responsabilidad social corporativa, que en demasiados casos ha demostrado clara y tristemente ser poco más que una herramienta propagandística para justificar unas pocas frases grandilocuentes en una memoria anual.

Sin embargo, frente a la ética (o falta de ética) corporativa, está la ética de los empleados y su capacidad para organizarse. En la economía actual, los empleados, cada vez más, se convierten en una fuerza importante a la hora de corregir acciones emprendidas por sus empresas si, por la razón que sea, las juzgan inaceptables. Así, hemos podido ver recientemente el caso de Google frente al Proyecto Maven del Departamento de Defensa: un contrato indudablemente lucrativo para la compañía, en el que participan además muchas otras compañías tecnológicas – que en su gran mayoría no han dicho ni esta boca es mía – y que tiene como fin el desarrollo de algoritmos destinados a reconocer imágenes tomadas por drones en el campo de batalla, imágenes de personas cuyo destino es bien conocido por cualquiera con un mínimo de inteligencia y escrúpulos. La resistencia a la colaboración de la compañía en el proyecto comenzó con algunas dimisiones, continuó con una carta firmada por miles de empleados, y terminó con la no renovación del contrato con el Departamento de Defensa, así como con la publicación de unos principios éticos que pretenden marcar la actuación de la compañía con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. 

Ahora, el turno le toca a Microsoft: la compañía que el pasado enero se mostraba “orgullosa de colaborar con la Immigration and Customs Enforcement (ICE)“, se ha encontrado, tras la fortísima polémica desencadenada en torno a la demencial práctica de esta agencia, bajo la disfuncional administración Trump, de separar a las familias demandantes de asilo de sus hijos en la frontera e internar a esos niños, solos, en centros de custodia. Las protestas en torno a esta salvaje práctica no se han hecho esperar, y obviamente, han sido secundadas por algunas compañías tecnológicas y por empleados de Microsoft, que han comenzado protestas a través de Twitter y han puesto a la compañía en una situación obviamente complicada. Ante el alboroto y las protestas, la compañía intentó primero eliminar la entrada del blog corporativo en la que hablaba de su colaboración con ICE, y posteriormente ha decidido, ante las amenazas de dimisiones entre sus empleados y las llamadas al boicot, publicar una declaración en la que se manifiesta “consternada por la separación forzada de familias inmigrantes en la frontera“. En sucesivas aclaraciones, la compañía ha afirmado que

“… queremos ser claros: Microsoft no está trabajando con el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos o Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en proyectos relacionados con la separación de niños de sus familias en la frontera, y contrariamente a algunas especulaciones, no somos conscientes de que los servicios de Azure estén siendo utilizados para este fin. Como compañía, Microsoft está consternada por la separación forzada de niños de sus familias en la frontera. La unificación familiar ha sido un principio fundamental de la política y la ley estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Como compañía, Microsoft ha trabajado durante más de veinte años para combinar la tecnología con el estado de derecho para garantizar que los niños refugiados e inmigrantes puedan permanecer con sus padres. Necesitamos continuar construyendo sobre esta noble tradición, en lugar de cambiar el rumbo ahora. Instamos a la Administración a cambiar su política, y al Congreso a aprobar legislación que garantice que los niños no estén separados de sus familias.”

Una declaración que deja en un vago “no somos conscientes de ello” el si las herramientas de la compañía son utilizadas o no por ICE, y que podría no ser suficiente para apaciguar las protestas, que podrían pedir la suspensión completa del contrato con la agencia hasta que la práctica sea eliminada.

En cualquier caso, dos casos que vienen a dejar una cosa cada vez más clara: si no estás de acuerdo con las prácticas de tu compañía, si te parecen éticamente reprobables, no estás obligado a colaborar con ellas, y deberías hacer caso a tu conciencia, oponerte y protestar. Pero una cosa es protestar, una acción que podría costarte el puesto de trabajo, en una empresa norteamericana, en un mercado de trabajo expansivo y con múltiples opciones, y en puestos en los que, en muchos casos, basta con ponerse en ese mercado para obtener otro puesto en otra compañía, y otra es hacerlo cuando no te consta que otros vayan a secundarte, cuando estás en un país con un mercado de trabajo complicado o con un índice de paro elevado, o cuando tu puesto no te garantiza un movimiento fácil a otra compañía. Los mercados de oferta y los de demanda, en este sentido, es previsible que no funcionen igual.

¿Tiene un precio la ética? ¿Solo puede comportarse éticamente aquel que puede permitírselo? Obviamente no debería ser así, y que empleados de algunas compañías norteamericanas empiecen a sentar precedente en este sentido es algo que podría llegar a tener un valor en el futuro. Al menos, si las compañías no hacen gala de un comportamiento ético por sí mismas, podremos contar con la ética de sus empleados para ponerlas en situaciones en las que, por las buenas o por las malas, tengan que cumplir con unos principios y con la sociedad en su conjunto. Que este tipo de comportamientos se generalizasen a otros países y otras compañías sería de lo más deseable, por el bien de todos. Pero sencillo, sin duda, no va ser.

 

IMAGE: Alphaspirit - 123RFAl hilo de las recientes afirmaciones de Facebook sobre la posibilidad de que su producto principal, la red social, pueda tener determinados “efectos secundarios”, se está empezando a hablar de 2017 como el año en que los gigantes tecnológicos empezaron a ser conscientes de su responsabilidad sobre los cambios que provocan.

Una cuestión que me resulta interesantísima, por lo que tiene de compleja: cuando hablamos de “efectos secundarios” que pueden ir desde lo más personal, como la depresión o la desinformación, hasta cuestiones que afectan a toda la sociedad, como influir en el resultado de unas elecciones, en el precio de la vivienda o en que muchas personas pierdan su trabajo, está claro que estamos tratando temas importantes, relevantes y de plena actualidad. No, no hablamos simplemente de si Facebook reconoce los problemas que genera, sino de si el innegable éxito de Amazon está provocando la destrucción sistemática del comercio tradicional, si el crecimiento meteórico de Uber, Lyft o Cabify provocan la quiebra y progresiva desaparición de los taxistas, o si el efecto de Airbnb sobre ciudades como Palma de Mallorca, Barcelona o muchas otras supone un golpe a la fisonomía de las ciudades que la mayoría consideran un efecto secundario muy poco recomendable.

Que el éxito de determinados modelos apoyados sobre el desarrollo tecnológico genera efectos secundarios no siempre adecuadamente dimensionados es una verdad evidente: negarlo como principio fundamental no aporta nada al problema, y sí puede suponer una infracción clara de los principios de responsabilidad social corporativa. El problema, por otro lado, es que esos mismos principios de responsabilidad social corporativa han sido desde sus inicios poco menos que un maquillaje barato para las memorias corporativas de quienes sabían que generaban efectos perniciosos sobre cualquier otro aspecto, y que esos efectos, por otro lado, no son en absoluto nuevos: todo progreso o cambio tecnológico acarrea, si no es controlado adecuadamente, cambios que muchos pueden considerar problemas, y así ha sido a lo largo de la historia. La revolución industrial nos trajo la deforestación de amplísimas áreas geográficas y la contaminación, del mismo modo que la popularización del automóvil nos trajo ciudades insoportablemente colapsadas, y no hemos visto demasiados planteamientos de asunción de responsabilidad en prácticamente ninguna compañía responsable de esos cambios.

Toda adopción masiva del uso de una tecnología es susceptible de provocar cambios. Algunos de esos cambios pueden ser lógicos: las soluciones nuevas ganan en eficiencia a las anteriores, y se produce un proceso darwiniano de evolución, con sus ganadores y sus perdedores. En ocasiones, la sociedad considera que es preciso intervenir en esos procesos, generalmente para defender a los afectados por ese cambio, e impone restricciones o limitaciones de diversos tipos, que para ser eficientes, deben balancear los beneficios obtenidos por las nuevas soluciones con el estímulo razonable para que quienes desarrollaban las actividades anteriormente puedan, cuando menos, intentar evolucionar. ¿Tiene lógica negar el progreso y el avance que supone el uso de una app para movernos por una ciudad, y simplemente proceder a prohibir su uso como si no aportase ningún beneficio? No parece que esa solución sea demasiado justa ni lógica: más bien, deberemos considerar que la situación que dio origen a las limitaciones y regulaciones anteriores ha cambiado debido al desarrollo de una tecnología determinada, y readaptar esa regulación al nuevo contexto contando con los nuevos actores existentes.

¿Esperaba Airbnb que el efecto de su popularización fuesen ciudades en cuyo centro ya no se puede vivir, y en donde los residentes habituales se ven expulsados por precios de alquileres cada vez más elevados? No, obviamente no. Sin embargo, el problema existe y es perfectamente tangible: si Airbnb genera una situación en la que un propietario de un inmueble encuentra que la mejor forma de ponerlo en valor es alquilarlo a corto plazo  – incluso contando con una mayor inversión en rehabilitación – y eso genera no solo una mayor riqueza para ese propietario, sino también para los comerciantes de la zona, para los que proveen servicios de limpieza o rehabilitación, o para todos los que, en general, viven del turismo, alguien deberá pensar en equilibrar esa generación de riqueza con la sosteniblidad, o con el hecho de que amplias áreas históricas de muchas ciudades se conviertan en una especie de “parques temáticos” como Venecia, en cuyo casco histórico no existen prácticamente residentes auténticos, y todos los comercios son tiendas de souvenirs. ¿Tiene sentido, para combatir esos efectos, prohibir Airbnb? No, la solución está en repensar las regulaciones existentes, trabajar para adaptarlas a una situación definida en parte por la difusión tecnológica, y contar con esos nuevos actores en la búsqueda de una solución.

¿Es 2017 el año en que los gigantes tecnológicos “caen en la cuenta” de los efectos secundarios que generan? No, es simplemente el año en el que empezamos a darnos cuenta de que antes estos cambios tardaban habitualmente generaciones en ser perceptibles, y ahora pueden tardan únicamente meses. Antes le llamábamos simplemente evolución, ahora le llamamos disrupción, y tiene un coste en forma de problemas que pasan a manifestarse con mucha mayor velocidad y virulencia. Ahora los problemas pasan a convertirse en humeantes mucho más rápido. Que las compañías que juegan un papel importante en esos cambios pasen a tener una actitud de búsqueda de soluciones a esos problemas es un paso adelante, que tradicionalmente muy pocas empresas asumieron: nunca vimos a las empresas de automóviles reconocer responsabilidades sobre la contaminación o el colapso de las ciudades, ni a las petroleras por la polución, ni a las tabaqueras por el cáncer, salvo cuando fueron legalmente obligadas a asumirlas. Nunca vimos a los fabricantes de neveras asumir ningún tipo de responsabilidad sobre el paso al desempleo de los repartidores de hielo, ni a las eléctricas sobre la desaparición de los serenos: simplemente lo asumimos como un proceso natural.

De alguna manera, el desarrollo del capitalismo nos llevó a reconocer implícitamente que los beneficios, y no la sostenibilidad, eran la principal responsabilidad de las compañías. Que ahora algunas compañías, particularmente tecnológicas, comiencen a asumir que su éxito puede acarrear determinados efectos secundarios, y que en la ecuación entre beneficios y sostenibilidad habría que comenzar a tomar decisiones no tan unívocas, y en ocasiones a sacrificar rentabilidad para evitar o poner bajo control esos efectos es algo indudablemente positivo. Y no tanto porque esas compañías hagan algo malo, sino porque afirman estar dispuestas a trabajar en soluciones de una manera que anteriormente, en otras industrias y en otros períodos históricos, no se habían siquiera llegado a plantear.

 

Volkswagen I.D.Como lleva haciendo ya algún tiempo en cada feria a la que acude, Volkswagen aprovechó un Paris Motor Show 2016 centrado especialmente en los vehículos eléctricos para presentar un nuevo concept car, el Volkswagen I.D., con aspecto completamente futurista, y pensado fundamentalmente para intentar hacer olvidar la asociación de la marca con los gravísimos escándalos sobre el trucaje de sus vehículos para engañar los test de emisiones del pasado año, que certificaron el radical y absoluto fracaso de sus políticas de responsabilidad social corporativa.

Sí, lo de Volkswagen fue muy grave. Las voces que surgieron pretendiendo que lo ocurrido era algún tipo de “práctica común” en la industria chocan con la terca realidad de un año después, en la que la marca alemana sigue siendo la única procesada, cargos criminales incluidos, en todo el mundo por haber fabricado automóviles que excedían hasta en cuarenta veces los límites de emisiones permitidos. Tras el escándalo, la marca afirmó que se centraría en el desarrollo de vehículos eléctricos, e incluso se dice que recibió presiones de la EPA estadounidense para que esos vehículos eléctricos fuesen fabricados en los Estados Unidos, como parte de la negociación en torno a las sanciones.

En agosto de este año, la marca comenzó a esparcir rumores con respecto a sus progresos en la propulsión eléctrica: un automóvil aún sin nombre preparado para un lanzamiento en 2018, con una autonomía de entre 400 y 600 km por carga, que según algunos, debería hacer que marcas pioneras como Tesla se echasen a temblar. Al tiempo, la marca presentó también sus planes para el desarrollo de una megafábrica de baterías en Europa, y algunos otros detalles más, como una unidad dedicada a reforzar la seguridad del software de los vehículos autónomos.

Ahora, en el Paris Motor Show, nos hemos encontrado con el ambicioso concept car de Volkswagen: eléctrico, autónomo y con un vídeo futurista en el que una chica es recogida por su coche y el volante se escamotea para pasar a conducción autónoma:

Muy bonito, sí. Pero ¿es suficiente un vídeo futurista y un concept car anunciado ya no para 2018, sino para 2020, para lavar la imagen de una marca como Volkswagen? Dada la absoluta ausencia de ética que reveló el escándalo, por mí la marca puede anunciar lo que buenamente quiera, que mientras no vea un producto real y un plan diseñado ya no para centrarse en vehículos eléctricos, sino para terminar con la producción de vehículos con motor de combustión interna, no pienso creerme absolutamente nada.

Si Volkswagen quiere hacernos olvidar lo que hizo, suponiendo que le haga falta, tendrá que hacer mucho más que presentar un concept car y un vídeo: tendrá que demostrar que sus concept cars y sus vídeos tienen visos de realidad, que son más que voluntariosos anuncios, y que están además pensados para sustituir completamente en un plazo razonablemente corto a los vehículos que caracterizaron su sucio pasado. Lo demás son movimientos de marketing. Y con el marketing, ya sabemos lo que Volkswagen es capaz de hacer: pretender convencernos de que “han desarrollado una actitud global para la sostenibilidad ecológica” y que plantan muchos arbolitos, mientras lanzaban coches que contaminaban cuarenta veces más de lo permitido. La página de ThinkBlue de la compañía sigue inalterada desde antes del escándalo, a pesar de haberse demostrado fehacientemente que sus supuestas “actitudes ecológicas” no eran más que un mal chiste. Aunque en realidad, es muy posible que la marca no necesite hacer gran cosa: vivimos en un mundo tan profundamente asqueroso e irresponsable, que miles de personas aprovechan que los vehículos de Volkswagen bajan de precio para convertir a la marca en líder en ventas, a pesar del escándalo de sus motores… a mí dame muchos caballos por poco dinero, y lo que salga por el tubo de escape es problema de otro. Posiblemente, el problema sea precisamente ese: que tenemos lo que nos merecemos como sociedad.